Hernando de Santillán y Figueroa

Hernando de Santillán y Figueroa había nacido hacia 1519,[1] muy probablemente en la ciudad de Sevilla[2] o en algún lugar de los cuatro reinos de Andalucía o bien en la ciudad de Valladolid[3] de Castilla la Vieja, que a su vez formaban parte de la Corona de España. Era hijo de Hernando de Santillán y Ramonte (n. Sevilla, ca. 1489) y de su esposa Leonor de Figueroa y Alencastre (n. ca. 1499).

Pocos datos existen sobre su niñez y juventud, pero se sabe que sus abuelos paternos eran Pedro de Santillán, caballero de la Orden de Santiago —un hijo de Luis García de Santillán, justicia mayor de Sevilla, y de María Sánchez Coronado— y su esposa Isabel de Ramonte. Sus abuelos maternos eran Juan de la Cueva y Figueroa,[4] que estaba emparentado con los duques de Feria[4] y los de Alburquerque,[4] y Beatriz Ponce de León,[4] del linaje de los duques de Arcos.[4]

Tras haber sido relator[3] en la Real Chancillería de Granada,[2][3] y de la de Valladolid,[2][3] fue nombrado en 1548 oidor[2][3] de la Real Audiencia de Lima[2][3] por lo cual llegó a Sudamérica a ocupar su puesto en 1550.[2][3]

El virrey Antonio de Mendoza y Pacheco le encomendó a Santillán que estudiase las instituciones incaicas para establecer los tributos que los aborígenes le pagaban a su monarca.[3] El 21 de septiembre de 1552 fallecía dicho virrey y el citado tribunal, presidido por Andrés de Cianca, pasó a gobernar de forma interina el virreinato peruano.[2][3]

Sin embargo, la real audiencia debió enfrentar la rebelión de los encomenderos que si bien fue controlada,[2] gracias a las campañas militares de Santillán y del arzobispo de Lima,[2] quedaría desmostrado los problemas que enfrentaban los españoles con las regulaciones al trabajo de los indígenas.

En su gestión, durante el gobierno interino de Pedro de la Gasca,[5] fue un ferviente defensor de la reducción de aborígenes en pueblos de misión.[5] Frente a los conflictos del nuevo virrey Andrés Hurtado de Mendoza, II marqués de Cañete, con las antiguas autoridades, Santillán le permaneció fiel, y por ende al rey, ganándose la enemistad de los demás.

Cuando se necesitó pacificar los ánimos en Chile entre los conquistadores, el virrey nombró el 15 de septiembre[6] de 1556[6] como gobernador de la Capitanía General de Chile[2] a su propio hijo García Hurtado de Mendoza,[6] futuro IV marqués de Cañete, y a Santillán como su teniente de gobernador general de Santiago,[7] con un sueldo anual de 3.000 pesos de oro[8] pero con la condición de no tomar para sí encomiendas ni repartimientos.[8]

Llegaron a destino el 23 de abril de 1557, desembarcando en La Serena, en donde asignó el cargo de teniente de gobernador homónimo al licenciado Juan de Escobedo,[9] y en el cargo de teniente de gobernador de Concepción al licenciado Alonso Ortiz.[10]

Los habitantes de Coquimbo quedaron deslumbrados al ver junto al nuevo gobernador el más grande ejército hasta entonces visto en estos lugares, contando con más de cuatrocientos cincuenta hombres[11] armados con arcabuces, vestidos con armaduras y penachos de plumas, y con cañones, pero debió enfrentar los mismos problemas con los encomenderos locales.

Santillán entonces redactó las ordenanzas[12] posteriormente conocidas como «tasa de Santillán»,[2][12] para aliviar los trabajos forzados de los indígenas y asegurarles algunos derechos.[12] De esta forma se ganó las críticas de los encomenderos, pero debió regresar a Lima en 1559. Luego de sufrir un juicio de residencia, por lo que terminó suspendido en sus funciones y desterrado del Perú, tuvo que ir a España para defenderse. Una vez absuelto por el rey Felipe II de España retornó a Chile.

Frente a los malos tratos de los españoles hacia los indígenas y las rebeliones de estos se dedica a estudiar la situación presentó al gobernador un proyecto que si bien seguía manteniendo la encomienda, reformaba la situación existente. El gobernador García Hurtado de Mendoza,[13] hijo del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, promulgó en la ciudad de Concepción el 20 de enero[13] de 1559[13] la tasa de Santillán,[13] la cual estipulaba los siguientes puntos:

• Mantuvo el sistema de mita acostumbrado del Imperio inca, que consistía en la obligación del cacique de un grupo de enviar uno de cada 6 indígenas para trabajo en las minas o lavaderos de oro.
• Uno de cada 5 indígenas para el trabajo agrícola.
• Los indígenas debían ser mantenidos por los encomenderos.
• Debían sanarlos en caso de enfermedad.
• Debían evangelizar a los aborígenes.
• No hacerlos trabajar los domingos y festivos.
• No debían trabajar las mujeres, los hombres menores de 18 años y ni mayores de 50 años de edad.

Estas ordenanzas incrementaron el descontento por considerarlas exageradas, onerosas y opresoras con los encomenderos que dejaron su vida por conquistar las tierras para el monarca. En diciembre del mismo año, las ciudades de Santiago, Concepción e Imperial mandaron a Miguel de Avedaño y Velasco a la Corte, para que comparezca ante el rey Felipe II de España estos asuntos que tanto los perjudicaba.[14]

La tasa finalmente duró dos décadas y tuvo una parcial obediencia ya que a pesar de los abusos que seguían cometiendo los encomenderos igual reclamaban contra las normas de estas.

Una vez viudo en Sevilla hacia 1572, optó por la vida eclesiástica,[16] y a pesar de que le volvieran a ofrecer la cancillería de Granada, no la aceptó, prefiriendo ser obispo de Charcas.[16] Finalmente el licenciado Hernando de Santillán y Figueroa falleció tres meses después de llegar a la ciudad de Lima,[16] capital del Virreinato del Perú, el 8 de junio de 1574[1] o el 7 de junio de 1575.[16]