Disputa limítrofe de Alaska

En 1825 rusos y británicos firmaron un tratado para definir las fronteras de sus respectivas posesiones en América del Norte, el Tratado de San Petersburgo de 1825. Parte del acuerdo decía:

"...dicha línea ascenderá hacia el norte del canal llamado Canal de Portland hasta el punto del continente donde se encuentra con el paralelo 56° latitud norte; desde este último punto, la línea de demarcación deberá seguir la cima de las montañas paralelas a la costa hasta el punto de intersección con el meridiano 141° de longitud oeste".[3]

La ambigua expresión "las montañas paralelas a la costa" se concretaba así:

"Todos los puntos en la cima de las montañas (...) deben estar a no más de diez leguas del océano, el límite (...) deberá estar formado por una línea paralela a la costa, y nunca debería exceder la distancia de diez leguas marinas desde allí".[3]

Esta parte del tratado era en realidad un acuerdo sobre los principios generales para establecer una frontera en un futuro, en lugar del establecimiento de una línea de demarcación exacta.

En 1838, la Compañía Ruso-Americana y la Compañía de la Bahía de Hudson firmaron un acuerdo en el que alquilaban las tierras desde el Estrecho de Cross hasta la línea del paralelo 54° 40′ de latitud norte a la Compañía de la Bahía de Hudson a cambio de productos lácteos y carne de las granjas del Departamento de Columbia. Este acuerdo fue denunciado más adelante por la Provincia de Columbia Británica por afectar a sus propios intereses territoriales en la región, pero su reclamo fue ignorado por Ottawa y Londres.[4]

Con la compra de Alaska a Rusia en 1867, los detalles sobre los límites del nuevo territorio estadounidense se mantuvieron ambiguos. Es más, cuando en 1871 la Columbia Británica se incorporó a la Confederación Canadiense y ésta solicitó una exploración y evaluación de la frontera, el gobierno de Estados Unidos rechazó la idea por ser muy costosa. La región fronteriza era muy remota y poco poblada, y no había ningún interés estratégico u económico en la misma en esa época. En 1898, los gobiernos nacionales llegaron a un acuerdo, pero el gobierno de Columbia Británica lo rechazó. También el presidente estadounidense McKinley propuso un arrendar de forma permanente a Canadá un puerto cerca de Haines, pero esto también fue rechazado.

Durante la fiebre del oro de Klondike en Yukón, Canadá, la población de la región se incrementó sustancialmente y alcanzó las 30 000 personas, en su mayoría estadounidenses —se calcula que, por ejemplo, unos 100 000 aventureros se trasladaron en algún momento desde Alaska—.[5]

La presencia del oro y la creciente población aumentaron de gran manera la importancia de la región y la disposición para fijar una frontera con más exactitud: Canadá quería que la ruta que iba de las minas de oro a los puertos en el Pacífico pasasen solo por territorio canadiense. Hubo casos en los que ciudadanos canadienses fueron intimidados por parte del gobierno de Estados Unidos para que no reclamasen tierras.[6]

Destacamento de la Policía Montada del Noroeste en la cima del paso White, en Yukón (1899).

La cabecera del canal de Lynn era la entrada principal al Yukón, y la Policía Montada del Noroeste envió un destacamento para asegurar la zona para Canadá. Esto se basó en la interpretación canadiense de que el lugar estaba a más de diez leguas marinas de la costa, lo cual era parte de la definición de fronteras de 1825. Sin embargo, una masiva afluencia de buscadores de oro estadounidenses a través de Skagway obligó a la policía canadiense a replegarse, y es que este aún era un territorio disputado en tanto que muchos estadounidenses creían que la entrada al lago Bennett, a unos 12 kilómetros más al norte, debía ser la ubicación de la frontera. Para respaldar a la policía en su reclamo de soberanía, el gobierno canadiense también envió a la zona a la Fuerza de campo de Yukón, una unidad del ejército compuesta de 200 hombres. Los soldados establecieron su campamento en Fort Selkirk para que puedan ser enviados rápidamente en caso de presentarse algún problema en cualquiera de los pasos costeros o en torno a la frontera del meridiano 141°.

Los canadienses —cuya autonomía para las relaciones exteriores estaba limitada por el Reino Unido— se negaron a firmar la resolución final del arbitraje, emitida el 20 de octubre de 1903, debido a que los delegados canadienses no estaban de acuerdo con el voto del británico lord Alverstone. Los canadienses protestaron el resultado, no tanto por la decisión en sí misma, sino el hecho de que los estadounidenses habían elegido a políticos en lugar de juristas para el tribunal, y que los británicos habían traicionado a los intereses canadienses al poner por delante los suyos propios. Esto dio lugar a que estallara un intenso sentimiento nacionalista anti-británico, defensor de una identidad canadiense separada del imperio colonial.[9]

El político y diplomático canadiense Hugh Ll. Keenlyside señalaría en 1952:

Si los Estados Unidos hubieran estado dispuestos a someter su caso a corte de La Haya o a un órgano judicial imparcial, como Canadá así lo deseaba, el resultado habría sido, con toda probabilidad, sustancialmente el mismo, con la excepción de que los canadienses no sentirían que fueron tratados injustamente (...) Si se hubiesen designado magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos en lugar de dos senadores, desde Canadá no se habrían planteado críticas al resultado de las negociaciones.[7]

Aunque la desconfianza hacia los EE. UU. provocada por el tratado pudo contribuir al rechazo de un tratado de libre comercio con Estados Unidos en las elecciones en Canadá de 1911 —donde la negativa del partido Conservador a dicho tratado de libre comercio le empujó a la victoria—, el historiador F. W. Gibson concluye que, desde un punto de vista general, los canadienses descargaron su rabia en menor medida en contra de Estados Unidos y "más contra Gran Bretaña por haber ofrecido una una resistencia tan débil a la agresividad estadounidense. Las circunstancias que rodearon la resolución de la disputa crearon un fuerte descontento con la posición canadiense dentro del Imperio Británico".[2] De hecho, la indignación del primer ministro liberal Wilfrid Laurier le hizo manifestar al parlamento lo siguiente:

"Mientras que Canadá continúe siendo una dependencia de la Corona Británica, los poderes que poseemos actualmente no son suficientes para la protección de nuestros derechos".[10]

El descontento canadiense disminuyó con el tiempo, pero la idea de que Canadá debía tener todo el control sobre su política exterior se valora como una de las causas del Estatuto de Westminster de 1931, que estableció la igualdad legislativa entre los dominios auto-gobernados del imperio Británico y el Reino Unido.