Diversidad sexual en Puerto Rico

El 26 de junio de 2003, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió el Caso Lawrence contra Texas y declaró mediante sentencia la inconstitucionalidad de las leyes que criminalizaban la homosexualidad. El fallo despenalizó la sodomía en los Estados Unidos y sus territorios y fue aplicable a Puerto Rico, invalidándose así la provisión de sodomía establecida en el artículo 103 del Código Penal de 1974. Finalmente se deroga el artículo 103 con el nuevo Código Penal aprobado en 2004 y que entró en vigencia en 2005. La edad de consentimiento sexual es de 16 años.[3][4]

Anteriormente, el Código Penal de 1902 establecía que “Toda persona culpable del infame crimen contra natura con un ser humano o con alguna bestia, incurrirá en pena de reclusión de presidio por un término mínimo de un año y máximo de diez años”. El artículo 103 del Código Penal de 1974 establecía sobre la actividad sexual homosexual lo siguiente: “Sodomía. Toda persona que sostuviere relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo o cometiere el crimen contra natura con un ser humano será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un año y máximo de 10 años”.[5]

La Ley Núm. 23 de 2013, que modificó la Ley Núm. 54 de 1989 de Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, reconoce a las parejas del mismo sexo brindando protección a todas las personas de la violencia de pareja sin importar el estado civil, la orientación sexual, la identidad de género o estatus migratorio.[6][7]

La Ley Núm. 69 de 2013, modificó el Código de Seguros de Salud (Ley 194-2011)[8] para incorporar como cohabitantes a las parejas del mismo sexo en la cobertura de los planes médicos de salud públicos y privados. La ley define bajo el inciso de “Composición Familiar” a la persona asegurada y cohabitante como "personas solteras, adultas, con plena capacidad legal, sujetas a una convivencia sostenida y a un vínculo afectivo, que cohabitan voluntariamente, de manera estable y continua".[9]

En una decisión (5-4) el Tribunal Supremo de EE. UU determinó el 26 de junio de 2015 que es inconstitucional prohibir el matrimonio gay, lo que obligaría al Gobierno de Puerto Rico a iniciar los procedimientos para reconocerlo.[10] La mayoría de los jueces del máximo foro judicial americano decidió que impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo, como ocurre en trece estados y en Puerto Rico, es una violación de la decimocuarta enmienda de la Constitución federal, que mantiene que todo ciudadano debe recibir igual protección de las leyes.

La determinación del Supremo federal, aunque se basó en casos de Míchigan, Kentucky, Ohio y Tenesí,[11] tiene el efecto de invalidar el artículo 68[12] del Código de Civil de Puerto Rico, que ha definido el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y prohibido expresamente el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La mayoría de los jueces, incluyendo a la puertorriqueña Sonia Sotomayor, determinó que el matrimonio es un derecho fundamental.

Desde la Fortaleza en San Juan, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que “el reconocimiento del derecho al matrimonio fortalece las libertades de todos y todas. Celebremos la igualdad ante la ley”. A través de una orden ejecutiva, el primer ejecutivo estableció que se deben identificar y revisar todos los programas, estatutos, regulaciones y políticas de las agencias, de forma tal que los derechos del matrimonio se apliquen uniformemente a todo matrimonio, independientemente del género o sexo de quienes lo compongan.[13]

En Puerto Rico, no existe protección legal amplia contra la discriminación hacia las personas LGBT que aplique a todos los aspectos. Sin embargo, desde 2003 se prohíbe la discriminación laboral por motivos de orientación sexual e identidad de género mediante la Ley Núm. 22, la cual modificó numerosas leyes para prohibir ampliamente la discriminación contra las personas LGBT en el empleo público o privado.[14]

En 2019, el Departamento de Salud promulgó la Orden Administrativa 398, que establece la política publica de no discriminación contra pacientes en razón de su identidad de género, expresión de género u orientación sexual real o percibida en todas las instituciones que presten servicios de salud. La Orden también establece como requisito completar un curso de capacitación sobre sensibilidad y competencia cultural en el servicio a la población LGBT.[15][16]

Desde 2012, el Código Penal establece en su artículo 66(q) un agravante de responsabilidad penal cuando el delito cometido fue motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de orientación sexual e identidad de género.[17]

En 2002, la Ley Núm. 46 modificó la Regla 171 del Reglamento de Procedimiento Penal de 1963 para agregar como circunstancia agravante el hecho de que un delito se haya cometido motivado por prejuicio hacia la víctima por razón de orientación sexual e identidad de género.[18]

El 27 de marzo de 2019, el entonces Gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló emitió la Orden Ejecutiva OE-2019-16 para prohibir, con efecto inmediato, las terapias de conversión o reparativas para cambiar la orientación sexual y la identidad de género de menores de edad. Esta orden ejecutiva también exige que las instituciones médicas y científicas que soliciten subvenciones estatales certifiquen explícitamente que no ofrecerán la terapia de reorientación sexual.[19]

Desde abril de 2020, los hombres homosexuales y bisexuales de Puerto Rico en los Estados Unidos pueden donar sangre, solo después de un período de aplazamiento de 3 meses.[20]

También pueden servir sin toda forma de discriminación en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos principalmente.^{[cita requerida]}