Guerra contra las pandillas en El Salvador

Entre 1980 a 1992, El Salvador pasó una guerra civil, la cual provocó una inmigración masiva de salvadoreños, principalmente a Estados Unidos. Durante la década de los años 1980, aproximadamente 92 000 salvadoreños habían inmigrado a Estados Unidos, la mayoría de la cual se asentaría en barrios peligrosos de Los Ángeles, donde nacerían las dos principales pandillas de Centroamérica, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. La Mara Salvatrucha fue fundada por salvadoreños mientras la Mara 18 fue fundada por mexicanos, aunque posteriormente aceptarían también a centroamericanos. Ambas pandillas crecieron a un ritmo incontrolable y al darse cuenta de que sería difícil controlar las pandillas, el gobierno estadounidense decidió deportar masivamente a los miembros de las mismas. Los deportados decidieron formar células de estas pandillas en los países a los que arribaron, y El Salvador se encontraba en una etapa de reconstrucción de la guerra civil, lo cual era el escenario perfecto para su creación, y lo que inicialmente empezó como un pequeño grupo criminal, en menos de una década se convirtió en unos de los grupos armados más poderosos de Centroamérica y posteriormente de Latinoamérica.

Desde la década de los años 1990, las pandillas crecieron a un ritmo descontrolado debido a que en la época El Salvador estaba más concentrado en reconstruirse después de la guerra civil y el gobierno no puso mucha atención a estos grupos, no fue hasta la década de los años 2000 que el gobierno les empezó a poner atención. En el 2012 el presidente Mauricio Funes pactó una tregua secreta con las pandillas, lo cual redujo temporalmente la criminalidad, pero en 2013 esta empezaría a subir de nuevo, llegando a tal grado que en 2015 El Salvador fue el país no en guerra más peligroso del mundo, con una tasa de homicidios de 103 homicidios por cada 100 000 habitantes, y el presidente Salvador Sánchez Cerén decido empezar a utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.[7] En 2015, la Sala de lo Constitucional tipificó a las pandillas, sus «jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas» como terroristas y declaró ilegal cualquier tipo de negociación con ellos.[8]

Cuando Nayib Bukele fue elegido presidente en 2019, declaró que la reducción de la violencia era una prioridad,[7] En ese año se lanzó el Plan Control Territorial especificándose los siguientes objetivos:[9]

• Salir de la lista de países más violentos del mundo en el 2021.
• Contar con los elementos para que la Guerra Contra Pandillas sea posible.
• Garantizar que la paz sea posible a largo plazo.

En 2021, la tasa de homicidios alcanzó su nivel más bajo desde que terminó la guerra civil en 1992, con 18 homicidios por cada 100 000 habitantes,[10] saliendo ese año, además, de la lista de los países más violentos del mundo.[11] El Salvador había comenzado un muy leve declive desde 2016, una disminución significativa sucedió en el 2020, teniendo otra reducción en el 2021 y marcando al 2022 como el año más seguro en su historia.[12]

El gobierno de Estados Unidos acusó a algunos funcionarios del gobierno de El Salvador de tener un acuerdo secreto con las pandillas;[13] si bien no se acusó directamente al presidente del país, informes de algunos medios en El Salvador acusarían a Bukele de estar involucrado, inicialmente cuando era alcalde de San Salvador,[14] y luego cuando este tomó la presidencia, de negociar una reducción de la violencia a cambio de beneficios económicos y penitenciarios.[15] En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a dos funcionarios salvadoreños que, según afirmó, dirigieron las conversaciones entre el gobierno y las principales pandillas del país. Bukele calificó las acusaciones de falsas, alegando que en su gobierno no se ha hecho ningún tipo de trato, y denunciando a gobiernos anteriores de haber hecho tratos con pandillas, en el que se les entregó dinero, beneficios y hasta polígonos de tiro.[16][17]

