Germán Garavano

Garavano, cuando se desempeñó como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, recibió críticas por los fondos y gastos del poder judicial de la ciudad, además del incremento del personal del Ministerio Público Fiscal (500 personas en cinco años) y viajes realizados para participar en eventos, actividades, conferencias, entre otros. Según los críticos, en 2010 utilizó 17 millones de pesos argentinos para organizar en Buenos Aires la III Conferencia de la Asociación Internacional de Fiscales; gasto que habría incluido 25 mil pesos en la compra de maletines de regalo para los asistentes.[35][36] Garavano rechazó esta afirmación a través de una resolución en la que sostuvo que el gasto total de la conferencia fue de 828.746 de pesos argentinos, en lugar de los 17 millones que se le atribuían; indicó también: "Entiendo que existió una suma de graves errores de información y niego cualquier irregularidad o desprolijidad de cualquier tipo, invitando a quien lo considere así a formular las precisiones o denuncias que correspondan".[37]

También se afirmó que al año siguiente gastó 35 mil pesos para viajar a Corea del Sur a un congreso similar, donde se trataron temas de crímenes de guerra y testigos protegidos, que no son las competencias de la fiscalía porteña (que es de faltas y contravenciones). En 2012, se habrían gastado 70 mil dólares en un viaje para una capacitación sobre tercera edad. Entre 2011 y 2013, también habría realizado viajes al Reino Unido, Estados Unidos y los Países Bajos y una transferencia de 300 mil pesos argentinos para el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.[35][36]

A poco de asumir, los trabajadores de Infojus —agencia de noticias judiciales que depende del Ministerio—, denunciaron las acciones de vaciamiento del portal,[38] y la desaparición de unas 10 mil notas e investigaciones periodísticas y judiciales, denunciando que Garavano ordenó borrar las notas del portal, con lo cual desaparecieron coberturas enteras sobre temas de violencia institucional, violencia de género, femicidios, lesa humanidad, talleres textiles clandestinos, delitos económicos y lavado de dinero, narcotráfico, y casos de corrupción que comprometían a funcionarios del nuevo gobierno.[39]

Entre las notas e informes judiciales que desaparecieron, figura documentación que involucraba al presidente Mauricio Macri en temas sensibles, como su imputación por espionaje ilegal como jefe de Gobierno porteño, la represión en el Hospital Borda, su directa responsabilidad en el incendio intencional del depósito de documentos vinculados a lavado de dinero de la empresa Iron Mountain en el que murieron diez personas, o la relación de la primera dama Juliana Awada con talleres de costura clandestinos con mano de obra esclava, entre otros.[40][41] Ante consultas de diversos medios periodísticos, Germán Garavano argumentó que los artículos no habían sido borrados, sino que «Algunos pueden no estar accesibles».[42] Poco tiempo después, se confirmó el cierre del portal.[43]

Garavano fue criticado por mantener en abril de 2016 una reunión con Cecilia Pando, a quien diversos grupos consideran justificadora del terrorismo de estado. En esa oportunidad, la activista formuló reclamos por las condiciones de detención de militares sujetos a causas por delitos de lesa humanidad.[44][45][46] El ministro declaró que la reunión no fue reservada y que el mismo día de la reunión Pando se cruzó en la sede del ministerio con representantes de organizaciones de derechos humanos; asimismo desmintió una afirmación del diario Página 12 que le atribuía la intención de modificar la Ley del arrepentido[46][47] y aclaró había respondido a Pando que debía dirigir su planteo al Poder Judicial.[44] A su vez, Pando dijo que había mantenido reuniones por el mismo reclamo con el gobierno anterior.[45]

En abril de 2018, el ministro publicó un aviso fúnebre en el diario La Nación para despedir a Carlos Chasseing, interventor de la provincia de Córdoba durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional[48] que la organización H.I.J.O.S. consideró “inadmisible”.[48] en tanto Abuelas de Plaza de Mayo, pidió la renuncia de Garavano.[49]

