Oxfam Intermón

El simple hecho de exigir y ejercer los derechos y sumarse a la participación ciudadana supone todo un progreso para las personas excluidas, en los márgenes de la sociedad. Oxfam intenta llevar los problemas que afectan a las personas que viven en la pobreza y la exclusión a las agendas políticas nacionales e internacionales para concienciar de la importancia de su causa.

Junto con otras organizaciones aliadas de la sociedad civil, alientan a las comunidades pobres y excluidas a participar en los procesos que afectan a su bienestar, a partir de un enfoque basado en los derechos y en el convencimiento de que empoderar a las personas para que puedan ejercer sus derechos, es la mejor forma de garantizar su bienestar y unos medios de vida dignos.

En su vertiente activista, Oxfam defiende activamente la aplicación de la Tasa Tobin, también conocida como Robin Hood y que es una tasa que grava las transacciones financieras, para evitar movimientos especulativos y cuya recaudación se destina a la lucha contra la pobreza. La tasa Tobin ya es una realidad en 11 países de la Unión Europea.

La discriminación de las mujeres y niñas es a la vez causa y consecuencia de la desigualdad que genera la pobreza.

En toda su labor Oxfam trabaja bajo el prisma de los derechos y el liderazgo de las mujeres con el objetivo de fortalecer su propio bienestar e incrementar los beneficios que la contribución de las mujeres y de las niñas puede aportar a las sociedades y a sus economías. Oxfam apoya especialmente a las organizaciones centradas en promover la equidad de género, la reforma legal, el acceso a la información y el fin de la violencia contra las mujeres incentivando el cambio cultural en todas las sociedades.

Todo ello incluye el impulso de lideresas con voz y fuerza en colectivos. Destaca su programa Avanzadoras, que consiste en trabajar con mujeres que avanzan y hacen avanzar, lideresas que haciendo valer sus derechos, que cuestionan la discriminación que sufren y que desafían las injusticias. Mujeres que con su ilusión y empeño construyen una sociedad mejor. Por ejemplo, en Colombia, reclaman la prevención, sanción y reparación de los crímenes de violencia sexual que se producen en el marco del conflicto armado. En Marruecos, colaboran con organizaciones de zonas rurales para llegar a las mujeres más desfavorecidas. En la región de Larache reclaman protección social y trabajo digno para 10.300 trabajadoras de la fresa.

Ayudar a las víctimas de un conflicto armado o un desastre natural, así como evitar que otras personas lo sean en el futuro, es una cuestión de humanidad.

Para reducir la vulnerabilidad de las personas ante las crisis, abogan por reforzar el derecho internacional humanitario, hacer más estricta la regulación del comercio de armas e incrementar el compromiso internacional para ayudar a los Estados frágiles y limitar la incidencia de la guerra, las privaciones y la destrucción. El 2 de abril de 2013, y después de una década de activismo, Oxfam celebró la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de un Tratado sobre el comercio de Armas. La mayoría de los países votaron a favor de un tratado que, por primera vez, regula las transferencias internacionales de armas y municiones.

En el ejercicio 2012-2013, Oxfam respondió simultáneamente a 11 emergencias agudas en más de 30 países con sus propios recursos, un despliegue de medios sin precedentes en la organización. En 2012, más de 18,5 millones de personas se enfrentaron a una grave crisis alimentaria en la región del Sahel, en el occidente y centro de África. Desde el inicio de la emergencia, la coalición Oxfam atendió a alrededor de 1 millón de personas, de las cuales 590.000 se beneficiaron de la respuesta implementada por Oxfam Intermón en Chad, Burkina Faso y Mauritania.

La agricultura local y a pequeña escala es una manera sostenible de acabar con el hambre. Oxfam trabaja para fomentar la productividad de las pequeñas explotaciones agrícolas, ayudando a los productores locales a adaptarse al cambio climático e incrementando el poder y la posición de las mujeres en las comunidades rurales. Además, lucha para poner en práctica las políticas y la financiación adecuadas para estimular a los pequeños agricultores y para asegurar que las empresas agroalimentarias respaldan prácticas medioambientales y de empleo dignas.