Por otro lado, Bukele en numerosas ocasiones ha culpado a la Mara Salvatrucha y a la Mara 18 de generar la ola de violencia en un intento de desestabilizar su gobierno, y que estos están siendo financiados por la oposición salvadoreña, principalmente a los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y por organizaciones no gubernamentales, para recuperar el control que estos tenían en la política salvadoreña y en las prisiones, alegando que las pandillas ahora estarían buscando la forma de evolucionar a guerrillas en la zona rural del país, replicando tácticas guerrilleras que asegura que se les enseñó en polígonos de tiro durante el gobierno del FMLN,[18] agregando que en lo que va del estado de excepción se han desmantelado campamentos pertenecientes a pandilleros.[19] Acusó a ARENA y el FMLN de haber supuestamente pactado en sus gobiernos un acuerdo con las pandillas en el que estas se volverían una guerrilla para provocar un nuevo conflicto armado, el cual terminaría en un nuevo acuerdo de paz que insertaría a los líderes de las pandillas a la política salvadoreña; además acusó a la OEA de estar de acuerdo con este supuesto pacto.[20][21]

Del 25 al 27 de marzo de 2022, 88 personas fueron asesinadas en El Salvador,[22] incluidas 62 personas solo el sábado 26 de marzo,[7] la cifra más alta en un solo día en décadas;[10] en contraste, 79 personas fueron asesinadas durante todo el mes de febrero.[22] El gobierno culpó de la violencia a la Mara Salvatrucha.[23] William Soriano, diputado del partido Nuevas Ideas, sugirió que el aumento de la violencia fue una represalia por la toma del control del gobierno de dos rutas de autobuses en la capital, en las que las pandillas suelen extorsionar para obtener ingresos; según José Miguel Cruz, director de investigación en la Universidad Internacional de Florida, las pandillas pueden haber estado enviando un mensaje al gobierno para tratar de obtener mejores condiciones.[7]

Durante una sesión extraordinaria a primeras horas del 27 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un «estado de excepción».[24] La orden, que tiene una duración de treinta días, pero se ha prorrogado a la fecha, se suspendieron derechos constitucionales, aumentó el tiempo de detención sin cargos de tres a quince días y permitió al gobierno vigilar las comunicaciones de los ciudadanos sin orden judicial. Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han sido acusadas de violar incluso los límites ampliados de sus poderes.[23] Además, los miembros de Nuevas Ideas aprobaron nuevas leyes que aumentan las sentencias de prisión para pandilleros y cualquier otra banda de crimen organizado, los palabreros (líderes de pandillas) recibirán de 40 a 45 años de prisión, los miembros de pandillas recibirán de 20 a 30 años de prisión.[25] Se han reportado casos, en el que pandilleros que terminaron de cumplir su condena, se les ha recapturado por el delito de agrupaciones ilícitas, pues al seguir siendo miembros activos de pandillas, se les considera un riesgo para la población.[26]

El gobierno desplegó fuerzas policiales y militares adicionales, allanaron casas y crearon puestos de control alrededor de los vecindarios con presencia conocida de pandillas.[27][7] Los soldados revisaron a todos en busca de tarjetas de identificación y prueba de domicilio, registraron sus vehículos y mochilas, en las colonias de mayor incidencia de criminalidad se pusieron retenes militares, en el cual registran a cada persona que entra y sale de las comunidades, cualquier persona considerada sospechosa es obligada a desnudarse para los soldados en busca de tatuajes relacionados con pandillas.[23][23][28]

Una patrulla del ejército salvadoreño en Santa Tecla durante el ''régimen de excepción'' en julio de 2022.

