Casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia católica

Los primeros casos denunciados de manera pública se presentaron por primera vez en Estados Unidos e Irlanda. El informe John Jay encontró acusaciones contra 4392 sacerdotes estadounidenses en el lapso de 50 años, lo que representaba el 4 % del clero de ese país.[31][32] Las evidencias llamaron pronto la atención de la opinión pública internacional porque se trataba de víctimas menores de edad, numerosos niños impúberes y en su mayoría varones.[33] Los primeros casos se dieron durante los años noventa, pero su amplio informe en los medios pronto motivó a antiguas víctimas a denunciar a sus agresores y cuyo abuso se había presentado desde años tan tempranos como 1940.[34]

Las denuncias aumentaron de manera inmediata no solo en países de tradición católica como Irlanda, sino en otras naciones como el Reino Unido, Canadá y, sobre todo, en Estados Unidos, en donde recibieron una amplia difusión en los medios de comunicación social, los cuales recogieron declaraciones de las víctimas. Los informes se centraron especialmente en las maneras en que los menores fueron abusados y posteriormente silenciados por medio de constricciones morales, psicológicas e incluso violentas, y en el silencio que guardaron por años algunos jerarcas de la Iglesia, hecho que constituye, siempre que el delito haya sido real, un caso de encubrimiento delictivo. Muchas de las víctimas conformaron asociaciones para fortalecer sus reclamos judiciales y de compensación frente a los agresores y a las instituciones eclesiales y en numerosos casos recibieron el apoyo de partidos políticos y otros sectores sociales.^{[cita requerida]}

Las denuncias no se centraron solo dentro de la esfera del abuso sexual, sino que incluyeron también la violencia física y moral, como fue el caso en Irlanda de las Hermanas de la Misericordia con los asilos de las Magdalenas, caso que fue llevado al cine con el título The Magdalene sisters (2002) de Peter Mullan. La película, elaborada con testimonios de las víctimas, muchas de ellas ya de edad avanzada, recuenta el drama de muchachas que eran internadas por sus familias a causa de embarazos no deseados y en donde eran sometidas a castigos físicos y violencia física y moral.[35]

Algunos autores católicos opinan que el tratamiento que se hace del tema en los medios es desproporcionado y anticatólico, frente al tratamiento que se hace de hechos similares de otras confesiones o de otros sectores de la sociedad.[36][37][38]

A partir de las primeras denuncias públicas en diversos países del mundo, las víctimas de estos abusos se organizan en redes con el objetivo de luchar contra un flagelo que, según consideran, posee características sistémicas al interior de la Iglesia Católica.[39] Por ejemplo SNAP en Estados Unidos, la Red de Sobrevivientes de Italia, la Red de Sobrevivientes en Chile, la Red de Sobrevivientes de Argentina, entre otras. A partir de la visita del Papa Francisco a Chile el año 2018, se creó una Red Global de Sobrevivientes que reúne a grupos en todo el mundo llamada ECA.

En 2018, un consorcio de investigadores universitarios financiado por la Iglesia, pero sin acceso a sus archivos, cifró en 3677 los menores de 13 años que habían sido víctimas de abusos en Alemania entre 1946 y 2014 por parte de 1670 religiosos que, en su mayoría, no fueron condenados. La Iglesia alemana pidió disculpas en 2018 e implantó iniciativas para luchar contra estas conductas, tales como designar un responsable de "prevención", crear una línea telefónica para víctimas o asumir los costes de las terapias, aunque no hubo avances respecto a una petición de las víctimas: colaborar completamente con la justicia para llevar a juicio a los culpables y compensar a las víctimas. La Iglesia procedió a indemnizar caso por caso y sin transparencia.[40]

Un informe publicado en marzo de 2021 reveló que cientos de menores habían sufrido violencia sexual en la arquidiócesis de Colonia entre 1975 y 2018, y que numerosos responsables religiosos habían silenciado los hechos. Al conocerse la dimensión del problema, el 4 de junio se supo que el arzobispo de Múnich Reinhard Marx había presentado su dimisión al pontífice al reconocer el «fracaso» de la Iglesia en la «catástrofe de abusos sexuales» del país, aunque Francisco rechazó su renuncia.[40]

La Iglesia argentina ha tenido entre 2004 y 2009 al menos cuatro sacerdotes condenados por abuso de menores:

• El sacerdote Luis Sierra fue condenado en noviembre de 2004 a ocho años de prisión por abusar sexualmente de tres monaguillos que asistían como alumnos a un colegio religioso de Claypole, donde él enseñaba.[41]
• En noviembre de 2007, la Justicia condenó al sacerdote Mario Napoleón Sasso a 17 años de prisión porque consideró que había abusado sexualmente de un grupo de niñas de entre 11 y 14 años que concurrían al comedor comunitario que estaba a su cargo en la localidad de Pilar.[41]
• En junio de 2009 fue condenado el padre Julio César Grassi, fundador de la Fundación Felices los Niños, a 15 años de cárcel por abuso sexual y corrupción de menores agravada[42][43] pero no fue preso. A pesar de que la condena fue confirmada en septiembre de 2010 por el tribunal de Casación, continuó libre viviendo en la Fundación y dando misa hasta diciembre de 2013 que fue encarcelado y cumple condena en el pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria N.º 41 de Campana, provincia de Buenos Aires a la espera de que se evalúe la posible incorporación más testimonios a la causa que podrían aumentar la pena.[44][45] Cuando queda preso el obispado decide iniciarle un juicio canónico.[46][47]
• En julio del 2022, un grupo de exalumnos del Colegio del Salvador en Buenos Aires denunciaron al sacerdote César Fretes, tutor y acompañante espiritual de los alumnos, por haber abusado sexualmente de ellos cuando estaban en sexto grado del colegio.[48] Se calcula que entre los años 1997 y 2003, al menos 30 alumnos de entre 10 y 11 años fueron abusados por el sacerdote.[49][50] Ya en 2001, un alumno denunció ante la dirección del colegio al hermano Fretes, pero el entonces rector, Rafael Velasco, desestimó la denuncia. En el 2003, ante la denuncia de tres nuevas familias, las autoridades del colegio decidieron trasladarlo secretamente a Mendoza, donde la comunidad jesuita tiene un convento al lado del Colegio San Luis Gonzaga.[51] En respuesta a la publicación de los hechos, el Colegio del Salvador emitió un comunicado reconociendo lo sucedido.[52]

Una comisión de investigación sobre la pederastia en el país dio a conocer, en 2017, que el 7 % de los religiosos católicos australianos fueron acusados de abusos sexuales a niños entre 1950 y 2010 sin que se investigasen las denuncias. En el caso de la orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, la cifra de miembros acusados de estas prácticas delictivas se elevaba al 40 %.[53] La Iglesia católica, con fuerte presencia en Australia, recibió quejas de 4500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por alrededor de 1880 religiosos, sobre todo por parte de sacerdotes entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontarían a la década de 1920.[54]

El cardenal George Pell, también interrogado en su momento por dicha comisión,[40] fue inicialmente condenado y encarcelado en 2019 por violación y agresión sexual a dos adolescentes en los años 1990. Sin embargo, tras cumplir más de doce meses en prisión (de una pena total de seis años), fue absuelto en 2020 por el más alto tribunal australiano al existir dudas acerca de la solidez de las pruebas presentadas durante el juicio.[55]

En Canadá resultan de especial notoriedad los abusos sexuales a niños cometidos durante décadas en el orfanato de Mount Cashel, ubicado en la Arquidiócesis de San Juan de Terranova y gestionado por la Congregación de los Hermanos Cristianos. En 1989 se dieron a conocer los cientos de casos ocurridos al menos desde los años 40, que habrían sido encubiertos por la Iglesia —que se limitó a trasladar a los pederastas a otras diócesis del país donde siguieron cometiendo agresiones—, la policía y la Justicia. El Tribunal de Apelaciones dictaminó en 2019 que la arquidiócesis era «indirectamente responsable» de los hechos cometidos en Mount Cashel al permitir y encubrir los abusos. En 2022, la arquidiócesis se vio obligada a vender 43 propiedades —entre las que se cuentan al menos doce iglesias y la propia catedral basílica de San Juan Bautista— para indemnizar a las víctimas. El valor total obtenido de más de 15 millones de dólares sería insuficiente para cubrir todas las compensaciones estimadas en más de 40 millones, por lo que el arzobispo Peter Hundt reconoció que se pondrían a la venta otras 70 propiedades para hacer frente a los pagos.[56]

En octubre de 2002, tras denuncias periodísticas sobre abusos sexuales a niños y a jóvenes que se habrían extendido por más de diez años, el arzobispo emérito de La Serena, Francisco José Cox, renunció a toda actividad pastoral.[57] El 31 de octubre de 2002, el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, anunció la salida del religioso por «conductas impropias» y su reclusión en un monasterio en Alemania.[58] El 5 de noviembre de 2002, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile pidió perdón a todos las personas dañadas.[59]

En junio de 2003, José Andrés Aguirre Ovalle, más conocido como el «cura Tato», fue condenado en primera instancia a doce años de cárcel como autor de violación, abusos deshonestos reiterados y estupro contra nueve jóvenes entre 1998 y 2002.[60][61] Sin embargo, a mediados de noviembre de 2012, su solicitud de rebaja de pena fue aceptada,[62] por lo que fue liberado el 26 de ese mes, tras haber cumplido poco más de nueve años en prisión.[63]

En enero de 2010, una investigación desarrollada por el Ministerio Público acreditó que el entonces sacerdote de la iglesia de Melipilla, Ricardo Alberto Muñoz Quintero, explotó sexual y reiteradamente a cinco adolescentes, además de abusar de manera sexual de una de sus dos hijas cuando ejercía en Curacaví. Además, Muñoz está acusado de producir material pornográfico infantil, obtenido de los mismos ilícitos.[64]

