Óscar de la Puente Raygada

Fue designado como ministro de Educación en diciembre de 1990, cargo que ocupó hasta noviembre de 1991.

En noviembre de 1991 fue nombrado Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Tras el autogolpe de 1992, que ocasionó una ruptura constitucional, fue designado Presidente del Consejo de Ministros del autodenominado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, que se quiso sustentar con el Decreto Ley N.º 25418, dictado el 6 de abril de 1992, denominado “Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, y cuya lectura hizo durante la ceremonia de juramentación de su gabinete ministerial. El 24 de abril de ese mismo año asumió la cartera de Relaciones Exteriores, reemplazando a Augusto Blacker Miller, quien renunció por sus diferencias con el ministro de Economía Carlos Boloña Behr.

Durante su período como primer ministro se fusionaron los Ministerios de Vivienda y Construcción y de Transportes y Comunicaciones, por Decreto Ley N.º 25491 del 7 de mayo de 1992.[1]

De los seis jefes de gabinete que tuvo el primer gobierno fujimorista, el presidido por Óscar de la Puente fue el de mayor duración: 509 días en total, del 6 de abril de 1992 a 28 de agosto de 1993, beneficiado por el apoyo de la mayoría de la población peruana a las medidas de carácter excepcional dadas por el presidente Fujimori.

Su paso por la Cancillería es recordado negativamente por haber firmado y puesto en ejecución la Resolución Suprema Nº 453-92-RE del 29 de diciembre de 1992, la cual, sin fundamento alguno, cesó a 117 diplomáticos con el pretexto de "reorganización" del servicio diplomático. Paralelamente, al rebajar cinco años la edad de jubilación por categoría diplomática, se incrementó paulatina y notablemente el número de cesados. Fue una purga muy radical, que comprometió a la tercera parte del personal diplomático en actividad. Dicha medida ya había sido planeada por el gobierno de Alberto Fujimori con anterioridad, desde fines de 1990, pero los anteriores cancilleres se habían negado a ponerla en ejecución.[2][3][4]

En el plano de las relaciones con Chile, De la Puente impulsó las llamadas "Convenciones de Lima", que terminó por suscribirlas en mayo de 1993 con el canciller chileno Enrique Silva Cimma, mediante las cuales se estructuraba una solución jurídica con respecto a los puntos pendientes del Tratado de Lima de 1929. Esos documentos no fueron ratificados por los respectivos parlamentos.