Frank Teruggi

El 11 de septiembre de 1973, el palacio presidencial chileno fue bombardeado, y presidente Salvador Allende se suicidó. Un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet tuvo lugar en Chile y se impuso un Dictadura Militar.[4] Se ha referido como el golpe chileno de 1973. La muerte de Teruggi, así como la muerte de otro periodista Charles Horman , se produjeron como parte de la ola de asesinatos, torturas y secuestros que se llevó a cabo cuando la Dictadura Militar solidificó su control sobre el gobierno de Chile. La muerte de Teruggi, junto con la muerte de Horman fueron objeto de la película Missing 1982 de Costa-Gavras.[5]

El 20 de septiembre de 1973, nueve días después del golpe de Estado, Frank Teruggi, de la misma manera como Charles Horman , fue capturado por los militares chilenos en su casa y llevado al Estadio Nacional en Santiago, que se había convertido en un campo de concentración, donde fueron interrogados y torturados y muchos prisioneros fueron ejecutados.

En la película Missing, de Costa-Gavras, Teruggi es representado como un colaborador para un pequeño periódico y amigo de Charles Horman que había hablado con varios agentes estadounidenses que ayudaron al gobierno militar chileno. La película se basa en el descubrimiento de Horman de la complicidad de los Estados Unidos en el golpe, lo que condujo a su detención secreta, desaparición y ejecución.

1. ¿Quiénes eran los altos oficiales en servicio activo de las fuerzas armadas chilenas que a las 8.00 a.m. del 22 de octubre de 1970, día del asesinato del entonces comandante en jefe del ejército René Schneider, tuvieron una reunión con el agregado militar de la embajada de Estados Unidos, quien les entregó seis sub ametralladoras, equipos de gases y máscaras?[15][16]
2. ¿Que actividades hubo en las naves de EE.UU. que estuvieron en Valparaíso durante los días anteriores y durante la ejecución del golpe?[15]
3. ¿Quiénes eran los estadounidenses que habrían participado en allanamientos en Viña del Mar?[15]
4. ¿Quiénes eran los comandos que dicen haber venido a Chile y en qué acciones participaron?[15]
5. ¿Quién autorizó esas acciones?[15]
6. ¿Qué papel tuvieron los agentes de la CIA, que renovaron las relaciones "oficiales" con sus congéneres chilenos tras el golpe, en la creación y operaciones de la DINA en Chile y en el exterior?[15]
7. ¿Que rol tuvo la embajada de EE.UU. en la detención e interrogatorio de más de doce jóvenes estadounidenses en los días posteriores al golpe y en el asesinato de Horman y Tarrago?[15]
8. ¿Quién era el estadounidense presente en el noveno piso del ministerio de Defensa cuando se decidió ejecutar a Charles Horman?[15]

A casi 40 años del asesinato del joven periodista estadounidenses Charles Horman Lazar, de 30 años, ultimado por el ejército chileno el 17 de septiembre de 1973, y su amigo Frank Randall Teruggi Bombatch, 24 años, estudiante de economía muerto cinco días después,[17] el juez especial Jorge Zepeda Arancibia, ministro fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó el procesamiento por homicidio calificado del capitán de navío estadounidense Ray E. David Charles,[17] a la sazón Comandante de Grupo de la Misión Militar de Estados Unidos en Chile.[17][El magistrado también pidió a la Corte Suprema que autorice la solicitud de extradición del estadounidense Ray E. David Charles para que sea juzgado en Chile.[17]

El autor material del asesinato fue el brigadier en retiro del ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, subdirector de la DINA,[17] preso por numerosos asesinatos relevantes, como los del ex canciller Orlando Letelier en Washington (1976) y el comandante en jefe, general Carlos Prats en Buenos Aires (1974), condenado –además– a cadena perpetua en París por matar a 4 franceses.[17]

"Que, con el mérito de los antecedentes reseñados, más la declaración de Pedro Octavio Espinoza Bravo, de fojas 5.437 y siguientes, aparecen presunciones fundadas para estimar que ha tenido participación en los referidos delitos de homicidio calificado, previstos en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera del Código Penal, en las personas de Charles Edmund Horman Lazar y de Frank Randall Teruggi Bombatch, en calidad de autor".

