Gustavo Vera

Gustavo Vera nació en Basavilbaso, Entre Ríos 1964,[5] se crio en San Martín, provincia de Buenos aires, fue Scout (USCA) por 9 años en el Grupo Scout N® 239 Santa Teresita de Saenz Peña, estudió para ser maestro de escuela primaria en la Escuela Mariano Acosta, en 1985 y se dedicó a la docencia en escuelas públicas.

Gustavo Vera fue protagonista del movimiento de las asambleas barriales tras la crisis de diciembre de 2001 en Argentina, desde la asamblea popular "20 de Diciembre" que posteriormente se denominó "La Alameda" en Parque Avellaneda. La Alameda paso de Asamblea a ONG al conseguir conformar un centro comunitario, que al día de hoy brinda servicio de comedor a 150 vecinos y vecinas diariamente, y una cooperativa textil con costureros liberados de la esclavitud. La Fundación Alameda originalmente comenzó haciendo investigaciones y formulando denuncias, tanto en el orden judicial como administrativo, por el sistema de esclavitud en la industria textil. Luego, la enorme cantidad de denuncias y la visibilización e instalación generó que la organización comenzara a recibir numerosas denuncias de trata sexual y trata laboral rural e infantil en el campo.

La Alameda fue una de las ONG que más visibilizó la problemática de la trata y el trabajo esclavo en Argentina, y de las que más trabajó para lograr la sanción de la primera ley contra este delito en 2008, y su posterior reforma en 2012.

La organización de la cual Gustavo Vera es titular, en 2007-2008 fue la artífice, junto al Gobierno de la Ciudad y el INTI, de la creación del primer "Centro Demostrativo de Indumentaria" (CDI) donde trabajan dignamente más de un centenar de costureros en una decena de cooperativas que habían salido de talleres clandestinos y que hoy desarrollan su oficio bajo la supervisión técnica del INTI. Asimismo en el 2010-2012 lanzó la red de cooperativas "No Chains" (sin cadenas) en las que se asociaron para trabajar en red las cooperativas La Alameda (Argentina), Retorno a la Dignidad (Tailandia), Defend Job (Filipinas) y asociaciones de Hong Kong e Indonesia para lanzar campañas de producción de prendas sin trabajo esclavo confeccionadas por trabajadores que habían salido de situaciones de trabajo esclavo y forzoso.

Respecto a la temática trabajo esclavo rural, en el 2009-2010 a raíz de una investigación de la Alameda, sobre trabajo infantil y esclavo en campos frutihorticolas de Batán, el juez Federal Santiago Inchausti resolvió procesar por trata al dueño del campo y disponer del mismo para que las víctimas siguieran trabajando de manera digna y asociativa bajo supervisión directa del Estado y la justicia y que los niños fueran contenidos y escolarizados.

En el 2013 la Alameda junto a la Secretaria de Derechos Humanos de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina) impulsaron la campaña nacional contra el trabajo esclavo y desde allí judicializaron más de 400 lugares de trabajo esclavo y forzoso y colaboraron con la justicia en la reutilización de máquinas textiles incautadas que fueron destinadas a la comunidad Qom en Formosa y Chaco y a centros de recuperación de víctimas de las adicciones para capacitarlos laboralmente.

Desde el 2008 fueron acompañados en su tarea por el entonces Cardenal Jorge Bergoglio quien anualmente comenzó a organizar misas a favor de la asistencia a las víctimas de trata, en las que solía poner de relieve el drama de la esclavitud sexual, laboral e infantil en la Argentina y convocaba a luchar mancomunadamente contra la cultura del descarte. Ya como Papa Francisco, promovió internacionalmente la lucha contra la trata de personas como crimen de lesa humanidad y Gustavo Vera fue decenas de veces organizador de coloquios internacionales contra la trata y el crimen organizado que se desarrollaron en la Academia Ponticia para las Ciencias Sociales en colaboración con el Canciller de la misma, Monseñor Marcelo Sanchez Sorondo.

Su labor incluye denuncias que tuvieron grandes incidencias en la política nacional e internacional.Más de un centenar de marcas de ropa nacionales e internacionales fueron denunciadas por la Fundación la Alameda ante la justicia por basar su producción en talleres clandestinos con trabajo esclavo.Alrededor de dos millares de prostíbulos fueron denunciados y la mayoría de ellos cerrados a instancias de las denuncias llevadas por Vera a la justicia. Asimismo, varios cientos de niños fueron rescatados de los campos mendocinos donde se dedicaban a la recolección de ajos en el 2009 luego de una investigación que realizaron costureros de la Alameda y que tuvo fuerte repercusión en la provincia que creó guarderías y reforzó normas para combatir el trabajo infantil.

