Gobierno de Argentina

Organismo independiente instituido en el ámbito del Congreso Nacional, con plena autonomía funcional, para la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos constitucionales y legales así como para el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Elegido para un mandato de 5 años que podrá renovarse una sola vez, por dos tercios de los miembros presentes en cada una de las Cámaras del Congreso Nacional.

Eventualmente el país no tiene representante en la Defensoría del Pueblo Nacional. Pese a ello, sigue funcionando. El último Defensor del Pueblo Nacional fue Anselmo Agustín Sella, desde 6 de abril de 2009 hasta el año 2013.

El defensor del Pueblo (del sueco ombudsman, comisionado o representante), es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante abusos que puedan cometer los poderes ejecutivo y, en su caso, legislativo de ese mismo Estado. Algunos autores defienden que el Justicia de Aragón es el precursor del Defensor del Pueblo, que procede de la Constitución Sueca que estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial. De ahí que en diversos idiomas se haga referencia a su nombre en sueco Ombudsman. En los países hispanohablantes se denomina comúnmente Defensor del Pueblo, mientras que en los países francófonos suele llamarse Médiateur de la République y en los catalanófonos Síndic de Greuges. Algunos países también lo han titulado Defensor de los Ciudadanos.

Del mismo modo, existen diferencias entre el ombudsman y el defensor del pueblo en España, ya que mientras el Ombudsman fue diseñado para supervisar la Administración pública, el Defensor del Pueblo utiliza esta supervisión como instrumento para defender los derechos y libertades fundamentales, tal y como se desprende del art. 54 de la CE y de su ubicación dentro del Capítulo IV del Título I.

La legitimación democrática del Defensor del Pueblo es indudable, pues en todos los casos procede de la elección parlamentaria, con mayoría cualificada y tras debate público sobre la figura del candidato. Sin embargo, es independiente del Parlamento, el cual no puede enviarle instrucciones ni cesarle, salvo por causas tasadas. Se ha señalado que la efectividad de esta figura queda limitada por su incapacidad de imponer coactivamente sus decisiones a las autoridades concernidas. Su capacidad de control reside sobre todo en la razonabilidad o persuasión de sus argumentos, por lo que adquiere un carácter más político que judicial. Sin embargo, la experiencia demuestra que buena parte de sus recomendaciones suelen ser atendidas por los poderes públicos.

En algunos países, el Defensor del Pueblo tiene capacidad para presentar acciones o recursos ante la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, en su caso.

El Defensor del Pueblo se ha desarrollado especialmente en el continente americano, siguiendo el modelo español. Las instituciones del continente se agrupan en la [1]Federación Iberoamericana de Ombudsman, organización muy activa en la defensa de los derechos humanos en la región, que publica anualmente un importante Informe sobre derechos humanos.

Todas las provincias excepto la provincia de Buenos Aires, se encuentran divididas en distritos llamados departamentos. Los departamentos son simplemente divisiones administrativas; no tienen estructuras gubernamentales o autoridades propias. A su vez son divididos en municipios (ciudades, pueblos y villas). Cada provincia tiene sus propias convenciones de nomenclatura y diferentes sistemas de gobierno para diferentes tipos de municipalidades. Por ejemplo, la Provincia de Córdoba tiene municipios (ciudades) y comunas (pueblos); la Provincia de Santa Fe incluso distingue entre la primera y segunda categoría municipios; mientras que la Provincia del Chaco refiere a todos los centros poblados como municipios en tres categorías.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema diferente. Su territorio está dividido en 134 distritos llamados partidos, los cuales son técnicamente municipios, aun cuando normalmente contienen diferentes ciudades y pueblos. Sin importar la provincia, cada departamento/partido tiene una cabecera, aunque a menudo no es necesariamente el mayor centro urbano, y en algunas provincias pueden ser llamados como el distrito donde se encuentran.

