Empresa Eléctrica del Ecuador

La Electric Bond and Share Company surge en 1905 como subsidiaria de la General Electric Company –resultado de la fusión realizada en 1892 de las compañías Edison Electric Company y de su competidora Thompson Houston International Company que resuelve crear concesionarias de luz eléctrica para que utilicen sus equipos y artefactos eléctricos de su producción, aunque esta condición no se imponga oficialmente. Pero en la práctica las cosas sucedían como debían: las compras de la Electric Bond and Share siempre, en su gran mayoría, provenían de la General Electric de quien separa formalmente en 1925.

Esta compañía adquirió un gran poderío en América Latina conforme demuestran los siguientes datos: "La Bond and Share y la Light and Power disponen de la producción de energía eléctrica en la mayoría de los países latinoamericanos: el 90 por ciento en Brasil, el 68 por ciento en México, y del 50 al 100 por ciento en Chile, Venezuela, Guatemala, Costa Rica y Panamá. La American and Foreign Power Co., subsidiaria de la Bond and Share, abastece la electricidad a 1.190 ciudades del continente, y a muchas de ellas también de agua, gas, teléfonos y transportes".[3]

La Electric Bond and Share Company fue acusada constantemente en los países donde tenía presencia por actuar con prepotencia, rapacidad y abuso. Así en Brasil, durante el gobierno de J. Goulart, por ejemplo, una de sus subsidiarias, la AMFORP, “ante la inminencia de la expropiación o incluso de la venta de sus instalaciones actuó como empresario, extrayendo la máxima ganancia, utilizando las instalaciones por encima de la capacidad nominal, sin gastar un solo cruzeiro en mantenimiento”. Uno de sus directores, cuando se le pregunta porqué la compañía abandona el país, contesta cínicamente que eso es necesario, porque la empresa al saber que “sería comprada o expropiada, dejó que todo su sistema de generación y distribución se deteriorara y ahora está al borde del colapso total”.[4]

Igual, o cosa parecida, sucede en Panamá. Allí estuvo presente desde 1917 por medio de la Compañía Panameña de Luz y Fuerza que logra un contrato leonino sin ninguna regulación y sin señalar término para su finalización. Para poner fin a esa situación, en 1968, el gobierno de Omar Torrijos inicia negociaciones para la nacionalización de la empresa, que aunque parezca imposible, duran cuatro largos años por la serie de trabas que pone la corporación extranjera. Y durante este tiempo, mañosamente, se aprovecha para acumular crecidas deudas y para suspender toda clase de inversiones. Ante estos hechos el gobierno ocupa las instalaciones de la compañía en mayo de 1972, y solo gracias a este acto de fuerza y a la firmeza del general Torrijos, se puede llegar a un convenio razonable. Entre los cuatro negociadores de la Compañía Panameña de Luz y Fuerza está John Scopetta, futuro comprador de Emelec y especialista en transacciones turbias.[5]

Aduciendo que la ciudad había crecido demasiado y que el Estado debía tener un papel más decisivo en la economía nacional, pocos meses antes de entregar el poder, el 10 de marzo de 1966, la Junta Militar de Gobierno conformada por Ramón Castro Jijón, Marcos Gándara Enríquez y Luis Cabrera Sevilla, junto con Jaime Salvador Campuzano, Ministro de Finanzas y Antonio Mata Martínez, Ministro de Industrias y Comercio; suscribieron el Decreto Ley 580 en el que en su artículo uno dice: "Se autoriza a los señores ministros de Finanzas y de Industrias y Comercio, a fin de que convengan, obligando al Gobierno de la República, con los personeros de la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. en la celebración de un contrato de conformidad con las siguientes cláusulas o estipulaciones:...".

Esas cláusulas o estipulaciones eran similares a las del contrato original, excepto algunos puntos en que se otorgaban a Emelec ventajas increíbles sin pedir prácticamente nada a cambio. Una de las disposiciones eran de que las tarifas podían ser modificadas una vez al año para que rindan "un rendimiento neto garantizado de no menos del 9.5% y no mayor al 10% anual sobre su capital neto invertido en Dólares". EMELEC entonces se convirtió así en el único negocio del país que por ley no podía perder. Además según este documento EMELEC quedaba autorizado a llevar su contabilidad en Dólares. Estas entre otras disposiciones que hacían a EMELEC una empresa claramente privilegiada.

