Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Argentina)

El 4 de enero de 1881 se instaló el primer teléfono del país, en la residencia del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen. El mismo día también se instalaron otros teléfonos en las residencias del presidente de la Nación, Julio Argentino Roca en la calle Rivadavia 1783; del presidente de la Municipalidad de Buenos Aires, Marcelo Torcuato de Alvear; del Ministro de Guerra y Marina, general Benjamín Victorica, y en instituciones como la Sociedad Rural, el Club del Progreso y el Jockey Club.[3]

En 1882, la Société du Pantéléphone L. De Locht et Cie y la Compañía Telefónica del Río de la Plata se fusionaron. La Unión Telefónica del Río de la Plata (UT), con 6000 abonados iniciales en 1886, prestó servicios telefónicos en Argentina bajo administración inglesa durante 43 años, hasta 1929, cuando pasó a manos estadounidenses al ser adquirida por la International Telephone and Telegraph company (ITT).

En 1889 se tendió, a través del río de la Plata, un cable telefónico subfluvial entre las localidades de Punta Lara (Argentina) y Colonia de Sacramento (Uruguay).[4] Distintos tipos de comunicación fueron llevados a cabo desde sus inicios en el país comenzó a regir la conmutación automática, no siendo indispensable para comunicaciones urbanas la necesidad de una operadora que desviase la comunicación.[5]

Los años 20 marcaron el inicio de la militancia gremial en el sector de la telefónica, con la formación de los primeros gremios para contrarrestar el férreo control patronal. La primera central automática Strowger se instaló en la ciudad de Córdoba en 1914, con un equipo para 2000 líneas. Para 1932 existían 69 000 líneas activas.[6] En 1943, el presidente Arturo Rawson en asociación con empresas privadas lanza un primer plan de expansión de la red a nivel nacional, pasando de 73 000 líneas activas en 1943 a 187 830 en 1947.[7]

En 1944, se funda la Federación Obrera de Telecomunicaciones de la República Argentina (FOTRA), cuyo líder Luis Gay, sería clave en la histórica jornada del 17 de octubre de 1945 y posteriormente sería uno de los fundadores y referentes del Partido Laborista, una estructura política que acompañó la elección de Juan Domingo Perón. El 20 de abril de 1950, en el marco de regularización del gremio telefónico, se crea la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), que obtiene la personería gremial el 16 de junio.

Sede de la Unión Telefónica en Buenos Aires en Defensa 143.

Para administrar el servicio telefónico el Estado creó la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), el 31 de diciembre de 1946 asumieron sus funciones las autoridades de la flamante empresa, en el Edificio de calle Defensa 143. Se buscaba con ello obtener la argentinización de las grandes compañías de servicios públicos de capitales foráneos, según indicó el vicepresidente del IAPI, Carlos Devries. El subsecretario de Industria y Comercio, Ildefonso Cavagna Martínez, y el gerente general del Banco Central de la República Argentina, Orlando Maroglio, presidieron el acto en que fueron puestos en sus cargos el presidente de EMTA, el doctor Alberto R. Fretes, y los directores, Luis Francisco Gay y Arturo Sái].[8]

A través de la nacionalización de los teléfonos el Estado dejaría de limitarse solo al ordenamiento y control de las empresas telefónicas, pasando a intervenir en la provisión y venta de servicios. El anuncio se realizó a fines de agosto del 1946 y efectivamente el 3 septiembre se concretó la operación de compra ad referendum del Congreso Nacional. El convenio establecía el pago de 95 millones de dólares a la ITT por su filial argentina. La compra de la UT fue visto como un acto revolucionario y la operación fue aprobada por el Congreso con una sólida mayoría. Ante el Senado, el ministro de Hacienda, Ramón Antonio Cereijo, dio la explicación contable sobre el precio pagado por el gobierno a la ITT:

«La Unión Telefónica tenía un activo de 483 millones de pesos y un pasivo de 164. Por eso pagamos solo la diferencia: 319 millones.»

A la compañía estadounidense finalmente se le abonaron 3 millones de dólares como indemnización,[9] luego de haber controlado los servicios durante sesenta años, operando más del 90% de las líneas nacionales. Y fue seguido al poco tiempo con la compra de otras operadoras locales y la estatización de los servicios en la Dirección Nacional de Teléfonos del Estado, consolidando el control público en la mayor parte del país. Entre 1948 y 1952, a través de negociaciones particulares con cada una, se procedió a la compra de la mayoría de las empresas telefónicas del país, aumentando el número de abonados y, principalmente, la cobertura territorial de la empresa estatal, logrando unificar los servicios que muchas veces eran incompatibles y estandarizando y modernizando los mismos. A consecuencia de la nacionalización entre 1948 y 1955 las tarifas tendrán una caída del 73 por ciento, mientras que Argentina liderará el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina a lo largo de tres décadas. La ampliación de los servicios telefónicos se incorporó como uno de los ejes del Segundo Plan Quinquenal puesto en marcha en 1952, con el propósito no solo de llegar a más sectores de la población, sino también de promover el desarrollo de la fabricación local de equipamiento (Herrera, 1989). La empresa estatal pasó de los 120 000 abonados en 1946 a 3 710 000 para 1953.[10]

Perón dedicó palabras tranquilizadoras para el capital extranjero:

«La sensibilidad argentina se halla favorablemente predispuesta hacia los capitales y técnicos extranjeros. Esta sensibilidad, no obstante su indeclinable afán de recuperar los servicios públicos esenciales, no admitiría una injuria, una desconsideración hacia los capitales extranjeros, que tuvieron fe en el país cuando no se había formado aún el ahorro nacional.

