Teletón (México)

Desde su inicio el Teletón ha sido acusado de permitir que las empresas que lo patrocinan deduzcan impuestos y queden libres de pagos a través de sus donativos y de no ser transparente con el dinero obtenido por las aportaciones de los ciudadanos, pues estos se hacen de forma anónima y sin que se otorgue un comprobante fiscal que avale la transacción.[28]

«Las carencias fiscales que padece el país tendrían un paliativo nada desdeñable si los consorcios, que suelen deducir impuestos gracias a exenciones como las que les permite hacer el Teletón, pagaran sus impuestos cabalmente y sin subterfugios».[29]

Raúl Trejo Delarbre

Ante estas acusaciones la Fundación Teletón ha respondido declarando que la deducción de impuestos es una figura legal permitida por el gobierno y que el sistema utilizado impide que las donaciones sean usadas para la evasión fiscal.[30] Por otro lado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estipula que la cantidad máxima que una persona moral puede deducir de impuestos a través de donativos es del 10% de la utilidad neta.[31]

La investigadora Sara Murúa considera que este método fiscal se fundamenta en una laguna legal y declara que; «El problema fundamental con este tipo de fundaciones es la triangulación de sus fondos, que les permite a las grandes donadoras tener mecanismos fiscales privilegiados para exentar impuestos e, incluso, para que ellos declaren como propios los donativos de terceros, en especial, de particulares» (esto último en referencia a las donaciones hechas de forma anónima por las personas, viéndose favorecidas así a la imagen de las empresas).[32]

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en un comunicado fechado al 3 de octubre de 2014 su preocupación por la forma en que son administrados los recursos del gobierno en materia de rehabilitación de personas con discapacidad debido a que el Estado otorga fondos para que la Fundación Teletón —un organismo privado— se encargue de labores de salud pública que son competencia del gobierno:[33][34]

«Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado Parte [México] sean objeto de administración en un ente privado como Teletón. [...] El Comité insta al Estado Parte a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad»

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU

Paralelamente este organismo internacional en el mismo comunicado criticó la forma en que la Fundación Teletón hace ver a las personas discapacitadas, añadiendo que «Observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad [...] Asimismo, le recomienda el comité al gobierno mexicano desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos».[33][34] Igualmente le pide al Gobierno mexicano la investigación y proceso penal a las instituciones que aplican esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad, y garantizar reparaciones a las víctimas de esta práctica. Finalmente el organismo internacional entregó un documento con 67 recomendaciones hacia el gobierno federal de México y Teletón, que hasta la fecha no ha sido atendido.[35]

En respuesta a esto Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón declaró: «Lo que comunicamos en la televisión es el esfuerzo de los niños y sus logros. Retratar sus avances sin caer en estereotipos de lástima. Promovemos los derechos humanos, la inclusión educativa, la inclusión laboral y la inclusión social. No usamos el dolor de los niños en la televisión».[36]

Unido a esto ha habido críticas a la administración pública por los mismos motivos, en diciembre de 2007 Jenaro Villamil denunció a través de la revista Proceso que se privilegia la atención de la salud pública en el estado de Yucatán a través del Teletón y no por medio de las instituciones públicas, declarando que «por iniciativa de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, del PRI, el Congreso local aprobó el 30 de octubre de 2007 destinar durante 10 años un total de 300 millones de pesos para la construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT). Los 300 millones [...] rebasan con mucho el presupuesto del DIF estatal».[37][38]

De acuerdo a Emeequis hasta 2012 la Fundación Teletón había recibido al menos 1,832 millones de pesos por parte de varios gobiernos estatales, mientras que las administraciones de Sonora, Puebla, Michoacán y el Estado de México habían aprobado leyes para destinar recursos públicos —con un valor de 24 a 73 millones de pesos anuales cada uno— al Teletón, viéndose así favorecida su imagen al igual que el de Televisa.[39]

El director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), Jesús Toledano, declaró en una entrevista para CNN México en 2014 que «los estados y el Teletón deben rendir explicaciones y cuentas sobre los recursos públicos que maneja dicha fundación», y continuó diciendo que «el Teletón tiene que aclarar el tema, junto con los gobiernos de los estados, de dónde provienen esos recursos. En nuestros registros no tenemos absolutamente ni un dato de esa información, por lo menos del presupuesto federal».[34]