Ecotasas

El nombre "ecotasa" proviene del prestigioso instituto norteamericano Worldwatch, en su informe denominado «El estado del planeta en 1995» que fue presentado en Washington D. C. subrayando la necesidad de que este tipo de gravámenes sustituyan parcialmente algunos impuestos.[3]

De acuerdo con el objetivo principal de los impuestos ambientales se han clasificado en tres categorías principales:

• Cubrimientos de costos: por ejemplo, los gravámenes para cubrir los costos de los servicios ambientales, como la toma de medidas como el tratamiento de aguas, mediante un impuesto a los usuarios, y que puede relacionarse para los gastos ambientales.[4]
• Tasas de incentivos: diseñados para el cambio de un comportamiento sea de los productores y/o los consumidores.[4]
• Impuestos ambientales fiscales: diseñados principalmente para aumentar los ingresos.[4]

En las décadas de 1980 y 1990 se comienzan a combinar los impuestos ambientales con los incentivos fiscales, más recientemente los impuestos sobre los ‘males’, tales como la contaminación, comienzan a sustituir algunos impuestos como los laborales en la recaudación fiscal.[4]

Existe además una clasificación en cuanto a cual es el objeto del impuesto:

• Impuestos especiales sobre los productos: aplicables a bienes contaminantes, sea en la etapa industrial, la del consumo o cuando es un residuo.
• Impuestos generales sobre consumos e insumos: se trata de un impuesto sobre la contaminación añadida, con el fin de incrementar el valor del producto y desalentar la demanda de bienes y servicios contaminantes.
• Impuesto sobre las emisiones (o impuestos de Pigou): configurados por la emisión de gases o sustancias contaminantes. El problema principal radica en que son difíciles de controlar debiendo ser constantemente monitoreados. Los mismos se basan en función del volumen de emisión y el grado de daño ecológico producido.
• Impuestos diferenciales, subsidios e incentivos: Los impuestos diferenciales son aplicables en transporte, elevando los impuestos de vehículos contaminantes para incentivar la compra de automóviles limpios y como diferenciación de las gasolinas con mayor contenido de plomo. Los subsidios pueden ser ingresos adicionales sin efecto de contaminación pudiendo consistir en reducciones tributarias o deducciones sobre el impuesto a la renta a cambio de evitar la contaminación. Los incentivos o estímulos tributarios permiten la financiación indirecta de la reconversión tecnológica verde, pudiendo ser préstamos con plazos especiales, tasas de interés reducidas, desgravaciones impositivas o incentivos y premios por la eliminación de residuos y desechos.
• Certificados verdes: son títulos negociables que reconocen el empleo de energías limpias, como la producción de energía energética renovable. Con ello, se protege el medio ambiente y evita el agotamiento de recursos no renovables y, además, las energías renovables colaboran mitigando el cambio climático.
• Permisos de emisión y licencias negociables: establecido por el Protocolo de Kioto de 1992 permite la elección para la reducción de emisiones de gases a los impuestos ecológicos (ecotasas) o las licencias negociables, tales como la intervención directa y la reglamentación.
• Depósitos reembolsables: se paga un depósito al efectuar una compra y a su devolución percibe el reembolso. Ello sucede con los envases, pilas, aceite, baterías de automóviles, por mencionar algunos ejemplos, y se utiliza para evitar los desperdicios o vertidos ilegales.[1]

Algunas de las propuestas para el cambio de impuestos verdes han sido criticadas por ser fiscalmente regresivas (un impuesto con una tasa promedio de impuestos que disminuye a medida que aumenta el ingreso del contribuyente). Gravar las externalidades negativas por lo general implica ejercer una carga para el consumo, y ya que los pobres consumen más y ahorran o invierten en menor parte sus ingresos, cualquier cambio hacia los impuestos del consumo puede ser regresivo. En 2004, la investigación por el Instituto de Estudios de Política y la Fundación Joseph Rowntree indicaron que los impuestos de tarifa plana en la basura doméstica, la energía, el agua y el uso del transporte tendría un impacto relativamente mayor en los hogares más pobres.[5]

Sin embargo, los enfoques normativos convencionales pueden afectar los precios de la misma manera, mientras que carecen de la posibilidad de reciclado de ingresos de los impuestos ecológicos. Por otra parte, la evaluación correcta de impacto distributivo de cualquier cambio de impuestos requiere un análisis de las características de diseño de los instrumentos. Por ejemplo, los ingresos fiscales podría ser repartidos sobre una base "por cabeza", como parte de un esquema de renta básica; en este caso, los más pobres ganarían lo que el ciudadano promedio paga como impuestos ecológicos, menos su propia pequeña contribución (sin coche, pequeño apartamento, ...). Este diseño sería altamente progresivo. Alternativamente, una ecotasa puede tener un diseño de "línea de vida", en la que los niveles de consumo modestos tienen un precio relativamente bajo (incluso cero, en el caso del agua), y los niveles de consumo más altos tienen un precio a un ritmo mayor. Por otra parte, un paquete de políticas sobre la ecotasa puede incluir reciclaje de ingresos para reducir o eliminar cualquier regresividad; un aumento de un impuesto ecológico podría ser más que compensado por una disminución en una (regresiva) nómina o el consumo de impuestos. Algunos defensores alegan un segundo beneficio del aumento del empleo o que los costos de atención de salud sean más bajos, para que el mercado y la sociedad se adapten a la nueva política fiscal (estas afirmaciones, al igual que con la afirmación "los recortes de impuestos crean puestos de trabajo," a menudo son difíciles de probar o refutar incluso después de llevarlos a cabo).

Por otra parte, la contaminación y otras formas de daño ambiental se sentían a menudo más agudamente por los pobres, que no pueden "comprar su salida" de ser receptores de la contaminación del aire, contaminación del agua, etc. Tales pérdidas, a pesar de las externalidades, tienen impactos en el bienestar económico real. Así, mediante la reducción de los daños ambientales, esos instrumentos tienen un efecto progresivo.

Una forma de gravar la contaminación son los sistemas de derechos de emisión. Existen programas de comercio de derechos para varios tipos de contaminante. Para gases de efecto invernadero el más importante es el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS), que impone un precio a las emisiones de carbono de la actividad industrial. En Estados Unidos existe un mercado nacional para la reducción de lluvia ácida y varios mercados regionales de óxidos de nitrógeno. Los mercados para otros contaminantes tienden a ser más pequeños y a estar más localizados.

Junto a esto, en muchos países existen impuestos sobre la matriculación de vehículos o sobre el uso de vehículos a motor, cuyo importe suele ajustarse en función del grado de emisiones de CO2 del mismo.

Por otro lado, otra de las áreas en las que a nivel mundial se ha acostumbrado a introducir políticas de ecotasas es el turismo, en aspectos tales como las visitas a las playas y las tasas de aeropuerto en algunas partes del mundo.[6]

• Políticas verdes
• Impuesto sobre el carbono
• Impuesto sobre hidrocarburos
• Cambio climático
• Efecto invernadero
• Oscurecimiento global
• Impuesto pigouviano