El periodista Rafael Arízaga Vega en la revista La Liebre Ilustrada de octubre de 1988 diría que esto "nos muestra hasta donde llegó la sumisión de ese nefasto gobierno a los intereses norteamericanos".

Sin embargo hay un detalle sobre este decreto, pues nunca se elaboró el contrato propiamente dicho. Lo que hicieron las partes fue acudir a la Notaría Segunda del Cantón Quito, y protocolizar el convenio el 26 de marzo de 1966. De ahí que comúnmente se refería a este documento como un "contrato derivado del decreto ley 580" o la "ley-contrato".

La Electric Bond and Share Company que para ese tiempo había cambiado su nombre a Boise Cascade Corporation, el 4 de enero de 1977 comunica al general René Vargas, ministro de Recursos Naturales y Energéticos, la venta de la empresa guayaquileña a la Scopar International Inc. de Estados Unidos, agregando que entre sus principales accionistas se halla el señor John Scopetta.

El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha dice lo siguiente respecto a la compra por Scopetta: "…para el señor Scopetta, propietario actual de Emelec, el gran incentivo que con seguridad tuvo al adquirir la empresa, fue el “precio de oportunidad bajo”, que debió haber pagado por ella, las ventajas del contrato –ley del año 1966, autorizado por la Junta Militar de Gobierno garantizando una rentabilidad del 9 al 10%, con alzas indeterminadas de tarifas, el pago aparente y no efectivo del impuesto a la renta, la libertad en los gastos de explotación, y el precio que seguramente ha de haber aspirado por la venta de Emelec al gobierno ecuatoriano, basado en su amplia experiencia en negociaciones de este tipo al haber actuado como representante de la Boise Cascade Co. En 1972 para la venta de Chilectra en Chile y como representante de la Boise Cascade Co. en 1972 para la venta de la Compañía Panameña de Luz y Fuerza".[7]

En octubre de 1982, el entonces ministro de Recursos Naturales, Gustavo Galindo notificó a Emelec la voluntad del Gobierno de dar por terminado el contrato de concesión que fenecía el 29 de octubre de 1985. La empresa respondió pidiendo que, de acuerdo al contrato, se establezca el precio justo de sus activos. Entonces se pensó en conformar la Comisión Especial del Sistema Eléctrico de Guayaquil y el citado ministro nombró a los representantes del gobierno. En primera instancia EMELEC accedió a la solicitud ministerial y designó también a sus representantes pero luego se retractó argumentando que afectaba sus legítimos intereses, lo cual dejó al problema sin solución.

Emelec, entonces, amparada en una cláusula del contrato de 1925 que establece que en caso de no llegarse a un acuerdo satisfactorio para las partes contratantes, el contrato seguiría vigente sin alteración de ninguna clase, siguió operando, o según algunos, extorsionando en la ciudad de Guayaquil.

El 29 de agosto de 1995 en la Gobernación del Guayas se firmó un convenio, elevado a escritura pública, mediante el cual las partes "transigían en sus discrepancias, dando por terminados los pleitos pendientes". Previo al acuerdo, el ministro de Energía Galo Abril "logró" que Emelec retirase la demanda que habían planteado en Estados Unidos. Esto no fue más que un allanamiento al laudo del justo precio de 1992.

Según este acuerdo se nombraba una firma internacional para avaluar a valor de reposición los activos de distribución de Emelec y se enceraban las deudas entre Emelec y el Estado. Emelec tenía que además transferir los activos de generación a otra empresa de tal manera que en el patrimonio de EMELEC queden únicamente instalaciones de distribución y subtransmisión. Las nuevas planillas de Inecel deberían ser pagadas mensualmente con un retraso máximo de 30 días. En contraparte el Estado debía permitir que Emelec siga operando hasta que se firme un nuevo contrato de concesión. Si Emelec era la adjudicataria debía entregar al Estado 57 millones de dólares.

