Carolina Stanley

Realizó la educación primaria y secundaria en la escuela bilingüe St. Catherine's School.[3][5] Egresó como abogada de la Universidad de Buenos Aires.[3][6]

Está casada con Federico Salvai, quien fue jefe de gabinete del ministerio que condujo en la Ciudad de Buenos Aires —más tarde, Ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal— y padre de sus dos hijos varones.[6] Es también columnista de Infobae.com.[7]

En 1998 comenzó a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Fue asesora de la legisladora María Laura Leguizamón entre 2000 y 2003.[3][8]

Se unió a Propuesta Republicana (PRO) en 2003, trabajó entre 2004 y 2007 como directora ejecutiva del think tank Grupo Sophia, junto con Horacio Rodríguez Larreta.[6]

Con la llegada de Macri a la Jefatura de Gobierno en 2007, la designó al frente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. En 2009 fue elegida Legisladora porteña por el PRO. En 2011 quedó al frente del ministerio de Desarrollo Social, cuando María Eugenia Vidal fue elegida Vicejefa de Gobierno.[6][9] 2014 el ministerio que comandaba fue objeto de investigación al entregar de forma directa y sin licitación 414 millones en servicios de limpieza a empresas cercanas al gobierno de la ciudad. En las 36 licitaciones para el mantenimiento y limpieza a nueve empresas, pertenecientes a la misma cámara empresaria, pertencientes a Nicolás Caputo. Ninguna presta servicios de limpieza.[10]

En 2015, durante la campaña presidencial de Mauricio Macri, Stanley formó parte del equipo de política social de Emilio Basavilbaso e integrado por Esteban Bullrich, Jorge Lemus, Eduardo Amadeo, entre otros.^{[cita requerida]} A fines de noviembre de 2015, Macri, ya como presidente electo, la nombró al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.[4]

En diciembre de 2015 fue designada por Mauricio Macri Ministra de Desarrollo Social de la Nación a su vez, presidió el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación.[11]

En 2018, tras dos años y medio de gestión un estudio del Monitor de Clima Social (MCS) relevado periódicamente por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), un centro interuniversitario que integran la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET); la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham reveló que la mitad de los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires disminuyeron las raciones de comida en ese último año, la mitad de los ciudadanos tenían alguien de su hogar que perdió el trabajo en los doce meses. En febrero de 2018, un 37 por ciento de los hogares disminuyeron las porciones de comida por razones económicas en este Monitor, porcentaje que en junio aumentó al 48 por ciento y el 40 por ciento pasó momentos de hambre por razones económicas durante el último año.[12]

En septiembre de 2018 la relatora especial sobre alimentación de las Naciones Unidas, Hilal Elver, escribió un duro informe sobre la situación del país advirtiendo que cuatro millones de argentinos enfrentan una seria inseguridad alimentaria y padecen hambre.[13]

Según datos de la UCA durante 2019 tres de cada diez niños y adolescentes comieron menos que en 2018 y más del 13 por ciento de todos los niños, niñas y adolescentes directamente pasó hambre. Durante su gestión el riesgo alimentario creció a la par del aumento de la pobreza que el en 2018 llegó al 51,7 por ciento en la franja que va de los 2 a los 17 años.[14]

En agosto de 2019 se conoció el informe de la situación social en Argentina mediante datos elaborados por un conjunto de organismos nucleados bajo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que señaló que en entre 2016 y 2018, el número de personas que padecen inseguridad alimentaria moderada o grave en Argentina se incrementó en casi seis millones de personas, llegando a 14,2 millones a fines de 2018 tras dos años de gestión de Stanley, con un incremento de 71%, uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial junto con Nigeria, Tayikistán, Afganistán, Sierra Leona y Botsuana.[15] El estudio fue elaborado por cinco organismos multilaterales: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)[16]

En 2013 fue denunciada, junto a otros funcionarios porteños, por «estrago culposo seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público», por las consecuencias que ocasionaron las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires en abril de ese año, que causaron seis muertes en la ciudad.[17][18] En septiembre de 2014, Carolina nombró a su prima, Cecilia Stanley, como nueva titular de la gerencia operativa Adolescentes, dependiente de la dirección general de Niñez y Adolescencia, perteneciente a la cartera que conducía.[19]