Sentencia del Juez Zepeda[17]

Un juez chileno procesó en enero de 2012 a un oficial naval jubilado de EE. UU., el capitán Ray E. Davis, por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Chile durante el golpe de Pinochet, que fue apoyado por EE. UU. en 1973. La acusación indica que militares de EE. UU. y la CIA pudieron haber sido responsables del “asesinato por Seguridad Nacional” de dos estadounidenses varias décadas antes del inicio de la guerra contra el terrorismo. Los dos estadounidenses eran periodistas –Charles Horman, de 31 años, y Frank Teruggi,[nota 1] de 24 años–. Ambos jóvenes fueron hechos prisioneros y ejecutados a sangre fría durante el golpe de Pinochet en 1973.Por décadas, jugando al inocente, la CIA negó cualquier implicación en estos asesinatos. Luego, en 1999 un documento desclasificado del Departamento de Estado reveló que la CIA había desempeñado de hecho, un cierto papel no identificado por lo menos en el asesinato de Horman.[18]

El ministro de fuero, Jorge Zepeda, solicitó a la Corte Suprema de Chile, el 19 de abril de 2012 que trámite la solicitud de extradición del exmilitar estadounidense Ray E. Davis, procesado por los homicidios de los ciudadanos norteamericanos Charles Horman Lazar y Frank Teruggi Bombatch, días después del golpe militar en 1973.[19] Según la solicitud de extradición el periodista Charle Horman y el estudiante Frank Teruggi, fueron detenidos luego del golpe del golpe, siendo llevados al Estadio Nacional, donde fueron asesinados.[19]

..."el homicidio de Charles Horman Lazar se produjo durante las operaciones secretas en contra de ciudadanos estadounidenses y formó parte de la actividad de 'Inteligencia' de Ray E. Davis en su calidad de sujeto oficial de Comandante del Grupo de la Misión Militar de los Estados Unidos de América en la embajada en Chile", ...

Resolución del Juez Zepeda en el Sitio Web del Poder Judicial de Chile[19]

La solicitud de extradición será analizada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, después de revisar el informe de la fiscal judicial del máximo tribunal.[19][20][21] Finalmente, la 2° Sala de la Corte Suprema dio curso a la solicitud de extradición[22]

Un certificado de defunción emitido en Santiago dice que Ray E. Davis murió de una “falla multisistémica” el 30 de abril de 2013 , a la edad de 88 años. En ese momento, él estaba viviendo en un hogar de ancianos en Providencia. Un empleado aseguró a New York Times que Davis se encontraba hace un año en el lugar, supuestamente aquejado de Alzheimer.[23] Registros en el cementerio Parque del Recuerdo en Santiago también muestran que un Ray E. Davis fue incinerado allí, pero que sus restos fueron trasladados a otro lugar.

“¿Cómo es que nadie notificó al sistema judicial chileno o la Embajada de EE.UU. que Ray Davis estaba en Chile, cuando ahora parece que él había estado en Chile durante un año?

Joyce, viuda de Charles Horman.[24]

La familia Lutz Herrera ha insistido desde la década del '70 en que no resulta consistente con la trayectoria personal y profesional de su padre que este se hubiera involucrado en el asesinato de opositores al régimen, especialmente considerando que el asesinato de Augusto Lutz se habría debido precisamente a su oposición a Pinochet y la DINA.[25]

Investigaciones sobre la conjura golpista como las de Patricia Verdugo (Interferencia secreta), Ignacio González Camus (El día que murió Allende), Mónica González (La conjura: los mil y un días del golpe) y Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda (La historia oculta de la Dictadura Militar) no le asignan al Gral. Lutz ningún rol en ella[26] Después del golpe Lutz intercedió por varios detenidos[27] y puso en libertad a otros[28] No alcanzó a estar ni un mes en su cargo como Director de Inteligencia del Ejército, y para el año siguiente fue hallado muerto[29] en misteriosas circunstancias.[30]

El fallo del juez Jorge Zepeda señaló que “La decisión de dar muerte a Charles Horman Lazar, por tratarse de un detenido extranjero, se dispone por el Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional”.[31]

El juez Jorge Zepeda condenó como autor del asesinato de Charles Horman a quien en 1976 sería subjefe de la DINA, el entonces mayor de Ejército Pedro Espinoza Bravo, pero no logró acreditar que la muerte hubiera ocurrido en el Estadio Nacional ni que Espinoza hubiera estado en el recinto deportivo. Ninguno de los miles de detenidos que pasaron por el Estadio ha testimoniado (en el proceso por la muerte de Horman o en otros) haber visto u oído hablar de Espinoza Bravo, pero sí de Jorge Espinoza Ulloa, coronel de ejército a cargo del Estadio.[32]

Respecto a este fallo del juez Jorge Zepeda, Peter Kornbluh, investigador ligado a la Fundación Horman y autor de Los EE. UU. y el derrocamiento de Allende: una historia desclasificada y Pinochet: los archivos secretos, ha declarado que "los detalles de su muerte y por qué fue asesinado aún están nebulosos" ("the details of his death and why he was killed are still murky").[33] y que aunque el juez citó varios documentos desclasificados como fundamento para su resolución, “ninguno de ellos vincula a Davis o Espinoza con los crímenes” (“none of them tie Davis or Espinoza to the crimes”).[34] Siendo aún más categórico, Kornbluh afirmó que "el juez tendrá que presentar "evidencias concretas"[34] Incluso el Punto Final, periódico ligado al MIR, lamentó que en la resolución de Jorge Zepeda “no se revela el papel exacto que cumplió Espinoza -hoy cumpliendo condena por otros asesinatos- en los crímenes de ambos jóvenes estadounidenses, ni tampoco qué funciones tenía cuando ocurrieron los hechos".[35]