En febrero de 2011, tras una investigación de la Santa Sede, el expárroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Fernando Karadima, fue declarado culpable de abuso sexual con violencia contra menores, por lo que fue sentenciado a una vida de penitencia y oración en absoluta reclusión.[65]

En abril de 2011, la Conferencia Episcopal de Chile presentó un Protocolo ante denuncias contra clérigos por abusos de menores, y anunció la formación de un Consejo que se encargará de dirigir políticas de prevención de abusos sexuales y de ofrecer ayuda a las víctimas.[66]

En mayo de 2018, los 34 obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Chile presentaron su renuncia al Vaticano, convirtiéndose ésta en la «mayor consecuencia a la fecha del largo historial de abusos en la Iglesia católica».[67] La renuncia se dio pocas semanas después de que el papa Francisco reconociera sus "errores graves de juicio"[68] en relación con descalificación de los hechos relacionados con el obispo Juan Barros y su encubrimiento del caso Karadima. El porcentaje de chilenos que se declaraban católicos descendió a 45% en 2018 viniendo de un 73% veinte años atrás.[69] Se estima que lo anterior se debe a la mala imagen que tiene la institución en los últimos años debido a gran cantidad de denuncias contra sacerdotes violadores después del mencionado caso Karadima. A finales de 2018 sólo un 13% de los chilenos tenía una imagen positiva de la iglesia católica, la cifra más baja de América latina.[70]

El 5 de mayo de 2010 fue capturado el clérigo Luis Enrique Duque Valencia, quien recibió una condena de 18 años y 4 meses por violar a dos niños de siete y nueve años en el Líbano (Tolima); la Corte Suprema de Justicia de Colombia consideró también responsable civil de los abusos a la Iglesia católica, a través de la Diócesis de Líbano-Honda, por lo que tendría que pagar a la familia de las víctimas unos 600 millones de pesos. El clérigo había huido de la justicia por casi tres años.[71][72][73][74] En julio de ese mismo año capturaron un sacerdote llamado William de Jesús Mazo Pérez, quien violó al menos tres menores de edad al oriente de Cali.[75] Aunque el sacerdote se encuentra pagando una condena de 33 años por sus crímenes,[76] la familia aún espera una prometida indemnización y perdón por parte de la iglesia.[77] En un programa periodístico del país se publicó un informe de un sacerdote que era representante de una fundación para niños, acusado por parte de una profesora de la fundación, de abuso sexual a varios menores de edad. El sacerdote no ha sido ni destituido ni investigado. En este mismo informe se presenta a un sacerdote, Guillermo Jiménez, vicerrector de un colegio del sur de Bogotá, el Colegio Claretiano de Bosa, sobre quien el programa tenía un vídeo en el cual éste abusaba sexualmente de un menor de edad practicándole sexo oral. El video fue grabado por alumnos del colegio quienes lo entregaron a un miembro de la policía nacional. Sin embargo, pese a estas denuncias el sacerdote solo fue trasladado a otra diócesis.[78] El caso de este sacerdote que se pone al descubierto, es solo uno más de varios casos que se han presentado en Colombia.[79][80][81] Otro de los casos más sonados en Colombia, y como fue registrado al final de los créditos de la película Spotlight, fue el caso del Sacerdote capturado en Medellín por actos sexuales con menor de 13 años, el padre Víctor Manuel Torres González, de 40 años, oriundo de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, por hechos ocurridos el 12 de agosto de 2013. [82]

En 2011 el sacerdote Jairo Alzate Cardona fue condenado a 7 años de prisión por ser encontrado culpable por el delito de acceso carnal abusivo con menor agravado, los abusos del menor de 10 años sucedieron varias veces en el 2008 en la ciudad de Pereira.[83] En 2022 el sacerdote Wilmar Quesada en la región de Tolima fue condenado por abusar de dos niñas de 7 y 14 años durante al menos 2 años. La hermana mayor de las víctimas habría encontrado en el computador del procesado imágenes con contenido pornográfico en las que se veía a las menores de edad.[84] También en 2022 la agencia de noticias AFP informó de uno de los casos más graves revelados hasta ahora en el país, que involucraba a una red de pederastia que incluiría a por lo menos 38 sacerdotes abusadores en la ciudad de Villavicencio,[85] de los cuales 19 de ellos habrían sido suspendidos dos años atrás por el Vaticano en medio de la investigación canónica.[86] En otra ciudad colombiana, Medellín, se conoció la posible existencia de otra red de pederastas de al menos 43 sacerdotes de los cuales apenas 3 han sido sentenciados por la justicia.[87] La Corte Constitucional en una decisión histórica había ordenado en Sentencia T-091 de 2020 a la iglesia católica colombiana develar su "archivo secreto" de denuncias, a periodistas o ciudadanos que así lo requirieran.[88] A partir de esa fecha los jerarcas de la iglesia no han cumplido cabalmente esa instrucción.[89]

Diferentes escándalos de abuso sexual involucrando a miembros del clero católico se han hecho públicos en Costa Rica, pues más de diez sacerdotes han sido acusados formalmente.[90] Sin embargo uno de los eventos más recientes y más dramáticos por su exposición mediática se dio en 2019 cuando acusaciones judiciales contra los sacerdotes Mauricio Víquez[91] y Manuel Guevara[92][93] llevaron incluso al allanamiento de las oficinas de la Conferencia Episcopal por parte del Organismo de Investigación Judicial el 7 de marzo de 2019.[94] Víquez, quien fue portavoz de la propia Conferencia Episcopal y profesor en la Universidad de Costa Rica, fue dimitido del estado clerical por la Santa Sede y huyó fuera del país por lo que se elevó una orden internacional de captura en su contra.[95][96] Fue detenido en 2019 y extraditado a Costa Rica en mayo de 2021. Fue finalmente juzgado y sentenciado en marzo de 2022 a veinte años de cárcel por la violación de un niño de once años. Por su parte, la Conferencia Episcopal del país, la Arquidiócesis de San José y el arzobispo José Rafael Quirós fueron condenados civilmente por encubrimiento a indemnizar a otra víctima de abusos con 100 000 dólares.[97] En el caso de Guevara, cura párroco de Santo Domingo de Heredia, fue arrestado por las autoridades.[98] Otro sacerdote buscado por abuso sexual Jorge Arturo Morales Salazar fue arrestado por las autoridades judiciales mientras intentaba escapar por la fronte con Panamá y retenido con prisión preventiva.[99]

Otros casos notorios han sido:

• Enrique Delgado, también figura mediática por su programa «La hora santa», fue condenado por violación y abuso sexual en perjuicio de tres menores.[100][101]
• El sacerdote Enrique Vázquez quien huye del país asistido económicamente por dineros de la Iglesia girados por el arzobispo de San Carlos Ángel Sancasimiro.[90][102]

En los años 90, el sacerdote guatemalteco Juan Francisco Aragón Larrazábal quién era párroco en la Iglesia Nuestra Señora de Czestochowa en Guayaquil, fue encarcelado por violación sexual a tres menores de edad. El 23 de diciembre de 1991 fue asesinado con 19 puñaladas por el reo William Mantuano.[103]

El Padre Luis Fernando Intriago Páez en 2011.

El Padre Luis Fernando Intriago Páez quién era párroco en la Iglesia Nuestra Señora de Czestochowa en Guayaquil entre 1996 y 2013, año en que le fue sesada sus funciones como sacerdote luego que fue acusado de abuso sexual y tortura a por lo menos diez menores de edad por medio de una práctica no reconocida por la Iglesia católica denominada la "Dinámica del Pecado", por lo que en 2013 el Arzobispo Antonio Arregui lo calificó de manipulador y fue suspendido de sus actividades de sacerdote.[104][105] Intriago conoció en Lima al fundador del Movimiento de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, quien también es acusado por abusos sexuales a menores de edad en Perú, con el que formó una amistad y por el cual Intriago trajo la agrupación católica a Ecuador, misma que lideraba y se relacionaba con miles de jóvenes.[104] Sin embargo este escándalo no era nada nuevo para el Padre Intriago, ya que desde el 2003 fue amonestado de manera no formal en repetidas ocasiones por la Congregación para la Doctrina de la Fe debido a su comportamiento homosexual activo.[104] Las amonestaciones nuevamente se hicieron presentes en 2009 por el escándalo que provocaba en algunos fieles sus continuos encuentros nocturnos con jóvenes menores de edad.[104] El caso saltó a la palestra pública el 8 de mayo de 2018, luego de que el medio GK City realizó una investigación de ocho meses y lo hizo público, poniendo en evidencia que la Fiscalía del Estado y la Arquidiócesis de Guayaquil no hicieran nada para agilitar el proceso e investigación, pese a que Intriago confesó haber tenido una actitud morbosa y reprochable.[104][106]

El Padre Pedro Vicente García García, quien fue párroco de la Iglesia José Obrero, en el barrio Garay, centro de Guayaquil, fue acusado en 2013 de haber violado a 5 niñas que asistían a clases de catecismo, entre las cuales estaba una niña de 11 años quien era parte del coro de la iglesia.[107][108] García huyó y fue declarado el más buscado por delitos sexuales, hasta que finalmente fue capturado en agosto de 2017 en Quito y declarado culpable en 2018, después de 5 años del suceso, además se sabe que al menos violó a 10 menores, pero las familias no han querido denunciar para no exponer a las menores.[108][109]

Desde abril de 2018, tres personas han comparecido para hacer públicas sus denuncias de violación sexual en contra del sacerdote César Cordero Moscoso, rector fundador de la Universidad Católica de Cuenca,[110][111][112] lo que despertó reacciones con respecto al acusado y también a la Universidad.[113] Los tres denunciantes coinciden en que las violaciones ocurrieron hace más de 50 años.[114] La posición oficial de la Universidad Católica de Cuenca es que el sacerdote es una persona natural y que desde el año 2013 ya no es rector de la institución, pero las autoridades afirmaron: “nos condolemos con él”.[115]

