Comunidad de bienes (España)

En la comunidad de bienes de origen legal, la propia ley atribuye a un determinado supuesto de hecho el nacimiento obligado de la situación de comunidad. Así, por ejemplo, el artículo 381[2] del Código Civil establece el nacimiento de una comunidad de bienes cuando se produzca la conmixtión. De igual manera, la comunidad nacerá en caso de que exista una pluralidad de herederos.

La comunidad de bienes también puede surgir como resultado de una manifestación de la autonomía de la voluntad, de manera que dos sujetos, mediante un negocio jurídico, podrán poner en común unos determinados bienes. También crearán la situación de comunidad de bienes en el caso de que se trate de un bien adquirido en común y cuyo objetivo sea el lucro de los comuneros.

Nótense las analogías que presenta la comunidad de bienes de origen convencional con la figura de la sociedad. No obstante, la doctrina ha tratado de diferenciar a ambas, introduciendo la idea de que la comunidad configura un patrimonio estático, en el que los comuneros se limitan al uso y disfrute, así como a conservarlo. Por su parte, la sociedad tiene un patrimonio dinámico, en movimiento, dirigido a conseguir ganancia partible para cada socio.[3]

El artículo 398[4] del Código Civil manifiesta un principio democrático en lo referente a la administración y mejor disfrute de la comunidad de bienes. Según el citado precepto, se seguirá un régimen de mayorías.

El mismo artículo comenta en su segundo párrafo que «no habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los partícipes que representan la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad.» De esta manera, el Código Civil indica que se trata de una mayoría de cuotas o intereses sobre la comunidad, siendo indistinto el hecho de que exista o no una mayoría de comuneros si la suma de sus respectivas partes ideales de propiedad (cuotas) no fuera mayoritaria.

Las normas por las que se rige la comunidad de bienes suelen proceder de la autonomía de la voluntad de los comuneros. Como ya se señaló, el artículo 392 del Código Civil indica que las normas del Título III tienden a poseer carácter dispositivo, pese a que existen excepciones a la regla general. De esta manera, serán aplicables en caso de que los comuneros no acuerden lo contrario mediante contratos, acuerdos o convenios.

De esta forma, acorde a la idiosincrasia jurídica del Derecho civil, se permite la posibilidad de regulación mediante la confluencia de las voluntades de los distintos comuneros, regulación que prevalecerá, a menos que una norma imperativa, cuyo contenido prevalece sobre la autonomía de la voluntad, diga lo contrario.

Pese a la situación de comunidad, los comuneros conservan cierta parcela de libertad individual, en la que su propia y exclusiva voluntad mantiene cierta capacidad de decisión sobre la cosa común. De esta manera, el artículo 400[5] del Código Civil concede al comunero la posibilidad de solicitar la división de la cosa común cuando lo crea oportuno. Por otro lado, el artículo 395,[6] hablando de las obligaciones de contribución de los partícipes, menciona la posibilidad de que el comunero salga de la comunidad, quedando de esta manera exento de las obligaciones que le acarreen la permanencia en la situación de comunidad. Así, el Código plantea una doble vertiente de libertad individual, en la que el comunero no se ve forzado a permanecer en la comunidad, ni podrá verse forzado a soportar las cargas que conlleve. Evidentemente, para librarse de tales cargas, y para compatibilizar la situación con el resto de comuneros, es requisito sine qua non el que renuncie a su derecho sobre los bienes comunes.

De nuevo, el concepto de cuota procedente de la comunidad romana se manifiesta a la hora de establecer la división de cargas y beneficios entre los comuneros. De esta manera, según la proporción ideal de propiedad (cuota), el sujeto obtendrá un porcentaje de cargas y gastos, así como de beneficios. El principio de proporcionalidad reside en el artículo 393 del Código Civil,[7] que además establece una presunción iuris tantum que implica que, a menos que se demuestre lo contrario, las cuotas de los comuneros se consideran iguales.

En la administración de la cosa común se respeta el mencionado principio democrático, de manera que las decisiones se toman en función de lo que decida la mayoría (de cuotas, no de personas). Cabe destacar que el citado artículo 398 menciona la necesidad de un acuerdo y manifiesta como requisito indispensable el que se cite a los comuneros para deliberar antes de tomar el acuerdo, evitando, en todo caso, que se margine a los comuneros minoritarios.

Los partícipes de la situación de comunidad habrán de realizar una serie de gastos destinados a conservar la cosa, de manera que ésta sea útil para aquello a lo que se destine. El reparto de estos gastos entre los beneficiarios de la situación de comunidad se hará acorde a sus respectivas cuotas.

Tales gastos necesarios habrán de acordarse por los comuneros, excepto cuando exista una situación que requiera un desembolso urgente. En tal caso, uno de los comuneros podrá satisfacer el gasto, pudiendo, con posterioridad, reclamar al resto sus partes correspondientes.

Cabe señalar que el comunero quedará liberado de la contribución para los gastos de conservación cuando renuncie unilateralmente a su cuota, saliendo así de la situación de comunidad. Los comuneros que queden verán incrementada su cuota, así como los gastos que tendría que haber pagado aquel que renunció.

Dentro de gastos de mejora, se diferencia entre gastos útiles y gastos de lujo o recreo. En el primer caso, se considera que el desembolso va destinado a una mejora que suponga una mayor utilidad para la cosa común, de manera que para acordar un gasto útil, bastará con una aprobación de la mayoría, acorde a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil.

Por otro lado, los gastos de lujo o recreo son los destinados a una mejora suntuaria o de lujo de la cosa común. En lo relativo al acuerdo para realizarlos, se sigue el régimen jurídico planteado para las alteraciones de la cosa común (art. 397), rigiendo el principio de unanimidad en la toma de decisiones.

Cada comunero puede hacer uso de lo común, siempre que respete su destino, el derecho que a su vez tiene el resto de comuneros, y en definitiva, el interés de la comunidad en su conjunto. La normativa que regula el artículo 394 del Código Civil ha de complementarse con lo dispuesto en el 398, que pone la capacidad de decisión en manos de la mayoría, debido a su atribución en lo referente al "mejor disfrute" de la cosa común.

El Tribunal Supremo se pronunció sobre esta cuestión[8] interpretando que tal uso individual se ha de autorizar o consentir por el resto de comuneros, y afirmando también que sería un abuso de derecho que los comuneros impidieran el uso individual cuando no obtengan ningún beneficio o utilidad con dicho impedimento.

Los comuneros serán los poseedores de la cosa. Precisamente, el artículo 445 afirma que la cosa que permanece indivisa estará en posesión de las personas que integren la titularidad de la cosa común. De esta manera, se dota a los comuneros de la protección dispensada por las acciones posesorias.

Sólo cuando se produzca la división de la cosa común, se entenderá que cada antiguo comunero posee en exclusiva su parte correspondiente. Incluso, según se desprende del artículo 450, una vez dividida, se entenderá que cada comunero poseía exclusivamente su parte aun cuando la cosa permanecía indivisa.

Los distintos comuneros podrán ejercitar la acción posesoria frente a otro comunero cuando este último posea la cosa a título de dueño exclusivo y no para la comunidad.