A fines del 27 de marzo, las fuerzas de seguridad salvadoreñas dijeron que habían detenido a 576 personas; desde la declaración del estado de excepción, más de 68 000 personas vinculadas a las pandillas han sido arrestadas, lo que ha sobrecargado las prisiones de El Salvador.[29][30][23] Las raciones se han reducido a dos comidas por día, que consisten únicamente en frijoles y tortillas, y Bukele explicó que «no quitaría presupuesto a las escuelas para alimentar a estos terroristas».[24] También ordenó que todas los miembros de pandillas permanezcan en sus celdas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.[7][22][24] Muchas personas no han podido saber dónde o por qué sus familiares fueron detenidos,[30] con varios cientos de mujeres reunidas fuera de una base naval que se utiliza como centro de detención.[23] En agosto de 2022, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reveló también casos de tortura cometidos durante la aplicación del estado de excepción.[31]

El 3 de noviembre de 2022, Osiris Luna Meza, Director de Centros Penales, anunció que el gobierno comenzaría a destruir Lápidas pertenecientes a los miembros de pandillas, para evitar que se conviertan en "santuarios", afirmando que "los terroristas ya no podrán 'glorificar' la memoria de criminales muertos". A pesar de la destrucción de las lápidas, el gobierno declaró que los cuerpos permanecerían intactos y no serían perturbados. Bukele comparó la remoción de las lápidas de los pandilleros con la desnazificación en la Alemania ocupada por los aliados y también comparó a las pandillas con los propios nazis.

El 3 de diciembre de 2022, se enviaron 10.000 soldados para rodear la ciudad de Soyapango y arrestar a los pandilleros. El gobierno borró los grafitis de estos mismo de la ciudad durante el asedio.

A nivel nacional, la represión ha sido popular entre muchos habitantes.[23] Sin embargo, grupos de derechos humanos han expresado su preocupación debido a los malos tratos de las fuerzas de seguridad hacia los detenidos como humillaciones y palizas que reciben los detenidos, incluyendo también capturas de personas no pertenecientes a pandillas, pero presentadas como pandilleros, así como el lento proceso judicial al que se enfrentan los detenidos, y algunos organismos de derechos humanos temen que el estado de excepción sea utilizado con fines autoritarios.[30]

Hasta febrero de 2023, siete organizaciones de Derechos humanos han registrado 4,564 denuncias de violación a derechos humanos, cometidas en el marco del Régimen de excepción. La mayoría de estas denuncias la realizan mujeres, y sobre todo jóvenes entre los 18 a los 30 años de edad

Un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó el aumento de la violencia en El Salvador, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, condenó la violencia y llamó al gobierno a «respetar el debido proceso y proteger las libertades civiles», a lo que el presidente Bukele respondió diciendo que «El Salvador recibió ayuda de los Estados Unidos, pero bajo el presidente Trump».[32][32][33]

El 1 de marzo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, criticó la política contra las pandillas y calificó como "campo de concentración" al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), durante un discurso de una Universidad de Colombia. Desde ahí, Bukele y Petro empezaron a exponer sus argumentos en Twitter sobre la seguridad en sus respectivos países.[34]

Durante los inicios de El Estado de Sitio decretado en marzo de 2022 se han dado casos de varias familias que han sido víctimas de capturas arbitrarias ya sea por distintos motivos[35] como la portación de tatuajes alusivos a pandillas, la forma de vestimenta, o hasta señas cometidas alusivas a estos grupos delincuenciales durante 2022 se han dado la muerte de muchos reos que han sido calificados ha pertenecer a pandillas sin prueba alguna, esto incluye denuncias anónimas hechas por parte de la población las capturas van desde estudiantes, trabajadores, vendedores, profesores, sindicalistas, expandilleros, líderes religiosos, policías, y militares que han sido acusados de colaborar o pertenecer a grupos delincuenciales sin investigación alguna, según testimonios relatan torturas en las cárceles y hacinamientos confundiendo inocentes con pandilleros en una sola celda sin posibilidad de obtener libertad continua, sin embargo muchas de las personas capturadas han sido puestas en libertad, sin embargo otras fallecieron en prisión ya sea por causas naturales o enfermedades provocadas por el mismo trato en los penales, incluyendo malos tratos por parte de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil tal es el caso de 8 jóvenes adolescentes capturados sin motivo alguno debido a que representaban una obra de teatro bajo la historia de El Salvador[36] se relata que una noche miembros de la fuerza armada ingresaron a su vivienda sin orden judicial respectiva interrogando a los jóvenes de pertenecer a pandillas, sin embargo pasaron la noche en un destacamento improvisado donde recibieron torturas físicas y psicológicas al día siguiente fueron liberados debido a que familiares fueron a denunciar en la policía nacional civil sobre la captura de ellos, también se han dado diversas protestas por la liberación de inocentes[37] las cuales terminaron con presuntas amenazas de capturas.