El semanario El Siglo, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Chile, se ha sumado a las voces que reclaman ante lo que consideran una pésima labor judicial: "¿La imputación a Espinoza Bravo es, a falta de pruebas, una cortina de humo ante la dificultad de establecer la verdad? El fallo del juez Zepeda no les hace justicia a las víctimas ni, menos, entrega la verdad a sus familiares y a la comunidad".[36]

El 30 de diciembre de 2011, en un fallo divido la Corte de Apelaciones confirmó el sometimiento a proceso de Pedro Espinoza, consignando en el voto de minoría que no se había mostrado ninguna vinculación de Espinoza con el crimen.

Desde 1954 hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, González fue agente del Departamento II, Inteligencia, del Estado Mayor de la Defensa Nacional, donde cumplía labores en contra del sabotaje económico de la CIA en el país (en Corfo) desmantelando las redes de la CIA vinculadas al Proyecto Camelot en Chile en 1968, materias sobre las cuales asesoró, a solicitud del Ministerio de Defensa del Presidente Allende, entre marzo y septiembre de 1971, al Director de la Policía de Investigaciones, Dr. Eduardo Paredes. Para encubrir su labor de agente secreto se desempeñaba como funcionario de Corfo.[36]

Por los certeros informes que González realizaba, el jefe del servicio de inteligencia “del Estado Mayor de la Defensa Nacional le programó una cita con el Subsecretario del interior, Daniel Vergara, en diciembre de 1972, donde le indicó que si no se hacían ciertos cambios cruciales para mejorar la situación económica del país, entre ellos el sacar de Corfo a Pedro Vuskovic y reemplazarlo por José Cademártori, habría un Golpe de Estado en septiembre de 1973”.[37]

La oposición de Rafael González a las arbitrariedades de los sublevados contra el régimen constitucional se manifestó desde el primer día de la dictadura y "tras el golpe salvó a decenas de partidarios de la Unidad Popular de ser injustamente exoneradas, encarcelados o de una muerte segura, como el periodista Carlos Jorquera, a quien el mismo día 11 en La Moneda salvó de correr el destino de sus compañeros en Peldehue",[36] todos los cuales fueron asesinados el 12 de septiembre en el Regimiento Tacna por órdenes del Gral. Herman Brady, quien era Jefe de la II División del Ejército, con asiento en Santiago, Comandante de la guarnición de la capital, y juez militar de Santiago, por lo cual la suerte de todos los detenidos dependía de él. González contribuyó con su testimonio a aclarar lo ocurrido con los resistentes en la Moneda.[38]

El día 11 de septiembre en la Moneda González se negó a cumplir la orden del Gral. Javier Palacios de ejecutar al periodista Carlos Jorquera, quien relata que "un militar me reconoció y rompió la orden que le dieron de que me matara ahí mismo. A él le debo la vida [...] Años después, cuando ganó Aylwin, nos encontramos. Nos dimos un tremendo abrazo y hasta hoy es uno de mis grandes amigos: es el ex integrante del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Rafael González, que después fue despedido de la institución y debió salir al exilio".[39] Tras el golpe, el Gral. Palacios fue nombrado Vicepresidente de Corfo y en represalia por no haber cumplido con la orden de asesinar a Jorquera, González fue despedido de Corfo, organismo que le servía de cobertura para su trabajo de agente secreto.[40] A pesar de la crítica situación en materia de derechos humanos, el exsenador Alberto Jerez Horta relata en sus memorias cómo González se las arregló para seguir salvando vidas de perseguidos por la dictadura y “aprovechando sus funciones, el propio Rafael echó a la caldera del Hospital de la Fach las carpetas de Guillermo Sáez Pardo, Juan Ibáñez Elgueta, Héctor Ortega Fuentes y Carlos Morales Salazar, librándolos de todo peligro".[41]

En abril de 1974 el Almirante Patricio Carvajal desvinculó a Rafael González del EMDN por haberle entregado información al entonces Ministro del Interior, General Óscar Bonilla, acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en el Regimiento Tejas Verdes de San Antonio, encabezado por el entonces coronel Manuel Contreras, jefe de la naciente DINA. González fue destinado como agente de la FACH en abril de 1974, permaneciendo inactivo y sin participación alguna en actividades represivas.[36] El Gral. Bonilla se presentó en Tejas Verdes y presenció las inhumanas condiciones de los prisioneros, por lo cual ordenó el arresto del Coronel Contreras, sin embargo Pinochet anuló dicha orden y poco después el Gral. Bonilla murió en un sospechoso accidente de helicóptero. Los técnicos franceses enviados por la empresa fabricante del helicóptero para investigar lo ocurrido también murieron en circunstancias cubiertas de dudas.[42] Pinochet designó al Gral. Herman Brady como sucesor de Bonillla en el Ministerio de Defensa.

