Consulado de Cargadores a Indias

En 1503 se creó en Sevilla la Casa de Contratación de Indias, que regulaba la totalidad del tráfico con los territorios de la Monarquía Hispánica en América. En las décadas posteriores, los influyentes cargadores a Indias consiguieron su independencia de la institución burocrática, conformando una corporación independiente amparada por la corona en la cual resolver sus propios asuntos jurídicos, al igual que sucedía en los consulados de Burgos y Valencia desde la Edad Media.[2] Cediendo a su solicitud, el rey Carlos I de España (emperador Carlos V) creó oficialmente el Real Consulado de la Universidad de Cargadores a Indias por Real Provisión del 3 de agosto de 1543.[3]

Desde entonces, el Real Consulado de Indias gobernó y juzgó las actividades de los navieros, cargadores, negociantes, así como productores y proveedores autorizados, organizados de manera corporativista en el poderoso monopolio institucional. Los propios miembros del Real Consulado promovieron la creación de la Universidad de Mareantes en 1556, luego llamada Real Colegio Seminario de San Telmo, en el Palacio de San Telmo de la ciudad Sevilla, con el objeto de dotar de instrucción y educación a los navegantes, incluidos los marinos y pilotos, así como a los sucesores de los navieros, armadores y cargadores.

El gobierno de la corporación, así como los jueces habilitados para asuntos de derecho civil y mercantil estuvieron a manos de un prior, dos cónsules, cinco diputados y consiliarios, además de otros cargos que luego fueron añadiéndose, elegidos por aclamación presencial de los miembros matriculados de la institución. Su proceso judicial era más breve y sencillo que el seguido hasta entonces por la Casa de Contratación. Si los litigantes no aceptaban la sentencia, el caso era revisado por un juez de alzada nombrado cada año por el propio rey.[4]

Era financiado por el asiento monopólico sobre el de cobro y administración del impuesto de "avería", o seguro marítimo, el cual debían pagar los propietarios de cualquier cargamento de valor superior a los mil ducados, equivalente al 1% del valor total de las mercancías cargadas.

Tras la disolución del imperio hispánico la institución perdió relevancia, manteniéndose activa tan solo en el puerto de Cádiz y La Habana, finalmente siendo suprimida su jurisdicción civil independiente en 1868.[1]

Recepción del rey Alfonso XII en el Palacio de la Aduana de Cádiz