A fines de noviembre de 2017, acompañando a la ministra Patricia Bullrich en una conferencia de prensa luego de los episodios en los que fue asesinado el joven mapuche Rafael Nahuel y heridas otras personas, Germán Garavano expresó que «lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley, la extorsión o la violencia como forma y poner en crisis al estado de derecho [...] tiene que haber un repudio generalizado de estos grupos que usan la violencia» en referencia a la supuesta organización RAM.[50] Pocos días después, ambos ministros coordinaban acciones con gobernadores de provincias patagónicas, con el objetivo de que los hechos que involucraran a la RAM y los reclamos mapuche fueran derivados al fuero federal, bajo la figura de "atentado contra el orden público", figura que se asemeja al concepto de terrorismo.[51]
En abril de 2018, Germán Garavano afirmó que la caracterización de la RAM como grupo "terrorista" «fue una declaración política» sin sustento en evidencias surgidas de investigaciones judiciales.[52]

El 16 de octubre de 2018 la diputada Elisa Carrió solicitó al Congreso el juicio político contra Garavano por presunto "mal desempeño en sus funciones" y eventuales "delitos en el cumplimiento de sus funciones".[53] El pedido de juicio político fue firmado por diputados de la Coalición Cívica, entre ellos Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Javier Campos, Héctor "Toty" Flores, María Lucila Lehmann, Leonor María Martínez Villada, Alicia Terada y Orieta Cecilia Vera González.[54] El escrito fue elaborado por Mariana Stilman,  que integró el equipo de abogados del Estado en el caso AMIA hasta que asumió como asesora de Elisa Carrió.[54]

El pedido de juicio político se presentó luego de que Garavano declarara públicamente, refiriéndose a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que “no es bueno para un país que un expresidente esté detenido preventivamente o se pida su detención”.[55] Según Elisa Carrió, estas palabras implicaban una grave intervención en el Poder Judicial y vulnera la división de poderes.[56]

Entre otros cargos, la diputada acusó al Ministro de haber manipulado algunos concursos para la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación.[57] El Poder Ejecutivo solo posee un representante en el Consejo y las ternas son elegidas con el consenso de todos sus integrantes, provenientes de los diversos poderes del Estado y de la sociedad civil.[58]

Garavano también fue cuestionado por haber designado en su cartera como asesora a la exprocuradora de la provincia de Buenos Aires María del Carmen Falbo, quien dejó su cargo en medio de acusaciones por encubrimiento de actividades vinculadas al narcotráfico.[59] También cuestionó la actuación del Ministerio en la causa AMIA II, al haber solicitado la absolución de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados del encubrimiento del atentado.[60]

En el caso particular de Barbaccia, el escrito de juicio político califica de “sospechosa” su protección por haber sido compañero del Ministro en un juzgado en la década del ‘90 y porque su esposa, Silvina Rivarola O’ Connor, fue designada directora de Coordinación y representante ante organismos internacionales de la Unidad de Información Financiera (UIF). Su designación estuvo a cargo de Mariano Federici, titular de la UIF, un órgano que no se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia.[61]

El escrito además denuncia que José Console, abogado representante del Estado en la causa AMIA, también es secretario del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors[57] y, por lo tanto, está vinculado al presidente del club, Daniel Angelici, a quien Carrió acusó en reiteradas ocasiones de influir sobre la Justicia.[56] Console fue nombrado a propuesta de Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad AMIA.[62]

Respecto de la designación de Falbo como coordinadora ad honorem del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Criminalística, Carrió acusó a Garavano de obviar las acusaciones que pesan en su contra vinculadas al narcotráfico, en especial su actuación en la investigación del crimen de dos ciudadanos colombianos en un centro comercial  y de la fuga de tres presos ligados al tráfico de efedrina que, según la diputada, están vinculados al exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández.[63]