Como resultado de lo establecido en el acta transaccional, el 9 de noviembre de 1995 se constituye nuevamente Emelec, esta vez en las Bahamas. En ese mismo lugar y día, también nace la empresa Electroecuador Inc. creada para generar energía. El principal accionista de ambas empresas era Fernando Aspiazu Seminario, entonces dueño del Banco del Progreso.

Según Emelec, el Estado incumplió el acuerdo al no aceptar nuevamente la vigencia del decreto 580. Tampoco hubo acuerdo en el valor de los activos y por lo tanto nunca se convocó a licitar la concesión de energía eléctrica para el cantón Guayaquil. Y siguió pasando el tiempo. Y vino un nuevo arbitraje.

La materia del arbitraje en el que participaron por el Estado el doctor Ramón Jiménez Carbo, ex procurador general del Estado y por Emelec el doctor Hernán Pérez Loose era la falta de aprobación del informe anual de 1995, cuyas cuentas habían sido hechas por Emelec aplicando el famoso decreto 580. El tribunal falló diciendo que el informe anual había sido aprobado por silencio administrativo. En ese informe y por el año 1995 las cuentas hechas por Emelec estaban a favor suyo en cinco millones de sucres.

En septiembre de 1996 el ministro roldosista Alfredo Adum decidió intervenir Emelec y luego el informe del ejercicio económico de 1996 también fue objetado, igual sucedió con el informe del 97. La situación arreglada en 1995 con el Convenio, se volvió a complicar.

El 11 de febrero de 1999, el CONELEC le otorga a Electroecuador Inc. la concesión para la operación de las plantas termoeléctricas Guayaquil, Aníbal Santos y Álvaro Tinajero.

Ese mismo año, el Estado y Emelec acuerdan un nuevo arbitraje. La condición era que una vez saneadas las cuentas se procedería inmediatamente a la concesión. Los nuevos árbitros fueron Walter Spurrier, designado por el Ministerio de Energía y Eduardo Rodríguez Chirillo, por Emelec.

En la demanda que presentó Emelec ante el tribunal arbitral, en febrero de 1999, se desconoce el acta transaccional de 1995 y acusando al Estado de incumplimiento desde 1982, 17 años atrás, se exige una indemnización que supera los mil millones de dólares.

Como Inecel había desaparecido meses antes, el Conelec asume la representación legal y anuncia públicamente que la deuda de Emelec con el Estado estaría aproximadamente en 190 millones de dólares y que lo que el Estado le debe a Emelec bordea los 50 millones. Es decir que Emelec le debería 140 millones de dólares. Las cifras exactas no están disponibles.

Todo fracasó el 5 de abril cuando el subprocurador Bertini comunicó a los árbitros que el arbitrar teniendo como base el decreto 580 era una ilegalidad ya que ese "contrato", jurídicamente no existe. Spurrier renunció y todo quedó en nada.

En abril del 2006, el presidente, Alfredo Palacio, declaró la emergencia del sector eléctrico en todo el territorio nacional. Esto sirvió de marco general para un nuevo decreto que firmó Palacio el 25 de julio anterior, en una ceremonia efectuada en la Gobernación del Guayas durante las festividades conmemorativas de la Fundación de Guayaquil y donde se pusieron en vigencia los estatutos de la Categ.

Estos facultaban a esa entidad a contratar un administrador-operador internacional especializado, con experiencia mínima de cinco años en actividades relativas al servicio de energía eléctrica, lo cual era un pedido de las Cámaras de Industrias, Pequeña Industria y Comercio, la Junta Cívica, la Escuela Politécnica del Litoral y el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral. Ellos habían elaborado los estatutos de la Categ.

Así, la Categ se encargaría de elaborar las bases para seleccionar un operador-administrador que preste el servicio de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el área de concesión de la ciudad, que iba a ser contratado por cinco años. Este debía ser escogido de un listado proporcionado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En agosto de 2006, la Categ solicitó a la CAF un listado de compañías administradoras u operadoras para invitarlas a participar en el concurso que debía culminar en la contratación de un operador para el servicio eléctrico de Guayaquil.

El organismo contestó que, a un pedido similar efectuado un año antes por el Ministerio de Energía, había enviado el siguiente listado: Globeleck, AES, Duke Energy, Suez Energy International, Iberdrola y Endesa.

