Código Civil de España

El derecho romano fue el ordenamiento jurídico vigente para los ciudadanos romanos en las zonas del territorio español donde estuvo presente el Estado romano. El propio concepto de «derecho civil» es una traducción de la expresión latina ius civile. Desde entonces, la tradición jurídica española, incluido el derecho civil, se ha basado fundamentalmente en el derecho romano, aunque ha evolucionado considerablemente. No obstante, el derecho civil es un sector del ordenamiento jurídico que los romanos desarrollaron (aunque en ramas del derecho civil como el derecho de familia las diferencias son notables).

El derecho romano desapareció con la caída del Imperio romano de Occidente en el 476. Ello significa que el derecho de Roma desapareció; no obstante, la influencia del derecho romano es notable en los pueblos europeos. Los visigodos, que tuvieron una importante presencia en España, tenían un derecho muy romanizados.[3][4] La Edad Media en España se caracteriza por un acusado particularismo en el ámbito jurídico, con una importante presencia de costumbres y fueros que regían en determinados lugares dentro de los reinos.

En derecho, la codificación es el proceso a través del cual se recopilan un conjunto de normas jurídicas dispersas en el ordenamiento jurídico, para unificarlas en un único texto legal. El movimiento codificador surgió en el siglo XIX El derecho civil fue una de las primeras materias en ser codificadas, la mayoría inspiradas en el Código Civil francés promulgado por Napoleón en 1804.

En una primera época se persigue la formulación de un Código único que rigiera en todo el territorio. Son las Cortes de Cádiz, en 1811, las que aprobaron una proposición (de Espiga y Gadea), para que en la Constitución de 1812 se recogiera esta aspiración codificadora. Siguiendo las corrientes codificadoras napoleónicas, la Constitución de Cádiz señaló que "El Código civil, criminal y de comercio serán unos mismos para toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias puedan hacer las Cortes"; esta excepción estaba pensada para los territorios españoles de ultramar, sin embargo, en la convulsa política española del s. XIX, se utilizará para admitir la pervivencia de los derechos forales.

Las turbulencias políticas de la época, a consecuencia de la invasión napoleónica y la posterior pugna entre el absolutismo de Fernando VII y los partidarios de un régimen constitucional, impidieron que la aspiración codificadora tuviera grandes resultados hasta la época moderna, en que se creó una Comisión General de Códigos, que terminó en 1846 el proyecto más importante de los que han precedido al Código Civil actual. En 1851 se remite al Gobierno dicho proyecto codificador realizado principalmente por Florencio García Goyena, basado en el Código napoleónico, pero manteniendo la tradición y esencia española en numerosas instituciones, principios y fundamentos. Sin embargo, no prosperó por considerarse excesivamente radical en materias sociales y religiosas.

El fracaso del proyecto hizo que se optara por la publicación de leyes especiales, que no admitían más demora, como la Ley Hipotecaria de 1861, la Ley de Aguas de 1866, la Ley de Matrimonio Civil y del Registro Civil de 1870.

En 1880 renace la aspiración codificadora, adaptándose el sistema de creación de un único código basado en los regímenes de las diversas regiones con derecho civil propio, recogiendo las instituciones más características de cada una. Por ello se agregó a la Comisión de Códigos representantes de las regiones forales, pero no fue posible llegar a ningún resultado práctico.

En una segunda época se persigue la publicación de un Código Civil general sobre la base del Derecho Castellano (de mayor difusión territorial) y Apéndices, en los que se contendrían las particularidades vigentes en los territorios forales.

En este periodo hubo dos Leyes de Bases por la que se ordenó la redacción de un Código Civil:

• 1.- El proyecto de 1881 que no tuvo aceptación al eliminarse los tradicionales derechos supletorios de los territorios forales; y
• 2.- El proyecto de 1889 que fue más respetuoso con los derechos forales, al establecer el principio de unidad en algunas materias y el sistema de apéndices para otras.

Cumpliendo el mandato de la Ley de Bases de 1888, obra de Silvela, se inició la redacción del Código Civil bajo la dirección del primer jurista de la época, Manuel Alonso Martínez, pero al presentarse a las Cortes el texto definitivo encontró oposición, recogiéndose las aportaciones de los debates en una segunda edición del Código Civil mediante Real Decreto de 24 de julio de 1889.[5]

1. Ley de 21 de julio de 1904. Reforma de los artículos 688 y 732 del Código civil.[6]
2. Real Decreto-ley de 13 de enero de 1928. Quedan redactados en la forma que se insertan los artículos 954 al 957 del Código Civil vigente.[7]

1. Ley de 8 de septiembre de 1939. Modifica el Título VIII, Libro I del Código Civi.[8]
2. Ley de 15 de julio de 1954. Modifica los artículos 17 a 27 del Código Civil, en materia de nacionalidad.[9]
3. Ley de 24 de abril de 1958. Modifica determinados artículos del Código Civil.[10]
4. Ley 49/1960, de 21 de julio. Modifica la propiedad horizontal.[11]
5. Decreto 1836/1974, de 31 de mayo. Texto Articulado del Título Preliminar del Código Civil.[12]
6. La ley 14/1975, de 2 de mayo, modificó el Código Civil y el Código de Comercio en materia de la situación jurídica de la mujer casada eliminando numerosas limitaciones a su capacidad de obrar, como la licencia marital y dio nueva redacción, en un sentido más igualitario, a los derechos y deberes conyugales.[13]
7. En mayo de 1978, se modificaron diversos artículos como consecuencia de la despenalización del adulterio y del amancebamiento.
8. En noviembre de 1978, se modificaron también algunos artículos para recoger el establecimiento de la mayoría de edad a los 18 años.

1. En 1981, se modifica a consecuencia de la aprobación de la Ley del divorcio.
2. En 1990, se hacen desaparecer cualquier discriminación por razón de sexo.
3. En 2005, se modificó para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por dichas parejas. Entre las reformas introducidas por la Ley 15/2005, de 8 de julio, se encuentra la eliminación de las causas legales para la separación y el divorcio, así como permitiéndose lo que coloquialmente se ha denominado divorcio exprés, es decir, poder ejercer la acción de divorcio pasados tres meses después de la celebración del matrimonio sin tener que pasar previamente por la institución de la separación.
4. En 2015, fue modificado por las siguientes dos leyes: a) la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y b) la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.