Frente a esto, el Ministro puso a disposición su renuncia, pero el presidente Mauricio Macri se la denegó y lo ratificó en el cargo.[64][65][66] Garavano también expresó que está dispuesto a ir a dar explicaciones a la comisión de Juicio Político en el Congreso en caso de que el juicio avance.[55]

El Ministro recibió el apoyo de dirigentes políticos, magistrados, fiscales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Red Solidaria.[64] En el Congreso, diputados del bloque de Cambiemos expresaron su desacuerdo con el pedido de juicio político. Para Daniel Lipovetzky, el pedido “no tiene fundamento”,[67] mientras que Pablo Tonelli lo calificó de "una exageración".[53] Para Eduardo Amadeo, “lo de Carrió fue una amenaza”.[68]

La dirigente de la Coalición Cívica tampoco tuvo el apoyo de otras fuerzas aliadas a Cambiemos ni de la oposición, quienes le quitaron entidad a la denuncia[69] por lo que, según el partido gobernante, es poco probable que el juicio político prospere en la Cámara de Diputados.[70]

Otros dirigentes de Cambiemos también mostraron su apoyo a Garavano. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, expresó que no había necesidad de un juicio político porque el Ministro solo había emitido una opinión.[71] Otro dirigente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, también coincidió con las declaraciones de Garavano sobre la prisión preventiva.[72]

En octubre de ese año se sumaría un nuevo pedido de juicio político por parte de la asociación que nuclea a familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, quienes afirman que “el ministro Garavano ordenó salvar a sus amigos imputados por irregularidades en la causa AMIA a través de la querella que representa al Estado argentino."[73]

En 2017 fue denunciado junto a Laura Alonso por el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade por "negociar impunidad" con Odebrecht basado en que ambos funcionarios se habían reunido a espaldas de la Justicia con la empresa que pagó coimas en diferentes países. El fiscal Federico Delgado no dio curso a la denuncia y las partes acordaron que Tailhade realice una declaración pública retractándose.[74][75][74]

En noviembre de 2018 el juez a cargo de la investigación concluyó que no había existido la desaparición forzada de Santiago Maldonado, sobreseyó al único imputado y decidió el archivo de la causa, sobre la base de la autopsia y de una pericia del INTI sobre el documento de identidad de Maldonado. La familia apeló la decisión.[76][77]

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, Jorge Colvis, del Instituto Sampay, y los representantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum y José Schulman habían afirmado que se había producido la desaparición forzada de Maldonado y acusaron a Germán Garavano y a otros funcionarios por encubrimiento de ese delito, declarado después inexistente por la justicia.[78]

El 5 de marzo de 2018, el presidente Mauricio Macri eliminó la Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas AMIA y Alberto Nisman, que había creado dos años antes.[79] Al disolverse la Unidad, fue cesado también el funcionario que estaba a cargo de la misma, el radical Mario Cimadevilla, quien el 22 de marzo de 2018, hizo una denuncia por supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA al ministro Garavano y a otros funcionarios[80] que fue rechazada por la justicia.[81]

El 12 de diciembre de 2015 el presidente Mauricio Macri había creado una Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas sobre el atentado terrorista a la AMIA en 1994 y la muerte de Alberto Nisman en 2015, y designó para dirigirla al exsenador de Chubut, Mario Cimadevilla, de la Unión Cívica Radical, bajo la autoridad del ministro Garavano.[82] Menos de dos años después, el gobierno, con participación de Garavano, consideró que la Unidad AMIA había "cumplido su ciclo" y que no había logrado los resultados esperados, evaluando el cierre de la misma.[83] En febrero de 2017 la gestión de la Unidad AMIA fue cuestionada por la asociación de familiares de víctimas de la AMIA Memoria Activa,[84] y por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, imputándole al ministro Germán Garavano haber dejado caer la acusación contra dos exfuncionarios acusados de encubrir el atentado a la AMIA en el juicio AMIA 2.[85]