Los municipios están dirigidos por gobernantes llamados intendentes en el caso de las ciudades y pueblos (los de mayor categoría). Una ciudad tienen un cuerpo legislativo llamado Concejo Deliberante. Los pueblos más pequeños tienen sistemas más simples, a menudo gobernadas por una comisión, presidida por el Presidente Comunal u otra autoridad similar.

Escudo de la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires es la capital federal de la república y fue declarada una ciudad autónoma luego de la Reforma de la Constitución Argentina de 1994. Se organiza como un Estado autónomo, regido por una constitución y tres poderes.

La ciudad se encuentra representada en el Congreso Nacional según las mismas reglas que las provincias, mediante tres senadores (dos por la mayoría y uno por la minoría), y diputados en proporción a su población, todos ellos elegidos por voto directo. El Poder Ejecutivo de la ciudad se encuentra a cargo de un Jefe de Gobierno.

Debido a que la Ciudad de Buenos Aires no es todavía una provincia, sino que goza de un régimen de autonomía garantizado por la Constitución Nacional, existen divergencias, tanto en el mundo político como jurídico, sobre los alcances y límites de esa autonomía.

Es al Congreso de la Nación al que le corresponde precisar las limitaciones de la autonomía porteña. Ello ha sido realizado por la Ley N.º 24 588 de 1996, conocida como Ley Cafiero. Entre las limitaciones establecidas por la Ley Cafiero se encuentran varios fueros judiciales (civil, penal, laboral, comercial), la policía de seguridad, varias áreas del transporte, facultades en materia de política laboral, la zona portuaria, etc. Estas limitaciones han generado reclamos por parte de varios sectores políticos porteños[21] y en general los porteños y los ciudadanos del resto de las provincias tienen puntos de vista considerablemente diferentes sobre las limitaciones a la autonomía de Buenos Aires, sobre todo en materia presupuestaria (de dónde debieran provenir los fondos para sostener esas actividades).

El estado liberal en la Argentina asume dos formas: la vertiente oligárquica, que se extiende desde 1853 hasta 1916, momento en que asume el poder el primer gobierno ejercido por un partido de masas moderno y la vertiente democrática que se extiende desde 1916 hasta 1930 con el derrocamiento de Yrigoyen. Una caracterización general del estado liberal en cualquiera de sus vertientes, no puede dejar de lado al menos tres grandes cuestiones:

1. A mediados del siglo XIX cuando el contexto mundial se caracterizaba por el desarrollo de un capitalismo creciente, se hacía imperiosa la participación de las nuevas naciones en la economía capitalista mundial. Para esto el estado argentino elabora un proyecto político con un objetivo claro: la inserción de la Argentina en el comercio mundial, asumiendo un modelo de desarrollo agroexportador, cuya unidad de producción fue la estancia. Este modelo se basaba en promover un desarrollo capitalista dependiente sustentado en afluencia de capital y mano de obra extranjeros. Estos dos elementos, asociados a las grandes extensiones de tierras, producirían materias primas destinadas a la exportación para satisfacer la demanda de los países centrales.
2. Por otro lado, alcanzar la pacificación social se hacía indispensable para generar una mayor confianza en el exterior en relación con la estabilidad del país y aumentar la credibilidad de sus instituciones. Tal como sostiene Oszlak, el estado necesitaba generar bases concensuales de dominación para sustentar su legitimidad como una de las dimensiones de la ¨estatidad¨ que paulatinamente iba construyendo. No alcanzaba ya con la dominación por la fuerza de las armas, sino que era necesario generar una modificación profunda de las fuerzas tradicionales de organización social y ejercicio del poder político. En tal sentido, el estado nacional despliega distintas estrategias para hacerse presente en todo el territorio del país. Esta presencia estatal creciente en los distintos planos de la sociedad, adopta diversas modalidades que Oszlak caracteriza de la siguiente manera: una primera modalidad represiva, que supuso la organización de una fuerza militar unificada y distribuida territorialmente, con el objeto de prevenir y sofocar todo intento de alteración del orden impuesto por el estado nacional. Una segunda, que denomina cooptativa, incluyó la captación de apoyos entre los sectores dominantes del interior, a través de la formación de alianzas basadas en compromisos de prestaciones recíprocas. Una tercera, material, presupuso diversas formas del estado nacional, a través de la localización en territorio provincial de obras, servicios y regulaciones indispensables para su progreso económico. Y una cuarta y última, que llama ideológica, consistió en la creciente capacidad de creación y difusión de valores, conocimientos y símbolos reforzadores de sentimientos de nacionalidad que tendían a legitimar el sistema de dominación establecido.
3. Esta es la tercera cuestión de importancia en el estado liberal, la necesidad de construir una identidad nacional para la definitiva conformación de la nación.

