Constitución de Marruecos de 2011

La constitución reconoce a Marruecos como una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social, fundada en la separación y equilibrio de los poderes. El sistema político toma como base la democracia, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la descentralización regional y la unidad del reino. La soberanía corresponde a la nación, que la ejerce de forma directa a través de referendums y de forma indirecta a través de sus representantes elegidos democráticamente en elecciones regulares mediante sufragio universal.[3]

Se establece el Islam como la religión oficial del Estado, reconociendo la libertad de cultos. El idioma árabe y el amazigh son ambos idiomas oficiales del Estado, patrimonio de todos los marroquíes, creándose un órgano para su promoción, uso y cuidado. También se declaran protegidas otras expresiones culturales y lingüísticas. Se reconoce el imperio de la ley, a la que se someten todos los ciudadanos, autoridades y poderes en condiciones de igualdad; se reconocen los partidos políticos como vehículos de participación de los ciudadanos en la vida pública, cuyo funcionamiento habrá de ser democrático. No obstante, los partidos no pueden atentar contra el islam, la unidad nacional, los derechos ciudadanos, la diversidad cultural ni la libertad de culto, no pudiendo existir solo un partido político en el país. Se reconoce la existencia de sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales, que deben ser democráticos y tienen derecho a la negociación colectiva, así como el derecho de huelga.[3]

La norma constitucional utiliza una forma no común ni habitual en el constitucionalismo, al separar determinados derechos colectivos como derechos de la oposición parlamentaria, y no estrictamente derechos ciudadanos. Así, se garantiza a la oposición parlamentaria la libertad de expresión, opinión y reunión; el derecho a concurrir a las elecciones en condiciones de igualdad; el derecho a acceder a los medios públicos de difusión según su representatividad y el derecho a una financiación pública. Por otro lado, se reconoce el derecho al asociacionismo libre de los ciudadanos, el derecho a presentar propuestas ante las cámaras legislativas y el derecho de petición.[3]

En cuanto a los derechos individuales, se reconoce la igualdad de sexos, el derecho a la vida, a la seguridad, el derecho a la integridad física y moral, prohibiéndose la tortura y los tratos inhumanos o vejatorios, derecho a no ser detenido arbitrariamente, a la defensa, a no declarar, a la presunción de inocencia, a la asistencia jurídica y a un juicio justo, derecho a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de opinión, pensamiento y expresión en todas sus formas, la libertad de creación y expresión artística, así como la libertad de comunicarse, derecho al acceso de la información pública, libertad de prensa sin censura previa, libertad de reunión, manifestación pacífica, asociación y afiliación sindical y política, derecho a elegir y ser elegido, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho a una educación pública y derecho al matrimonio, reconociendo la igualdad de los niños con independencia de su estado civil.[3]

El rey de Marruecos es el garante de la libertad de culto y del islam, y se le reconoce el título de Amīr al-Mu'minīn (Comendador de los creyentes), presidiendo el Consejo Supremo de los Ulemah (Sabios). Es el jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia del mismo y su representante y es el jefe de las Fuerzas Armadas. Corresponde al rey nombrar al presidente del Gobierno, que lo será el elegido por el poder legislativo, y nombra a los ministros propuestos por el presidente. La presidencia del Consejo de Ministros corresponde al rey. El monarca puede disolver el una o ambas cámaras, previa consulta con el presidente del Tribunal Constitucional, informando al presidente del Gobierno, y puede someter cualquier tratado internacional al previo examen del Parlamento antes de firmarlo. También puede el rey pedir a cualquiera o a ambas cámaras del Parlamento una segunda lectura de una ley, en cuyo caso la resolución adoptada por el parlamento tras esta segunda lectura no podrá ser ya cuestionada. Corresponde al rey el derecho de gracia, así como declarar el estado de emergencia previa consulta cuando se interrumpa el normal funcionamiento de las instituciones constitucionales, al objeto de restablecer los poderes del Estado.[3]

El Parlamento de Marruecos está compuesto de dos cámaras: la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros. Al parlamento corresponde el poder legislativo y el control del gobierno.[3]