Una investigación realizada en 1995 por el catedrático de la Universidad de Salamanca Félix López Sánchez y publicada por el Ministerio de Asuntos Sociales de España, determinó que el 4,17 % de los abusos a menores fueron realizados por religiosos.[116] Un informe de la Fundación ANAR publicado en 2021 estimó que, de todos los abusos sexuales acaecidos en España entre enero de 2008 y marzo de 2019, aquellos acometidos por sacerdotes representaron en 0,2% de los casos.[22]

En 2021, una investigación conjunta coordinada por la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad del País Vasco concluyó que los casos de pederastia en el seno de la Iglesia española fueron «sistemáticos», y derivaron en una «nula colaboración» para esclarecerlos así como en una inadecuada reparación por parte de la Conferencia Episcopal a quienes sufrieron estas prácticas de abuso sexual. El estudio está basado en investigaciones cuantitativas y cualitativas, engloba el conjunto de investigaciones sobre este tipo de abusos realizadas en España con el objetivo de comparar sus resultados con los obtenidos en otros países[117] y además recoge datos procedentes de entrevistas a 38 víctimas. Los clérigos implicados elegían a víctimas altamente vulnerables, con una media de 11,8 años de edad, lo que constata el carácter efebofílico de estas conductas. En el 65,8 % de los casos el abuso se repitió de forma “crónica” durante un periodo que va desde los tres hasta los ocho años, y en el 42,1 % hubo penetración. Según el estudio, las víctimas mantuvieron las agresiones en secreto durante muchos años: muy pocos lo notificaron a la autoridad y, de estos, el 52,9 % ha tenido una mala experiencia tras dar ese paso dado que la respuesta institucional de la Iglesia fue «causante de un nuevo daño» en las víctimas. Entre las consecuencias de los abusos se señalaron «problemas cronificados de ansiedad y depresión, dificultades sexuales, de alimentación y sueño», además de un «trauma espiritual» y pérdida de la fe. El trabajo también pone en duda por insuficiente la cifra de 220 casos de abusos a menores cometidos desde 2001 y reconocidos en abril de 2021 por la Iglesia española.[118] En julio de 2022, el despacho de abogados al que la Conferencia Episcopal Española encargó una auditoría sobre abusos a menores en el seno de la Iglesia, ha estimado «entre 1000 y 2000 casos» de abusos sexuales, la mayoría ocurridos en los años 70 y 80 del siglo XX. En todo caso, su portavoz opinaba que tales cifras «no responden a la realidad del problema. Estamos ante la punta del iceberg, creo que hay mucho silencio, venimos de una cultura del encubrimiento y una cultura del silencio, en la que las instituciones ponían la institución antes que el individuo y, por otro lado, las personas sentían un enorme desamparo».[119]

Respecto a los casos de abusos sexuales a menores cometidos en el Monasterio de Montserrat (Barcelona), un informe dado a conocer en 2019 por una comisión independiente divulgó la existencia de dos casos perpetrados en 1968 por el entonces responsable de la Escolanía. Además, confirmó que el monje Andreu Soler abusó de otros doce jóvenes entre los años 1972 y 2000. La comisión destacó que este religioso, director de la agrupación scout católica Els Nois de Servei ("Los Chicos de Servicio"), actuó durante ese periodo con total impunidad dado que «se omitió cualquier tipo de actuación» por parte de la institución. Soler, al que se calificó como «depredador sexual y pederasta» y que falleció en 2008, con el paso del tiempo llegó a actuar cada vez con mayor agresividad contra sus víctimas.[120] En 2021 el monasterio apartó de sus funciones a otro monje tras ser denunciado por presuntos abusos sexuales a un menor de 17 años, que habrían sucedido dos años antes.[121]

Uno de los países en donde ha habido una mayor cobertura internacional de estos casos ha sido Estados Unidos en donde algunas diócesis han tenido que pagar cuantiosas sumas en indemnizaciones a las víctimas.

En septiembre de 1983, el National Catholic Reporter publicó un artículo al respecto.[122] El asunto obtuvo una mayor notoriedad en octubre de 1985 cuando el sacerdote de Luisiana Gilbert Gauthe se declaró culpable de once cargos de abuso sexual a niños.[123] A lo largo de la década de 1990, se publicaron varios libros sobre los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia.[124]

Escudo de armas del cardenal Bernard Law.

En 2002, la cobertura de The Boston Globe ganadora del Pulitzer sobre casos de abuso sexual en la arquidiócesis de Boston atrajo la atención, primero en los Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo.[125][126][127] Otras víctimas comenzaron a presentar sus propias denuncias de abuso, lo que dio lugar a nuevas denuncias y juicios.[128] En diciembre de ese año, dimitió el cardenal Bernard Francis Law, a cargo de la arquidiócesis de Boston[129] y señalado por la gestión de los hechos.[130] Desde entonces, los casos de abuso a menores en el seno de la Iglesia recibió una atención mucho mayor por parte de la jerarquía eclesiástica, de la justicia, del gobierno y de los medios de comunicación. Según un estudio, la cobertura de los casos por parte de The Boston Globe «tuvo un efecto negativo y duradero» en la matriculación en escuelas católicas y supuso «cerca de dos terceras partes del declive en la escolarización en centros católicos».[131]

El 25 de marzo de 2010 el diario estadounidense The New York Times publica una colección de documentos que supuestamente muestran que el cardenal Joseph Ratzinger no respondió a más de 200 quejas de abuso sexual contra Lawrence Murphy, quien trabajó en una escuela católica para niños sordos en Wisconsin entre 1950 y 1974. La Iglesia rechazó la denuncia.[42][132] Algunas de las víctimas del padre Murphy denunciaron estos abusos a las autoridades civiles, que abrieron una investigación en ese momento; sin embargo, esa investigación se cerró. La Congregación para la doctrina de la fe solo fue informada sobre el asunto veinte años más tarde. Considerando el hecho de que el padre Murphy era anciano y se encontraba en malas condiciones de salud, que vivía retirado y que desde hacía más de veinte años no se habían presentado acusaciones de nuevos abusos, la Congregación para la doctrina de la fe sugirió que el arzobispo de Milwaukee estudiara la manera de afrontar la situación, por ejemplo, restringiendo el ministerio público del padre Murphy y pidiéndole que asumiera toda la responsabilidad por la gravedad de sus acciones. El padre Murphy murió aproximadamente cuatro meses más tarde, sin más incidentes.[133]

El 9 de abril de 2010 la agencia de noticias Associated Press publica una carta en la que se asegura que el cardenal Joseph Ratzinger se resistió a apartar del sacerdocio al cura estadounidense Stephen Kiesle, acusado de pedofilia. La Santa Sede dice que "no es extraño que haya documentos aislados con la firma del cardenal (Joseph) Ratzinger" y que la carta está sacada de contexto.[42]

Según un estudio de la Junta Nacional de Revisión (National Review Board), un total de 4392 sacerdotes fueron acusados del abuso sexual de 10.667 menores entre 1950 y 2002.[31] De ese total, aproximadamente 6700 casos presentaron suficientes pruebas, otros 3300 no fueron investigados porque los sacerdotes ya habían fallecido y otros 1000 no presentaron pruebas fiables para justificar una investigación, según un comunicado divulgado por la diócesis de Yakima, en el estado de Washington. "De más de 5000 sacerdotes que sirvieron en la archidiócesis de Los Ángeles entre 1930 y 2003, 113 fueron acusados de abuso, según el Informe Oficial del Pueblo de Dios de la arquidiócesis de Los Ángeles, publicado en febrero de 2004. Del total de sacerdotes acusados 43 ya murieron, 54 ya no son sacerdotes y 16 permanecían en el ministerio. Del último grupo, en 12 casos no se encontraron pruebas suficientes para declarar abuso y solo cuatro han sido suspendidos y enfrentan juicios".^{[cita requerida]}

Uno de los informes indicó que los costes relacionados con estos problemas superaron los 570 millones de dólares en concepto de gastos legales, indemnizaciones, terapia para las víctimas y tratamiento para los infractores. Esa cifra no incluye los 85 millones de dólares que pagó la arquidiócesis de Boston para resolver algunas de las demandas presentadas por las víctimas. La arquidiócesis de Boston (Massachusetts), la cuarta diócesis católica más grande de EE. UU. y en donde comenzó la avalancha de escándalos, anunció a finales de mayo de 2005 el cierre de 65 de las 357 parroquias de su jurisdicción.^{[cita requerida]}

Ante la avalancha de condenas, muchas de las cuales individúan a la Iglesia católica, la Liga Católica de los Estados Unidos argumenta que las estadísticas de abuso sexual en la misma son similares a las que existen en otras instituciones: por ejemplo, en las escuelas públicas de ese país, se calcula que un 5 % de todos los profesores son responsables de abusar sexualmente un 15 % del número total de estudiantes.[134] En una encuesta oficial realizada en el 2003 se reveló que un 6,7 % de los estudiantes de Estados Unidos habían padecido una mala conducta sexual por parte de su profesor, que incluso llegaba al punto del contacto físico.[135] Otro informe del Departamento de Educación de los Estados Unidos publicado en el 2004 encontró que entre el 3,5 % y 5,03 % de los estudiantes son objeto de conducta sexual inapropiada por parte de sus educadores en algún momento durante su carrera estudiantil. Se descubrió que los profesores, entrenadores y profesores sustitutos eran los que más incurrían en el delito.[136]