Esto se encuentra fuertemente vinculado con la llegada de inmigrantes portadores de culturas y tradiciones diversas que venían a satisfacer la demanda de mano de obra que crecía junto con la economía.

El año 1890 es considerado como un punto de inflexión en la historia política de Argentina. Este fue el año de un gran levantamiento popular tras una crisis económica que había acentuado la miseria de las clases trabajadoras y empobrecido a las clases medias. Es también la aparición de la llamada "generación de 1890", incluyendo a Leandro N. Alem (futuro fundador de la Unión Cívica Radical), Lisandro de la Torre (futuro fundador del Partido Demócrata Progresista) y Juan B. Justo (futuro fundador del Partido Socialista). Esta nueva generación de políticos favorece una forma de unión de las clases obreras y clases medias, bajo la dirección de estas últimas, contra el poder de los terratenientes, grandes comerciantes y banqueros. La Unión Cívica radical -que, tras el suicidio de Alem, quedó bajo la dirección de Hipólito Yrigoyen- se convirtió en la principal expresión de las clases medias y, en menor medida, de las clases trabajadoras. A partir de 1892, sus tácticas combinaron un equilibrio entre el uso de la vía electoral legal y la adopción de la vía insurreccional.[28]

En 1916 el estado liberal oligárquico cambia de régimen político. Con el ascenso del radicalismo yrigoyenista al gobierno, se pasa de la democracia restringida a la democracia ampliada, en virtud de las luchas por la libertad política y por la democracia implementadas por la UCR. Si bien con la llegada de este partido al poder, el estado cumple funciones de armonizador de los distintos intereses sociales, no hubo una ruptura con el modelo político-económico imperante, ya que la clase oligárquica dominante continúa siendo hegemónica en virtud de haberse mantenido la visión del desarrollo y el progreso económico sustentado por los conservadores. En otras palabras, al no cambiar el modelo de acumulación y al mantener el conservadurismo su presencia en ciertos lugares estratégicos del marco político-institucional, el radicalismo yrigoyenista no puede ejercer plenamente el poder otorgado por el triunfo eleccionario. Por esta razón, García Delgado habla de un cambio de régimen político dentro de un mismo modelo de estado.

El gobierno radical finaliza en 1930 con el golpe de Estado que dará comienzo a la restauración conservadora. Se manifiesta así la decadencia del modelo agroexportador y comienza un recatado proceso de industrialización que sentará las bases para el surgimiento de una nueva fuerza política: el sector obrero, que se incorporará a la vida política en la siguiente década con el peronismo. El proyecto industrializador de los conservadores es un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. La estrategia de la élite tradicional (terrateniente) fue cambiar algo para que la estructura socioeconómica de base pudiera mantenerse.

El estado de la década de 1940 asume un papel mucho más activo, adquiere un perfil de mayor autonomía. Su función no será, a partir de este momento, traducir en políticas públicas los intereses de un sector de la clase dominante, sino articular esos intereses con los de élites provenientes de otros sectores propietarios, inmersos todos ellos en un proceso de acumulación de capital. El estado se torna mucho más intervencionista de lo que había sido en el pasado.