Emilio Tapia

Tapia contrajo matrimonio en enero de 2007 con Astrid Sofía Hoyos.[3] De esta unión nació en 2010 una hija, en el estado de Florida, Estados Unidos.[3]

Tapia y Hoyos se divorciaron en 2012.[3]

Previo al escándalo Emilio Tapia era un abogado, que había laborado como funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU). Pese a que estos empleos no aportan para darse una vida de lujo, Tapia era visto portando un reloj de lujo -valuado en USD$ 45.000 dólares- que decía ser prestado, y lo mismo con el uso de dos camionetas blindadas.[3] Tapia estaba lavando dinero a políticos y contratistas involucrados en el escándalo de corrupción denominado Carrusel de la contratación mediante empresas de fachada a su nombre.[1] Tapia también usó a personas como su amigo Carlos Augusto Joly Herrera como sus testaferros y lavar cuantiosas sumas de dineros provenientes de la corrupción en la contratación.[5]

Mediante las empresas de fachada, Tapia consiguió obtener contratos de obras de infraestructura, como el contrato "Ruta del Sol III" en la vía entre los municipios de Bosconia y Valledupar, en la que aparece como subcontratista.[6] Esto fue confirmado por el abogado Álvaro Dávila.[7]

También logró obtener proyectos en los departamentos de Córdoba y Sucre.[6] En el departamento de Bolívar habría estado detrás de las licitaciones de los tramos 4 y 5 de Transcaribe.[8]

Tras su captura fue recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá,[11] y Tapia empezó a tratar de obtener un principio de oportunidad ante la justicia colombiana, por lo que delató a gran parte del entramado de funcionarios públicos y contratistas detrás del escándalo de corrupción como el secretario de Salud de Bogotá, el jefe de la unidad de malla vial, concejales distritales de Bogotá y cuatro autores intelectuales de la operación de corrupción en la contratación de la capital colombiana, incluyendo al alcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano el senador de la república de Colombia Iván Moreno Rojas.[6]

Tapia fue condenado a 17 años de prisión por las irregularidades en el contrato para reparar vías de Bogotá en la administración de Samuel Moreno Rojas,[2] pero tras delatar a varios contratistas y funcionarios, en el 2016 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rebajó la condena a 7 años y 5 meses de prisión, al reconocer las acusaciones en su contra y la imputaciones de "cohecho e interés indebido en la celebración de contratos".[1][2] También fue multado y obligado a pagar 347 salarios mínimos legales vigentes (COP$ 689.454 en 2016),[12][4] equivalente a COP$ 239'240.538 millones de pesos. Las autoridades iniciaron un proceso de extinción de dominio a las propiedades que compró con dineros de la corrupción.[11]

Tapia fue enviado al pabellón de alta seguridad de la Cárcel La Picota de Bogotá.[13] En el centro de reclusión se han hecho famosas sus fiestas con grupos de música vallenata y extravagancias con licor y use de celulares dentro del penal.[13]

El fin de semana del 15-17 de abril de 2016, Tapia fue transferido de La Picota en Bogotá al Batallón de Ingenieros No.2 del Ejército en Malambo, inmediaciones de Barranquilla.[14][4]

A partir de diciembre de 2018, un juez le concedió a Tapia la "libertad condicional" tomando como consideración que este había "cumplido las tres quintas partes de su condena de 7 años de prisión" por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá.[1] Nuevamente, en agosto de 2019 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió la libertad condicional. Hasta septiembre de 2021 cuando fue capturado por su presunta participación en el escándalo de MinTic.[2]

Durante su libertad condicional ha hecho presencia en eventos públicos, para disgusto de algunos ciudadanos que lo ven como un corrupto. Tapias apareció en el carnaval de Barranquilla, el 23 de febrero de 2020, donde participó y disfrutó de las fiestas, para sorpresa de los asistentes.[1][4][2]

En septiembre de 2021 fue recapturado por la Fiscalía General de la Nación al verse involucrado en un nuevo caso de corrupción de relevancia nacional, el escándalo de la contratación de MinTic para proveer internet a zonas rurales durante el gobierno de Iván Duque, contrato que fue adjudicado a una Unión Temporal sin experiencia en conectividad virtual y sin capacidad logística para un proyecto que pretendía llevar internet a más de 7000 escuelas apartadas del país, caso que ha sido denominado "Caso Centros Poblados" por ser esa la razón social de la Unión Temporal en la que trabajó Tapia,[15] en virtud de ese contrato, adjudicado durante la gestión de Karen Abudinen como ministra, se encuentran perdidos 70.000 millones de pesos, girados como anticipo. Su nombre ha sido mencionado como estructurador del proyecto y como artífice de la falsificación de pólizas de seguro que fueron presentadas en la licitación de este proyecto y como garantías de buen manejo y eventual devolución del anticipo.[16]

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