Durante la década siguiente, sobre la base de la financiación del Estado nacional, comenzara importante expansión del servicio, con la instalación de nuevos tendidos y centrales locales, y la integración de la red, mediante nuevas líneas troncales, una modernización de los aparatos y la expansión a todo el territorio nacional.

Durante la década de 1990 el presidente Menem llevó a cabo privatizaciones masivas, entre ellas la de Entel.

La privatización de ENTel fue una de las primeras y más importantes del gobierno de Menem,[18] dirigidas por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi. El proceso fue conducido por María Julia Alsogaray, quien tenía a cargo la empresa.

Para privatizar la compañía se crearon las empresas Sociedad Licenciataria Norte S.A. y Sociedad Licenciataria Sur S.A. —luego Telecom Argentina y Telefónica de Argentina, respectivamente— y dos para los servicios de comunicaciones internacionales y télex.[19]

Durante el proceso de privatización, hubo un drástico ajuste en el personal de la compañía. Las empresas privatizadas ofrecieron retiros voluntarios, así se redujo la dotación de empleados de 45 000 a menos de 20 000.[20] El porcentaje promedio de reducción de puestos de trabajo hasta 1997 alcanzó el 57%.[21] Diez años después, el número se había reducido a menos de 10 000 empleados, el 75% menos desde que se hicieron cargo de ENTel. Así, se redujo sustancialmente la cantidad de personal empleado,[22] Durante el proceso privatizador, la deuda de la compañía llegó a un récord de US$ 1200 millones, 780 de los cuales correspondían a Siemens. El Estado argentino asumió esa deuda a través del ente ENTel Residual[23] y se hizo cargo de todos los juicios por malas prestaciones iniciados a las empresas privadas.[24]

Antes de concretar la privatización, la interventora y diputada de la Ucedé María Julia Alsogaray, incrementó el valor de las tarifas telefónicas de manera abrupta. El 7 de febrero de 1990 el aumento fue del 112%, elevándose a más del 300% a fines del mismo mes.[22] ENTel fue cotizada en US$ 1 900 000 cuando, según estimaciones, su valor real triplicaba esa suma.[25] Por las irregularidades en su privatización, Alsogaray fue condenada por fraude a la administración pública a cuatro años de prisión.[26] La denuncia incluyó la transferencia de bienes que no eran de ENTel a las empresas privadas. Además el inventario de los bienes de ENTel se realizó después de realizadas las ofertas de las compañías interesadas.[27] En 2013, la ex interventora quedó declarada penalmente responsable del delito de «administración fraudulenta» en contratos durante la privatización siendo sentenciada a 4 años de prisión.[28] habiendo sido anteriormente condenada por enriquecimiento ilícito y obligada a devolver el dinero.[29][30][31] En 2015, Alsogaray fue nuevamente condenada por otro juicio por «defraudación en perjuicio de una administración pública».[32][33] Las tarifas sufrieron aumentos tales, que las ubicaron entre las más altas del mundo, mientras que la planta de trabajadores se reducía.[34] El subsidio a la empresa privada se manifestó a través de la absorción, por parte del Estado, de sus deudas, que en el caso de ENTel aumentó en un 122% durante la intervención de María Julia Alsogaray, por medio de contrataciones a empresas de los grupos Pérez Companc y Techint, y compras sobrefacturadas a la subsidiaria de Siemens en Argentina.[25]

Líneas telefónicas fijas cada 100 habitantes desde 1975 a 1999. La línea naranja indica el momento de la privatización de ENTel.[35]

Durante el proceso de privatización, hubo un ajuste progresivo del personal de la compañía: se redujo la dotación de empleados de 45 000 a menos de 20 000.[20] El porcentaje promedio de reducción de puestos de trabajo hasta 1997 alcanzó el 57%.[21] Mientras se llevaron inversiones en tendidos troncales para interconectar grandes centros urbanos.[22] [35] se modificó el Plan de Numeración Nacional. En 2010 el total de líneas telefónicas fijas en el país llegó a 8,59 millones.[36] Por otra parte, el costo de instalación de línea telefónica bajó hasta llegar en el año 1996 a un valor de U$S 250, el cual correspondía al valor internacional promedio para redes maduras.[37]

Por otro lado, si bien la prédica privatista esgrimía romper el monopolio estatal de ENTel, las empresas adjudicatarias monopolizaron el servicio al país en dos regiones, Norte y Sur, esto transformó a los usuarios en rehenes de las empresas. También puede señalarse que esto redundó en tarifas más caras en comparación con países vecinos.^{[cita requerida]}

Aunque ENTel perdía U$S 500 millones cada año^{[cita requerida]}, luego de la privatización, entre 1991 y 1999, Telefónica de Argentina y Telecom Argentina acumularon, en conjunto, 5590 millones de dólares en concepto de utilidades contables, triplicando los 830 millones que supuso el desembolso realizado para comprar ENTel.[38]

El logotipo de Entel era de forma circular, representando una letra "e" minúscula, formado por un círculo de color azul o blanco, con el diseño de un disco de teléfono en la parte superior (representando el "globo superior" de la letra "e") y el del extremo (indistinto) de un tubo telefónico en la zona media-inferior (representando la abertura de la letra "e"). Este logotipo fue replicado en las boletas de teléfono, en las cabinas telefónicas y los cospeles.

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  Cospel para llamadas locales (anverso)
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  Cospel para llamadas locales (reverso)
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  Cospel para llamadas de larga distancia (anverso)
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  Cospel para llamadas de larga distancia (reverso)

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  Tapa del cableado de ENTel
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  Tapa de Teléfonos del Estado
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  El logotipo de Entel