Aborto en Bolivia

En Bolivia, el aborto está penado de acuerdo al artículo 263 del Código Penal. El artículo 266 establece que las mujeres pueden realizarse un aborto de manera excepcional previa autorización judicial y cumpliendo con las causales. Con las modificaciones de 2017 se quería establecer la obligatoriedad para que el sistema público de salud le otorgue a las mujeres este derecho de manera gratuita sin condición, tutelaje, sin que ningún médico evalúe.[4]

Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.

Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios.

En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso.[5]

Artículo 266. (Aborto Impune)

Esta penalización del aborto inducido y no autorizado se traduce en la práctica clandestina del mismo por personas de dudosa formación y en condiciones insalubres e inseguras, deslindando responsabilidades de quienes lo practican. A pesar de la existencia de la sentencia constitucional 0206/2014,[2] las presiones sociales de grupos religiosos y el estigma que conlleva realizarse un aborto de manera pública, suelen hacer que acceder al mismo, inclusive en casos previstos por la ley sea dificultoso.

En términos del debate surgido en a principios del 2015[6] en Bolivia sobre la posible despenalizacion del aborto inducido en Bolivia es importante tratar de entender los factores causantes de aquel. Así mismo, a nivel urbano, el 48 % de las mujeres tuvo por lo menos un embarazo no deseado y el 43,5 % más de uno. Si bien se estima que existe una deficiencia en términos de información sobre métodos anticonceptivos generando es alto nivel de embarazos no deseados, es importante resaltar que se estima que el 90 % de las mujeres en la urbe conocen al menos un método anticonceptivo. Más aún, el 66,6 % de aquellas afirman conocer por lo menos tres métodos anticonceptivos diferentes. Así mismo, el embarazo no deseado podría no ser problemática resuelta exclusivamente a través de un mayor conocimiento de métodos anticonceptivos.[7]

La práctica del aborto inducido no se restringe a un grupo poblacional de una edad específica. En ese sentido el 17 % indicó haber llevado adelante una interrupción inducida de su embarazo entre los 13 y 19 años, la mitad entre sus 20 y 29 años y un tercio entre sus 30 y 39 años.[7]

Sin embargo, por un lado, el acceso a aquellos métodos es bastante limitado y por otro lado existe aún no solo un contexto social adverso al uso de los anticonceptivos sino un alto nivel de abusos sexuales hacia las mujeres.[8]

Asimismo, a nivel urbano el 61 % de las mujeres tienen relaciones sexuales sin protección segura. Igualmente, según un informe del 2013 de la defensoria del pueblo, a nivel nacional 7 de cada 10 mujeres ha sufrido un abuso sexual y 6 de cada 10 mujeres ha sufrido un abuso sexual en su propio hogar.[9]

En consecuencia, el 13 % de las mujeres del área urbana afirman haber llevado adelante un aborto inducido.

El aborto clandestino es la tercera causa de muerte materna en el país.[8]

Con respecto a los métodos de aborto causantes del alto nivel de muertes y problemas de salud para los que lo llevan adelante se resalta el bajo acceso a métodos seguros. Los métodos quirúrgicos y con medicamentos representaron respectivamente el 56,6 % y 21 % de los casos. El restante 21 % procedió al uso de infusiones, inyecciones, caídas, carga de objetos pesados e introducción de objetos en la vagina. Una de las razones por optar por esos métodos menos preferidos es el costo, más del 51 % de las mujeres que abortaron tuvieron costos adicionales a 250bs. Tomando en cuenta el factor psicológico de llevar adelante dicho acto se resalta la baja efectividad de los métodos de interrupción inducida practicados. 1 de 3 abortos falló en el primer intento, 1 de cada 10 abortos tuvo que llevarse adelante en el tercero intento.[7]

En Bolivia se considera el uso de métodos anticonceptivos denominados modernos como altamente sujeto a la condición socio-económica. Una mujer en la urbe que no ha terminado el colegio, tiene 5 veces menos probabilidades de usar un método anticonceptivo moderno en comparación a una mujer que ha podido proseguir sus estudios después del bachillerato. En el caso de haber tenido un embarazo no deseado, el 60,1 % prosiguió con aquel y llegó a término del mismo.[7]

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