La carrera de Rafael González como agente de inteligencia llegó a su fin el 2 de septiembre de 1975 mientras cumplía con la orden de investigar denuncias sobre malversación de fondos en la FACH y fue dado de baja sin explicación alguna por esta institución. Fue alertado por el subdirector de Inteligencia de Carabineros, Coronel Pablo Navarrete, de la orden de eliminarlo emanada de la recién creada Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), por lo cual se asiló en la Cancillería de Italia, gracias a la ayuda de Octavio Abarca, un antiguo amigo suyo exsecretario del Regional Norte del Partido Comunista, y solamente pudo partir al exilio después de tres años, una vez que la DINA fue disuelta y el General Gustavo Leigh fue destituido de la FACH pues Contreras y Leigh se oponían terminantemente a su salida).[36] Rafael González sufrió el asilo más prolongado de la dictadura de Pinochet, desde el 3 de septiembre de 1975 hasta el 13 de mayo de 1978, cuando partió al exilio gracias a las gestiones que el Padre Baldo Santi, entonces Presidente de CARITAS Chile, realizó por petición expresa del Cardenal Raúl Silva Henríquez.[43]

Mientras estaba asilado en la Cancillería de Italia en Santiago, González denunció ante periodistas de CBS y del Washington Post haber visto a Charles Horman en dependencias del Ministerio de Defensa una semana después del Golpe, lo cual dio inicio a la investigación del caso Horman, ya que se hizo imposible para las autoridades norteamericanas y chilenas reclamar su ignorancia acerca de los hechos.

En 1978, una vez en el exilio en España, fue contactado (a través del exsenador socialista Erich Schnake) por Edmund Horman, padre de Charles Horman, quien lo invitó a Estados Unidos para que lo ayudara a entablar un juicio contra Henry Kissinger, la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU. por complicidad en la muerte de su hijo.[36] Joyce, la viuda de Charles Horman, declaró a CNN que solo con el testimonio de Rafael González estuvieron en condiciones para iniciar el mencionado juicio contra Kissinger, la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU.[44]

Después de su procesamiento, Rafael González creó un blog ("Justicia para Horman, justicia para González") en el cual hace un recuento de su trayectoria profesional como agente de inteligencia (1954-1975) y comenta las resoluciones del juez Jorge Zepeda, las cuales considera un montaje judicial que no hace justicia a la familia Horman, deja impune a los verdaderos responsables y lo involucra en un delito del que es ajeno.

Durante el proceso judicial aparecieron vinculados a la muerte del periodista norteamericano altos oficiales de la armada chilena, cuyos nombres habían permanecido en las sombras durante décadas en lo que se refiere al caso Horman. Se trata del Vicealmirante Patricio Carvajal, el Capitán de Corbeta Raúl Monsalve y el Capitán de Navío Ariel González Cornejo. En sus declaraciones los dos últimos (Carvajal se suicidó en 1994) alegan inocencia y acusan la participación del Ejército.

Previo al golpe, Carvajal era el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y en esa calidad ordenó entre mayo y junio de 1973 una investigación respecto a los "extremistas extranjeros" que trabajaban en Chile Films,[45] lugar donde laboraba Charles Horman. Con toda probabilidad tal orden debe haberla encomendado a quien era el Jefe del Depto. II, Inteligencia, del EMDN, Ariel González.

El 21 de marzo de 1974, Patricio Carvajal le ordena a Rafael González que asista al Vicecónsul de los EE. UU., James Anderson, en la búsqueda del cuerpo de Horman para su repatriación. Según Rafael González, lo “hicieron buscarlo y encontrarlo” para después culparlo a él y para encubrir al personal norteamericano y chileno involucrado en la muerte, porque las autoridades chilenas y norteamericanas ya conocían la ubicación de los restos en un nicho del Cementerio General[46] desde el 18.10.1973, a un mes de la muerte de Horman, cuando el Cónsul General de EE.UU., Frederick Purdy, se lo había informado oficialmente al padre (Edmund) y la viuda (Joyce) de Horman cuando estos se encontraban en el cuartel general de la Policía de Investigaciones, declarando ante el Inspector Mario Rojas Chávez.[47]

En abril de 1977 Carvajal fue condecorado por el dictador Francisco Franco. Una vez llegada la democracia fue miembro del Tribunal Supremo del partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) por dos períodos consecutivos (1988-1989 y 1989-1993).

James Anderson era un agente de la CIA que operaba bajo la cubierta de Vicecónsul de EE.UU.[48] y junto con otro agente de la CIA, John S. Hall, encubierto como agregado consular, pretendían estar ayudando a la familia Horman en su dramática situación.[49] Anderson afirmó su completa ignorancia respecto a Horman, cuando le dijo al Washington Post el 17 de septiembre de 2000 que ni el Consulado de EE.UU. ni la CIA tenían siquiera conocimiento de que Horman y Teruggi estuvieran en Chile hasta que se reportó su ausencia.[50]

Este Capitán de Navío jugó un rol clave en la historia de la conjura golpista, pues fue él quien engañó a la junta de almirantes el día 9 de septiembre asegurándoles que el ejército ya había confirmado su participación en el golpe,[51] fue él quien (acompañado por el Almirante Sergio Huidobro) convenció a Pinochet de sumarse al golpe, amenazando con que de no hacerlo, él mismo encabezaría desde Valparaíso a los infantes de marina en su avance hacia Santiago.

