Impuesto de los 10 centavos

Hilarión Daza impulsó una atrevida política que es considerada como el detonante de la guerra del Pacífico.

A mediados del siglo XIX, la región de Antofagasta, del Litoral o el desierto de Atacama, lejos de los centros poblados de Bolivia, se encontraba casi inhabitada y no existían más que huellas y senderos hacia el altiplano boliviano. El viaje a pie o en cabalgadura desde la costa por el desierto, la cordillera y el altiplano hasta La Paz necesitaba 15 o 16 días. Los mayores centros poblados de Antofagasta eran los puertos de Cobija, Mejillones y el poblado San Pedro de Atacama. El gobierno boliviano tenía interés en desarrollar la región para no depender del puerto peruano de Arica en su comercio exterior, para obtener entradas a las arcas fiscales y también para asegurar la soberanía boliviana sobre esa región. Sin embargo, hasta entonces, sus esfuerzos no habían rendido frutos, pues la población y los empresarios bolivianos no se interesaban por ella. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, ni Mejillones ni Cobija prosperaban.

A partir de mediados del siglo XIX, el salitre comenzó a reemplazar en el mercado internacional al guano, cuyos ingresos decaían a causa del agotamiento de los depósitos y de la menor cantidad de nitrógeno que contenían los embarques.

Bolivia entró en un gravísimo conflicto por una riqueza de la que, según palabras del historiador diplomático chileno Ramón Sotomayor Valdés, escritas pocos años antes, casi ningún boliviano se ocupaba: "Se habla del mineral de Caracoles como de un venero descubierto en la Siberia".

La mayor parte del salitre transado en el comercio internacional se extraía de la región peruana de Tarapacá, pero el explorador chileno José Santos Ossa obtuvo en 1866 del gobierno boliviano una licencia que daba "la posesión y goce de los terrenos en que se descubriesen depósitos de salitre y boráx ... con la precisa condición de habilitar la caleta de la Chimba". Chimba era el nombre que se le daba al sector donde hoy se ubica el puerto de Antofagasta. Posteriormente descubrió salitre y fundó la "Sociedad exploradora del Desierto".

Debido a la insatisfacción con el tratado de 1866, Bolivia y Chile firmaron el 6 de agosto de 1874 un nuevo tratado de límites. El acuerdo era meridianamente claro en lo que respecta a impuestos:

Artículo IV

Los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales exportados en la zona de terreno de que hablan los artículos precedentes, no excederán la cuota de la que actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen.

La estipulación contenida en este artículo durará por el término de veinticinco años.

De esta manera la CSFA quedaba doblemente asegurada de que no se aumentarían ni crearían nuevos impuestos sobre su trabajo en las salitreras de Antofagasta.

La junta municipal de Antofagasta decretó en mayo de 1875 un impuesto de 3 centavos por cada 100 kilos de salitre exportado, pero el Consejo de Estado de Bolivia, encabezado por Serapio Reyes Ortiz, posteriormente vicepresidente de Bolivia, rechazó el decreto como ilegal e improcedente basándose en que la resolución municipal estaba en contradicción con la transacción de noviembre de 1873 y el tratado límites de 1874.[6]^: 138–39

En 1878, la Junta Municipal de Antofagasta intentó nuevamente cobrar un impuesto, esta vez para el alumbrado público. La compañía se negó, se arrestó a su gerente Jorge Hicks y a los celadores y se intentó embargar especies. Pero los trabajadores de las salitreras apoyaron la negativa de la empresa, se reunieron en la plaza de Antofagasta hasta que la junta municipal desistió del cobro. Posteriormente la compañía donó una cantitad de dinero para el alumbrado.[6]^: 145–46

El 20 de diciembre de 1877, el diputado Francisco Buitrago consideró nula la transacción de 1873 y propuso agregar un impuesto de 10 centavos a cambio de aceptar su legalidad.

El historiador boliviano Roberto Querejazu Calvo escribe sobre la ley que decretó el nuevo impuesto y su relación con la ley del 22 de noviembre de 1872:

Fue apoyándose en esta disposición [ley del 22 de noviembre de 1872] que don Belisario Peró [abogado de la CSFA] consiguió para la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta la transacción del 27 de noviembre de 1873. Ahora bien, mientras la empresa consideraba que el arreglo obtenido por su agente tenía carácter definitivo, varios juristas de Bolivia sostenían que para tener validez le faltaba ratificación legislativa. La divergencia entre ambos puntos de vista radicaba en la frase "con cargo a dar cuenta a la próxima legislatura". Los abogados de la compañía sostenían que esta frase estaba subordinada a la anterior "solo en casos de no avenimiento". Para los juristas citados, en cambio, todos los convenios entre el estado y los particulares, que involucraban bienes de la nación, tenían que someterse obligatoriamente a la aprobación camaral. A su juicio, también el fallo del Consejo de Estado [ver más adelante] en sentido de ser improcedente para la compañía un impuesto municipal de 3 centavos, había sido erróneo.[6]^: 141