Así, promueve la seguridad alimentaria entre las familias campesinas de los países del Sur y luchan para que se proteja su derecho a la producción de alimentos frente al acaparamiento de tierras para producir biocombustibles.

Por ejemplo, en Burkina Faso, han apoyado a más de 75.000 productores de arroz, maíz y frutas (mango y anacardo) para que saquen el mayor provecho de sus cultivos, reforzando sus organizaciones campesinas y mediante la producción de semillas mejoradas o la comercialización conjunta de cereales para obtener precios más favorables. En República Dominicana trabajan para fortalecer las capacidades y la calidad de vida de 1.704 productores y productoras de cacao orgánico y de comercio justo organizados en Cooperativa.[1]

Los sistemas alimentarios sostenibles contribuyen a generar cambios para avanzar hacia estados más eficaces y un sector privado más responsable; elementos clave para lograr la redistribución de poder y combatir la inequidad. Por ello Oxfam apuesta fuertemente por el comercio justo, un sistema comercial solidario y alternativo cuyo objetivo es mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio internacional, que consolidan la pobreza y la desigualdad mundial. Es, además, un movimiento internacional formado por organizaciones de todo el mundo.

Oxfam dispone de una red de 46 tiendas de comercio justo en distintas ciudades de España, además de su tienda en línea donde se pueden adquirir distintos productos procedentes del comercio justo.

A nivel mundial, Oxfam aboga por políticas nacionales e internacionales que promuevan un reparto equitativo de los escasos recursos naturales. En el ámbito local, Oxfam se pone del lado de las comunidades pobres y vulnerables para hacer el seguimiento de las inversiones en actividades de minería y perforación y garantizar que sus vidas y medios de subsistencia no se ven perjudicados y que los flujos de ingresos revierten de forma justa en la riqueza local.

Resulta crucial proporcionar financiación para la adaptación a los efectos del cambio climático sobre los recursos naturales desarrollando la resiliencia en el ámbito local. El derecho a la tierra y el agua, así como a servicios sociales básicos, se está convirtiendo en una cuestión especialmente problemática para las personas pobres de los entornos urbanos y en una cuestión prioritaria para Oxfam.

Oxfam ha pasado de centrarse en la construcción de hospitales y escuelas a proporcionar un mayor apoyo a las mujeres y a otros grupos de la sociedad civil para que ejerzan sus derechos a la sanidad y la educación.

Los servicios sociales básicos son un derecho humano y Oxfam trabaja, junto a sus organizaciones socias, para lograr una mayor financiación y rendición de cuentas por parte de las autoridades locales, nacionales y multilaterales en la provisión de estos servicios: que todas las poblaciones tengan derecho a disponer de servicios asequibles y accesibles de educación, abastecimiento de agua, saneamiento y sanidad.

Por ejemplo, en Mozambique, Oxfam está desarrollando un proyecto sólido y de largo plazo para una educación accesible y de calidad, complementada con un enfoque de género. En España han estado denunciando activamente los recortes del Gobierno del 70% en la ayuda oficial al desarrollo en los dos últimos años y del 90% en lo relativo a la ayuda humanitaria. A finales del 2012 Oxfam Intermón lanzó el informe Crisis, desigualdad y pobreza mediante el cual denunciaron, junto a otras organizaciones, que de seguir por la senda de la austeridad y los recortes, España tardará 25 años en recuperar los niveles de bienestar anteriores a la crisis.

El Informe “Cuanto Tienes ¿Cuánto Pagas?” (2014) denuncia la desigualdad fiscal y la creciente pauperización de grandes sectores de la población española. En 2011, las grandes empresas, debidamente asesoradas, aportaron solo 1’98% a la Hacienda Pública, frente al 91,52% que aportaron las familias, de tal manera que las familias aportaron 46 veces más que las grandes corporaciones.