Emergencia de Chipre

Chipre fue un territorio del Imperio Otomano desde finales del siglo XVI hasta convertirse en un protectorado del Reino Unido bajo la soberanía nominal otomana en la Convención de Chipre del 4 de junio de 1878, después de la Guerra ruso-turca. En 1915, Chipre fue formalmente anexado al Imperio británico después de que los otomanos entraron en la Primera Guerra Mundial del lado de las potencias centrales contra los británicos, y fue inicialmente gobernada por una administración militar hasta una década más tarde, en 1925, cuando fue proclamado como Colonia de la Corona de Chipre Desde la década de 1910 hasta la década de 1950, los grecochipriotas se mostraron cada vez más insatisfechos con el dominio británico y apoyaron a Enosis, el concepto de unificación política entre Chipre y Grecia. Varias ofertas infructuosas hechas a Grecia por los británicos para ceder Chipre a cambio de concesiones militares, y la notable falta de inversión británica en la isla, causaron un creciente movimiento nacionalista chipriota.

En 1954, Gran Bretaña anunció su intención de transferir su cuartel general militar de Suez (la oficina del Comandante en Jefe, Oriente Medio) a Chipre.[4]

El 1 de abril de 1955, la insurgencia de la EOKA comenzó con los ataques del 1 de abril. Después de una serie de incidentes de seguimiento, el gobernador general Sir John Harding declaró el estado de emergencia el 26 de noviembre de ese año.[5] Los británicos encontraron grandes dificultades para obtener inteligencia efectiva sobre la EOKA ya que la mayoría de la población grecochipriota los apoyaba. También se vieron obstaculizados por una fuga de mano de obra causada por la crisis de Suez y la Emergencia malaya. Hacia fines de la década de 1950, los británicos tuvieron más éxito. Chipre se convirtió en una república independiente en 1960 y Gran Bretaña retuvo el control de dos Áreas de Base Soberana, en Acrotiri y Dhekelia.

En enero de 2019, el gobierno británico acordó pagar £ 1 millón a un total de 33 chipriotas que supuestamente fueron torturados por las fuerzas británicas durante el levantamiento. Entre ellos, una mujer, de 16 años en ese momento, que dijo que fue detenida y violada repetidamente por soldados, y un hombre que perdió un riñón como resultado de su interrogatorio. El pago siguió a la desclasificación de documentos gubernamentales en 2012, aunque el ministro de Asuntos Exteriores, Alan Duncan, declaró que «el acuerdo no constituye ninguna admisión de responsabilidad», pero que «el gobierno ha resuelto el caso para trazar una línea bajo este litigio y evitar una mayor escalada de costos».[6]