El 14 de febrero de 1878 la Asamblea Nacional aprobó una ley que exigía el pago de un nuevo impuesto a la CSFA. Su texto era el siguiente:

Artículo único:

Se aprueba la transacción celebrada por el ejecutivo el 27 de noviembre de 1873 con el apoderado de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, a condición de hacer efectivo como mínimo, un impuesto de 10 centavos en quintal de salitre exportado.[6]^: 142

Buitrago calculó que si se exportaban 1.000 quintales (a 100 kg) por día, se obtendrían 36.500 Bolivianos al año.[notas 3] y si se suprimía la regalía de las importaciones libres significaba unos 25.000 a 30.000 bolivianos adicionales. El diputado Abdón Senen Ondarza presentó el proyecto de los diez centavos, como mínimo, que fue aprobado tras varias semanas. Finalmente, en febrero de 1879 se pretedió cobrar 90,848 bolivianos y 13 centavos.[10]^: 116

Según John Hicks, gerente de la CSFA, se excluyó a las licencias salitreras que Perú había comprado en el Toco y que se ampliaría estas hasta Las Salinas, tras quitárselas a la CSFA.[6]^{: 143–144}

El empresario boliviano Aniceto Arce, copropietario de las minas de Huanchaca en Oruro y conocedor de Chile, estaba interesado en una línea férrea que uniría no solo las explotaciones mineras bolivianas del altiplano sino también La Paz con los puertos del Pacífico. De esa manera se anularía la dependencia boliviana de los puertos y los impuestos peruanos. Arce, quien sería posteriormente presidente de Bolivia, viajó a Santiago en busca de apoyo financiero y técnico para la concreción de sus proyecto. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron éxito.

A fines de 1878, se acordó entre Bolivia y Perú el Tratado de comercio y aduanas[6]^: 234 y el gobierno de Bolivia perdió interés en el ferrocarril a Antofagasta.[6]^{: 152–153}

Por su parte, Argentina y Chile firmaron el 6 de diciembre de 1878 el tratado de Fierro-Sarratea[13] que aunque no definía límites, por lo menos aseguraba a ambas partes el statu quo por un año y prorrogable. Para Chile significó que podía orientar sus esfuerzos diplomáticos y militares a resolver los conflictos con Bolivia.

El interés de Perú por las salitreras

Ubicación de los depósitos de salitre en Bolivia, Chile y Perú.

Los ingresos provenientes de la exportación del guano, que en las décadas anteriores había sido el sostén de la bonanza económica peruana, comenzaron a caer en la década de 1870. Consciente de ello, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle creó por ley en 1873 un estanco del salitre, por el cual las empresas productoras debían regular su producción y los precios de acuerdo a las políticas del gobierno con el fin de evitar que el guano y el salitre, peruanos, compitieran. En 1875 el mismo gobierno decidió estatizar todas las empresas salitreras y de esa manera controlar el precio del salitre.[notas 4]

Sin embargo, las salitreras operadas por la CSFA en Bolivia impedían al Perú controlar el precio internacional del nitrato,[6]^: 175 por lo cual el gobierno peruano trató de hacer valer su influencia sobre Bolivia para impedir esa competencia. Por medio de un testaferro, Henry Meiggs, Perú compró las licencias bolivianas de explotación de los recién descubiertos depósitos de "Toco", al sur del río Loa,[6]^: 175 impidió la firma del acuerdo Corral-Lindsay y quiso impedir la firma del tratado de límites de 1874[14] (que eximía de impuestos a las compañías chilenas del salitre) e imponer una mediación de Perú y Argentina para definir las fronteras de Chile.[15] En 1878, la casa Gibbs, socio británico de la CSFA, que era también encargado de vender el salitre peruano en Europa, presionó a la gerencia de la CSFA para que limitara su producción y advirtió a la gerencia que tendrían dificultades administrativas en Bolivia por encargo de un gobierno "limítrofe" (the interest of a neighbouring Government) si no reducían sus expectativas.[16]^: 69 En el cenit de la crisis, el 14 de febrero de 1879, se esperaba que el cónsul peruano en Antofagasta sería el mayor postor en el remate de la CSFA.[6]^: 211

El 17 de diciembre, el gobierno de Daza decidió hacer efectivo el cobro del nuevo impuesto.[6]^: 154 La respuesta del gobierno chileno fue enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores Alejandro Fierro a su agente en La Paz, Pedro Nolasco Videla, en una carta fechada el 3 de enero de 1879 en la que señala la necesidad de negociaciones entre Bolivia y Chile o el arbitraje por parte de una nación amiga, en ambos casos sobre la base de la suspensión del cobro del impuesto. A la vez exigió una respuesta terminante y categórica en un término breve y perentorio y advirtió que el cobro del impuesto significaría el rompimiento del tratado de límites y que renacerían para Chile los derechos sustentados antes de su firma. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria de Bolivia, le ordena retirar su pasaporte y abandonar la legación.

