Ignacio del Valle Medina

Un crítico del gobierno federal señala que Fox «jamás se empolvó las botas para averiguar la realidad de Atenco, al que condenaba a la desaparición con la expropiación de 3 mil hectáreas, mientras a los otros municipios les quitaban unas cuantas; humilló a los lugareños con absurdos comparativos de producción agrícola, menospreciando su batalla cotidiana contra el salitre; ignoró que Atenco era un importante señorío desde la época precolombina y su ancestral apego a la tierra; intentó defraudarlos al ofrecer siete pesos por metro cuando tenían presupuestado 65; fue también Fox quien los empujó a salir de Atenco para tomar las calles de la Ciudad de México y levantar sus machetes en el Zócalo [la plaza central de la capital de México], los días 1 y 29 de noviembre de 2001, en imágenes que le dieron la vuelta al mundo».[11]

Según voces críticas de la actuación de Ignacio del Valle, estas tierras salitrosas no tenían remedio y venderlas era lo correcto, pero del Valle cometió el error de escuchar a agitadores de la Ciudad de México y a políticos mexiquenses del llamado grupo Hank. Este grupo político, surgido en los setenta del siglo XX en torno a la figura del político mexiquense Carlos Hank González, habría impulsado inicialmente el proyecto para lucrar con tierras adquiridas previamente,[12] pero posteriormente se confrontó con Fox y aliados de otro grupo político mexiquense debido a modificaciones al proyecto de aeropuerto original, que ponían en desventaja de valor a los terrenos que el grupo Hank había comprado anteriormente con información confidencial. Según esta versión, fue este pleito entre políticos, más que la propia movilización de del Valle y sus compañeros, el que habría llevado a Fox a dejar caer la construcción del aeropuerto.[13] Otra crítica a del Valle se relaciona con la retención de funcionarios y su sometimiento a severas intimidaciones, que se comenta más a fondo en otras partes de este artículo.

El día 30 de noviembre, un juez otorgó la primera suspensión contra la expropiación del ejido San Miguel Tocuila. El 4 de diciembre se interpuso una controversia constitucional contra la expropiación firmada por los municipios de Texcoco, Acolman y el Gobierno del DF, con lo que el caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 27 de diciembre, ejidatarios de Atenco pusieron barricadas para impedir la entrada de la policía y el 30, declararon a Atenco «municipio en rebeldía» y proclamaron «alerta máxima» en la zona ante el posible inicio de las obras del aeropuerto.[14] Después continuaron realizando marchas en la Cd. de México y bloqueos carreteros.

A mediados del 2002, del Valle y su gente «confiscaron» cuatro vehículos y tomaron momentáneamente como rehenes a once empleados de la Compañía de Luz y de otra empresa, que trabajaba en las tierras en conflicto; impidieron los avalúos de sus terrenos y emplazaron a Fox a un debate público. El día 11 de julio, durante un acto del gobernador del Estado de México, se registró un enfrentamiento con la policía estatal del que resultaron varios heridos, entre ellos un ejidatario, que murió posteriormente.[15] La policía detuvo a los líderes del FPDT, a lo que los ejidatarios destruyeron vehículos y autos patrulla, además de tomar como rehenes a varios funcionarios públicos en demanda de la liberación de sus compañeros, que lograron finalmente, para continuar con las protestas.

Finalmente, el 1 de agosto de 2002, la Presidencia de la República dio marcha atrás al proyecto y anunció que «dada la negativa de las comunidades ejidales» a vender sus tierras, se iniciaban los trámites para dejar sin efecto los decretos expropiatorios.[16][17] Fuentes señalan que, al suspender el gobierno federal la construcción del aeródromo en Texcoco, Ignacio del Valle consiguió el reconocimiento de muchos, pero también el encono de otros, dentro y fuera de San Salvador Atenco.[5]

Por otra parte, José Luis Magaña y Roberto Acevedo, funcionarios públicos de la zona en 2006, señalan que cada vez que había un problema con alguno de los miembros del Frente de Pueblos, los «macheteros» prácticamente asfixiaban la región con el cierre de vialidades y si eso no funcionaba, secuestraban o retenían, como se quiera ver, a funcionarios públicos. Relatan tres casos: uno relacionado con el transporte de Santa Catarina, que llevó a que entraran con uso de violencia al palacio municipal de Texcoco, otro por el desalojo de un vendedor de tamales del centro de Texcoco y uno relacionado con la demanda de apoyo a una escuela de discapacitados. En este último caso, explican, tomaron como rehenes a un funcionario municipal y a otro estatal, los golpearon, les colocaron cohetones en el cinturón y rociaron gasolina en sus pantalones. «“Si no hacen lo que queremos no hay negociación”, eran sus argumentos, se sentían invencibles por lo del aeropuerto y hacían lo que querían».[20]

