Freddy Padilla De León

El Gen. Padilla y el Alm. Edgar Cely reciben al Alm. Mike Mullen de los Estados Unidos de visita en Colombia.

Padilla de León fue nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia en noviembre de 2003, y fue promovido a comandante general de las Fuerzas Militares el 15 de agosto de 2006, en reemplazo del general Carlos Alberto Ospina Ovalle.

Bajo su mando, fueron asignados: el general Jorge Ballesteros, como comandante de la Fuerza Aérea de Colombia; el señor almirante Guillermo Barrera Hurtado, en la Armada de la República de Colombia; y el general Mario Montoya[8] fue ratificado como comandante del Ejército Nacional de Colombia.

El 24 de mayo de 2010 presentó ante el presidente Uribe renuncia del cargo, para hacerse efectiva a partir del 7 de agosto.

AL retirarse, la revista Semana ponderó sus cualidades: "Conocer de inteligencia militar ha sido su ventaja; ser estratega, su fortaleza. Desde antes de ocupar la comandancia de las Fuerzas Militares, como jefe del Estado Mayor Conjunto (2003-2006), ya había dicho que lo suyo era la estrategia, la inteligencia militar. La misma que le permitió dar contundentes golpes a la guerrilla de las Farc".

Palabras del general Freddy Padilla de León -durante la Ceremonia de reconocimiento al Alto Mando Militar, el 16 de agosto de 2006- al asumir como Comandante General de las Fuerzas Militares.[9]

"Estamos orgullosos de cuanto hemos hecho. Estas Fuerzas Militares nunca fueron inferiores a su destino y no lo serán en la hora que nos corresponde vivir. En largos años hemos sabido aprovechar nuestros éxitos innumerables, pero también aprendimos graves lecciones, templadas en la fragua del dolor y la derrota. Pero nada, ni las incomprensiones, ni las calumnias, ni los obstáculos, ni el acero enemigo, ni los reveces inevitables, podrán contra el espíritu indomable que en nosotros alienta.

La lucha siempre es dura, y el momento de la victoria final, que es el nuestro y el de ahora, trae aparejadas la responsabilidad y la gloria. Conscientes de lo que ello significa, nuestras órdenes son precisas y terminantes: vamos a ganar la guerra y vamos a conquistar la paz. El Gobierno y el pueblo de Colombia están dispuestos a darnos cuanto esté en sus manos. Lo que haga falta lo pondrá nuestro corazón.

Este supremo esfuerzo comporta decisiones oportunas y valerosas. Desde el alto mando no vamos a rehuir las que sean nuestras. Pero ninguno de nuestros oficiales y de nuestros soldados dejará de asumir el riesgo o el compromiso requeridos. En la hora suprema no caben las vacilaciones ni los errores por omisión. Sobre todo, no habrá espacio para el peor de ellos, que es el despilfarro de las oportunidades. En el ataque final, que hoy empieza, cada uno estará en su puesto y sabrá cumplir su deber. El que no se sienta con capacidad o entusiasmo suficientes para esta empresa, dirá ahora, y no más tarde, la palabra justa y razonable que le ahorre estas obligaciones enormes. Sabremos comprenderla.

No vamos a equivocarnos, en el momento culminante, en el diagnóstico de nuestro deber. Si libramos una guerra contra la agresión narcoterrorista, la destrucción del negocio de la droga es una condición de la victoria. El narcotráfico no será más un problema civil de orden público. Al contrario, estará inserto en nuestra tarea militar, para la que nos serviremos de la cooperación invaluable de y la que nunca agradeceremos bastante; la de los países amigos que nos tienden su mano solidaria, y con generosidad que no ha conocido límites nos ilustran con su sabiduría y su experiencia. Los enemigos que acabaremos de vencer, han cometido todos los ultrajes imaginables contra el género humano. Su ingenio para el mal desborda las previsiones de los Protocolos de Ginebra y lo han afinado en la más cruel, abyecta y despiadada técnica de maltrato, que es la del secuestro. Mientras alguno de nuestros compatriotas gima entre estas cadenas infames, no tendremos descanso ni daremos por concluida la faena.

Las fuerzas del terror están aisladas y cercadas. Pero no las vamos a subestimar, sobre todo en su aparato financiero, el lazo de unión con sus condiciones de sobrevivencia. Derrotar las finanzas de los bandidos en armas, bloquear su acceso a los precursores químicos, los combustibles y el cemento con que trabajan la hoja de coca y la amapola, es una orden perentoria e incuestionable. Y, junto a los cabecillas, serán tan importantes los que tienen responsabilidad armada directa, como los que hacen posible su acción detestable, a través del comercio de los alucinógenos y la financiación del equipo y el sostenimiento de sus despreciables mercenarios. La erradicación de los cultivos ilícitos, dentro de esta lógica insobornable, se vuelve también asunto de nuestro fundamental cuidado.

Seremos, acaso, el primer ejército que en la historia gane una guerra con la preocupación fundamental del respeto al Derecho Internacional Humanitario, que contemplamos desde la atalaya luminosa de nuestra Constitución y nuestras leyes. No vamos a deshonrar nuestro combate con un acto salvaje, con una crueldad o una cobardía con el vencido. Los resultados nos legitiman ante el pueblo por el que luchamos, nos justificará ante el mundo y ante la posteridad. Será mil veces preferible un revés momentáneo que soportar para siempre una indignidad.