Con posterioridad al golpe y como jefe de la inteligencia del EMDN, coordinó la implementación de "nuevas técnicas de interrogatorio" (es decir, tortura) junto a agentes de la inteligencia brasileña.[26]

En 1973 las autoridades de EE. UU. solicitaron antecedentes del caso Horman al Ministro de Relaciones Exteriores, Vicealmirante Ismael Huerta, al para entonces Ministro de Defensa, Vicealmirante Patricio Carvajal, al EMDN, y hasta el Embajador norteamericano Nathaniel Davis le hizo presente esta preocupación al propio Pinochet. Sin embargo, Ariel González, el jefe de la inteligencia del EMDN y subordinado de Carvajal, ambos marinos, declaró no haber sabido nada del caso Horman hasta 2004, versión que ha sido cuestionada como poco creíble.[52] El investigador Jonathan Haslam cita al yerno del Gral. William Westmoreland (Comandante de las fuerzas norteamericanas en Vietnam entre 1964 y 1968) señalando que Vernon Walters (Director Adjunto de la CIA entre 1972 y 1976) operaba en chile a través de Ariel González Cornejo.[53] A pesar de estos antecedentes de Ariel González, durante los más de diez años que el juez Jorge Zepeda tuvo a su cargo la indagación judicial por el crimen de Charles Horman, jamás interrogó personalmente al exoficial de inteligencia naval Ariel González Cornejo ni le atribuyó responsabilidad alguna en el crimen. “Hoy por hoy, Ariel González Cornejo sigue paseándose libre de polvo y paja por Viña del Mar”.[26]

Para el 11 de septiembre de 1973, el Capitán de Corbeta Raúl Monsalve se encontraba en el Estado Mayor General de la Armada (EMGA) como agente de enlace con el Military Group de EE. UU. (casi todos ellos oficiales de la marina de EE. UU. ligados a la Defense Intelligence Agency, DIA), cuyo jefe era Ray Davis. Desde hacía años operaba como enlace con las redes locales de la CIA, al punto de que la propia Embajada de EE. UU. en Santiago lo describe en un informe como el oficial "más pronorteamericano" de la Armada chilena, según lo reveló una investigación realizada por la Universidad Arcis y publicada en sus Estudios Político Militares. Programa de Estudios Fuerzas Armadas y Sociedad.[54]

Con posterioridad al golpe mantuvo los contactos con la CIA y su nombre aparece en las fichas de la Colonia Dignidad (escritas y recopiladas por Gerd Seewald, colaborador de Paul Schäfer), a veces para visitar a Albert Schreiber, uno de los jerarcas de la secta pedófila, otras, como el 31 de noviembre de 1975, en compañía de un par de agentes de inteligencia norteamericanos.[26]

Monsalve también tomó parte en la persecución y exterminio de los opositores a la dictadura, como lo confirma Juan R. Muñoz Alarcón, el "encapuchado del Estadio Nacional", en su testimonio ante la Vicaría de la Solidaridad, donde declara haber trabajado para Monsalve y que éste lo llevó al Estadio Nacional.[55] Monsalve también ha sido señalado por sus subalternos de la inteligencia naval como el oficial que dio la orden de detener y liquidar a Arnoldo Camú, jefe de seguridad de la Unidad Popular, hecho que tuvo lugar en los mismos días en que Horman fuera asesinado.[56]

Cuando el 15 de septiembre de 1973 Charles Horman le pidió al Capitán de Navío norteamericano Ray Davis que lo llevara a Santiago junto a su amiga Terri Simon, Davis le pidió los salvoconductos a Monsalve, entregándole antecedentes respecto a Horman.[57]

La participación del marino Raúl Monsalve, como la del marino Ariel González, en la muerte de Horman no fue mayormente investigada por el juez Jorge Zepeda, ya que nunca los llamó a tribunales para interrogarlos personalmente y no los procesó como autores, cómplices ni encubridores, lo cual es particularmente llamativo en el caso de Ariel González, dado que, según sostiene Zepeda, el Departamento II de Inteligencia del EMDN fue el responsable de planificar y llevar a cabo la muerte de Charles Horman.