En 2004, el College John Jay de Justicia Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York realizó un estudio para la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos que examinó las causas y el contexto de la crisis de abusos sexuales del clero en la Iglesia católica de EE. UU. El estudio concluyó que no había una sola causa o factor de predicción de abuso sexual por parte del clero católico. El informe añadió que los factores situacionales y la oportunidad de abusar desempeñaron un papel importante en el inicio y continuación de los actos abusivos. El estudio se realizó en cinco años y fue publicado en 2011. El aumento de la frecuencia de los abusos en los años 1960 y 1970 fue consistente con los patrones de desviación en la sociedad durante ese tiempo. Las influencias sociales se añadieron a las vulnerabilidades de los sacerdotes individuales cuya preparación para una vida de celibato era insuficiente en ese tiempo. Ni el celibato ni la homosexualidad fueron las causas de los abusos.[31][137]

Un informe elaborado por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (CIASE) estimó en 2021 que, entre 1950 y 2020, unos 216 000 menores fueron víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero católico del país; la cifra subía a 330 000 menores cuando se incluía como abusadores a personas laicas que tenían otros vínculos con la Iglesia, como escuelas católicas y programas para jóvenes. El informe indica que el 56 % de tales abusos se enmarca en el período de 1950-1970.[138] También se estimaba que entre 2900 y 3200 clérigos pederastas habían trabajado en el seno de la Iglesia católica francesa desde la década de 1950.[20]

El CIASE advirtió de que el problema era sistémico y la violencia sexual no se limitó a «unas pocas ovejas negras que se desviaron del rebaño». Jean Marc Sauvé, presidente de la Comisión, afirmó: «Cuando se le informó de los abusos, [la Iglesia] no tomó las medidas estrictas necesarias para proteger a los niños de los depredadores».[20]

Ante estos hechos, el papa Francisco instó a los obispos y a los católicos franceses a asumir las responsabilidades que a cada un competan para hacer “una casa segura” y se solidarizó con las víctimas. Es el momento de la vergüenza, apuntó. También indicó que“Es la hora de la vergüenza”, enfatizó el máximo referente del Vaticano en una jornada donde también se lamentó por la “larga incapacidad de la Iglesia” en el trato para evitar los casos de miembros pederastas.[139] Sobre tales cifras que marcaron un duro contexto para la institución, el papa dijo que “por desgracia” son enormes. Francisco también animó a los obispos, fieles, superiores y religiosos de todo el mundo a redoblar los esfuerzos para que estos “dramas” no se vuelvan a producir.[139] La Conferencia Episcopal de Francia anunció que indemnizaría a las víctimas de los abusos, llegando a vender bienes inmobiliarios con tal de poder pagar las indemnizaciones.[140]

En 2022 la Justicia francesa, así como la canónica, abrió una investigación sobre once obispos y exobispos por presuntos casos de agresiones sexuales —no todas sobre menores de edad— o encubrimiento de las mismas. Alcanzó notoriedad el caso de Jean-Pierre Ricard, cardenal y exobispo de Burdeos, quien reconoció públicamente haber mantenido una conducta «reprobable» tres décadas antes hacia una menor de 14 años.[141]

El sacerdote irlandés Brendan Smyth, acusado de cometer delitos de abuso a menores de edad en su país.

En octubre de 2005 una investigación del Gobierno irlandés en una diócesis del condado de Wexford revela más de cien casos de abuso sexual a menores por parte de miembros de la Iglesia Católica. El informe Ferns contaba con más de 271 páginas de extensión en las que se hacían alegaciones contra 21 de los sacerdotes que habían estado trabajando en la diócesis entre 1966 y 2002.[42]

El 20 de mayo de 2009 se publica la Comisión Investigadora de Abusos de los Niños en Irlanda (conocida comúnmente como "Comisión Ryan") que reúne, tras casi 10 años de investigación, más de 2000 testimonios que relatan abusos físicos y sexuales por parte de responsables de internados controlados por órdenes religiosas católicas. Este es uno de los mayores casos de reconocimiento de los abusos sexuales de la Iglesia Católica en una investigación que abarca más de 35 000 niños en un período de 86 años (de 1914 a 2000). Los datos de escuelas, reformatorios y orfanatos en este periodo, recogen 253 acusaciones de abusos sexuales a chicos y 128 a chicas.[142] No todas están atribuidas a sacerdotes, religiosos o religiosas; son casos de diversa naturaleza y gravedad, rara vez referidos a impúberes.[143]

En diciembre de 2009 se publica otro informe llevado a cabo por la comisión de investigación de la archidiócesis de Dublín que se conoce communmente como el "Informe Murphy".[144] La comisión identificó 320 personas abusadas desde 1974 a 2004; y otras 120 desde 2004 a 2009. También acusó públicamente a los responsables eclesiásticos de haber encubierto los hechos durante más de tres décadas.[40][145]

Ante los resultados de las investigaciones, en diciembre de 2009 cuatro obispos dimiten y toda la jerarquía de la Iglesia católica en Irlanda rinde cuentas ante el papa.[42] Los obispos que presentan su dimisión son Donal Murray (Obispo de Limerick),[146] James Moriarty (Obispo de Kildare y de Leighlin),[147] Raymond Field (Obispo titular de "Árd Mór"), Eamonn Walsh (Obispo titular de "Elmhama".[148]

El 16 de marzo de 2010 se hace público que el máximo responsable de la jerarquía católica en Irlanda, el Cardenal Sean Brady, estuvo presente en reuniones en 1975 en las que niños víctimas de abusos firmaron juramentos de silencio sobre las quejas contra el cura pedófilo Brendan Smyth.[42] La Conferencia Episcopal de Irlanda, como luego hicieron público L'Osservatore Romano y Radio Vaticana, aclararon que el padre Brady participó en esa investigación, asistiendo a la entrevista de dos víctimas, y transmitió los resultados a sus superiores.[149]

El 19 de marzo de 2010, Benedicto XVI escribe una carta a los católicos de Irlanda.[150] Es quizá el documento más extenso e importante en el que el papa trata este tema.[151] Como anunciaba en esa carta, en mayo de 2010 nombró a cinco arzobispos y cuatro religiosos para llevar a cabo una inspección.[152] En marzo de 2012 se presentó un sumario con los resultados de la visita.[153][154]

El 22 de abril de 2010 el papa Benedicto XVI acepta la renuncia de James Moriarty, obispo de Kildare y Leighlin, en Irlanda, que fue obispo auxiliar en Dublín entre 1991 y 2002. Moriarty afirmó que renunciaba porque “debería haber desafiado la cultura predominante”, aunque no era acusado directamente en el Informe Murphy.[155]

En el caso de los abusos y agresiones sexuales cometidos por miembros del clero o en el seno de instituciones católicas en Irlanda, el Gobierno estableció un mecanismo público de compensación financiera para las víctimas al que se acogieron más de 14 500 personas.[40] En 2002 el Ministerio de Educación del país firmó un acuerdo para compartir con las diversas órdenes religiosas irlandesas el pago de indemnizaciones por abusos. 18 órdenes católicas se comprometieron a aportar 128 millones de euros a un fondo de compensaciones, mientras que el Gobierno aportaría el resto. Finalmente la Intervención General del Estado admitió que, al superarse el número de denuncias previstas debido a un error de cálculo del Ministerio, le correspondería al Estado irlandés compensar con unos 1000 millones de euros a estas víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de órdenes religiosas.[156]

Fotografía de Marcial Maciel a fines del 2004 en Santa Maria Maggiore, Roma, Italia.

Los casos de abuso sexual contra menores de edad por parte de sacerdotes católicos en México han sido denunciados desde hace décadas, aunque han sido pocos los que han llegado a ser confirmados. En el 2002 la Iglesia fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas.[42]

En este país cobra importancia particular el caso de Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo. Maciel murió en 2008, entre acusaciones de abuso sexual contra varios seminaristas y niños y la exigencia por parte de las víctimas de que pidiera perdón.[157] Uno de los acusadores de Maciel fue el exrector de la Universidad Anáhuac, Juan Manuel Fernández Amenábar, cuyo caso fue dado a conocer por Alberto Athié Gallo.[158] En 1997 nueve ex legionarios enviaron una carta pública a Juan Pablo II donde denunciaron abusos sexuales por parte de Maciel.[159] Las acusaciones en contra de Maciel fueron negadas durante años por parte de la Legión de Cristo, que finalmente reconoció públicamente los crímenes realizados por su fundador. El cardenal Ratzinger también inició un proceso contra Marcial Maciel por acusaciones de pedofilia. En 2006, cuando Ratzinger ya era papa, anunció el cierre de la investigación sobre Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada salud,[160] ordenándole el retiro del sacerdocio público para consagrarse a una vida de «oración y penitencia».

