Chiquita Brands International

Chiquita Scandinavia, una antigua embarcación de Chiquita Brands International. .

El 3 de mayo de 1998, el periódico Cincinnati Enquirer publicó en una sección de la página 18 un reportaje titulado «Los secretos de Chiquita revelados».[6] Los artículos escritos por los reporteros investigadores Michael Gallagher y Cameron McWirther hicieron cargos a la compañía en sus plantaciones en América Central por contaminar el ambiente, permitir el ingreso de cocaína a los Estados Unidos en sus embarcaciones, sobornando a funcionarios extranjeros, evadiendo las leyes de las naciones extranjeras sobre propiedad de terrenos y por evitar un sindicato de trabajadores.

Chiquita negó todas las acusaciones, demandó después que se reveló que Gallagher infiltró el sistema de correo de voz de Chiquita (ninguna evidencia reveló la participación de McWirther en el crimen). En junio de 1998 el Enquirer se retractó, publicó una disculpa en primera plana y le pagó a la compañía varios millones de dólares; el Columbia Journalism Review divulgó que las cantidades eran de catorce y cincuenta millones de dólares y el reporte anual de Chiquita menciona «un exceso de diez millones». Uno de los reporteros, Gallagher fue despedido. Chiquita no ha desafiado formalmente cualesquiera de las demandas efectivas levantadas en los artículos originales.

Durante los años noventa y a principios de la década del 2000, Chiquita y otras empresas internacionales se enfrentaron a la inestable situación política existente en Colombia. En ese momento era una práctica común para los grupos paramilitares extorsionar a las empresas y aterrorizar al pueblo colombiano mediante secuestros y asesinatos. Como la seguridad en el ámbito rural continuaba deteriorándose durante la década de los años noventa y a comienzos del siglo XXI, cada vez era más difícil mantener las deplorables condiciones laborales de sus empleados sin repercusiones sindicales, por lo que la empresa decidió realizar pagos para garantizar la continuación de su improcedente sistema laboral y su crecimiento exponencial en el territorio colombiano.[7] En el 2001, el Departamento de Justicia estadounidense promulgó una ley que prohibía a las empresas estadounidenses pagar a organizaciones terroristas extranjeras. Ante estas nuevas circunstancias, los pagos realizados por Chiquita constituían ahora una violación de la legislación estadounidense y representaban un dilema moral y legal a gran escala: la empresa cumplía la ley y dejaba de pagar, poniendo en peligro la vida de sus empleados, o bien continuaba anteponiendo la seguridad de sus empleados y de sus familias e infringía la ley. Chiquita decidió cooperar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y se ofreció a declarar voluntariamente.[8][9][10]

El 14 de marzo de 2007 Chiquita Brands fue multada por veinticinco millones de dólares como parte de un caso por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por tener lazos con los grupos paramilitares colombianos. Según documentos de la Corte, entre 1997 y 2004, altos funcionarios de la corporación pagaron aproximadamente U$ 1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, a cambio de la protección de empleados en las plantaciones de plátanos que se cosechaban en Colombia, también despojando a la fuerza de sus tierras a los campesinos cercanos para extenderse más y más con complicidad del gobierno Colombiano.[11][12] Chiquita Brands admitió en una corte federal que la compañía pagó al grupo armado ilegal colombiano para proteger a sus empleados. Como parte de un acuerdo entre los querellantes, la Compañía se declaró culpable de hacer negocios con una organización terrorista. A cambio la compañía pagará veinticinco millones de dólares y los documentos de la corte no revelarán las identidades de los ejecutivos que aprobaron los pagos ilegales de protección.[12]

Chiquita enfrenta actualmente cargos serios en un pleito publicado en junio de 2007. Según Terry Collingsworth, abogado de ciento setenta y tres familias víctimas de las milicias de las AUC, este caso puede poner fuera del negocio a Chiquita, ya que «puede ser el caso de terrorismo más grande de la historia. En términos de muertes, este es del tamaño de tres ataques al World Trade Center».[13]

Carlos López Flores, Presidente de Chiquita

En mayo de 2007, la ONG francesa Peuples Solidaires acusó públicamente a la Compañía Bananera Atlántica Limitada (COBAL), una subsidiaria de Chiquita, por tener conocimientos de violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores y de poner en peligro la salud de ellos y la de sus familias, alegando que la firma de plátanos ha expuesto negligentemente a trabajadores en la plantación de Coyol (Colombia) a los pesticidas altamente tóxicos en múltiples ocasiones. Además, Peuples Solidaires acusa a la compañía de usar a una milicia privada para intimidar a trabajadores. Finalmente, Peuples Solidaires demanda que Chiquita, a pesar de un acuerdo regional entre la compañía y las uniones locales que requerían la investigación pronta de agravios, no ha hecho caso de ciertas quejas de la unión por más de un año.