Las torturas, según el relato que el adolescente compartió luego con trabajadores del IDHUCA, policías y militares usan las mismas técnicas que escandalizaron al mundo a principios de siglo cuando soldados estadounidenses las usaron contra detenidos en la bahía de Guantánamo, lo sumergieron en un depósito de agua hasta casi dejarlo sin respiración, el catálogo, según el testimonio del joven, también incluyó las macabras técnicas que usaron las dictaduras suramericanas de los 70.[38] donde aprietan las uñas con pinzas y alicates, La PNC, dice el informe universitario, ocupa las torturas para obligar a los jóvenes a confesar que son miembros de las pandillas, a las vejaciones que sufrieron en el recinto policial siguieron, durante 12 días, más maltratos en el centro de resguardo juvenil a donde lo enviaron luego. Algunas víctimas los metieron en una pequeña celda junto a otros 12 jóvenes, estos sí miembros de pandillas. Custodios del resguardo y pandilleros se turnaron durante este tiempo para propinar golpizas de acuerdo con una investigación reciente del periódico salvadoreño El Faro, cientos de las capturas que ha hecho la policía durante el régimen de excepción no están basadas en investigaciones previas, ni siquiera en indicios mínimos de prueba, sino en protocolos antojadizos, como que los policías pueden detener a jóvenes que se muestren “nerviosos”.

En este contexto, parece que para los policías no está de más llevar ante los jueces confesiones forzadas, como la que los agentes pretendieron intervenir a la fuerza de torturar A principios de junio, La ONU pidió al Estado salvadoreño explicaciones de lo que está pasando en sus centros de detención por “la posibilidad de un patrón de detenciones arbitrarias, así como eventuales abusos que pueden ser constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El gobierno de Bukele respondió con un reporte que no reconoce los abusos, oculta cifras y está lleno de ambigüedades.

El 17 de enero, Nayib Bukele, declaró que cerca de 3.000 personas han sido liberadas tras los operativos contra las pandillas por hallárseles inocentes de cargos penales. Durante su discurso en la inauguración de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en una comunidad de Mejicanos, en la periferia de la capital San Salvador, Bukele afirmó que aún están en prisión ''58.000 personas''”.

Desde la declaración del régimen de excepción, miles de personas han sido arrestadas, lo que ha sobrecargado las prisiones de El Salvador a nivel nacional; en respuesta a la sobrepoblación carcelaria, el Gobierno aprobó la construcción de nuevas cárceles que podrían albergar hasta 40,000 presos, lo que la convierte en una de las prisiones más grandes del mundo.[39]

Si la población penitenciaria (94,687) se divide entre la cifra más actualizada sobre capacidad de alojamiento en centros penales (30,864), el hacinamiento correspondería aproximadamente al 306.79%. Por otra parte, al agregar la variante sobre la capacidad que tiene el nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), 40,000 reclusos, la capacidad penitenciaria nacional sería de 70,864 personas aproximadamente y el hacinamiento correspondería al 133.62%[40].

El 31 de enero de 2023, Nayib Bukele, junto a su Gabinete de Seguridad, presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un recinto carcelario de ubicado en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente con una extensión de 1.6 km² y capacidad para 40 000 reclusos.[41][42] El centro penal tiene, además de pabellones para confinamiento de reos, un edificio para custodios, salas de audiencia, celdas de castigo, fábricas para talleres, control de acceso con escáner de cuerpo completo y escáner para paquetes.[43][44][45]

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