Gestión de recursos hídricos en México

México cuenta con una larga y bien arraigada tradición de manejo de los recursos hídricos que comenzó en los años 30 cuando el país comenzó a realizar grandes inversiones en instalaciones para almacenamiento de agua y para el desarrollo de aguas subterráneas para expandir el riego y el abastecimiento de agua a una población en rápido crecimiento.

El Código Agrario de 1934, promulgado durante la administración de Cárdenas (1934-1940), instauró el poder del gobierno federal para definir el “interés público” por el cual se podía explotar el agua. En virtud de dicha legislación, entre los años 30 y 70, la comunidad rural y los ejidos estaban sujetos al control federal directo sobre el agua.[1] Los propietarios privados de tierras, por otro lado, aprovechaban los beneficios de la infraestructura de riego federalmente subsidiada y los precios garantizados de mercado. Con el tiempo, los grandes propietarios de tierras se capitalizaron en gran medida, mientras los pequeños propietarios, hacia la década de los 70, sufrían los efectos de los monopolios de agua.[2]

En los 70, el gobierno mexicano firmó un acuerdo tripartito con el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para preparar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 1975, que identificó las necesidades para promulgar una Nueva Ley del Agua y una Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como para descentralizar responsabilidades y promover la participación del usuario del agua en la operación y el mantenimiento (OyM). El PHN promovió un considerable desarrollo institucional y logros en infraestructura: (i) la transferencia de responsabilidades del gobierno federal sobre el abastecimiento de agua y saneamiento a las municipalidades y los estados en 1983, (ii) se creó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en 1986, (iii) en 1988 se creó la Comisión Nacional del Agua ( CONAGUA) y (iv) en 1989 se creó el primer Consejo de Cuencas en Lerma-Chapala, constituido por usuarios del agua de varios sectores.

Durante la década de los 90, se produjo un rápido desarrollo de aguas subterráneas y extracción acuífera para la demanda combinada agrícola, urbana e industrial. El gobierno federal también descentralizó la responsabilidad sobre grandes infraestructuras de riego hacia agencias autónomas (distritos de riego).

En 1992, México adoptó la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que contenía disposiciones específicas para la función de CONAGUA, la estructura y funcionamiento de los consejos de cuenca, la participación pública en el manejo del agua, etc. En 1993 se finalizó el sistema Cutzamala, uno de los proyectos de extracción más grandes del mundo. El sistema Cutzamala bombea 19m3 de agua por segundo al área metropolitana de la Ciudad de México.

En 1997 se creó el primer comité técnico de aguas subterráneas para administrar una capa acuífera sobreexplotada en el estado de Guanajuato.

Con la modificación en 2004 de la Ley Nacional del Agua, las trece regiones descentralizadas de la CNA se convirtieron en organizaciones de cuencas que funcionaban como el brazo técnico de un consejo de cuencas más amplio que comprendían los intereses de la sociedad civil, incluidos el sector privado y los grupos de ciudadanos.[2]

Según el índice de calidad del agua, el 96% de los cuerpos de agua superficial de México tiene diferentes niveles de contaminación. La OCDE estima que el costo económico por la contaminación del agua en México es de 6.000 millones US$ al año. El problema es más grave en la región del Valle de México, donde el 100% de los cuerpos de agua presentan diferentes niveles de contaminación, 18% de los cuales están muy contaminados. La baja calidad del agua se debe a que no se trata la descarga de vertidos industriales y de aguas servidas de los municipios en ríos y lagos, al depósito de desechos sólidos a lo largo de las márgenes de los ríos, a la filtración incontrolada de vertederos antihigiénicos y a la contaminación sin sentido principalmente de la producción agrícola.[7]

CONAGUA también ha detectado la infiltración de aguas servidas municipales sin tratamiento en 8 acuíferos, de hierro y magnesio en 2 y de arsénico en uno de la región Lagunera. En los acuíferos sobreexplotados, la contaminación tiende a empeorar con el paso del tiempo ya que la reserva de agua superficial se agota. Éste es el caso de la región Lagunera, donde se encontraron concentraciones de 0,09 a 0,59 mg/l de arsénico en el agua potable, niveles que son superiores a los permitidos de 0,05 mg/l. Además, la información sobre la calidad del agua, proporcionada por el Registro Público de Derechos del Agua, muchas veces no es confiable y las series de datos son insuficientes.[7]

Extracción de agua por sector en 2005

En 1998, la agricultura representó el 78% de la extracción de agua superficial en México. Un total de 6,2 millones de hectáreas (15,3 millones de acres) cuentan con infraestructura de riego (22,9% de la superficie agrícola total), de las cuales 5,5 millones de hectáreas (13,6 millones de acres) se riegan realmente. En 1997, 5,8 millones ha (14,3 millones de acres) utilizaron riego de superficie, 0,3 millones ha riego por aspersión y 0,1 millones ha riego localizado. La irrigación ineficaz ha generado problemas de drenaje subterráneo y salinización en 3841,63 kilómetros cuadrados (949 287 acre) d. C. una superficie total de riego de 62 560 kilómetros cuadrados (15 458 899 acre).[5] (Véase también Riego en México).

Ecosistemas acuáticos

Un Lepisosteus, una de las especies endémicas de México.

En México hay aproximadamente 70 lagos que abarcan una superficie total de 3700km2. Algunos de estos lagos, especialmente en el Este, son de origen volcánico y cuentan con muchas especies endémicas. El lago de Chapala, el más grande de México, se considera la región de prioridad hidrológica para conservación de la biodiversidad debido a sus 39 especies locales, 19 de las cuales son endémicas. La laguna de Catemaco, ubicada en Veracruz, tiene 12 especies nativas, de las cuales 9 son endémicas.[10]

En México, los humedales son ecosistemas dinámicos, complejos y productivos. En la Convención de RAMSAR sobre Humedales se encuentran registrados los seis principales: Río Lagartos (Península de Yucatán), Cuatrocienagas (Coahuila), La Encrucijada (Chiapas), el humedal de Nayarit y Sinaloa, Pantanos de Centla (Tabasco) y el Río Colorado (Baja California).