Tras el golpe, inocentemente Charles Horman y Terri Simon le solicitaron al capitán de la marina estadounidense Ray Davis que los llevara en su auto desde Valparaíso a Santiago, y Davis le solicitó el salvoconducto a su contacto con la Armada chilena, Raúl Monsalve, de hecho alertándolo sobre el paradero de Horman. Desafortunadamente, el juez Jorge Zepeda Arancibia nunca le tomó declaración a Ray Davis. Recién en 2011, ocho años después de haber procesado a Rafael González, Zepeda solicitó a EE. UU. la extradición de Davis, solicitud que como es usual demoró un largo tiempo en ser tramitada por tribunales chilenos. La respuesta de las autoridades norteamericanas fue que no era posible extraditar a Ray Davis a Chile porque Davis vivía en Santiago de Chile y además había fallecido el 30 de abril de 2013, a los 88 años. Joyce Horman afirmó que el grueso error del juez Zepeda Arancibia era "extraordinariamente frustrante"[58] y Peter Kornbluh señaló lo increíble de que el juez Jorge Zepeda estuviera trabajando "para extraditar a Davis y él estaba literalmente a menos de un par de cuadras más allá"[59]

El rol de Zepeda en la investigación ha sido severamente criticado,[60] entre otras cosas, por la ausencia de pruebas para asignar responsabilidades en el crimen;[36] por la negligencia en investigar el rol de la Armada en los hechos;[26] por no determinar el lugar de la muerte y emitir información contradictoria al respecto, insinuando que el asesinato no habría ocurrido en el Estadio Nacional,[61] pero contradictoriamente sugerir que sí habría muerto en el Estadio Nacional, de lo que se derivó el procesamiento de Pedro Espinoza, a raíz de lo cual se produjo otra negligencia importante: no haber interrogado al Mayor de Ejército Carlos Meirelles Muller, encargado de la sección Extranjería del Estadio Nacional. "Independientemente de si Horman estuvo o no detenido en el Estadio y aun de si el mayor en cuestión tenía o no incidencia en el destino de los extranjeros apresados, lo mínimo hubiera sido interrogar a quien formalmente estaba a su cargo. Tal indagación es hoy imposible, pues Meirelles Muller falleció en 2011".[26]

La incoherencia interna de la teoría del propio Zepeda respecto al crimen también ha llamado la atención: afirma, por una parte, que "la decisión de dar muerte a Charles Horman [...] se dispuso por el Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional", encabezado por el capitán de navío Ariel González Cornejo, uno de los inculpados en la querella presentada por Joyce Horman, pero el juez no lo encausó ni siquiera como encubridor o cómplice.[62]

También se han objetado las numerosas contradicciones de sus sentencias, como cuando indica que Horman fue detenido en una inspección de rutina en 1973, pero, un poco más adelante en la sentencia, asegura que fue detenido gracias a información de inteligencia suministrada por el entonces (1987) director de la CNI, el general Hugo Salas Wenzel[32]

La tendencia de hacer que todas las piezas calcen a la fuerza en el relato, como cuando mezcla el crimen de Horman y el de Frank Teruggi, el otro estudiante norteamericano asesinado tras el Golpe, atribuyendo ambos crímenes al mismo autor, "argumentando que el 'actuar' de Teruggi también giraba en torno a Chile Films. Pero Teruggi jamás tuvo nada que ver con Chile Films y Joyce Horman declaró que [...] su esposo ni siquiera llegó a conocer a Teruggi. La siguiente cita del fallo muestra a las claras lo forzado de la amalgama: 'Pero Octavio Espinoza Bravo [sic], esto es, el General Nicanor Díaz Estrada, debía ser detenido todo el personal de extranjeros [sic]. A la vez, el actuar de la segunda víctima, el ciudadano de los EE.UU. Krank[sic] Teruggi Bombatch, al igual que el ofendido Charles Horman Lazar, gira también en torno a Chile Films”'(p. 203)".[32]

En ocasiones, las sentencias del juez Zepeda han provocado sorpresa, como cuando el 4 de diciembre de 2015 emitió su pronunciamiento por la aplicación de torturas con resultado de muerte en la persona de don José Tohá, quien fuera Ministro del Interior (entre noviembre de 1970 y enero de 1972) y Ministro de Defensa (entre enero de 1972 y julio de 1973). El juez Zepeda no consideró las torturas y muerte del exministro lo suficientemente graves como para condenar a prisión a los oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías, a quienes les otorgó el beneficio de la pena remitida, con lo cual podrían cumplir su sentencia de tres años en libertad.[63]

Sin embargo, las mayores polémicas en torno a su figura se han producido en causas por violaciones a los derechos humanos, específicamente detenciones, torturas y muertes en Colonia Dignidad, donde fue duramente criticado incluso por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, como cuando durante años se negó a hacer públicas las fichas de Colonia Dignidad argumentando "razones de Seguridad del Estado". Según el directorio del Colectivo Londres 38, durante nueve años estos documentos permanecieron bajo secreto judicial, sin que se conozcan las razones de tal medida "que solo contribuyó a ocultar información sobre la forma de operar de la represión, limitó el conocimiento de más verdad sobre los crímenes y facilitó la persistencia de la impunidad".[64]