Después de la incursión policiaca de 2006 en Atenco,[21] reporteros entrevistaron a miembros de la comunidad atenquense acerca de Del Valle y ésta se mostró dividida en torno al personaje y su labor en esos años. Varios de los habitantes de Atenco reconocieron el valor de su lucha, en particular por la posesión de la tierra, pero condenaron las acciones posteriores, considerándolas excesivas. La queja repetida de algunos fue que en el movimiento y acciones del FPDT «hubo mucha gente de fuera, venía mucha gente que no era de acá».[22] Del Valle y su movimiento atraían activistas de otras regiones del país a los mítines y bloqueos de carreteras organizados en la zona y la vida cotidiana en el pueblo sufría frecuentes disrupciones. Para otros, el sumarse de los ejidatarios a otras causas del mismo tipo y viceversa, es un proceso natural.[23] Especialmente fuerte era la relación con el movimiento neozapatista antes mencionado, «La Otra Campaña».[24]

Además del caso ya mencionado de julio del año 2002, cuando tomaron rehenes para evitar que se construyera en Atenco el aeropuerto alterno a la ciudad de México, el 8 de febrero de 2006, Rosendo Rebolledo Montiel, Director General de Gobierno en la región de Texcoco, Estado de México fue, según se quiera ver, retenido o secuestrado por muchas horas en las oficinas del comisariado ejidal de San Salvador Atenco por el FPDT, como una medida de presión para la liberación de uno de sus miembros, Arturo López Frutero, quien enfrentaba un proceso penal en la cárcel de «Molino de Flores» de Texcoco, acusado de primero de fraccionar terrenos de manera ilegal y luego de violación.[25]

En entrevista, Rebolledo declaraba que «en el tiempo que he estado aquí con la gente del Frente he sido tratado bien […] Yo siento que es gente que está luchando por lo que ellos creen que es justo».[26] Sin embargo, este es uno de los funcionarios a los que la gente de del Valle, según versiones, habían rociado de gasolina con la amenaza de ponerles fuego.[27]

El 6 de abril de ese mismo año los atenquenses retuvieron a cinco funcionarios de la Secretaría de Educación, para protestar por la inasistencia del secretario estatal del ramo, Isidro Muñoz, a una reunión para determinar los programas a aplicar en la comunidad.[28]

El martes 25 de abril, el FPDT recibe a «La Otra Campaña» en San Salvador Atenco, presidida por el subcomandante «Marcos» del EZLN. Allí, el Frente hace pública su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a La Otra Campaña, movimiento pacífico que busca la organización y el apoyo entre grupos de resistencia contra el gobierno mexicano.[29]

El artículo Disturbios de Atenco de 2006 presenta, además de una breve reseña de los hechos del 3 y 4 de mayo en Atenco y los que les siguieron, otros aspectos de la relación del FPDT con La Otra Campaña.

Una fuente zapatista señala que además de La Otra Campaña, en los hechos de Atenco se encontraban en solidaridad con los atenquenses y el zapatismo organizaciones sindicales, políticas y sociales como FPR, el STRM, la Unión de Juristas de México, JRA, el MUT, el FTPJSIMSS, el POS; instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; colectivos como Colmena, Radio Pacheco, Video Reforma, Zona Rosa, José de Molina, Machetearte, Centro de Medios Libres, y organismos no gubernamentales, como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; organizaciones de los cuales salieron, además de los propios atenquenses y zapatistas los detenidos, heridos y desaparecidos, así como el fallecido Alexis Benhumea, en el operativo.[30]

Durante 16 años, durante la cosecha, los floricultores de los pueblos del valle de Texcoco habían bajado a la cabecera municipal para instalarse en las aceras del centro histórico, y en particular a un costado del mercado “Belisario Domínguez”. Higinio Martínez Miranda, presidente municipal perredista de Texcoco en el trienio 2003-2006, puso en marcha un programa de reordenamiento urbano que, entre otras cosas, quería poner fin a esta práctica.[31]

