Constitución de Ecuador de 1869

El Título I definía al Ecuador como república indivisible, libre y soberana. Estableció el territorio y sus límites de acuerdo a tratados internacionales. Se definía a ecuatorianos por nacimiento sobre la base de los principios ius soli e ius sanguinis, y a los ecuatorianos por naturalización por los principios ius domicili e ius optandi.

El Título II, que constaba únicamente del artículo 9, negó la libertad de culto al establecer a la religión católica como la religión oficial para el Ecuador, excluyendo a cualquier otra fe. El artículo también exhortaba a los poderes del Estado a que protegiera a la religión, además de manifestar prioridad en el Derecho canónico. A partir de este artículo, toda la constitución se estructuró en base al poder eclesiástico.

A partir del artículo 10 se describe los lineamientos para ser ciudadano, así como para conservar sus derechos de ciudadanía en el Título III. Era considerado ciudadano al hombre católico, alfabetizado, que sea mayor de veintiún años, o en su defecto casado. Se perdía la ciudadanía por traición, adquirir otra nacionalidad, quiebra fraudulenta, venta o compara de votos, y por condena corporal; a pesar de esto, podían ser rehabilitados por el Senado. Sin embargo, se perdía los derechos de ciudadanía permanentemente por pertenecer a las sociedades prohibidas por la Iglesia, interdicción judicial, ser ebrio consuetudinario o vago, tener ineptitud mental, hallarse procesado como reo de pena corporal, no presentar cuentas de los caudales públicos.

El Título IV estableció la separación de poderes en la forma tradicional, es decir, en el poder legislativo, ejecutivo y judicial; a su vez que definió su autonomía con respecto a las demás. El Título V recogió el criterio de «gobierno electivo y alternativo» del artículo 14 y estableció los lineamientos generales para los procesos electorales.

El poder legislativo, según el Título VI, era ejercido por el Congreso Nacional con sistema bicameral. La cámara del Senado estaba compuesta por senadores que duraban en sus funciones 9 años. La cámara de Diputados estaba compuesta por diputados que duraban en funciones 6 años. Cada tres años se elegían a la mitad de los diputados y la tercera parte de los senadores.

El poder ejecutivo, según el Título VII, era ejercido por el presidente de la República. Duraba en funciones por 6 años y se le permitía la reelección de forma indefinida. La línea sucesoria la comprendían en primer lugar el Ministro del Interior, y luego los demás ministros de las demás carteras de Estado de acuerdo a su importancia, y por último los consejeros no eclesiásticos según su prioridad. A pesar de la autonomía manifestada entre funciones del estado, el poder se concentraba en el presidente, quién incluso tenía potestad de nombrar magistrados del poder judicial, durante un receso del Congreso.

El poder judicial, según el Título VIII, se establecería en la Corte Suprema y en los demás tribunales y juzgados, quienes administraban justicia. Se estableció que ni el Congreso, ni el presidente podían en ningún caso ejercer funciones judiciales, avocar causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos.

El Título IX trataba sobre la organización territorial que dividía al país en provincias, cantones y parroquias. Establecía gobernadores para las provincias, jefes políticos para cada cantón y tenientes para cada parroquia.

El Título X establecía los principios defensa nacional y conservación del orden interior, por lo cual se conducirían las fuerzas armadas y las guardias nacionales.

El Título XI garantizaba derechos a los ciudadanos, tales como participación, prohibición de esclavitud, libertad de circulación, seguridad jurídica, debido proceso, derecho al secreto y confidenciabilidad, presunción de inocencia, derecho de autor, libertad de pensamiento y expresión siempre que no contravengan a la religión católica, entre otros.

Se establecieron disposiciones comunes en el Título XII, como prohibiciones de gastos indebidos del Tesoro Nacional, deberes a los funcionarios públicos, irrenunciabilidad de derechos y deberes a los ciudadanos, entre otros.

El Título XIII constaba de un solo artículo y en él se establecía el procedimiento para una eventual reforma constitucional, potestad dada exclusivamente al Congreso Nacional, pero con aprobación posterior de un referéndum. Sin embargo, se establecía intangibilidad para el texto constitucional en lo concerniente a la religión oficial, los requisitos para ser considerado como ciudadano y los parámetros por los cuales se podía perder los derechos de ciudadanía.