Diego García de Palacios

Al gobernador de Yucatán Guillén de las Casas, que tuvo un desempeño escandaloso, le había sucedido en la gubernatura de la provincia don Francisco de Solís Osorio quien se hizo cargo del gobierno por nombramiento real el 22 de septiembre de 1582. Guillén de las Casas fue inmediatamente llamado a juicio de residencia por el nuevo gobernador pero, poco después, llegó a Yucatán como visitador especial de la Real Audiencia de México, Diego García de Palacios quien continuó el juicio al exgobernador. Como resultado de éste, Guillén de las Casas fue enviado a prisión ante las innumerables cargos que se le comprobaron, uno de las más graves fue el relativo a la acusación de un encomendero y conquistador de la región, Fernando Bracamonte, quien lo señaló como responsable del ultraje que había sufrido una de sus hijas, que a la postre había fallecido durante el parto a que la había conducido tal ultraje. De las Casas fue enviado con su expediente a España, en donde falleció caído en desgracia.[1]

Durante el tiempo que duró la gestión de García de Palacios, además del juicio referido, acometió lo relativo a la gobernanza de los indígenas que seguía siendo un tema capital en el Yucatán de aquella época. Debe recordarse que a los oidores de las Audiencias se les dotaba de una serie de cédulas reales que debían cotejar con la realidad imperante en los territorios que visitaban. En el caso de Yucatán existía también la petición que había hecho Francisco Palomino, Defensor de Indios, actuando de común acuerdo con fray Diego de Landa, respecto a la situación de sometimiento y expoliación que vivían los mayas de la región. Como resultado de sus visitas en los diversos poblados de la provincia (aunque se calcula que sólo visitó una tercera parte del territorio) escribió y recomendó poner en práctica sus Ordenanzas para el buen gobierno de los indígenas que de manera similar a lo que había ocurrido años antes con el visitador de los Confines Tomás López Medel, fueron tomadas como referente de lo que debería practicarse en la relación encomenderos-indígenas, en toda la provincia. En su tarea, restableció tributos, reclasificó tributarios e hizo una reducción significativa de la tasa de tributo.[1]

Debió regresar a México a finales de 1584, regresando el mando al gobernador suspendido, Francisco de Solís Osorio. Tiempo después de haber regresado a México y cuando aún se desempeñaba como oidor de la audiencia, fue acusado por el arzobispo Moya de Contreras de haberse enriquecido en su cargo, razón por la que fue suspendido y aunque después se acreditó que los cargos provenían de una venganza personal del arzobispo, perdió su empleo. A su muerte en 1595, su situación económica era muy mala, al punto de que su viuda tuvo que solicitar una merced de la corona para poder sobrevivir, misma que le fue concedida en 1596.[1]