También sugería a la Categ pedir un listado a la Organización Latinoamericana de Energía (Olade). En la nómina de este organismo constaban las compañías: CGE, Edea S.A., Edenor, Electricidad de Valencia, Empresas Públicas de Medellín, Grupo Enersis, Saesa, Unión Fenosa y Southern Light & Gas Company.

La Categ invitó a las 15 empresas señaladas en ambas listas. De todas ellas, solo cuatro manifestaron su interés en participar: Edenor, Empresas Públicas de Medellín, Electricidad de Valencia y Southern Light & Gas Company.

Como tres de ellas desistieron, la CATEG canceló el proceso e hizo una nueva invitación. Esta vez se presentaron las dos últimas señaladas en el párrafo anterior. Luego se produjo el retiro de Southern Light & Gas Company, y, de esta manera, Electricidad de Valencia (Eleval) se convirtió en el único oferente.

El 21 de diciembre de 2006, la Categ firmó el contrato con Eleval. El plazo de finalización del proceso había excedido en un mes, pero eso se “resolvió” con un decreto ampliatorio.

El honorario se estableció en 2,2% de la facturación mensual, con un piso del 1,8%. Aquí también cambiaron las bases, pues inicialmente señalaban un honorario fijo máximo de $100 mil y mínimo de $70 mil.

Por el contrato, el Estado se comprometió a entregar $50 millones al operador, para nuevas inversiones. En el decreto inicial, Palacio señalaba que esto se haría previa aprobación de los ministerios de Economía y Energía. Dos días antes de la firma del contrato hizo otro decreto en el que pasaba por alto la aprobación de esas carteras de Estado.

El contrato se firmó el 21 de diciembre de 2006, sin embargo ELEVAL nunca pudo operar.

Lisa y llanamente, el contrato CATEG-ELEVAL no tuvo visos de existencia y validez’. Esto lo señaló el estudio jurídico Parducci Sciacaluga, en un resumen de 35 páginas del informe legal solicitado por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC).

La Unidad de Electricidad de Guayaquil - UDELEG se creó el 13 de julio de 2009 mediante el Decreto Ejectutivo n.º 453. UDELEG teniendo como finalidad determinar, valorar y zanjar los derechos y obligaciones derivadas de la operación y de la terminación de la operación del servicio público de distribución y comercialización de la energía eléctrica que prestaba la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc., de la concesión y de la terminación de la concesión de la actividad de generación de energía eléctrica que correspondía a Electroecuador Inc.[8]

De igual forma, actuaba frente a las relaciones económicas derivadas de la prestación del servicio de fuerza eléctrica llevado a cabo por las Administraciones Temporales, entre ellas la CATEG.

En el 2011, cuatro años después de su creación, UDELEG determinó que a Fernando Aspiazu, expropietario de la Empresa Eléctrica del Ecuador, se le debían reconocer 173 millones de dólares, no obstante, esos 173 millones no se pagaron, simplemente se cruzaron con los 572 millones que el Estado pagó a los depositantes del banco del Progreso, quedando 388 millones que el Estado debía cobrar en la vía coactiva. Habiendo cumplido su finalidad, UDELEG cerró el 15 de agosto de 2011.

El 1 de mayo de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente, envestida de plenos poderes expidió el Mandato Constituyente #8 mediante el cual eliminó todo tipo de intermediación laboral que había servido para cometer atropellos y despojar de derechos a los trabajadores.

Según el mandato "Las empresas usuarias del sector privado en su condición de sucesoras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo asumen la responsabilidad patronal, por lo que estarán obligadas a cumplir los contratos de trabajo de la intermediaria laboral antecesora, reconociéndose expresamente el tiempo de servicios prestados a través de dicha intermediaria, en su relación con la usuaria".

Como consecuencia la CATEG tuvo que asumir alrededor de 500 trabajadores que mantenía bajo el esquema de tercerización.

Posteriormente se expide el mandato 15 mediante el cual la CATEG debió condonar las deudas acumuladas hasta diciembre del 2007, que sumaban unos $ 32,5 millones de cartera vencida casi imposibles de cobrar, en compensación el Estado se comprometió a reembolsar este dinero a través de obras en generación y distribución.