Jurisdicción Especial para la Paz

El acuerdo sobre la justicia transicional fue el resultado de largas discusiones entre el gobierno y los abogados de la guerrilla en La Habana y Bogotá en el marco de las negociaciones de los acuerdos de paz, que habían comenzado en julio trabajando bajo el ultimátum de Santos para alcanzar tal acuerdo en noviembre a más tardar. Ante un callejón sin salida en La Habana, los negociadores delegaron el trabajo a un grupo de seis respetados juristas: el abogado español Enrique Santiago, el político conservador Álvaro Leyva, el defensor de los derechos humanos Diego Martínez, el exjuez Manuel José Cepeda, el profesor Douglass Cassel y rector de la Universidad de Notre Dame y de la Universidad Externado de Colombia Juan Carlos Henao; los primeros tres seleccionados por las FARC-EP, los últimos tres por el gobierno.

Para septiembre, el equipo de seis tenía un texto listo para ser anunciado en La Habana.[10] El 23 de septiembre de 2015 el gobierno de Colombia y las FARC-EP llegaron a un acuerdo histórico sobre justicia transicional denominado Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC-EP Rodrigo Londoño viajaron a La Habana para el anuncio del acuerdo.[11] La delegación presidencial incluyó al presidente del Congreso y senador Luis Fernando Velasco, al presidente de la Cámara de Representantes Alfredo Deluque, al senador y líder liberal Horacio Serpa, al senador Antonio Navarro Wolff (guerrillero desmovilizado del M-19) y al senador Iván Cepeda, así como Juan Carlos Henao y Manuel José Cepeda, ex jueces del Tribunal Constitucional que habían participado en la elaboración del acuerdo. La reunión terminó con un apretón de manos improvisado entre el presidente Santos y Timochenko, logrado por el presidente cubano, Raúl Castro. Simultáneamente con el acuerdo, el gobierno también anunció que se firmaría un acuerdo final dentro de los seis meses o antes del 23 de marzo de 2016.[11]

El acuerdo del 23 de septiembre sobre justicia transicional fue considerado el más importante en el proceso de paz hasta la fecha, ya que resolvió uno de los temas más complicados mediante una fórmula satisfactoria tanto para la guerrilla como para el gobierno, combinando justicia restaurativa con sentencias alternativas para guerrilleros y agentes del Estado que han cometido crímenes de lesa humanidad con amnistía para los responsables de crímenes políticos. Con el acuerdo, el proceso de paz se consideró "irreversible".

El anuncio fue aclamado internacionalmente. El secretario de Estado, John Kerry, elogió efusivamente el acuerdo, y sus palabras fueron transmitidas por el jefe negociador de las FARC-EP, Iván Márquez. Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, "señaló con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de amnistías para crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la inmunidad para los crímenes más graves".[12] Sin embargo, Human Rights Watch criticó el acuerdo y dijo que eximiría a los responsables de los peores abusos de pasar un solo día en la cárcel, opinión compartida por expresidente Álvaro Uribe. En Colombia, el anuncio fue recibido con cauto optimismo. Según una encuesta de Ipsos en octubre el optimismo en el proceso de paz aumentó del 29% al 46% desde julio, aunque la mayoría de los encuestados continuaron dudando del compromiso de las FARC-EP con la paz y oponiéndose a su participación política.[13]

Tras la firma de los acuerdos de paz el 24 de noviembre de 2016 el Acto Legislativo Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se convirtió en norma Constitucional tras aprobarse en el Senado el 14 de marzo de 2017 con 60 votos a favor y 2 en contra.[6]

Los objetivos de la Jurisdicción son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón del mismo, en particular aquellos que constituyan graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.[4]

Se trata de un sistema de rendición de cuentas que, además, tendrá la tarea de esclarecer y sancionar las conductas cometidas “en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos”. En el acuerdo se acepta que hay delitos cometidos en medio de la guerra que “son tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos”.[6]

Según el Alto Comisionado para la Paz los objetivos de la JEP son:

• Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia
• Ofrecer verdad a la sociedad colombiana
• Contribuir a la reparación de las víctimas
• Contribuir a luchar contra la impunidad
• Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de este.
• Contribuir al logro de una paz estable y duradera

La JEP estará integrada por Magistrados principalmente colombianos, sin perjuicio de una participación minoritaria de extranjeros, y estará compuesta por cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva:[6][4]