En 2010, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP), por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de 65 sacerdotes acusados en Estados Unidos de abuso sexual. Dichos sacerdotes se encuentran en varias diócesis de México, algunos de ellos en activo.[161] SNAP también ha presentado acusaciones contra Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, al que acusan de haberse coludido con Roger Mahony para proteger a varios de estos sacerdotes, pero particularmente en el caso de Nicolás Aguilar Rivera, procesado en Tehuacán (Puebla) por abuso sexual contra por lo menos sesenta niños.[162] Las quejas contra Rivera Carrera han llegado a los tribunales estadounidenses, la primera de ellas fue desechada porque el tribunal consideró que la materia de la demanda estaba fuera de su jurisdicción. La cuarta demanda contra el prelado mexicano fue presentada por SNAP ante un tribunal federal estadounidense en Los Ángeles (California).[163] El acto fue minimizado por la Arquidiócesis Primada de México, que calificó la denuncia como "calumniosa", "engaño mediático" y "oportunista".[164]

Nicolás Aguilar Rivera que fue denunciado por 4 niños en 1997, en Tehuacán, Puebla.[165] Hay registros de que el sacerdote pedófilo fue transferido por la arquidiócesis presidida por Norberto Rivera a Estados Unidos, hasta la fecha Aguilar continua prófugo, es sospechoso de alrededor de 60 violaciones contra niños en Puebla[166] y 26 violaciones más cometidas en Los Ángeles, California.[167] Aguilar Rivera tuvo un periodo de actividad como pederasta que abarcó de 1986 a 1997, según denuncian las víctimas bajo el conocimiento de Norberto Rivera Carrera.[168]

En 2012, Manuel Ramírez García sacerdote de San Pedro, Nuevo León, Fue acusado por 13 niños de abusar sexualmente de ellos.[169] Los niños eran estudiantes de 5.º grado de primaria en el "Colegio de Guadalupe", según sus propias declaraciones el sacerdote los tocó[170]

Un informe, presentado en junio de 2021 por el episcopado polaco, cuantificó en 292 el número de sacerdotes pederastas que, a su vez, abusaron sexualmente de 368 niños y niñas entre 2018 y 2020. El documento también abordó la negligencia y, en algunos casos, el voluntario encubrimiento de los abusadores, así como la dinámica del silencio ante la pederastia clerical en este país europeo. Un informe anterior, referido al período comprendido entre 1990 y 2018, concluyó con la existencia de 382 clérigos que habrían abusado de 625 menores.

El arzobispo primado de Polonia, Wojciech Polak, pidió perdón a las víctimas de abusos. El 19 de septiembre de 2021 se inauguró la Conferencia Internacional sobre la Protección de Niños y Adultos Vulnerables en Varsovia, organizada por la Conferencia Episcopal Polaca y en la que tuvieron lugar reflexiones, intervenciones, debates y el testimonio de algunas víctimas. El arzobispo Polak animó, asimismo, a afrontar la verdad sobre estos hechos con transparencia y a luchar contra los abusos mediante la cooperación para lograr superar la «cultura del silencio», pero sobre todo a superar el miedo que aún persiste en muchas diócesis: «El miedo a nuestra imagen, a perder nuestra reputación, a los procedimientos judiciales».[171] Dentro de las medidas tomadas por la Iglesia destacó el reemplazo, a petición propia, del obispo Zbigniew Kiernikowski tras concluir una investigación de la Santa Sede por negligencia en relación con abusos sexuales a un menor en la diócesis de Siedlce.[172] En julio de 2021 a raíz de una investigación realizada por una comisión especial del estado polaco se anunció que hay sacerdotes implicados en casi un tercio de los actos de pederastia registrados en el país entre 2017 y 2020. Dicha Comisión estatal estudió más de 300 casos en ese periodo.[173]

En febrero de 2023, la comisión independiente —creada por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) a finales de 2021— que investiga los abusos en el seno de la Iglesia católica en Portugal ha estimado el número total de víctimas de los últimos setenta años en cerca de 5000. La comisión validó 512 testimonios en su informe final, aunque ha enviado a la Justicia solo veinticinco casos pues, en su mayoría, están prescritos. Su coordinador, Pedro Strecht, ha precisado que «no es posible cuantificar el total de crímenes» dado que un gran número de víctimas fueron abusadas más de una vez. Según la investigación, la mayoría de abusadores eran hombres (96 %) y sacerdotes (alrededor del 70 %), mientras que los abusos se produjeron en seminarios, centros de acogida, escuelas o instituciones deportivas. Respecto a las víctimas, la mayoría fueron niños y su media de edad apenas superaba los once años, el 77 % nunca presentó una queja ante la Iglesia y solo un 4 % denunció ante la Justicia.[174]

En numerosos casos, los sacerdotes y religiosos acusados de actos de abuso sexual contra menores de edad, cuando estos llegaron a conocimiento de sus superiores inmediatos, recibieron como sanción llamados de atención privados y fueron desplazados a otros sitios alejados del lugar. Algunos diócesis sometieron a los acusados a tratamientos y evaluaciones psicoterapéuticas, tras las cuales estaban habilitados para reanudar sus actividades pastorales si los psicólogos o psiquiatras que los trataban le advertían al obispo que no había riesgo de reincidencia. En muchos otros casos, sea incriminados como sus superiores, ofrecieron e incluso pagaron sumas de dinero extrajudiciales con el fin de evitar que el escándalo saliera a la luz pública.^{[cita requerida]}

Quienes defienden el accionar de los obispos sugieren que, al reasignar a los sacerdotes a sus labores tras el tratamiento, estaban actuando de acuerdo con el mejor consejo médico cuando éste estaba disponible. Por su parte, los críticos han cuestionado si los obispos pueden necesariamente llegar a juicios acertados en circunstancias serias sobre la mejora psicológica de un sacerdote, basándose en el consejo de profesionales ampliamente considerados como de opiniones cambiantes. Asimismo, los obispos fueron criticados por actuar como meros "empresarios", quienes veían los casos de abuso como un asunto médico y disciplinario del sacerdote, y que estaban preocupados por mantener el tema en secreto con el objeto de lograr un manejo financiero y administrativo óptimo en vez de preocuparse por los intereses de las víctimas:^{[cita requerida]}

La antigua tradición católica codificada en el Derecho canónico de la Iglesia, desde hace mucho tiempo, ha sostenido que ciertos pecados graves, por su naturaleza, descalifican a un hombre para continuar en el ejercicio público del sacerdocio. El punto no es la retribución; el punto es la iconografía. Un sacerdote que abusa sexualmente de niños ha claramente desfigurado su imagen como una representación viva de Cristo, quien pedía que los niños pequeños se le acerquen [Lucas 18:16]. Un sacerdote que abusa sexualmente de menores impúberes de modo habitual es prácticamente culpable del pecado de seducción así como también del pecado específico de sodomía y fornicación. ¿Acaso los pecados habituales de esta especie no dejan a un hombre incapaz de manifestar esa paternidad espiritual que es la esencia del sacerdocio católico? Estas son fundamentalmente cuestiones teológicas, y no sencillamente preguntas sobre la "disciplina en la Iglesia."... Cuando un obispo ha sido negligente en su responsabilidad paterna para con sus sacerdotes, cuando se ha acostumbrado a tratar el abuso sexual de los clérigos como un mero asunto disciplinario, y cuando las presiones de la cultura terapéutica empiezan a oprimirlo, una noble virtud, la compasión, puede transformarse en un vicio: la irresponsabilidad episcopal. El obispo deja de entender que algunos actos hacen que un hombre sea indigno de cualquier ministerio sacerdotal. Y así el obispo recicla dentro de su parroquia (o hacia otras diócesis) hombres quienes son tanto amenazas para sus potenciales víctimas como iconos irreparablemente desfigurados.[175]

Un ejemplo de la política de desplazar a los incriminados de lugar a lugar es el caso del sacerdote Eleuterio "Al" Ramos de la diócesis de Orange, quien, como en otros casos, fue reasignado a otra parroquia tras su tratamiento, como lo evidencia un documento fechado 3 de abril de 1980 en donde el acusado fue transferido a otro lugar de acción pastoral después de haber sido sometido a tratamientos psicológicos por actos cometidos a finales de la década de los 70.[176] En 1993 y 1994 dos expedientes habían sido abiertos para Ramos y para la Diócesis de Orange por el caso de dos muchachos a los cuales, según el informe, Ramos embriagó, les mostró películas pornográficas y procedió al abuso. Posteriormente Ramos admitió en la corte que había abusado de un número mayor de muchachos y que les había tomado fotografías desnudos. El sacerdote fue transferido a una centro de rehabilitación en Massachusetts y en 1985 fue transferido nuevamente a Tijuana. Otro expediente fue abierto para Ramos en 2003 en el cual Ramos es acusado de violar un muchacho en un hotel de San Diego con otros sujetos y del abuso repetido de muchachos del condado de Orange después de que el sacerdote dejó la diócesis. En el juicio de 2003 Ramos confesó que había abusado de al menos 25 muchachos y murió un año después a la edad de 64 años.[177]

A los ojos de la opinión pública, los superiores de religiosos incriminados ejercieron el acto de encubrimiento de los mismos al no denunciar a las autoridades locales los casos y tomar medidas como las descritas arriba, es decir, ordenar tratamientos terapéuticos, transferencias y silencio ante la opinión pública. Sin embargo, se desconoce que la Iglesia católica como organismo internacional representado por la Santa Sede tiene una serie de tratados oficiales con diferentes naciones del mundo los cuales son considerados dentro del ordenamiento jurídico internacional. Muchos de esos tratados son los concordatos los cuales vienen regulados en cada país en convenios entre el Estado y la Santa Sede. Desde esa perspectiva y en numerosos casos por países, sacerdotes o religiosos que incurren en cierto tipo de delitos vienen procesados por los estamentos judiciales de la Iglesia católica, que contempla penas específicas para casos como el abuso sexual a menores de edad. Desde este punto de vista, muchos superiores no siguieron los procesos del Derecho Eclesiástico que contemplan incluso el retiro definitivo del infractor. Cuando las víctimas denunciaron los delitos a la opinión pública, se presentó un contraste evidente entre los dos derechos, el civil y el eclesiástico y la sensación ante aquellos que desconocen la lógica jurídica de la Iglesia de que esta no denunció los casos a la policía del país en donde ocurrió el delito, como dentro de la sociedad civil se hace de manera ordinaria. Un paralelo a este caso se presenta entre el derecho penal civil y el derecho militar en el cual si un militar comete un delito, corresponde a un tribunal militar su enjuiciamiento y depende de dicho tribunal militar si el caso amerita ser transferido a un tribunal civil. Si el uniformado, en virtud de su delito, pierde la calidad militar, este puede ser juzgado por un tribunal civil como civil. Este ejemplo es paralelo para aquellas personas que están investidas con la condición de clérigos o religiosos pertenecientes a la Iglesia Católica en todo el mundo.^{[cita requerida]}