Nunca se ganó una guerra perdiendo el respaldo popular. La abrumadora favorabilidad con que los colombianos juzgan nuestra conducta, no puede envanecernos ni torcer nuestro camino. Bajo las instrucciones del poder civil, contribuiremos a la construcción de la paz. Las tierras y los bienes de todos los bandidos que han asolado tendrán que volver a su titular legítimo, que es el pueblo de Colombia. Cada unidad militar estará obligada a denunciar las seudo propiedades de los delincuentes en derrota. Nuestra proximidad al gran escenario de los acontecimientos, nos convierte en actores fundamentales en el descubrimiento de esos activos mal habidos, y en la garantía plena de la nueva, limpia, creativa propiedad que los jueces otorguen sobre ellos.

Por nuestras limitaciones, Colombia tenía hasta hace poco perdida la soberanía sobre la mitad de su territorio. Eso no sucederá nunca más. Hay errores que no se pueden repetir y no nos faltará lo necesario para asegurar, desde el día de la próxima victoria, el bien inestimable de la paz dentro del orden.

Estas palabras están autorizadas por nuestro Comandante Supremo, el señor Presidente de cada uno de estos compromisos con la solemnidad con que un día prestamos ante nuestro juramento de honrarla, defenderla y servirla. Mejor ahora que nunca, la victoria, limpia y contundente, es el primero, inaplazable y más sagrado de nuestros deberes. ¡Firmeza y Honor!".

Al asumir como comandante general de las Fuerzas Militares, el general Padilla de León reiteró su compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

"Seremos, acaso, el primer ejército que en la historia gane una guerra con la preocupación fundamental del respeto al Derecho Internacional Humanitario, que contemplamos desde la atalaya luminosa de nuestra Constitución y nuestras leyes. No vamos a deshonrar nuestro combate con un acto salvaje, con una crueldad o una cobardía con el vencido. Los resultados nos legitiman ante el pueblo por el que luchamos, nos justificará ante el mundo y ante la posteridad. Será mil veces preferible un revés momentáneo que soportar para siempre una indignidad".[10]

Durante la gestión de Padilla de León como comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia dio impulso a reformas de vital importancia en las Fuerzas Militares:

• En áreas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; y Educación Militar.
• Priorizó la desmovilización de los integrantes de las organizaciones armadas ilegales como mecanismo para desescalar el conflicto armado, acuñando la frase: "el preferible un desmovilizado a un capturado, y un capturado a un muerto en combate".
• Incentivó el cumplimiento de Convención de Ottawa por parte de los miembros de las Fuerzas Militares.

Mediante la Directiva n.º 208 del 20 de noviembre de 2008, Padilla de León y su estado mayor instituyeron el "Fortalecimiento de las Políticas del Comando General de las Fuerzas Militares en materia de respeto, garantía y protección de los Derechos Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el marco de las operaciones militares a nivel táctico, operacional y estratégico".[11]

Precisamente, el objeto de la mencionada Directiva establece: "El Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza y los Comandos Conjuntos a partir de la fecha, fortalecen sus políticas de respeto, garantía y protección de los DDHH y la aplicación del DIH en el marco de las operaciones militares, con el fin de que éstas se ajusten a los principios de legitimidad y legalidad".[12]

Una vez conocidas las denuncias relacionadas con hechos relacionados con el Ejército y otras fuerzas que involucraban hechos dolosos, el ministro Santos y el general Padilla ordenaron la creación de una comisión de alto nivel y transitoria liderada por el mayor general Carlos Arturo Suárez que investigara administrativa y disciplinariamente los hechos que dieron origen a denuncias por supuestos 'falsos positivos'. Al finalizar la misma fueron separados del Ejército 27 militares, "no por haber participado en la comisión de delitos, sinó porque no habían investigado las denuncias".[13]

El escándalo de los 'falsos positivos' surgió en 2008, a raíz de denuncias de desaparición de grupos de jóvenes que poco tiempo después eran reportados como guerrilleros muertos en combates con el Ejército de u otra fuerza pública del Estado. La mayoría de los casos habrían ocurrido en 2007, en departamentos con alta incidencia de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Antioquia, Meta y Norte de Santander. Algunos miembros del Ejército fueron acusados por haber efectuado 'ejecuciones extrajudiciales', con el fin de 'mostrar resultados' a sus superiores.[14]

El General Padilla, como comandante de las Fuerzas Militares, dijo que él y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos habían asumido una actitud de cero tolerancia por los hechos, pero que también debían guiarse por la presunción de inocencia de algunos militares, ya que podrían ser inocentes. Dijo además que si la conducta irregular era comprobada, Padilla actuaría de forma severa contra aquellos que cometieron faltas. Para prevenir las ejecuciones extrajudiciales, Padilla estaba promoviendo y exaltando las desmovilizaciones de guerrilleros a través de recompensas y la captura de guerrilleros.

Mediante la publicación 'Avances en el cumplimiento de las 15 medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa Nacional',[15] mediante el cual se "presenta el estado de avance de las 15 medidas formuladas en noviembre de 2008 como resultado de las investigaciones adelantadas por la Comisión Transitoria para el 'Caso Soacha', se enfatizaba en la necesidad de respeto a la dignidad y vida de las personas y se reconocía que "el 15 de diciembre de 2009, el Comando General de las Fuerzas Militares expidió el primer Manual de Derecho Operacional, dirigido a los Comandantes militares hasta el nivel de unidad táctica (nivel Batallón); a los asesores jurídicos operacionales; y a los operadores jurídicos, incluyendo autoridades judiciales militares y ordinarias, así como a los abogados de la defensa". (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). Dicho Manual "ofrece las herramientas jurídicas necesarias para ayudar a los miembros de las Fuerzas Militares a asegurar la juridicidad de las operaciones; y por el otro, facilita el acceso a un compendio que presenta de manera ordenada las normas nacionales e internacionales y la doctrina operacional aplicable a la conducción de operaciones militares".

A raíz de los 'Falsos Positivos' fue creada una unidad del Ejército Nacional destinada a promover los derechos humanos y a recibir quejas por dichas violaciones.[14]