• El Tribunal para la Paz, que estará compuesto por diferentes secciones encargadas de evaluar las conductas reconocidas, los responsables, las sanciones y el modo en que éstas serán ejecutadas. También deben verificar el cumplimiento de sus sentencias. Al tribunal llegarán las acusaciones de la Sala Unidad de Investigación y las apelaciones sobre las decisiones de las otras salas y de sus propias secciones. En los casos de las personas que hayan cumplido una pena en la justicia ordinaria, será esta autoridad quien revise las sentencias y su cumplimiento.
• Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas: a cargo de recibir toda la información y los reconocimientos de responsabilidad en hechos del conflicto armado, como lo señaló el Alto Comisionado para la Paz. Además deberá identificar los casos más graves y representativos. Aun así, su competencia no se limita a ellos.
• Sala de Amnistía e Indulto: para decidir si otorga o no la amnistía o el indulto, cuando se trate de casos y personas que puedan aspirar a ello. Cuando se trate de individuos que califiquen para ninguna de estas dos categorías deberá remitir los casos a la primera sala.

• Sala de Definición de Situaciones Jurídicas: tiene la responsabilidad de definir qué pasará con la situación jurídica de quienes no sean objeto de amnistía ni indulto ni tampoco estén incluidos en las resoluciones emitidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
• Sala de Unidad de Investigación y Acusación: cuando se presente un caso en el que la persona o los implicados no reconozcan su responsabilidad, esta será la autoridad encargada de investigar y, si existe mérito, llevar los procesos ante el Tribunal para la Paz. En caso de que considere que no es necesario acusar o investigar, remitirá los expedientes a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas o a la Sala de Amnistía e Indulto. Además de contar con un equipo de investigación técnico forense, deberá tener un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual.
• Secretaría Ejecutiva: encargada de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la JEP.

La JEP se aplica a los que habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, cometieron delitos en el contexto y en razón de este. En este sentido, la Jurisdicción se aplicará a:[4]

• Los miembros de grupos guerrilleros que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno, una vez hayan dejado las armas.
• Los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado.
• Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera indirecta (financiadores o colaboradores) en el conflicto armado y hayan tenido responsabilidad en la comisión de los crímenes más graves y representativos.

Se denominan así a los casos prioritarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP):

• CASO 01: "Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP".[14]
• CASO 02: Prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño).[15]
• CASO 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.[16]
• CASO 04: Situación territorial de la región de Urabá.[17]
• CASO 05: Prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.[18]
• CASO 06: Victimización de miembros de la Unión Patriótica.[19]
• CASO 07: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.[20]

Desde su conformación, la JEP ha sido cuestionada debido a los casos que investiga relacionados al conflicto armado y con las FARC-EP que incluyen presuntos delitos de lesa humanidad. Sobre todo por el partido de derecha Centro Democrático.[21] Presidido por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y el presidente de la república, del mismo partido político, Iván Duque Márquez, quienes manifiestan que estos delitos no debieran ser amnistiables y la JEP lo que hará es "darle impunidad" a aquellos que cometieron delitos atroces. También es cuestionada por algunos escándalos que involucran contratos sin el cumplimiento de requisitos y sobornos a fiscales de la JEP para favorecer ciertos casos, por lo que Uribe propone derogar esta Jurisdicción Especial de Paz. Sin embargo, varios sectores políticos, sociales, civiles nacionales e internacionales, han rechazado las acaloradas críticas del expresidente al tribunal, señalando que el ahora senador lo hace con el fin de garantizar su impunidad, pues consideran que en varios de los delitos ahora estudiados por la JEP, lo incluyen a él como un actor principal .[22][23]

La imparcialidad de la JEP también fue cuestionada por personalidades de la izquierda. Para el intelectual colombiano Renán Vega Cantor: "Dicen que la JEP constató la existencia de más de 6.400 falsos positivos. Primero, ese no es un gran avance porque eso estaba bastante claro. Incluso la cifra real de falsos positivos durante el gobierno de Uribe es mayor, algo así como el doble. Pero el elemento fundamental comparativo es cómo se están adjudicando las acciones de las FARC y el Ejército. En el caso de las FARC se juzga desde arriba, estimando que la cúpula y la comandancia son responsables, y se empieza a juzgar luego hacia abajo, al grupo entero. Pero en el caso de los falsos positivos se juzgan casos individuales desde abajo hacia arriba, sin que nunca se vaya a llegar a la cúpula. En ese espacio nunca serán juzgadas las máximas autoridades, como los presidentes, como el mismo Álvaro Uribe. La JEP se convirtió en un tribunal para juzgar a las FARC y deslegitimar su lucha en términos históricos, diciendo que eran simplemente unos secuestradores, unos extorsionistas, sin motivos ideológicos ni políticos que justificaran su insurgencia. ¿Qué concordia puede derivarse de este tratamiento?".[24]

• Acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP
• Verdad y reconciliación en Colombia
• Víctimas del conflicto armado interno en Colombia