En su gestión en el gobierno porteño ha sido criticada por utilizar fondos públicos para actividades privadas proselitistas, como utilizar fondos de la secretaría de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social para hacer una remera con la leyenda Macri es Revolución, creada por la agrupación Jóvenes PRO.[20]

En 2015 fue imputada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) «por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel» y por «complicidad manifiesta» en el marco de la causa contra Fernando Niembro, por el supuesto desvío de 20 millones de pesos de pauta publicitaria a favor del candidato del Pro y por no respetar el margen de necesidad de las contrataciones directas.[21][22][23][24]

En 2017 causó polémica el saludo por año nuevo de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio a su cargo, en el cual se publicó un mapa de la Argentina que no incluía las islas Malvinas ni la Antártida Argentina. Stanley se disculpó y alegó un «error» del departamento de diseño del ministerio de desarrollo social. Días después un abogado pidió una investigación por si se cometió el delito de «traición a la patria».[25]

En junio de 2017 se conoció que la ministra había decidido aplicar un decreto del año 1997 —que nunca había sido aplicado— elevando significativamente las exigencias y condiciones de quienes recibían pensiones del gobierno nacional. Por esa medida, desde enero de 2017 hasta mediados de junio de ese año quedaron sin pensiones un total de 83 133 personas, incluidas especialmente las madres de 7 o más hijos, y los pensionados por invalidez. La medida apuntaba a eliminar del sistema a todas las personas cuyas familias superen un ingreso de tres sueldos mínimos —alrededor de $21 000— sin considerar el número de miembros de las familias, y aquellos cuyos cónyuges recibían un ingreso por jubilación, incluso si fuera el ingreso mínimo.[26] Desde el inicio del gobierno de Cambiemos fueron unas 170 000 las pensiones dadas de baja por el ministerio,[27] mientras otras fuentes mencionaron más de 126 000 pensiones, entre dadas de baja y suspendidas.[28] Según los datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez eran de 1.061.265.[29]

La ministra Stanley anunció que se restablecerían "todas aquellas pensiones de personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión en este último cobro", lo que fue interpretado como una "marcha atrás" del gobierno, y que se haría una "restitución automática de las pensiones".[30] No obstante, después de que al menos dos fallos judiciales ordenaron volver a pagar las pensiones a centenares de discapacitados,[31] el gobierno nacional apeló esas sentencias, con lo que el pago de esas pensiones se siguió retrasando.[32] El 6 de septiembre, la justicia federal ordenó reintegran "de inmediato" todas las pensiones por incapacidad que habían sido dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso;[33] al día 20 de septiembre, sólo algo menos de diez mil pensiones habían sido restablecidas, menos del 7,7% del total.[28] En noviembre del mismo año, una de las personas que supuestamente habían sido privadas de su pensión por discapacidad, Patricia Brandán, de Metán terminó por suicidarse; tenía cinco hijos.[34] Esta noticia fue desmentida a los pocos días por un medio de la provincia de Salta y por la propia fiscal del caso.[35]. Con el cambio de gobierno en 2019, quedó sin efecto la política de recorte de pensiones y éstas, fueron restablecidas.

En Catamarca también fue denunciada ante la fiscalía general acusada de utilizar camiones del Ministerio para la entrega de dádivas a cambio de votos, según la denuncia una flotas de 15 camiones estaban movilizándose por distintos pueblos de Catamarca, entregando material como muebles, sanitarios, griferías, chapas, puertas reforzadas, etc. También se conoció que desde el Ministerio de Desarrollo Social Carolina Stanley transfirió casi siete millones de pesos a la Fundación Pescar, integrada por funcionarios del PRO para que den cursos de “autoconocimiento” y “proyecto de vida", al mismo tiempo transfirió all peluquero de la primera dama Juliana Awada, Claudio Cerini millones de pesos desde Desarrollo Social para enseñar peluquería en barrios.[36]

En julio de 2018 se descubrió que contrató a la empresa de su padre Guillermo Stanley por varios millones para resguardo de archivos. Además, al día siguiente de ser preadjudicado el contrato, su padre fue nombrado director.[37]

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