En el 2016, ya como legislador, Vera fue autor de la ley para cerrar los prostíbulos porteños que se disimulaban falsamente en pseudowiskerias. En su discurso dijo: "Votamos algo que tiene que ver con la libertad, la vida y la dignidad. Estos son delitos de Lesa Humanidad. Nos ocupamos de esta problemática antes de llegar a la Legislatura, estuvimos en el día a día con las víctimas y sufrimos 18 atentados”, precisó Vera en el recinto. Además, explicó: “Se demostró que estos locales de clase A violan no solo la legislación argentina sino también el estatuto de la ONU. La Comisión de Derechos Humanos prohíbe la trata en todas sus dimensiones”.

Su labor incluye denuncias que tuvieron grandes incidencias en la política nacional e internacional. En el marco de esta tarea, realizó denuncias contra figuras públicas, como Jorge Ibáñez, Juliana Awada, Benito Fernández, Eugenio Zaffaroni, etc., los talleres textiles clandestinos de la primera dama Juliana Awada, los vínculos del exmiembro de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y zar de la trata y proxenetismo Raúl Martíns en el financiamiento de la campaña de Mauricio Macri, exjefe de Contrainteligencia de la SIDE Jaime Stiusso por enriquecimiento ílicito, el o las grandes marcas de ropa nacionales, Kosiuko, SOHO, o los grande modistas como Graciela Naum (que proveía a Máxima Zorreguieta), e internacionales incluyendo a Zara, Puma y Adidas, implicadas en la trata y la esclavitud. Denunció a la firma Cheeky de Juliana Awada por producir prendas en talleres clandestinos. En los mismos, unas 13 personas eran sometidas a la servidumbre y el hacinamiento. Los costureros estaban encerrados en cuartos muy pequeños con cama cuchetas sobre las que debían comer, ya que carecían de mesas y sillas. Los niños de esos costureros también eran sometidos.

Junto a la ONG La Alameda denunció a la empresa Cheeky y a Juliana Awada, esposa del Jefe de Gobierno, Awada ha tenido varias denuncias sospechada por reducción a la servidumbre y trabajo esclavo a través de talleres de costura clandestinos, ubicados en Buenos Aires que confeccionan prendas.[6] La causa recayó en el juez Guillermo Montenegro quién sin embargo la sobreseyó, junto con su hermano, por lo que fue acusado de encubrimiento por diferentes medios.[7][8][9] Guillermo Montenegro, dictó el sobreseimiento de los responsables de la firma. La resolución fue considerada “escandalosa”.[10] Días más tarde del controvertido fallo Montenegro fue nombrado Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.[7]

En el año 2016 siendo legislador porteño, y como titular de la Comisión Especial de Trata de Personas y delitos conexos, presentó un proyecto de ley por medio del cual se eliminó la figura denominada "Clase A" con régimen de alternadoras, por la cual se habilitaban locales dedicados al proxenetismo y explotación sexual. Cabe mencionar que estos locales ya se encontraban prohibidos en todo el territorio nacional por la conocida ley 12.331 del año 1936. El proyecto de ley, oportunamente presentado y votado por la mayoría de los bloques que conformaban el arco político, tuvo entre sus fundamentos el criterio abolicionista que rige nuestro país a través de la mencionada ley 12.331, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Prostitución Ajena, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entre otros instrumentos que fueron ratificados por la República Argentina y que tienen actualmente plena vigencia. Un informe realizado por Amnistía Internacional[Amnistía_Internacional] reveló el impacto real hacia las personas que ejercían la prostitución en los prostíbulos clausurados tras la aplicación de la ley, que lejos de dar fin a su actividad solo terminó por arrojar a un sector precarizado a un hostigamiento constante de las fuerzas armadas. La cual comprendía desde el hurto de objetos en los apartamentos donde se realizaban dichos allanamientos, la tortura a través de golpizas y/o abusos sexuales, hasta el cobro de coimas y el arresto de personas que ejercían la prostitución.[11] En mayo de 2020 en el marco del COVID-19 la UTEP (Unión de los trabajadores y trabajadoras de la economía social) en conjunto con el Ministerio de desarrollo social lanzó un formulario para registrar a los trabajadores de la economía popular y poder brindar derechos laborales, seguridad social y capacitaciones. Por primera vez, estuvo incluida la categoría de las trabajadoras sexuales.[12] Pero en cuestión de horas el mencionado formulario fue eliminado, negando el acceso a derechos laborales a las trabajadoras sexuales.[13]

• La Alameda (ONG)

• Blog Alameda
• Alameda
• Multisectorial 21F
• Gustavo Vera en Instagram
• Gustavo Vera en Twitter