Déficit de tarifa

Desde la liberalización, los gobiernos del PP presididos por José María Aznar, los gobiernos socialistas presididos por José Luis Rodríguez Zapatero y de nuevo el gobierno del PP de Mariano Rajoy Brey comenzaron a aplicar una política de congelación de la tarifa de la luz al margen de los costes declarados de la energía, que se transformó en "deuda" con las empresas productoras de electricidad.

Este déficit de tarifa creció año tras año, especialmente desde 2005, hasta alcanzar la cifra de 30.000 millones de euros en 2013.

Las diferencias entre la recaudación por tarifas integrales y de acceso y los costes reales de las mismas se originan básicamente de dos maneras:

• errores de estimación (diferencia entre los costes reales del suministro de la energía y las previsiones realizadas al inicio del año por el Gobierno)
• decisiones regulatorias del gobierno

La mayor parte de los costes que determinan las tarifas son previsiones. Dos ejemplos son:

• a) el coste de adquisición de la energía, por parte de los generadores, para el suministro a los consumidores acogidos a la tarifa integral y
• b) el coste de la producción del Régimen Especial, que recibe primas

Los errores de estimación crearían un déficit coyuntural y no estructural, ya que las previsiones podrían serlo en cualquier sentido -positivo o negativo- y a largo plazo el déficit promedio tendería a ser nulo. Sin embargo, el Gobierno es el encargado de aprobar las tarifas eléctricas en cada periodo marcado. En 2000, sus responsables aprobaron unas tarifas que no incluían todos los costes que las compañías eléctricas aseguraban tener. Ese fue el comienzo del déficit de tarifa, una especie de deuda aplazada de los consumidores con las empresas eléctricas. Su objetivo inicial: mantener bajos los precios de la electricidad y evitar efectos negativos en la inflación y en la competitividad, así como el desgaste político.

Josep Piqué, ministro de Industria en esa época, justificó la medida en la mala situación económica del país. Señaló que era temporal: 10 años. Sin embargo, los sucesivos gobiernos mantuvieron esta decisión, independientemente de la situación económica, por lo que el déficit de tarifa aumentó año tras año, llegando en 2013 a más de 30.000 millones de euros.

Esta forma de proceder de los gobiernos ha generado un déficit estructural cada vez más elevado y difícil de mantener, que afecta al desarrollo de la competencia en los mercados y a las señales económicas que reciben generadores y demanda. El déficit no es otra cosa que una deuda del Sistema (es decir, de los consumidores) con las empresas que aportan la financiación del citado déficit. Por lo tanto, requiere recursos financieros para cubrir la diferencia entre los ingresos de las empresas y los pagos realizados por los consumidores presentes.

Con la garantía regulatoria expresada en un Real Decreto, los recursos financieros para realizar estos pagos se obtienen a través de la promesa de que se recuperarán en el futuro mediante recargos sobre las tarifas de acceso a las redes. Este proceso es el que se conoce como financiación de déficit. El método por el cual las empresas pueden adelantar los fondos necesarios para cubrir estos costes sin afectar al normal funcionamiento de su actividad es la cesión a terceros de estos derechos que, a cambio, entregan a sus titulares el valor presente de los flujos futuros esperados a un determinado tipo de descuento. Con la regulación del déficit ex – ante, introducido en 2007, supuestamente la inflación del déficit se externaliza directamente a empresas con mayor vocación financiera.[7][8]