La Cámara de Representantes es elegida por un período de cinco años por sufragio universal directo y a ella corresponde examinar la cuestión de confianza presentada por el presidente del Gobierno y la moción de censura que podrá instarse cuando la avale una quinta parte de la cámara, prosperando si la vota la mayoría absoluta, debiendo dimitir el presidente del Gobierno. La Cámara de Consejeros se elige por sufragio universal indirecto por un período de seis años, con un mínimo de 90 miembros y un máximo de 120. Tres quintas partes de los miembros son elegidos por las autoridades locales en proporción a su población. Las otras dos quintas partes son elegidas de dos formas: unos por colegios electorales regionales compuestos por representantes de organizaciones profesionales y empresariales; otros por un colegio electoral nacional compuesto por los representantes de los trabajadores. La Cámara de Consejeros puede cuestionar al ejecutivo a petición de una quinta parte de sus miembros aprobada por mayoría absoluta, si bien esta situación no lleva aparejada la obligación de dimitir para el presidente del Gobierno, pero sí la obligación de comparecer el presidente ante la cámara y que la cuestión sea debatida, aunque no votada. Para ambas cámaras, una ley orgánica determinará el número de miembros, su representación territorial, el régimen electoral y las causas de incompatibilidades. Ambas cámaras examinan y votan los proyectos y proposiciones de ley, siendo la Cámara de Consejeros de segunda lectura, de tal forma que si ambas cámaras no llegan a un acuerdo sobre un proyecto o proposición, será la Cámara de Representantes la que tome la última decisión.[3]

Al gobierno corresponde el poder ejecutivo y la potestad reglamentaria, y está integrado por el presidente, los ministros y, en su caso, los secretarios de Estado. El presidente del Gobierno puede someterse a una cuestión de confianza ante la Cámara de Representantes, y si la pierde por mayoría absoluta, debe presentar la renuncia ante el rey.[3]

El poder judicial es independiente del resto de poderes y los jueces son inamovibles e independientes. La organización judicial y su funcionamiento se regula por ley orgánica. El máximo órgano de gobierno de los jueces es el Consejo Superior de la Magistratura que preside el rey y está formado por el presidente de la Corte Suprema, el procurador general del Reino, el presidente de la Sala Primera del Tribunal de Casación, el presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cinco destacados juristas nombrados directamente por el rey, cuatro jueces elegidos por ellos mismos entre los magistrados de las cortes de apelación y seis elegidos también por ellos mismos entre los magistrados de primera instancia, debiendo respetarse una proporción de mujeres entre los elegidos por los jueces en proporción al número de las mismas presentes en la carrera judicial.[3]

El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros que se eligen por un período de nueve años. De los 12 miembros, cinco los elige el rey directamente, uno lo elige el que ocupe el puesto de Secretario General del Consejo Superior de los Ulemas, tres son elegidos por la Cámara de Representantes y otros tres por la Cámara de Consejeros. Al Tribunal Constitucional le corresponden las atribuciones de control establecidas en la constitución y las leyes orgánicas, singularmente las que se refieren a todos los procesos electorales en los que velará porque se ajusten adecuadamente a los procedimientos establecidos. Conoce específicamente de los tratados internacionales antes de ser aprobados, los proyectos de leyes orgánicas, los reglamentos de las cámaras del Parlamento y las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas durante la celebración de un procedimiento judicial cuando puedan afectar a los derechos y libertades fundamentales. La inconstitucionalidad manifestada por el Tribunal será inapelable.[3]

El Tribunal de Cuentas, cuya organización y funcionamiento establecerá una ley orgánica, es el responsable de la protección de los principios y valores de la buena gobernanza y la transparencia económica, y examina las cuentas del Estado y de los organismos públicos. Existirán tribunales a nivel regional que fiscalizaran las cuentas públicas de las entidades regionales y de ámbito inferior.[3]

La constitución reconoce como entidades territoriales que gozan de autonomía y capacidad financiera y reglamentaria, a las regiones, prefecturas, provincias y municipios, estableciendo que las autoridades de las regiones y municipios son elegidas por los ciudadanos mediante sufragio universal directo. Se reconoce la capacidad de las regiones y municipios para recibir competencias delegadas por el gobierno de la nación. Se establece un fondo regional de desarrollo y un fondo de cooperación interterritorial entre regiones que garantice la igualdad. Corresponde a una ley orgánica determinar el contenido de los derechos reconocidos en la constitución.[3]

La reforma de la constitución requiere la celebración de un referéndum de carácter vinculante para su aprobación en todos los casos. La iniciativa para la reforma puede partir del rey directamente, del presidente del Gobierno, para lo que requiere la previa deliberación del consejo de ministros, o por la Cámara de Representantes o la de Consejeros, en cuyo caso ambas cámaras deben avalar la iniciativa por una mayoría de dos tercios de sus miembros. La constitución no es modificable en cuanto a la institución de la monarquía, el papel del islam ni el conjunto de derechos y libertades fundamentales.[3]