Coro Cillán

Durante los más de dos años que duró la instrucción judicial que Coro Cillán presidió se obtuvieron informaciones y testimonios que, según ciertas informaciones, no recogían los anteriores procesos judiciales,[12] pero el Tribunal Supremo sentenció que los hechos investigados eran «cosa juzgada», ratificando así el sobreseimiento acordado previamente por la Audiencia Provincial de Madrid.[3]

Para quienes ven en la instrucción de la jueza Cillán elementos distintos de los juzgados y sentenciados, se habría obtenido merced a su instrucción el testimonio de los miembros del Tedax que participaron en la recogida de muestras de los trenes. Cáceres Vadillo (inspector jefe del grupo Tedax de la Brigada Provincial de Madrid) narró cómo repartió a los agentes entre los cuatro escenarios del atentado y cómo a media mañana llegó a Atocha el Jefe de la Unidad Central Tedax, Sánchez Manzano, gritando "¡Aquí mando yo!" y anulando las órdenes de Vadillo. A partir de ese momento, se dejó de etiquetar el origen de las muestras. Vadillo declaró el 23 de noviembre de 2011 que los Tedax propusieron trasladar los trenes a Vicálvaro para inspeccionarlos más cuidadosamente. Sin embargo, los trenes fueron retirados y posteriormente destruidos, de manera que no fue posible llevar a cabo estos análisis. A esto se añaden las declaraciones de Díaz Pintado, número 2 de la policía el 11-M, en septiembre de 2009, que indican que Renfe había preguntado si podían desguazar los trenes, y que él respondió que no se podían destruir sin autorización judicial.

Además, el propio Sánchez Manzano reconoció ante Cillán que una parte de los objetos recogidos de los focos fueron destruidos más adelante. Respecto a las pruebas conservadas, no fueron enviadas a la Policía Científica, lo que constituiría una violación del protocolo, como se establece en la querella. Tampoco fue capaz de aclarar por qué algunas de las muestras seleccionadas no llegaron a la Audiencia Nacional.[13]

La sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó en un auto de 29 folios en febrero de 2012 el archivo de la causa abierta por la jueza Cillán y levantó la imputación del exjefe de los TEDAX, Jesús Sánchez Manzano, por ser cosa juzgada, al tiempo que reprochó a la jueza que hubiese tardado más de dos años en responder a las peticiones de archivo formuladas por la defensa. En su resolución, la sección 17 de la Audiencia argumentaba que los mismos hechos sobre los que investigaba la jueza Cillán habían sido objeto de denuncia previamente ante la Audiencia Nacional y ante el Juzgado de Instrucción 6 de Madrid —ante el que debió inhibirse la jueza Cillán—, siendo archivadas las denuncias en ambos casos. En su resolución, el titular del juzgado número 6 había dictaminado ya que, «por mucha que sea la insatisfacción o impotencia que el resultado de las pruebas periciales genere en las partes procesales, no es posible volver a discutir sobre su necesidad (...) Ni se puede practicar siempre la misma prueba hasta llegar al resultado que satisfaga los intereses de las partes».[14] Recurrido por la Asociación de Víctimas del 11-M el archivo de la causa, el Tribunal Supremo acordó inadmitir a trámite el recurso, cerrando así definitivamente la causa contra Sánchez Manzano, a quien la jueza Cillán, en los más de dos años de instrucción, no había llegado a imputar formalmente ni, según la propia jueza, encontrado en el estado en que se hallaba la causa información suficiente para formular la imputación.[15]