En el caso de Colonia Dignidad, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, declaró que: “como agrupación tenemos una opinión negativa del juez Zepeda, ya que él ha entorpecido el proceso judicial que siguen las agrupaciones de Derechos Humanos”[65]

Hernán Fernández, abogado defensor de las víctimas de abusos sexuales de Paul Schäfer, declaró que el juez Jorge Zepeda le "otorgó 'impunidad garantizada' a los delincuentes" cuando dejó sin efecto el sometimiento a proceso por asociación ilícita de los líderes de Dignidad que era el delito original a partir del cual se derivaban los demás. Esta acción de Zepeda "posibilitó la fuga de muchos de los cabecillas a Alemania, desde donde son inextraditables de acuerdo a la constitución de ese país", como lo indicó en una entrevista concedida a La Nación en 2006".[66] Colonia Dignidad es la misma secta que visitaba el Capitán de Corbeta Raúl Monsalve, a quien también le otorgó impunidad.

A fines de 2013 la presión social se deja sentir y Zepeda "comienza un proceso lento de entrega de información", afirmándoles a los sitios de memoria y familiares que está dispuesto a liberar información, pero enviando señales confusas sobre el número de fichas, su relevancia, sobre si existe o no el informe de inteligencia acerca de las fichas, etc. En las investigaciones de Colonia Dignidad que hace Zepeda "todo es confuso", afirmó el periodista Luis Narváez.[67]

Después de la sostenida campaña “No más archivos secretos” encabezada por el Colectivo Londres 38 y otras asociaciones de derechos humanos, a los cuales se sumaron algunos miembros del parlamento chileno, en 2014 Zepeda accedió a liberar 407 fichas para los familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos, pero lo hizo dejando más de treinta y ocho mil otras fichas bajo secreto.[68] Llamó la atención que si las víctimas de la dictadura de Pinochet son alrededor de 4.000, entonces el resto de las casi 40.000 fichas probablemente contendrían información acerca de quienes proporcionaron apoyo a Colonia Dignidad, desde miembros del parlamento, jueces, grandes empresarios, servicios del Estado, policías, fuerzas armadas y muchos otros que hicieron negocios con ellos comprando y revendiendo sus productos, incluyendo armas, munición, peligrosos productos químicos, adopciones ilegales y lavado de dinero.[69] Además, el juez se negó a entregarle al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el informe de análisis de las fichas que él mismo le había ordenado realizar a la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol) de la PDI durante seis meses en 2005. Una vez que los policías empezaron a hacer progresos, Zepeda les ordenó suspender el análisis y decretó secreto total. A todos los participantes en los varios juicios que involucraban a Colonia Dignidad, incluyendo a los abogados, se les negó el acceso al informe. El INDH apeló a la Corte para revertir la decisión de Zepeda. Dada la indignación pública, la prensa comenzó una investigación acerca de las fichas y finalmente Chilevisión dio con 45.612 fichas y se las entregó a las asociaciones de derechos humanos[70]

El año 2014 la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, la Casa de la Conferencia de Wannsee (Alemania) y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Chile) organizó el Primer Seminario Internacional sobre Colonia Dignidad, llamado "Colonia Dignidad: diálogos sobre verdad, justicia y memoria", a raíz de lo cual en 2015 se publicó el libro Colonia Dignidad: verdad, justicia y memoria. El libro documenta los crímenes y su encubrimiento durante décadas por la justicia y otros poderes del Estado. En el capítulo "Las fichas de Colonia Dignidad: dificultades de acceso, calidad de fuentes de información y proyecciones", el periodista Luis Narváez hizo un detallado recuento de las intervenciones de Zepeda en los casos de Colonia Dignidad, caracterizando su modo de trabajar de "hermético", siempre con el mismo actuario y con los dos miembros de la JIPOL, Comisarios Jaime Carbone y Alberto Torres, anticipadamente jubilados de la Policía.[71] A pesar de que varias causas de Colonia Dignidad se hallan cerradas, el juez Zepeda ha mantenido en cuadernos secretos inaccesibles a todo público importantes partes de esos casos.

Según Narváez, cuando en 2005 dos detectives encontraron las fichas de Colonia Dignidad, la reacción de Zepeda sorprendió a todos: "ordenó que los dos detectives quedaran detenidos en el cuartel bajo sospecha de obstrucción a la justicia" e impidió que esos documentos fueran analizados por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, ordenando en cambio que fueran llevados a la Jefatura de Jipol, de la que dependían los comisarios Carbone y Torres.[72] En 2007 Narváez solicitó formalmente acceso a las fichas, a lo cual Zepeda se rehusó. Cuando se cerró el caso durante el cual se habían hallado las fichas de Colonia Dignidad, Narváez solicitó acceso al expediente, lo cual era perfectamente posible según la regla, la teoría y la costumbre del sistema penal, pero Zepeda lo negó. Al menos hasta el año 2015 "dicha documentación sigue estando en la bóveda de la JIPOL".[73]

