Asesinato de Ángela Aguirre

Las siete personas que la acompañaban, cinco hombres y dos mujeres, dieron versiones encontradas de lo que pasó. La abogada de la familia, Yamilet Carvajal, dijo que "Dijeron que se había caído, que fueron a buscarle una cerveza y que (al regresar) ya no estaba", porque se ahogó. La primera autopsia realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) concluyó que presentaba “traumatismo craneoencefálico y facial, tras haber sido golpeada con un objeto contuso" y que "luego, aún viva, fue arrojada al agua”, al igual que presentaba "signos de violación".[1]

Mientras Venezuela se recuperaba del peor apagón de su historia reciente, surgió un movimiento ciudadano que viralizó el caso de Aguirre en redes sociales y exigió justicia por su muerte, lo que causó que obtuviera notoriedad nacional. La presión contribuyó a que la policía científica, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), diera explicaciones y un pronunciamiento nacional. Según su padre, el director Douglas Rico le informó que se trasladó personalmente de Caracas a Guayana a atender el caso por ser tendencia nacional.[1]

Según sus padres, la fiscal asignada al caso, Emily Hernández, intentó cambiar los resultados de la autopsia al practicar un segundo protocolo sin su autorización, que fue recusado por sus abogados, y que mientras esperaban para el sepelio en las oficinas del Ministerio Público les dijo "Quédese tranquila que a su hija no le pasó nada de eso de lo que dicen".[1] La segunda autopsia, ordenada el 29 de marzo por la fiscal Hernández del MInisterio Público, indicó que “se trató de sexo consensuado, que el ahogamiento fue accidental y que los golpes fueron por la corriente del río Caroní”.[3]

El caso llamó la atención de la ciudadanía desde que se conoció la noticia por la forma en que se sucedieron los hechos, pero posteriormente también por los rumores de corrupción y las contradicciones entre las dos autopsias realizadas. La realización de una segunda autopsia en la que se eliminaban elementos clave de la situación, como la violación, e incluso ponía en duda la ocurrencia del homicidio, reafirmaban las sospechas sobre la existencia de graves irregularidades en la investigación del caso.[3]

Como respuesta, la familia de Aguirre recusó a la fiscal.[3] La familia de la joven sostenía que había indicios de que el lugar donde fue encontrado el cadáver de la niña era el sitio en donde dejaron su cuerpo y no donde murió. En el documento de recusación se lee que: “Macagua (una de las represas del río Caroní) tenía las compuertas abiertas y la corriente del río era norte-sur, cuando naturalmente es sur-norte, lo que llama poderosamente la atención que el cuerpo no puede ir contracorriente".[1]

El 12 de abril un artículo de Efecto Cocuyo denunció que los parientes de los detenidos sobornaron a los funcionarios encargados del caso incluyendo "100.000 dólares y tres kilos de oro -así como de bienes muebles e inmuebles-, que fueron distribuidos entre la fiscal, funcionarios del CICPC y jueces para favorecer a los responsables del homicidio de Ángela Aguirre y a sus cómplices".[3]

Después de cuatro audiencias de presentación suspendidas y dos tribunales declinados, el 13 de abril el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que un tribunal local, con competencia en violencia de género, tomara el caso de Ángela Aguirre y finalmente fue admitido y tratado como un femicidio. La decisión se dio el mismo día en que su familia y ciudadanos se manifestaron en las calles.[1] El mismo día también se filtró un audio en el cual Ángela le relata llorando a una amiga que José Alberto la dejó desnuda y la violó. Los padres Ángela reconocieron su voz y el audio fue entregado a la Fiscalía como prueba en el caso.[5]

El tribunal confirmó la detención de las siete personas que acompañaba a Aguirre en la lancha e inició la investigación del caso.[3]

El 19 de julio, los siete imputados tuvieron la audiencia preliminar en Caracas donde fue ratificada la privativa de libertad y se les dictó como sitio de reclusión la cárcel El Rodeo II a los cinco hombres y el INOF en Los Teques a las dos mujeres. José Alberto Cedeño fue imputado por femicidio agravado, violencia sexual y suministro de sustancias a menores de edad, mientras que el resto de los imputados por omisión al socorro y complicidad en el delito de femicidio.[4]

El Tribunal Primero de Juicio Contra la Violencia de la Mujer del Área Metropolitana de Caracas inició su participación el 21 de octubre, luego de que el caso fuera trasladado a la capital por decisión del Tribunal Supremo para evitar irregularidades en el proceso.[4]

Yerlis Yaguare ha declarado que ha recibido amenazas y ataques de parte de familiares de los imputados por el caso.[4]