Bolivia no respondió a las peticiones chilenas sino hasta el 12 de febrero.[6]^: 183 Según Gonzalo Bulnes, a fines de diciembre se cruzaron notas diplomáticas bolivianas (26 de diciembre) y chilenas (3 de enero) en que se proponían mutuamente someter el caso al arbitraje como estaba previsto en un tratado complementario firmado en 1875, pero las dificultades de comunicación (La Paz no estaba conectada a la red telegráfica) impidieron la negociación oportuna.[10]^: 115 El dictador boliviano H. Daza destituyó a su ministro de Relaciones Exteriores Mario Lanza por esa oferta, ya que Daza quería anular las exenciones de impuestos de cualquier manera y confiaba que Chile cedería sus derechos para evitar enfrentar a Perú, unido a Bolivia por el secreto Tratado de Alianza Defensiva.[6]^: 168

El 7 de enero la fragata blindada chilena Blanco Encalada ancló frente a Antofagasta.[6]^: 157

El 6 de enero de 1879 el prefecto de Antofagasta Severino Zapata notificó a la CSFA y le exigió el pago de 90.848 bolivianos y 13 centavos por concepto de impuestos adeudados desde la fecha de promulgación de la ley. El gerente de la CSFA, Jorge Hicks, huyó hacia el interior, y Zapata expidió una orden de detención en su contra, además de instruir al deligenciero de hacienda José Félix Valda proceder al embargo de los bienes de la compañía, que lo hizo el 11 de enero: un terreno, nueve casas edificadas y dos grandes depósitos de salitre elaborado fueron confiscados por el gobierno de Bolivia.[6]^: 160

La CSFA paralizó sus trabajos y 2400 empleados y obreros quedaron desocupados.[10]^: 116

Frente a la negación de la CSFA a pagar el impuesto, el gobierno de Daza cambió de estrategia y anuló las licencias concedidas aduciendo que al rechazar la compañía la ley del impuesto, rechazaba también las licencias. El hecho es que el 1 de febrero de 1879 el Hilarión Daza y cuatro de sus ministros (Martín Lanza, Serapio Reyes Ortiz, Manuel Otón Jofré y Eulogio Dorio Medina) decretaron la anulación de la licencia otorgada a la CSFA el 27 de noviembre de 1873 y la suspensión de los efectos de la ley del nuevo impuesto.[6]^{: 166–167} Según ellos, se terminaba el pleito con Chile y cualquier queja de la compañía debía ser presentada a los tribunales comunes bolivianos. En caso de que Chile pretendiese oponerse a la pérdida de sus derechos, Daza pensaba llamar al Casus foederis del tratado secreto que unía a Perú y Bolivia. La anulación de las licencias fue comunicada el 6 de febrero al representante chileno en La Paz.[10]^: 119

Un detalle de los sucesos es que en Lima y Santiago se sabía desde el 11 de febrero que las licencias habían sido anuladas, pero por las demoras en las comunicaciones bolivianas, el prefecto de Antofagasta el 14 de febrero aún trataba de cobrar el impuesto de los 10 centavos, que La Paz había anulado el 6 de febrero.[10]^{: 120–121}

El 12 de febrero el representante chileno en La Paz exigió sus pasaportes y entregó al gobierno boliviano una nota en que anunciaba y explicaba la doctrina jurídica chilena:

Roto el Tratado del 6 de agosto de 1874 porque Bolivia no ha dado cumplimiento a las obligaciones en él estipuladas, renacen para Chile los derechos que lejítimamente hacía valer antes del tratado de 1866 sobre el territorio a que ese tratado se refiere.

En consecuencia el Gobierno de Chile ejercerá todos aquellos actos que estime necesarios para la defensa de sus derechos i el Excelentísimo Gobierno de Bolivia no debe ver en ellos sino el resultado lójico del rompimiento que ha provocado i de su negativa reiterada para buscar una solución justa e igualmente honrosa para ámbos países.[10]^{: 121–122}

El 14 de febrero fuerzas chilenas ocuparon Antofagasta entre aplausos de la población mayoritariamente chilena.

La consecuencia directa del impuesto fue el quiebre del tratado límites de 1874 y con ello provocó la ocupación chilena de Antofagasta.

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