Consejo Fiscal

Entre sus principales funciones, el Consejo Fiscal:

• Asiste en sus funciones al fiscal general del Estado.
• Establece los criterios generales a seguir para asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal.
• Informa las propuestas de nombramientos de personal.
• Elabora informes para los ascensos.
• Resuelve expedientes disciplinarios, de mérito e incompatibilidades.
• Conoce los planes anuales de la inspección fiscal.
• Insta reformas para mejorar el servicio y ejercicio de la función fiscal.
• Conoce e informa de planes de formación y selección de fiscales.
• Informa los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten al Ministerio Fiscal.
• Se encarga de dirigir al fiscal general del Estado peticiones y solicitudes.[2]

Está constituido por el fiscal general del Estado–que ejerce de presidente–, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector jefe, en condición de vocales natos, así como por nueve vocales elegidos entre los miembros del Ministerio Fiscal, en servicio activo y pertenecientes a cualquiera de sus categorías.

Así, en junio de 2017, para la propuesta del nuevo fiscal jefe de Anticorrupción que debía sustituir al dimitido Manuel Moix, participaron: el fiscal general, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector jefe, y nueve fiscales, seis de ellos a propuesta de la Asociación de Fiscales (conservadora y mayoritaria) y tres a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).[3] Ninguno de ellos a propuesta de la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) fundamentalmente porque cada fiscal, en la elección de los nueve vocales por un mandato de cuatro años, puede elegir hasta seis nombres.[1]

El informe del Consejo no fue atendido por primera vez en 1997, cuando fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño. El fiscal general Jesús Cardenal propuso al Gobierno el nombramiento de un fiscal de sala contra el criterio unánime, expresado en tres ocasiones sucesivas, del Consejo Fiscal.[4]

En 2007, el Congreso de los Diputados aprobó que los informes del Consejo Fiscal dejaran de ser vinculantes para pasar a ser únicamente de carácter consultivo.[5]