Consejo Nacional Anticorrupción

Un Consejo Nacional Anticorrupción fue instalado en el año 2000 y reinstalado por decreto del 12 de febrero de 2002. El 14 de marzo de 2005, mediante decreto n.º 7-2005 se creó un organismo independiente con el mismo nombre, conformado por organizaciones de sociedad civil, con el fin de apoyar las políticas y acciones que, en materia de combate a la corrupción, emprendiera el gobierno de la República.[2]

El CNA comenzó a trabajar en 2005, más que nada dando charlas para prevenir y denunciar la corrupción. Las denuncias que recibía eran analizadas y trasferidas a la Fiscalía contra la Corrupción (FECC) del Ministerio Público (MP). Según Gabriela Castellanos, de las mismas nunca derivó una investigación real, solo algunas auditorías superficiales.[1]

En marzo de 2010, la Iglesia católica se retiró del CNA. Mientras que en octubre de 2011, la Confraternidad Evangélica también se retiró argumentando que no se valoró el trabajo realizado ni se le dio seguimiento, esto luego que el pastor Oswaldo Canales no fuera reelecto en su cargo como coordinador del CNA. La Confraternidad Evangélica dijo además que con la elección de Dulce María Zavala como coordinadora no existiría un combate frontal a la corrupción.[4] —ambas Iglesias regresaron en 2013.[5] Se especuló que Zavala había sido puesta en el cargo por el gobierno de Lobo Sosa, algo que ella negó.[4]

Tras la elección de Zavala, el director ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción, Miguel Ángel Domínguez, dejó de brindar comentarios públicos sobre la labor de ese órgano. Se dijo extraoficialmente que Zavala había ordenado ser la única en dar declaraciones y que tenía una mala relación con Domínguez, algo que Zavala desmintió. Domínguez renunció el 31 de diciembre de 2011.[6][7]

En septiembre de 2013 se suprimió la figura del coordinador para reemplazarla por un Comité Ejecutivo. Esto para evitar la injerencia política en la toma de decisiones.[8] El Comité lo integraron el padre Carlos Rubio, representante de la iglesia Católica; el pastor Alberto Solórzano, de la Confraternidad Evangélica, y el ingeniero Arnaldo Bueso, de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh).[9] Más tarde, el CNA contrató a la empresa Caderh, dedicada a la evaluación y contratación de personal. Entre septiembre y octubre de ese año se realizaron evaluaciones, exámenes y entrevistas a varios candidatos para escoger a quien dirigiría al ente. Del proceso surgieron 3 candidatos que fueron evaluadas por el Comité Ejecutivo, el cual escogió como nueva directora ejecutiva a Gabriela Castellanos.[10]

La primera decisión de Castellanos fue evaluar a todo el personal del Consejo, del cual el 95 % fue removido, manteniendo en sus puestos solo a 5 empleados.[10] Según Castellanos, identificaron que el accionar del CNA hasta ese momento «era una pérdida total del tiempo y de los recursos de los ciudadanos que denunciaban y de nosotros mismos», por lo cual comenzaron a investigar grandes casos de corrupción, que involucraban a funcionarios y empleados de primera y segunda categoría, para «dar el mensaje de que nadie quedará impune».[1] Poco después se creó una Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos.[5]

El primer acto de corrupción investigado y denunciado públicamente por el CNA fue el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),[1] revelado en marzo de 2014 por una comisión interventora conformada en enero de ese año por el presidente saliente Porfirio Lobo. Entonces el CNA contribuyó sustancialmente con investigaciones que sirvieron al Ministerio Público.[5]

Hasta mayo de 2023, y según su sitio web, el CNA ha presentado 146 casos de corrupción, de los cuales 27 se han judicializado y representan para el país un perjuicio de más de 10,385,232,478.94 millones de lempiras. Entre ellos ha denunciado a funcionarios como el ex-director del Instituto Nacional de Formación Profesional de Honduras, David Chávez, la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores[11] o la ex primera dama Rosa Elena Bonilla.[12] También, entre otras acciones, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal aprobado en 2018,[13] denunció presuntas irregularidades y malas prácticas en la gestión de la pandemia de COVID-19, y condenó la resolución de la Corte Suprema de Justicia de repetir el juicio a Rosa Elena Bonilla en marzo de 2020[14] y la aprobación de una amnistía política en enero de 2022.[15]

Como actividades adicionales, el CNA organizó a finales de octubre de 2021 en Washington D. C. el foro "Panorama global, tendencias y rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción e impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica", donde participaron Gabriela Castellanos, la congresista estadounidense Norma Torres, el director ejecutivo del Grupo de Trabajo del Triángulo Norte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Michael Camilleri, el exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Juan Jiménez Mayor, la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, y el excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez Gómez.[16]

«En Guatemala buscan desarticular la sociedad civil que evidencia a corruptos; en El Salvador un pseudodictador comenzó a desbaratar la institucionalidad; en Honduras el mecanismo de corrupción presenta como principal actor al sr. Juan Orlando Hernández»

Gabriela Castellanos, durante su participación en el foro.[17]

Además, tras en el encarcelamiento de Hernández, el CNA presentó una miniserie documental sobre su vida, trayectoria y encarcelamiento, llamado "Juan Orlando Hernández, la caída de un expresidente".[18]