Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos

En 1985, la oposición a la Revolución Sandinista, agrupada en la Unión Nicaragüense Opositora creó una Comisión de Derechos Humanos (UNO-CDH) con el apoyo y financiación de la administración Reagan de Estados Unidos. Un año después, en agosto de 1986, el líder de la Fuerza Democrática Nicaragüense Enrique Bermúdez disolvió la UNO-CDH dejando deudas hacia sus empleados.[6] Durante octubre y noviembre de 1986, se fundó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) como sucesora de la UNO-CDH, esta vez sin afiliación a partidos políticos. Recibió, al menos, 2.5 millones de dólares de Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda organización de derechos humanos con más presupuesto del mundo después de Amnistía Internacional.[1][7]

La ANPDH abre oficinas en Costa Rica y Honduras, mantuvo parte del personal de la UNO-CDH y fichó como directora a Marta Patricia Baltodano, hasta entonces directora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. La ANPDH mantenía una oficina en un campamento contra en Honduras, donde trabajaban directamente con combatienes de la Resistencia Nicaragüense.[8]

Desde su fundación la ANPDH fue criticada por otras organizaciones como Amnistía Internacional y Americas Watch por publicar información falsa sobre violaciones de derechos humanos por parte del gobierno sandinista. En 1989, la ANPDH encontró unas tumbas sin señalizar en Morocón con ocho cadáveres. Según la ANPDH se trataba de ocho personas degolladas por el ejército sandinista y habría identificado todos los cadáveres. Sin embargo, al menos dos de las identificaciones eran incorrectas: una se correspondía con un contra que estaba vivo y otro que había sido enterrado por su hermano en un lugar distinto. La Unión Nacional Opositora, que previamente había utilizado el caso contra los sandinistas comenzó a retractarse de sus declaraciones. Una investigación posterior realizada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) aseguraba que era imposible identificar los cuerpos y que la información de la ANPDH contenía contradicciones irreconciliables.[9]

En 1991, bajo el gobierno de Unión Nacional Opositora, adquirió personalidad jurídica en Nicaragua.[2]

En 2003 saltó a los medios el «caso Rosita.» Una niña nicaragüense de nueve quedó embarazada fruto de abusos sexuales y la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV) la ayudaron a ir a Nicaragua para practicarle un aborto terapéutico, que por entonces era legal en supuestos terapéuticos. En 2006 el aborto fue penalizado por completo por el gobierno de Enrique Bolaños. Un año después, la ANPDH denunció ante la fiscalía a nueve mujeres de la RMCV acusándolas de encubrir una violación, por la ayuda prestada a Rosita. Además, al haber expresado públicamente durante el caso y haber organizado manifestaciones por la despenalización del aborto, la ANPDH las acosó también de conspiración para delinquir, incitación al delito y defensa pública de un delito.[10][11]

• Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
• Comisión Permanente de Derechos Humanos

• Página oficial Archivado el 11 de octubre de 1999 en Wayback Machine. (hasta 1999)
• Página oficial Archivado el 7 de junio de 2004 en Wayback Machine.