En 2006, Martínez dejó su cargo para iniciar una campaña para diputado y quedó en su lugar como interino a Nazario Gutiérrez Martínez, quien consideraba indispensable la reubicación de los floricultores, bajo el mencionado programa. También se ha relacionado la reubicación con el desalojo de un terreno para la construcción de un Walmart.[32] Algunos aceptaron, pero otros, adherentes al FPDT, se negaron a perder su punto de venta, al considerar que era un espacio socialmente ganado. A principios de abril, para impedir que los floristas pusieran sus puestos, Gutiérrez rodeó el mercado de efectivos de policía local, a los que se sumarían posteriormente elementos de policía estatal armados de escudo y tolete. Por tal motivo, el 12 y 20 de abril se registraron enfrentamientos entre agentes de la policía municipal (de signo perredista) y estatal (de signo priísta) y los vendedores de flores. En el primero, los policías fueron acusados de robar mercancía y los floristas dejaron en mal estado cinco patrullas de la policía local. En el segundo, más de 1000 efectivos tomaron por asalto el interior del mencionado mercado, golpeando a mujeres y ancianos entre otros.[33] Finalmente, el 2 de mayo, los floristas, bajo el liderazgo de Rodolfo Cuéllar e Ignacio del Valle como gestor, se reunieron con varios funcionarios estatales y municipales, entre ellos Eugenio Alonso Chombo, Director Regional de Gobierno del Estado de México (Zona Oriente), quien prometió gestionar el retiro de la fuerza pública del lugar de conflicto, cosa que quedó registrada en video.[34] Del Valle advirtió a los funcionarios públicos que los floristas llegarían a las 4 a. m. del día siguiente a vender.

Pero en la madrugada, la fuerza pública seguía rodeando el mercado[35] e impedía a los locatarios ocupar el interior.[29] Alrededor de las 7 a. m. se iniciaron los golpes entre la policía y los floristas (que según versiones en ese momento solo eran ocho)[36] y sus simpatizantes, derivando en una abierta confrontación armada. La fuerza pública usó toletes, escudos y gases lacrimógenos y el grupo de floristas, simpatizantes texcocanos y miembros del FPDT, piedras y machetes, con 15 lesionados en total de ambos bandos y 3 detenidos.

Alrededor de las 8:30 a. m., Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Rodolfo Cuéllar y compañeros, un total de alrededor de 40 personas, se refugiaron en el domicilio de este último. La vivienda, en la que se atendía a lesionados y de donde habían salido en la madrugada los floristas y atenquenses, fue rodeada por 300 policías antimotines estatales, a los que se sumaron 200 más en el transcurso del día. Según el diario La Jornada, durante varias horas, los atrincherados intentaron comunicarse con diversas autoridades, sin éxito. Alrededor de las 5:15 p. m. fueron desalojados con gases lacrimógenos. Se produjeron entre 28 y 40 arrestos, según versiones, incluyendo el de del Valle. Los arrestados sufrieron golpizas que fueron calificadas de brutales. Reporteros y fotógrafos también fueron agredidos a golpes.[37] Mientras tanto, al correr las primeras noticias, militantes atenquenses del FPDT habían buscado a la Secretaría de Gobierno del Estado de México para que se dejara salir a del Valle y su gente del encierro. Pese a que había fuerzas estatales participando en la acción, la misma contestó que no tenía injerencia en el asunto y que la situación era competencia exclusiva del ayuntamiento de Texcoco. En protesta, alrededor de 150 atenquenses iniciaron, a las 11 a. m. del mismo día, un bloqueo de la carretera federal Texcoco-Lechería.

Poco después, ocurrió la muerte de Francisco Javier Cortes Santiago, lugareño de 14 años «por disparo de bala de calibre de 38 milímetros, como las utilizadas por la policía»,[38] sin que hasta ahora se haya castigado a un culpable. Tras esto hubo una escalada de la violencia. Varios policías fueron tomados rehenes, uno de ellos brutalmente golpeado por los lugareños, hecho ampliamente divulgado por diversos medios. Posteriormente una parte de ellos fueron liberados y los heridos entregados a la Cruz Roja.[39]

El resto del día continuaron los enfrentamientos, con hasta 800 pobladores por hasta 700 policías, con el uso de macanas y escudos, escopetas de sal, gases lacrimógenos desde un helicóptero y armas de fuego por parte de la policía y vallas de llantas ardiendo, machetes, piedras, bombas molotov, cohetones y cañones de pólvora llenos de grava por parte de los moradores del lugar. Al final del día la policía se retiró.[40] A las 18:00 horas el Secretario de Gobierno Humberto Benítez había reportado 33 policías heridos.[41]

Al anochecer, el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, Wilfrido Robledo, quien en el 2000 dirigió la toma de Ciudad Universitaria en el Distrito Federal y que fue nombrado a finales de 2009 director de la Policía Federal Ministerial, sobrevoló San Salvador Atenco y posteriormente propuso que los policías se dividieran en cinco contingentes para ingresar a la zona urbana por igual número de accesos, a fin de liberar a los 12 policías retenidos en el poblado y reabrir la circulación en la vía Texcoco-Lechería.

