Gobernador de Sonora

Tras la Guerra de Independencia de México, la antigua provincia de Sonora y Sinaloa fue dividida en 1823 para formar los estados de Sonora y Sinaloa, estableciéndose la capital sonorense en Ures. Sin embargo, se reunificarían otra vez en 1824 y permanecerían así hasta 1830, a pesar del hecho de que Sonora fue declarado como estado en la constitución mexicana de 1824. Sonora se separó nuevamente en 1831, cuando escribió su primera constitución estatal, que puso la capital en Hermosillo, y Leonardo Escalante fue designado como gobernador del nuevo estado. En 1832, la capital se movió a Arizpe. La batalla entre conservadores, que querían un sistema de gobierno centralizado, y los liberales, que querían un sistema federalista, afectó al estado así como al resto del país durante el siglo xix. En 1835, se instituyó un gobierno centralista basado en lo que se conoció como Bases Constitucionales. Fueron seguidas por las llamadas Siete Leyes Constitucionales, que permanecieron en efecto hasta 1837. Pues en diciembre de ese mismo año, el General José de Urrea proclamó en Arizpe el restablecimiento de la constitución de 1824 (que contenía un sistema federal, como el de Estados Unidos), apoyada inicialmente por el gobernador Manuel Gándara. Sin embargo, para el resto del país, Gándara y los gobernadores que le siguieron apoyarían un gobierno centralizado, lo que llevó a inestabilidad política en el estado.

La constitución del Estado de Sonora define los deberes y poderes del gobernador:[2]

• Promulgar sin demora las leyes y decretos, y los acuerdos en su caso; ejecutarlos y hacer que se ejecuten; y formar en la parte administrativa y de conformidad con las disposiciones de la ley, los Reglamentos necesarios para la exacta observancia de los mismos.
• Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad, así como promover e inducir en el Estado, el progreso económico, social, político y cultural y, en general, el bienestar de la población en todos los órdenes, procurando que sea compartido y equilibrado entre centros urbanos y rurales, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas del Gobierno.
• Iniciar ante el Congreso las leyes y decretos que juzgue convenientes para el mejoramiento de la administración pública y progreso del Estado.
• Hacer cumplir las resoluciones de los Tribunales y prestar a éstos los medios que necesiten para el ejercicio expedito de sus funciones.
• Exigir de las autoridades que dependan del Ejecutivo del Estado, el cumplimiento estricto de las obligaciones que les imponen la Constitución Federal, la Estatal y las leyes que de ellas emanen, aplicándoles las sanciones a que se hagan acreedoras, en los términos que prevengan las leyes.
• Imponer las sanciones administrativas que determinen las leyes y reglamentos.
• Nombrar y remover a todos los funcionarios y emplea dos dependientes del Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no corresponda a otra autoridad.
• En caso de invasión o de conmoción interior, tomar, de acuerdo con el Congreso o la Diputación Permanente, las medidas extraordinarias que sean indispensables para mantener el orden. En el segundo caso pedirá que se convoque inmediatamente al Congreso a sesiones extraordinarias y desde luego dará cuenta a dicha Asamblea del empleo que haya hecho de tales facultades.
• Auxiliar, a solicitud de sus Ayuntamientos, a los Municipios de la Entidad a fin de mejorar la ejecución de obras, la prestación de servicios o cualquier otro propósito del que se derive un mejoramiento de la administración y fortalecimiento de la autonomía Municipal.
• Celebrar convenios con el Ejecutivo Federal, en los términos de Ley, de los que se deriven la asunción por parte del Estado de funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos del Gobierno Federal, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario.
• Representar a la Hacienda Pública, pudiendo, en los casos que lo estime conveniente, delegar esa representación.
• Ejercer el mando supremo de las fuerzas del Estado y movilizarlas según las necesidades públicas; así como disponer de la Policía del Municipio donde resida habitual o transitoriamente. El nombramiento y remoción de los Jefes y Oficiales Superiores de la Policía Urbana de los Municipios del Estado, se hará en los términos de la Ley Reglamentaria.
• Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias por conducto de la Diputación Permanente, expresando el objeto de ellas.
• Fomentar, por todos los medios posibles, la educación popular y procurar el adelanto social, favoreciendo el mejoramiento moral, cívico y material de la colectividad.
• Organizar y disciplinar la Guardia Nacional y las de más fuerzas del Estado y ejercer, respecto de una y otras, el mando conforme a las atribuciones que le conceden las Constituciones General y Local.
• Visitar a los Municipios del Estado, cuando lo estime conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo y dando cuenta al Congreso o al Supremo Tribunal de Justicia de las faltas que observara y cuyo remedio corresponda a los Poderes Legislativo y Judicial.

• Anexo:Gobernantes de las entidades federativas de México
• Congreso del Estado de Sonora