El problema se agrava porque en numerosos casos no se siguió el debido proceso de acuerdo al Derecho Canónico. Por ejemplo, en el caso de los norbertinos, se ha demostrado que estos no solo sabían de las tendencias pedofílicas del sacerdote Brendan Smyth, sino también de alegatos en su contra por abuso sexual que databan incluso de 1945 y, sin embargo, ante la falta de acción, a finales de la década de los 80 e inicios de los 90 las autoridades públicas de Irlanda se decidieron a iniciar su persecución.^{[cita requerida]}

Un ejemplo del choque entre el derecho civil y eclesiástico se presentó en mayo de 2001 cuando el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, envió una carta a todos los obispos católicos declarando que las investigaciones internas de la Iglesia sobre los casos de abuso sexual infantil estaban sujetas a secreto pontificio y que no debían ser denunciadas a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones fueran completadas bajo pena de excomunión.^{[cita requerida]} En dicho acto, el cardenal obraba legítimamente dentro de los procesos eclesiásticos y el secreto era válido solo para la investigación interna, así como lo es para un proceso penal militar. Por otra parte, no tuvo la intención de desalentar a las víctimas a reportar los casos de abuso sexual a la policía.^{[cita requerida]}

Una de las consecuencias de este choque de ámbitos judiciales se presentó en la legislación estadounidense que obliga a la denuncia de los casos de abuso sexual a la policía, por ejemplo en una ley del Estado de Massachusetts que dice:

En donde sea, la operación definitiva de esta acta es la consecución de su propósito, el cual es ordenar el reporte de abuso por ciertos oficiales religiosos y la protección de víctimas del abuso infantil, por lo tanto, es declarado aquí el caso como una ley de emergencia, necesaria para la inmediata preservación de la seguridad pública y la conveniencia.[178]

Otro caso se presentó en Colombia en el caso del sacerdote Efraín Rozo, acusado de haber violado a niños y jóvenes en Estados Unidos, delitos que confesó públicamente en un video[179] y por lo cual se le lleva un proceso en el Estado de California. El Tribunal Eclesiástico de Bogotá le adelantó un proceso por el abuso de dos seminaristas, entre ellos su propio sobrino, hace más de 40 años, pero al final fue declarado inocente porque según la sentencia los delitos prescribieron por haber sucedido hace más de 40 años. En un comunicado emitido por el vicario judicial eclesiástico de la capital colombiana, se declara:

Fueron practicadas todas las pruebas y diligencias que establece el derecho canónico, y oído el padre Rozo, desmintió categóricamente lo que había afirmado en la televisión, argumentando que fue presionado y manipulado en contra de su voluntad al sostener y afirmar hechos que no son ciertos.[179]

Otro caso que describe los procesos judiciales de la Iglesia y su contraste con el derecho civil lo presenta el cardenal Bernard Law, Arzobispo de Boston, al cual numerosas peticiones de laicos y los medios de comunicación pidieron su renuncia por la evidencia de numerosos casos de abuso sin debido proceso. Ante la negativa del anciano prelado, el papa Juan Pablo II "aceptó" su renuncia de acuerdo al artículo 401, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico que dice que un obispo renuncia a su cargo por "razones graves", lo cual lo hace "no apto" para ejercer más el cargo.^{[cita requerida]}

En este punto el principal modelo de comportamiento es el caso "Brendan Smyth" en Irlanda del Norte, cuya detención en 1997 causó una crisis política en Irlanda y un duro cuestionamiento a su comunidad religiosa, los norbertinos, quienes conocieron el comportamiento delictivo de Smyth por espacio de 40 años y no adelantaron ningún tipo de proceso disciplinario ni ante las autoridades eclesiásticas ni mucho menos ante las autoridades civiles. Analistas tanto católicos como no católicos discrepan si existió una confabulación deliberada para ocultar la naturaleza de su comportamiento, o si tuvo que ver en lo que pasó la completa incompetencia de sus superiores de la Abadía Kilnacrott, o si tal vez hubo una mezcla de la incompetencia de sus superiores con su presunción de que lo que ocurría con los miembros de su orden no era de su incumbencia. Al respecto, William McMurry, abogado de Louisville, Kentucky, entabló una demanda en contra de la Santa Sede en junio de 2004 representando a tres hombres que alegaban abuso sexual y que acusaron a los líderes de la Iglesia de organizar un encubrimiento de los casos de abuso sexual de niños.[180] Los expertos legales predijeron el fracaso de la demanda por la soberanía de la Santa Sede y la falta de evidencia de la complicidad de la misma.

En agosto de 2018, la Fiscalía General de Pensilvania en Estados Unidos publicó un informe elaborado por un Gran Jurado sobre los abusos sexuales cometidos por miembros del clero en seis diócesis de ese estado. Dicho informe, que contó con la ayuda de agentes del FBI e identificaba con nombres y apellidos a 301 sacerdotes predadores que abusaron de más de 1000 menores en un período de más de seis décadas, señalaba el encubrimiento sistemático de los hechos por parte de la jerarquía eclesiástica, lo cual permitió que los agresores fueran trasladados a otros destinos (pequeñas parroquias y escuelas) sin desvelar los motivos y que a su vez prescribieran dichos delitos. El fiscal general Josh Shapiro afirmó tener pruebas de que el Vaticano sabía de dicho encubrimiento pero, según el Gran Jurado, «los líderes de la Iglesia prefirieron proteger a los abusadores y su institución» en lugar de poner los hechos en conocimiento de las autoridades o tomar medidas firmes para impedir que continuasen las agresiones a los menores.[181][182]

El pago extrajudicial a las víctimas de abuso infantil por parte de los clérigos infractores e incluso por parte de sus superiores con el fin de comprar su silencio ha sido otro aspecto que agrava la situación. Si los mismos fueron hechos por los mismos superiores, quedan automáticamente incriminados como encubrimiento de un delito, tanto dentro del derecho civil como eclesiástico. Uno de los casos más célebres en este sentido es el del cardenal Connel de Dublín al cual se le acusó de prestar dinero a un sacerdote incriminado para comprar el silencio del acólito Andrew Madden. Posteriormente, el arzobispo Connel se defendió asegurando que sencillamente prestó el dinero al sacerdote, sin conocer para qué lo iba a utilizar. La historia quedó registrada en un libro que Madden publicó posteriormente como Acólito: una vida después de abuso[183] en donde relata su drama.

El aumento de denuncias y la publicación en los medios tuvo bien pronto sus consecuencias en la Iglesia, especialmente durante el pontificado de Juan Pablo II. Una de las consecuencias fue la de revisar los procesos de formación sacerdotal en los seminarios y el 25 de marzo de 1992 completó la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis ("Os daré pastores"), uno de los documentos papales más largos de la historia.[184][185] Este documento estudiaba la crisis de la identidad sacerdotal, la renovación de la vida sacerdotal y la reforma de los seminarios en detalle. Asimismo, en el 2002 hubo una reunión en la Ciudad del Vaticano impulsada por el papa Juan Pablo II con los principales Obispos de Estados Unidos para tratar del problema del abuso sexual por miembros del clero. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos aprobó dos normativas importantes:

• Normas esenciales sobre las acusaciones de abusos sexuales y sobre el procedimiento en las acusaciones que se presentaran.[186]
• Estatutos para la protección de niños y jóvenes.[187]

Algunos^[¿quién?] han atribuido la reducción del número de acusaciones de abuso a partir de la década de los 90 a los esfuerzos de reforma de este papa.

Por último, también desde este pontificado, la Iglesia comenzó a tratar el tema de la homosexualidad dentro del clero, ya que la mayoría de los casos de abuso sexual involucran varones púberes.[188] La Congregación para la educación católica publicó un documento en 2005[189] en donde controversialmente establece una interrelación entre la homosexualidad y la pedofilia y declara que la Iglesia "no puede admitir en los seminarios o para las sagradas órdenes a aquellos quienes practiquen la homosexualidad, presenten bien marcadas tendencias homosexuales o apoyen a la llamada 'cultura gay'".[190]

La Conferencia Episcopal Española también ha desarrollado un amplio plan de reformas entre las que se incluyen la creación de una Oficina de Protección de menores y Prevención de abusos para todas las diócesis, protocolos de prevención y formación sobre esta materia o la mejora de las garantías procesales.[191]

En diciembre de 2006 la arquidiócesis de Los Ángeles, liderada por el cardenal Roger Mahony, acordó pagar 60 millones de dólares para resolver 45 de los más de 500 casos pendientes relacionados al abuso sexual cometido por sacerdotes.[192] Por otro lado, varias arquidiócesis estadounidenses se declararon en quiebra, con la intención de que, si esta era otorgada, los juicios pendientes y futuros se resolvieran en cortes federales de bancarrota. Paralelamente, dichas diócesis han procedido a transferir activos de forma masiva hacia otras sociedades con el fin de eludir mayores pagos a los demandantes en los procesos de bancarrota. Bloomberg ha estimado en 2000 millones de dólares el patrimonio ocultado de este modo a las víctimas.[193]