Los cenotes, pozos formados con agua superficial, albergan una cantidad de especies únicas, desde bacterias, algas y protozoos (por ejemplo, copépodos, cladóceros y rotíferos) hasta vertebrados (por ejemplo, lepisosteus).[10] Los cenotes son el principal recurso hídrico para muchas comunidades mayas antiguas y contemporáneas ya que no hay ríos y hay muy pocos lagos en la península.

México no cuenta con un marco de políticas nacionales coherente para establecer y relacionar tarifas, subsidios y objetivos de recuperación de costos de agua y saneamiento. La ausencia de políticas abarcadoras produce una gran variación en el grado de recuperación de costos y subsidios entre las distintas regiones. Las tarifas se encuentran por debajo de los costos: la forma más común de subsidio al usuario de abastecimiento de agua y saneamiento.

Los proveedores del servicio de agua cobran tarifas de usuarios industriales y comerciales con las cuales casi recuperan el costo total y subsidian en forma cruzada a los usuarios residenciales. La tarifa media entre los usuarios, 0,32 US$/m³ (0,24 US$/yd cu), es la mitad de la media para América Latina y Caribe, 0,65 US$/m³ (0,50 US$/yd cu).

El nivel de eficiencia de cobro en México se ha estimado en 72%, muy por debajo de los niveles alcanzados en los países desarrollados (OCDE 95%). Se estima que el cobro de tarifas por abastecimiento de agua y saneamiento en 2002 fue de 1.540 millones US$. Los ingresos facturados se estimaron entre 2.140 y 2.900 millones US$.

Aproximadamente el 31% de los usuarios de agua no se miden y se les cobra una tarifa fija, independientemente del consumo, diferenciada por barrio.[12]

El huracán Dean fotografiado por astronautas de la Estación Espacial Internacional.

México es propenso a sufrir diversos sucesos climáticos, incluidos huracanes, tanto en la costa del Pacífico como del Caribe. Los huracanes contribuyen a recargar los reservorios superficiales y subterráneos, lo que aumenta las reservas de agua para las ciudades, la irrigación y la generación de electricidad. Los huracanes también suponen una amenaza para la distribución de servicios, las infraestructuras y, en última instancia, para los ecosistemas y la vida humana. La situación se ve agravada por la deforestación aguas arriba así como por los asentamientos humanos ubicados en las áreas propensas a las inundaciones. [13]

Con más del 85% del territorio mexicano definido como tierra árida o semiárida, y un promedio de precipitaciones interanual muy variable, México también es propenso a sufrir sequías, especialmente en el área del norte. Las sequías más severas de México ocurridas en décadas recientes coinciden con las variaciones en la temperatura superficial del Pacífico asociadas con El Niño. Los impactos económico, social y ambiental de las sequías en México son notables. En 1996, cuatro años de precipitaciones más escasas de lo normal produjeron pérdidas en la agricultura estimadas en 1000 millones US$ y un conflicto político interestatal entre Sonora y Sinaloa.[14]

Anomalías en la temperatura superficial del mar en noviembre de 2007 que muestra las condiciones para La Niña.

El cambio climático producirá una disminución del caudal de agua y un aumento de la demanda de agua debido a las crecientes temperaturas, las disminución de las precipitaciones y condiciones climáticas más extremas, tales como sequías e inundaciones debido a Oscilación del Sur El Niño y La Niña.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estima que las temperaturas aumentarán entre 1 y 6 grados Celsius. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua espera, para 2050, una disminución del 7-12% en el nivel de precipitaciones en las cuencas del sur, del 3% en la cuenca del Golfo de México y del 11% en la cuenca central. Se estima que las precipitaciones continuarán disminuyendo en el transcurso de los próximos 50 años. Un flujo hidrográfico disminuido también contribuirá a una mayor evapotranspiración. También se espera un aumento en la cantidad de huracanes de categoría 5.[15]

Durante algunos años de El Niño/La Niña, las precipitaciones invernales pueden ser tan grandes que el flujo de los cursos de agua y los niveles del agua pueden superar los observados durante el verano. Por el contrario, las sequías de verano durante estos sucesos pueden provocar un déficit grave en los niveles de los reservorios y en la producción de maíz que se alimenta de las lluvias. Los costos estimados de las anomalías climáticas asociadas con El Niño en México durante 1997, cuando 2 millones ha (5 millones de acres) se vieron gravemente afectadas por una dura sequía, fueron de 900 millones US$, en particular en las actividades agrícolas.[16]

El Banco Mundial contribuye actualmente con 28,5 millones US$ en un Proyecto de adaptación al cambio climático en el Golfo de México. () Este proyecto tiene como objetivo formular e implantar acciones políticas de adaptación y medidas específicas en sistemas representativos de humedales del Golfo de México para proteger sus funciones ambientales y su rica biodiversidad contra los impactos relacionados con el cambio climático. También intenta mejorar la base de conocimiento para evaluar con un mayor grado de certeza los impactos anticipados del cambio climático en los recursos hídricos del país, centrándose principalmente en los humedales costeros y en las cuencas internas relacionadas.

En noviembre de 2007, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un proyecto de 200.000 US$ para apoyar un programa para emergencias por inundaciones en Tabasco. En septiembre de 2007, aprobó un proyecto de 200.000 US$ para apoyar un programa de socorro por los daños provocados por el huracán Dean.

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