División de Organizaciones Sociales

El organismo fue fundado el 30 de noviembre de 1976, bajo la dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet, mediante el decreto ley n° 11 del Ministerio Secretaría General de Gobierno con el título de «División de Organizaciones Civiles».[4]

De ella dependían la Secretaría Nacional de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Juventud, la Secretaría Nacional de los Gremios, la Secretaría de Relaciones Culturales y el Instituto Diego Portales.[4]

Posteriormente, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, mediante el decreto con fuerza de ley n° 1 del 12 de febrero de 1992, de acuerdo al artículo n° 1°, letra b), se cambió el nombre a «División de Organizaciones Sociales».[5]

Las funciones de la División de Organizaciones Sociales son las siguientes:[3]

• Contribuir a hacer más eficientes los mecanismos de vinculación, interlocución y comunicación entre el Gobierno y las organizaciones sociales, favoreciendo el fortalecimiento de la sociedad civil.
• Promover la participación de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas.
• Coordinar, por los medios pertinentes, la labor del ministerio señalada en la letra (i) del artículo n° 2º de la ley n° 19.032.

Los ejes de trabajo que la división implementa están orientados a propiciar y potenciar espacios de participación. Cuatro ejes enmarcan el actuar y es mediante estos por los que la ciudadanía conoce y valida a la institución:[3] fortalecimiento de la sociedad civil, participación e información a la ciudadanía, asistencia metodológica y coordinación de las normas de participación ciudadana y, finalmente, fomento de la diversidad, la inclusión social y la no discriminación.[3]

La misión institucional del organismo es «fortalecer la democracia, a través del aumento del asociacionismo ciudadano y del garantizar la participación de la sociedad civil, en todo el ciclo de vida de las políticas públicas».[3]

Asimismo, su visión es «lograr reconocimiento a nivel nacional como la referente metodológica de la participación ciudadana, siendo el vínculo cercano y privilegiado entre el Estado y la sociedad civil».[3]

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