La diócesis de Tucson se declaró en quiebra en septiembre de 2004, y así también la diócesis de Spokane en diciembre del mismo año. La diócesis de Tucson llegó a un acuerdo con sus víctimas, que el juez de bancarrota aprobó el 11 de junio de 2005; la diócesis de Spokane como parte de su bancarrota acordó pagar al menos 48 millones de dólares como compensación a la gente abusada por sacerdotes. Todos los pagos tenían que ser acordados con las víctimas y otro juez antes de ser realizados.[194] También la diócesis de San Diego se declaró en quiebra.[195] En total, más de una veintena de diócesis estadounidenses se han declarado en bancarrota a partir de 2004; el obispo de la Diócesis de Norwich, Michael Cote, ha reconocido que, a fecha de julio de 2021, 28 diócesis y 3 órdenes religiosas católicas se han acogido a esta fórmula legal en Estados Unidos para afrontar las elevadas indemnizaciones que se prevé desembolsar a las víctimas.[196] Asimismo, desde los años ochenta las diócesis católicas de Estados Unidos han abonado alrededor de 4000 millones de dólares por demandas relacionadas con abusos sexuales; la agencia Associated Press estima que, a raíz de decretos para facilitar nuevas denuncias como el Child Victims Act del Estado de Nueva York, esto podría suponer un desembolso para la Iglesia de 4000 millones adicionales.[197]

Varias víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos belgas presentaron el 16 de septiembre de 2011 una denuncia para pedir responsabilidades a la Iglesia e indemnizaciones para los afectados. La denuncia colectiva, dirigida contra los obispos y responsables eclesiásticos de la Iglesia belga y de la Santa Sede, se interpuso el 16 de septiembre ante el tribunal de primera instancia de Gante, según indicó la abogada de las víctimas, Christine Musche, al diario De Morgen. El objetivo de la demanda es constatar la responsabilidad civil de la Iglesia católica y solicitar una indemnización por los daños causados.[198]

El grupo Red de Supervivientes de las Víctimas de Abusos por Sacerdotes y el grupo de derechos humanos Centro para los Derechos Constitucionales declararon haber presentado una denuncia en el Tribunal Penal Internacional alegando que líderes de la Iglesia, con el papa Benedicto XVI al frente, toleraron y permitieron el sistemático y generalizado encubrimiento de abusos sexuales contra menores.[198]

El derecho canónico es el conjunto de normas internas de la Iglesia católica[199] cuyo principal cuerpo legislativo es el Código de Derecho Canónico (CDC) que incluye entre sus objetivos el de asegurar el orden debido, sea en la vida individual o social, sea en la actividad misma de la Iglesia.[200]

En 1962, la Congregación para la Doctrina de la Fe, redactó la Instrucción conocida como Crimen sollicitationis que fue aprobada por Juan XXIII. En esta carta la Congregación para la Doctrina de la Fe (organismo eclesiástico que sucedió históricamente al Santo Oficio) definió procedimientos a seguir en caso de acusaciones de abuso sexual por parte de clérigos u obispos católicos en el ámbito de la confesión sacramental. De acuerdo con este documento, la excomunión inmediata es la pena para cualquier católico que omitiera por un mes el deber de denunciar a un sacerdote que incurriera en tales conductas como parte del ejercicio de la Penitencia.[201][202]

En 1983, la Santa Sede promulgó una revisión al Código de Derecho Canónico. A partir de aquí, el canon 1395, §2 califica explícitamente el sexo con menores por parte de los sacerdotes como un delito canónico.[203] En 2001 se promulgó una revisión del documento, acorde con el Código de Derecho Canónico de 1983 y el Código de Cánones para las Iglesias Orientales de 1990.[204] En abril de 2001, la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede publicó Sacramentorum sanctitatis tutela,[205] o Tutela de la Santidad de los Sacramentos. Este reemplazaba el Crimen sollicitationis.

Dentro del CDC existe el procedimiento pertinente a la gravedad de un delito como el de la pedofilia y no existen atenuantes que permitan que el incriminado sea exonerado de sus responsabilidades. El canon 1311 señala además que la Iglesia tiene el derecho de juzgar a los fieles que han cometido un delito, entendido este como atentado contra las leyes eclesiales o contra la fe católica. Por otro lado, el Derecho Canónico no contempla la previsión de que las víctimas o los testigos del acto delictivo denuncien tales hechos ante las autoridades civiles. En la sección "Delitos contra la vida y la libertad humana", del canon 1397 dentro de la regulación para clérigos y religiosos[206] se establece [que el sacerdote o religioso] que cometa homicidio, violación carnal o retenga a otro con el uso de violencia, así como el que mutile o hiera gravemente a una persona, debe asumir las sentencias descritas en el canon 1397. Este último señala, después de un proceso penal eclesiástico y de acuerdo a la gravedad del delito, penas como las siguientes:

• Prohibición de permanecer en un determinado lugar o territorio.
• Privación de derechos tales como la potestad, el cargo, el oficio, privilegios, facultades, gracias, títulos e insignias (incluso honoríficas).
• Prohibición de ejercer, lo cual puede darse dentro de un territorio determinado o a modo universal.
• El incriminado puede ser transferido a otro tribunal eclesiástico superior.
• Suspensión del estado clerical.

En 2013 se incorporó al ordenamiento penal de la Santa Sede el delito sobre pornografía infantil. El papa Francisco lo incorporó a través de un Motu Proprio tras inaugurar su pontificado. Este delito contempla penas entre 1 y 5 años de prisión. El Vaticano condenó el 23 de junio de 2018 a Carlo Alberto Capella,[207] sacerdote italiano y ex diplomático de la Nunciatura en Washington a una pena de 5 años y 5000 € de multa por posesión, cesión e intercambio de pornografía infantil. El papa también a promulgado, en 2021 y 2022 respectivamente, nuevas reformas del derecho canónico para endurecer las penas contra la pederastia clerical y acelerar los procedimientos judiciales contra sus perpetradores.[208][209]

Algunas víctimas acuden al sacramento de la confesión ante otro ministro en búsqueda de ayuda efectiva a su situación, sin embargo lo único que hacen es neutralizar a quien podría ayudarles porque involucra otro aspecto jurídico eclesial: el sigilo sacramental que, de acuerdo al canon 983 del CDC establece que este es inviolable y adelanta que los confesores no pueden de manera absoluta traicionar ni una sola parte de aquellos que el penitente les dice con palabras o por cualquier otro medio. De este modo, si la víctima narra los hechos a otro sacerdote de ese modo, dicho sacerdote queda absolutamente impedido para revelar lo que sabe en ningún tribunal eclesiástico o civil, elemento jurídico reconocido por la mayoría de los estados del mundo. Por otro lado, si un niño es víctima de un caso de abuso sexual, debe comprender que no ha cometido pecado, sino que el pecado es del abusador.

Respecto al problema pecado o delito dice Pepe Rodríguez que el abuso sexual debe ser tratado como delito y no como pecado:

(...) ya que en todos los ordenamientos jurídicos democráticos del mundo se tipifican como un delito penal las conductas sexuales con menores a las que nos vamos a referir. Y comete también un delito todo aquel que, de forma consciente y activa, encubre u ordena encubrir esos comportamientos deplorables. Usar como objeto sexual a un menor, ya sea mediante la violencia, el engaño, la astucia o la seducción, supone, ante todo y por encima de cualquier otra opinión, un delito. Y si bien es cierto que, además, el hecho puede verse como un "pecado" ―según el término católico―, jamás puede ser lícito, ni honesto, ni admisible abordarlo solo como un "pecado" al tiempo que se ignora conscientemente su naturaleza básica de delito, tal como hace la Iglesia católica, tanto desde el ordenamiento jurídico interno que le es propio, como desde la praxis cotidiana de sus prelados.[210]

Sin embargo, el CDC distingue claramente entre pecado y delito y establece penas para los delitos que describe extensamente en su corpus iuris, por ejemplo en el Libro VI sobre las sanciones en la Iglesia para delitos y penas en general. Por ejemplo, un incriminado en delitos graves como el abuso infantil no necesariamente queda exonerado de sus responsabilidades civiles por la absolución en confesión, la cual es materia espiritual y cae dentro del término del arrepentimiento. La distinción católica entre delito y pecado queda descrita también en la existencia de los tribunales eclesiásticos diseñados para penalizar los delitos y la existencia del sacramento de la confesión y las penitencias cuya función es la de purificar el pecado según la cosmogonía católica. Por ejemplo, un confesor no puede exigir al penitente la confesión del delito, incluso si el confesor tiene conocimiento de su culpabilidad y tampoco puede imponerle el juramento,[211] situación esta que un tribunal eclesiástico puede hacer porque no adelanta un sacramento, sino un proceso judicial.

En 1962 el cardenal Alfredo Ottaviani, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe envió una carta que se conoció con el nombre de Crimen sollicitationis. En esta carta, dirigida a «todos los patriarcas, arzobispos, obispos y otros ordinarios locales, incluidos los del rito oriental», el Santo Oficio estableció procedimientos a seguir para tratar los casos de clérigos (sacerdotes u obispos) de la Iglesia Católica acusado de haber usado el sacramento de la penitencia para hacer avances sexuales a los penitentes; Sus reglas eran más específicas que las genéricas en el Código de Derecho Canónico.[212]

Además, instruyó que se utilicen los mismos procedimientos cuando se trata de denuncias de comportamiento homosexual, pedófilo o zoófilo por parte de clérigos. Repitió la regla de que cualquier católico que durante más de un mes no haya denunciado a un sacerdote que haya hecho tales avances en relación con la confesión fuera automáticamente excomulgado y podría ser absuelto solo después de haber denunciado realmente al sacerdote ante el Ordinario del lugar o ante la Santa Congregación del Santo Oficio, o al menos prometiendo seriamente hacerlo.[213]

En 1983 la Iglesia católica promulgó una versión revisada del Código de Derecho Canónico que incluía un canon (1395, §2) que nombraba explícitamente el sexo con un menor por clérigos como un crimen canónico que debía ser castigado con penas justas, sin excluir el despido del estado clerical si fuera el caso. así lo justifica.[214] Según De delictis gravioribus, la carta enviada en mayo de 2001 por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que más tarde se convirtió en Papa Benedicto XVI, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y de acuerdo con el Padre Thomas Patrick Doyle, quien sirvió como perito en derecho pontificio canónico, Crimen Sollicitationis estuvo vigente hasta mayo de 2001.[215][216]