El juez Zepeda no solamente le ha negado a la prensa, familiares de víctimas y abogados el acceso al contenido de las fichas, sino que también a otros jueces les "niega sistemáticamente las peticiones y solo se abre a entregar fichas puntuales respecto de personas específicas que sean consultadas".[67] Cuando el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, propuso crear un sistema por medio de un software para que todos los jueces pudieran consultar en línea los expedientes y así optimizar recursos, tiempo y evitar que un juez volviera a investigar desde cero situaciones que otro juez ya hubiera aclarado, Zepeda destacó por su vehemencia en oponerse a tal medida, porque según él "atentaba contra la independencia de cada tribunal".[67]

Tratando de hallar la manera de avanzar en verdad, justicia y memoria, los participantes en el seminario sobre Colonia Dignidad realizaron algunos comentarios y propuestas. En primer lugar, se quejaron de que "El ministro Jorge Zepeda Arancibia ha monopolizado las investigaciones judiciales sobre gran parte de los crímenes de Colonia Dignidad. Durante casi 10 años ha conducido las investigaciones en forma lenta y poco transparente, sin lograr resultados satisfactorios" y entre otras cosas le reprochan no haber ordenado excavar en todos los puntos de Colonia Dignidad señalados por testigos.[74] En segundo lugar, hicieron la siguiente petición:

Se propone solicitar al Presidente de la Corte Suprema que se investigue la responsabilidad del juez Jorge Zepeda en el ocultamiento durante nueve años del archivo de fichas y del Informe de la Jefatura de Inteligencia Policial sobre los documentos incautados. Todo este material debe ser analizado en forma sistemática y puesto a disposición de todos los jueces que investigan causas de derechos humanos, de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad en general. Que un juez que no sea Jorge Zepeda investigue dónde está el resto de los documentos incautados en 2005 y que no corresponden a las 46 mil fichas que se entregó en copia digital al INDH.

[75]

A fines del año 2015, el juez Jorge Zepeda fue ascendido a Presidente de la Corte de Apelaciones y en marzo de 2016 absolvió a todos los acusados por la muerte y desaparición de Boris Weisfeiler en las cercanías de Colonia Dignidad en 1985 y aplicó además la prescripción de los hechos, para lo cual negó que el crimen fuera de lesa humanidad y por lo tanto tuviera la calidad de imprescriptible. Según Olga Weisfeiler, el juez Zepeda se negó a investigar la vinculación de Colonia Dignidad con la muerte de su hermano Boris. Para ella “el juez nos engañó hábilmente, a mí y a la Embajada de los EE.UU. con su 'completa' investigación”.[76]

Para empezar, el juez Zepeda afirmó haber leído la traducción al castellano de los documentos en inglés que aportaron en conjunto la Embajada de EE.UU. en Chile y Olga Weisfeiler, hermana de Boris. Más tarde reconoció que no estaban traducidos, por lo cual no los había leído. A raíz de esta negligencia, en 2011 Zepeda informó a la Comisión Valech que el caso Weisfeiler no sería un caso de derechos humanos, por lo cual esa Comisión no lo incluyó en su listado. En marzo de 2016, para justificar su aplicación de la prescripción y liberación de todos los procesados, el juez argumentó que era la Comisión la que había negado catalogarlo como un caso de derechos humanos.[77] El Gobierno de EE.UU. a través de su Embajador en Chile, Mike Hammer, emitió un comunicado en el cual señala que "La reciente resolución judicial de absolver a los ocho acusados y aplicar la prescripción en este caso, es un revés frustrante", pero que la Embajada de los Estados Unidos en Chile seguirá apoyando a la familia Weisfeiler en su búsqueda de verdad y justicia.[78] Boris Weisfeiler realizó notables contribuciones a la teoría de grupos algebraicos y gozaba de un merecido prestigio profesional, por lo cual la Sociedad Matemática de Chile (Somachi) emitió una declaración pública en la cual critican la resolución del juez Zepeda y hacen un llamado a reabrir el caso,[79] en lo cual han sido acompañados por la American Mathematical Society[80] y el Committee of Concerned Scientists.[81]

En lo que atañe a Horman, el fallo del ministro Zepeda expresa:

“La decisión de dar muerte a Charles Horman Lazar, por tratarse de un detenido extranjero, se dispone por el Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional”

Fallo del 9 de enero de 2015, Rol N° 2.182-98, p. 164

Y en lo que atañe a Frank Teruggi:

“Los antecedentes que afectaban a Frank Randall Teruggi Bombatch fueron entregados por los agentes norteamericanos al Servicio de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional”

Fallo íd., p. 169

• Hauser, Thomas (1978). The Execution of Charles Horman: An American Sacrifice. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
• Hauser, Thomas (1982). Missing. Penguin. ISBN 0-14-006453-2.
• Hevia, Evelyn; Stehle, Jan, eds. (2015). Colonia Dignidad: verdad, justicia y memoria. Santiago: El Desconcierto.