El diario La Jornada señala que su plan fue aceptado por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto (priísta) a las 2 a. m. y contó con el apoyo del secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora (gobierno federal panista).[42]

En la madrugada del día siguiente, al menos 3000 policías, 1500 estatales y 1500 federales tomaron por sorpresa a los 400 activistas que estaban de guardia en Atenco y ocuparon la población, gaseando, aplicando golpizas, destrozando viviendas y violando mujeres, como parte, según dice un artículo de la revista Yo Dona,[43] de una estrategia gubernamental de tortura. Otras fuentes sobre el trato a las mujeres son: http://www.jornada.unam.mx/2006/05/10/index.php?section=politica&article=003n1pol y http://argentina.indymedia.org/news/2006/05/407621.php.[44][45] Esta última nota también presenta una versión alterna, de origen policial, sobre la muerte de Javier Cortés Santiago.

Durante estos hechos, el joven de 21 años, Alexis Benhumea fue herido de muerte al ser golpeado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno, falleciendo un mes después. La policía realizó 110 detenciones, para un total 217 en dos días, entre ellas 10 menores de edad, 5 extranjeros, y 145 de ellas consideradas arbitrarias.[46] Los 5 extranjeros que laboraban en medios alternativos de comunicación, también fueron golpeados y además expulsados del país de manera irregular.[47][48] Entre los arrestados hubo 26 mujeres que sufrieron de abuso sexual.[48] La Dirección de Prevención y Readaptación Social del gobierno mexiquense reconoció que se requirió de al menos media docena de médicos para atender a los detenidos que presentaban lesiones, e incluso se recurrió a sicólogos para apoyar las tareas. Se reportaron 14 personas hospitalizadas en la capital mexiquense, en calidad de detenidas; tres de origen extranjero.[49] Fuentes zapatistas señalan un total de hasta 290 heridos, muertos, desaparecidos o detenidos en los dos días.[50][51] No se cuenta con datos del número de los policías afectados en esta jornada.

Ese mismo día, Ignacio del Valle y el ejidatario Felipe Álvarez Hernández fueron consignados al juez Luis Arias, pero no por los hechos del día antes, sino por la acusación del ya mencionado secuestro de Rosendo Rebollar del 8 de febrero anterior, según la causa penal 91/2006. A ambos les fue impedido hablar con sus abogados y fueron asistidos por defensores de oficio. Por ser considerado como grave el delito de secuestro, ninguno alcanzó el beneficio de la libertad bajo caución.[52] Las autoridades estatales convinieron con la Federación en recluir a Del Valle en el penal de máxima seguridad de La Palma, también localizado en Almoloya de Juárez.[53]

Tanto Robledo Madrid como Humberto Benítez Treviño, Secretario General de Gobierno del Estado de México en ese momento, acusaron a Ignacio del Valle de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Para Robledo, merecía estar en La Palma, donde finalmente fue recluido, sin necesidad de ningún estudio que determinase su peligrosidad. Cabe señalar que no hubo posteriormente ninguna acusación formal por delito de homicidio.[54] Gilberto López y Rivas considera que la violencia de la represión en Atenco y Texcoco, así como las inusualmente largas condenas de cárcel impuestas a del Valle fueron en venganza de la rebeldía frente al estado mostrada por ellos a lo largo de los años y en especial por el asunto del aeropuerto.[55] Para Carlos Fazio, de La Jornada, el operativo en Atenco fue preparado directamente por la Policía Federal Preventiva, con conocimiento de Vicente Fox y conjetura que el motín de los atenquenses fue «inducido», según manuales sobre «operaciones especiales», o «sicológicas», de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Como evidencia cita que las principales cadenas de radio y televisión estuvieron presentes para transmitir los hechos en «vivo» y «en directo» desde el 3 de mayo, cuando apenas horas antes se trataba de un incidente menor, el desalojo de 8 floristas y también, que estos medios dominantes estuvieron homosintonizados ambos días en destruir la imagen pública de los rebeldes y conseguir la aprobación popular de la represión.[56]

En la década de los noventa se dio en México el recrudecimiento del delito de secuestro y desde 1995 el gobierno federal y los locales comenzaron a tomar nuevas medidas en contra de este delito con mayor o menor éxito. A del Valle le fueron aplicadas las sanciones contenidas en el Código Penal del Estado de México vigente (con reformas posteriores) desde el 20 de marzo del 2000.[60] Desde ese momento, analistas de derechos humanos señalaron que estos endurecimientos de penas sería aprovechados para la criminalización de la protesta social[61] Este sería en particular el caso de las condenas aplicadas a del Valle. También se argumenta que las retenciones hechas por los atenquenses no debían de ser equiparadas con secuestros.[62]