En abril de 2001, el papa Juan Pablo II emitió una carta en la que se afirmaba que un pecado contra el Sexto Mandamiento del Decálogo por parte de un clérigo con un menor de 18 años debe considerarse un pecado grave, o delictum gravius.[217] En la carta, Sacramentorum sanctitatis tutela (Salvaguardando la Santidad de los Sacramentos), "§1 Reserva a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) que también se extiende a un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de edad menor de dieciocho años. §2 Quien haya perpetrado el delito mencionado en §1 será castigado de acuerdo con la gravedad de la ofensa, sin excluir el despido o la deposición ".[218] En otras palabras, el CDF recibió un mandato más amplio para abordar los casos de abuso sexual.[219]

En una disculpa de 2001, Juan Pablo II llamó al abuso sexual dentro de la Iglesia una profunda contradicción de la enseñanza y el testimonio de Jesucristo.[220] En 2002, Juan Pablo II pronunció un discurso ante los cardenales de Estados Unidos, donde señaló que los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes católicos son reflejo de una crisis moral que afecta a la sociedad entera.[221] En 2004, durante la visita ad límina de obispos de Estados Unidos, también se refirió al problema en varios de sus discursos.[222]

En el discurso de Benedicto XVI a los obispos irlandeses en visita «ad Limina», de octubre de 2006, el papa les exhortaba a "establecer la verdad de lo sucedido en el pasado, dar todos los pasos necesarios para evitar que se repita, garantizar que se respeten plenamente los principios de justicia y, sobre todo, curar a las víctimas y a todos los afectados por esos crímenes abominables".[223]

En abril de 2008, durante su viaje a Estados Unidos, Benedicto XVI se reunió con un pequeño grupo de víctimas de abusos para escucharles y alentarles. Durante ese mismo viaje, habló en diversas ocasiones de la situación y las medidas que se habían tomado.[224]

En su viaje a Australia, en 2008, el papa reafirmó que las víctimas deben recibir compasión y asistencia, y los responsables de estos males deben ser llevados ante la justicia. También se reunió con un grupo de víctimas de abusos.[225]

En la visita apostólica de Benedicto XVI a Alemania, en septiembre de 2011, también se reunió con un grupo de víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y personal de la Iglesia. Les reiteró en esta ocasión la voluntad de los responsables de la iglesia de afrontar todos los crímenes y poner los medios necesarios para que no se repitan.[226]

En su primera audiencia con el arzobispo Gerhard Muller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el papa Francisco ha pedido que se actúe con firmeza contra los clérigos que hayan cometido abusos sexuales sobre menores para que sean llevados ante la justicia,[227] invitó a la jerarquía de la Iglesia a promover «ante todo medidas de protección de los menores» y a que «se ayude a todos aquellos que han sido víctimas de violencia en el pasado», en tanto que impulsó a las conferencias episcopales de todos los países a «formular y actuar» las directivas establecidas.[228][229]

El portavoz de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, al comentar la carta que el papa Francisco publicó el 20 de agosto de 2018, indica que:

Es significativo que el papa se refiera a los abusos como un crimen, no solo un pecado y que pida perdón. Francisco “es muy consciente de que todos los esfuerzos no serán suficientes para reparar el daño hecho a las víctimas”, muchas de las cuales han sido escuchadas por el Pontífice “a lo largo de los años y esto claramente se nota en la carta. El papa lo subraya: las heridas nunca prescriben”.[13]

Una de las discusiones a las que ha conducido el problema del abuso infantil es a cuestionar el celibato sacerdotal católico. Para muchos,^{[cita requerida]} no todos los sacerdotes están habilitados para cumplir este precepto y sus urgencias sexuales los llevan a buscar compensaciones afectivas las cuales pueden dirigir a niños en lugar de adultos ante los cuales ocultan dichas tendencias al no estar casados. Otras observaciones dicen que las personas con predisposición al abuso sexual infantil pueden ser atraídas por un estilo de vida célibe debido a la confusión que sienten sobre su identidad u orientación sexual. También se ha dicho^{[cita requerida]} que aquellos que ya abusan sexualmente de niños deliberadamente, ingresan en el clero católico para obtener un encubrimiento en una institución que se centra en el celibato y porque el clero puede tener un frecuente acceso a los niños. De otro lado, observadores calculan que en el mundo existen alrededor de 130 000 sacerdotes católicos casados que no pueden ejercer por dicha razón.[230]

Se ha argumentado que no existen estadísticas de un mayor nivel de actividad sexual orientada hacia los niños en el clero célibe católico en comparación con el clero casado de otras denominaciones,[231] o en su defecto de los profesores de los colegios.[232] De ser esto cierto, se pueden dar dos situaciones: (I) aquellos con predisposición a abusar sexualmente de niños no necesariamente van a ingresar al clero católico, y (II) quienes ya abusan sexualmente de niños, como grupo, tampoco específicamente deciden ingresar al clero católico, aunque parece probable que algunos abusadores de niños sí lograron acceder al sacerdocio católico como lo han hecho en el de otras denominaciones. También se ha señalado^{[cita requerida]} que la manera más fácil de tener acceso a los niños es formar una familia, y que el abuso sexual infantil es estadísticamente más notable dentro de las familias. Consecuentemente, el elegir una profesión que requiere de celibato puede considerarse como una desventaja para el posible abusador de niños.

La Comisión Especial que investigó los casos de pederastia cometidos en Australia desde 1920 pidió a la Conferencia de Obispos australiana que solicitara a la Santa Sede una enmienda a la ley canónica para que el celibato no sea obligatorio, entre otras muchas recomendaciones. En su informe final, publicado en 2017, dicha comisión reconoció que si bien el celibato obligatorio no es la causa directa del abuso, sí que contribuye a que se den abusos sexuales a menores en combinación con otros factores de riesgo y puede, asimismo, desencadenar disfunciones psicosexuales y mentales. «Para muchos miembros del clero y religiosos, el celibato es una idea inalcanzable que hace que se viva una doble vida y contribuye a una cultura del secreto y la hipocresía y esta cultura parece haber contribuido a que se soslaye la transgresión del celibato y se minimice el abuso sexual como un lapso moral perdonable», recalcaba el informe.[54]

Conviene además añadir^{[cita requerida]} que en la formación de los candidatos al sacerdocio la correcta integración de la afectividad y más en concreto el ejercicio de la sexualidad es un tema fundamental para poder acceder al sacerdocio, de forma que cualquier problema relacionado con el ejercicio de la sexualidad ha de ser resuelto necesariamente varios años antes de la ordenación sacerdotal.

Sobre la supuesta relación entre la pederastia y el celibato de los sacerdotes, Jorge Mario Bergoglio (luego papa Francisco) afirmó en el libro El jesuita que la pederastia como perversión en un individuo preexiste a su opción por el celibato sacerdotal:

El 70 % de los casos de pedofilia se producen en el entorno familiar o vecinal. Hemos leído crónicas de chicos abusados por sus papás, sus abuelos, sus tíos, cuando no por padrastros. O sea, son perversiones de tipo psicológico, previas a una opción celibataria. Si hay un cura pedófilo, es porque lleva la perversión desde antes de ordenarse. Y tampoco el celibato cura esa perversión. Se la tiene o no se la tiene. Por eso hay que tener mucho cuidado en la selección de los candidatos al sacerdocio. En el seminario metropolitano de Buenos Aires admitimos aproximadamente al 40 % de los que se presentan.[233]

Jorge Mario Bergoglio

Es un hecho que el número de clérigos católicos es bastante reducido en América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda, y por lo tanto, es lícito afirmar que en aquellos lugares es extremadamente importante conseguir nuevos sacerdotes o por lo menos mantener los ya existentes. Por eso se ha alegado^{[cita requerida]} que la jerarquía católica actuó con el fin de preservar el número del clero y asegurar que estuvieran disponibles para desempeñar sus funciones, en vista de las acusaciones de que los sacerdotes que cometieron los abusos no eran dignos de ejercer el sacerdocio.

Otros,^{[cita requerida]} sin embargo, discrepan y creen que el mal manejo de los casos de abuso sexual por parte de la Iglesia simplemente reflejaba la actitud prevaleciente hacia ese tipo de actividades en la época, la cual consistía en suprimir la información, porque podía causar escándalo y una pérdida de confianza hacia la institución. Esa actitud, por ejemplo, era la misma que adoptaban los medios de comunicación y las organizaciones seculares cuando ocultaban o ignoraban la información que podía afectarles, desde la sexualidad promiscua de los políticos hasta la violencia doméstica. Ven a la Iglesia como una institución que cometió errores horrendos pero genuinos, pues sus líderes no estaban al tanto con la creciente demanda de responsabilidad y rendición de cuentas de la sociedad.

Los católicos tradicionalistas sostienen que el Concilio Vaticano II (1962-1965) creó un ambiente que animó a los sacerdotes a cometer abusos sexuales.[234] El concilio esencialmente buscaba adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo, como un método apropiado para salir adelante y anunciar el Evangelio. Pero los tradicionalistas creen que esto dio lugar a una conversión de los católicos al secularismo y no lo contrario.[234] Por ejemplo, en la edición del 27 de enero de 2003 de la revista Time el actor y católico tradicionalista Mel Gibson dijo que el Concilio Vaticano II corrompió a la Iglesia y solo trajo consigo pedofilia y menos fieles. Sin embargo, es importante recalcar que los casos de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes han ocurrido desde mucho tiempo antes del Concilio Vaticano II.^{[cita requerida]} Algunos católicos tradicionalistas también han apuntado a una presunta "infiltración homosexual" dentro del clero como causa principal de los abusos.[235]