Fernando Castro Trenti

Su formación en el sector público proviene de la Administración del Aeropuerto Internacional de Tijuana "Abelardo L. Rodríguez", Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la zona costa de Baja California, Subdelegado Federal de la Secretaria de Ecología y Desarrollo Urbano (SEDUE) de la zona costa de Baja California, Delegado federal de la Secretaría de Pesca en Baja California (SEPESCA), Delegado Federal de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en Baja California, Secretario del XVIII Ayuntamiento de Tijuana (2004-2007), Secretario de Gobierno Municipal; Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Senadores y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados.

A su paso por la administración pública federal trabajó por el desarrollo del Estado en la creación de empleos y ordenamiento de las actividades públicas.

Asimismo, incorporó a la comunidad académica y científica en la toma de decisiones en la administración de los recursos naturales del Estado y, en los momentos de crisis económica, frenó las prácticas desleales de comercio que perjudicaban al consumidor con el “re etiquetado” de productos básicos, logrando concretar acuerdos trascendentes entre las cadenas comerciales de tiendas de autoservicio y la comunidad.

Como Administrador del Aeropuerto Internacional de Tijuana, impulsó el mayor tráfico de vuelos de las aerolíneas comerciales, mejoró sustancialmente el trato al usuario en los servicios que ofrecían las aerolíneas y llegó a ubicarse como la mejor administración de aeropuertos en el país en su época.

En la delegación de Profeco, en plena época de crisis por las constantes devaluaciones de la moneda, la delegación a su cargo estableció como horario de oficina de 8 de la mañana a 11 de la noche. Dicha institución trabajo todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos y días festivos.

Combatió la corrupción de inspectores llegando a poner a disposición de la policía judicial del Estado a una pareja de inspectores en el momento en que procedían a extorsionar a un hospital administrado por una comunidad religiosa. Renovó totalmente dicho departamento incorporando a jóvenes universitarios, y estableció una nueva política para negocios sorprendidos con alteración la de precios, pesajes o contenidos menores a los ofrecidos, para que, en lugar de clausurar a las empresas, éstas resarcieran el daño a la comunidad y aplicaran descuentos superiores al 3% del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico de esa época.

En la subdelegación de SEDUE combatió los procesos industriales contaminantes, no sólo con la aplicación de sanciones, sino con procesos de motivación e impulso de renovación tecnológica. Además, estableció el intercambio entre prestadores de servicios para que estos a su vez beneficiaran a la comunidad.

Logró que empresas recicladoras donaran pintura y pipas con agua para pintar escuelas, además de vender al costo un día específico de la semana los recipientes de 200 litros de agua en las colonias que carecían del servicio.

Organizó jornadas comunitarias con padres de familia, apoyado por el ejército mexicano, para la rehabilitación de escuelas primarias, en las que se remozaban las instalaciones eléctricas, pintura, ventanas. Por otra parte, puso en marcha un novedoso sistema de compensación a la sociedad, consistente en que empresas que en algún tiempo habían sido contaminadoras, construyeran aulas escolares.

En la delegación pesquera (SEPESCA), creó el primer Comité de Administración de los Recursos Pesqueros del Estado, único en todo el país. Este comité fue integrado por los pescadores de organizaciones pesqueras, el Instituto de Investigaciones Pesqueras de la Secretaría de Pesca del gobierno federal y el Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la UABC.

A su paso por dicha responsabilidad, creó las zonas integrales de pesca estableciendo planes de manejo para las especies marinas, combatió la pesca furtiva, y regularizó a familias de pescadores que la practicaban, generando un reordenamiento de la actividad. Fue, también, el primer Estado en el país en transferir las facultades de inspección y vigilancia a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), convencido que la concentración de facultades de administración de recursos naturales y las funciones de inspección y vigilancia, es generadora de opacidad.

Esta política continuó al desaparecer la Secretaría de Pesca e incorporar sus facultades a la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca.

Se distinguió por el combate de incendios forestales y por las labores de prevención en las zonas de mayor riesgo. Apoyó el movimiento ciudadano generado en contra del otorgamiento que hizo el Instituto Nacional de Ecología de permisos de aprovechamiento del borrego cimarrón, símbolo de la máxima casa de estudios estatal, hasta lograr la revocación de dichos permisos.

Dentro de las actividades gremiales, fue presidente del Colegio de Abogados "Emilio O. Rabasa de Tijuana A.C." y Presidente de la Federación Estatal de Asociaciones, barras y Colegios de Abogados del Estado.

Goza de una sólida formación legislativa: Diputado Local, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, legislatura en la que presidió la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Estado de Baja California; Diputado Federal, Presidente de la Comisión de Comunicaciones; Senador de la República en la LXI Legislatura Federal, habiendo presidido las comisiones de Comunicaciones y Transporte del Senado de la República, de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República y de Administración del Senado de la República; y Consejero Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).

Como Senador de la República fue el único legislador federal del estado en haber sido integrante de todas las comisiones permanentes, estando por ello en funciones los 12 meses del año, los 6 años de su gestión. Por esta razón, los resultados superan en los anales de la historia en los últimos 50 años, convirtiéndolo en el legislador de Baja California que más iniciativas presentó y le fueron aprobadas, así como los puntos de acuerdo y las gestiones realizadas en favor de las causas del Estado de Baja California. Como por ejemplo: la rehabilitación de la carretera escénica Tijuana-Ensenada; la construcción de 4.2 kilómetros de carretera en la Ruta del vino El Sauzal-Guadalupe; la rehabilitación de caminos rurales; el mejoramiento y ampliación en algunos casos de las carreteras federales; la flexibilización del control de dólares impuesto por el gobierno federal; la lucha contra el Siave, apoyos -incluso con donación de un día de sueldo de todos los senadores del país- para la rehabilitación de la zona agrícola de Mexicali devastada por el terremoto del 2010, incluyendo la zona contaminada por la operación de la Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, logrando un compromiso de inversión de más de 800 millones de pesos.

Otra de sus iniciativas consistió en impulsar el cobro por segundo las llamadas de teléfonos celulares, para el beneficio de millones de usuarios, y la aprobación de sanciones hasta de 100 mil días de salarios mínimos a las empresas de servicios telefónicos que cobren por servicios no solicitados y no contratados por el usuario, y el pago por segundo por el consumo de celulares.

Abogó para la transparencia de las tarifas que aplica la Comisión Federal de Electricidad a los industriales del Estado, así como el impulso para que la División Baja California de CFE y la carretera de cuota Tijuana-Ensenada pasen a la administración del Estado.

Promovió la creación de un fondo de 50 millones de pesos entregado para el apoyo a la industria vinícola del país; impulsó el apoyo a los productores de cerveza artesanal en su lucha por la generación de un régimen fiscal especial; y la creación de fondos locales en apoyo a la rehabilitación de las personas adictas y para los niños especiales y sus familias.

Además, luchó para lograr: el apoyo de la ampliación de la clínica DIF-Tecate; y la modernización de la infraestructura deportiva de Tecate, y fondos para la modernización de sus calles y avenidas, así como la modernización del Boulverad Benito Juárez de Playas de Rosarito.

Entre las acciones legislativas más importantes en favor de la comunidad fueron: la creación de la cuenta básica bancaria sin cobro de comisiones de manejo y uso de tarjeta de débito para personas con ingresos de hasta 10 mil pesos mensuales; reglas para la transparencia de los intereses y comisiones cobradas por bancos; y sanciones para buró de créditos que no registren en los asientos de deudores los pagos oportunos realizados por estos en cumplimiento de sus contratos, así como sanciones para las intimidaciones del mismo buró.

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