Juezas y jueces para la Democracia

Jueces para la Democracia nació como heredera de la labor histórica de Justicia Democrática, una organización constituida durante el franquismo para promover la democracia y la constitución en España de un Estado de Derecho. Su presencia en 1979 en la reunión del parador de Sigüenza, fue determinante para la fundación de la Asociación de la Magistratura, que inicialmente se constituyó como una asociación centrista que abarcaba jueces y magistrados de todas las tendencias ideológicas. Sin embargo, en su primer congreso de 1980 la Asociación de la Magistratura, ya reconvertida en Asociación Profesional de la Magistratura, se orientó en un sentido claramente conservador, y eligió una candidatura para el Consejo General del Poder Judicial en la que fueron expresamente excluidos los magistrados procedentes de Justicia Democrática. Esta candidatura ganó las elecciones al primer Consejo del Poder Judicial, provocando un alejamiento de la APM de los magistrados progresistas.

En 1982, tras la victoria socialista en las elecciones, y con la finalidad de reintegrar a los magistrados más progresistas al seno de la Asociación Profesional, entonces única, se acordó admitir la constitución de tendencias dentro de la Asociación, y se incorporó al Comité ejecutivo a Juan Alberto Belloch y Cándido Conde-Pumpido, como representantes de la tendencia organizada de jueces para la democracia.

Sin embargo esta corriente progresista terminó por constituir una organización propia el 28 de mayo de 1983, al ser prohibidas las corrientes internas en el IV Congreso de la APM.[1] Después de haber luchado durante varios años por una única asociación pluralista, está prohibición determinó la creación de una segunda asociación judicial, dando lugar a un sistema de pluralidad de asociaciones judiciales, que aún perdura.

Jueces para la Democracia, en su asamblea constituyente, se dio por unanimidad algunos rasgos identificativos: trabajar por una organización judicial realmente funcional a los valores superiores del ordenamiento constitucional: «libertad, justicia, Igualdad y pluralismo político»[2] y por la democratización de la «carrera judicial»; reivindicación de la crítica interna/externa y de un tipo de juez comprometido con la realidad de la polis; independencia frente al poder y apertura a la sociedad.

El art. 2 de sus estatutos señala como finalidades de la asociación las siguientes: A) Contribuir decididamente a la promoción de las condiciones que hagan efectivos los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que la Constitución proclama para reforzar el Estado social y democrático de Derecho y la defensa de los Derechos Humanos universalmente conocidos. B) Promover la satisfacción del derecho fundamental a la justicia que garantice a toda persona el derecho de protección jurídica y el acceso a los Tribunales de Justicia en condiciones de igualdad. C) Impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad del juez como referentes constitucionales de la Administración de Justicia. D) Procurar la expansión de la legitimación democrática de JUEZAS Y JUECES por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades y los derechos fundamentales y de tutela de los derechos e intereses legítimos E) Favorecer el control democrático del Poder Judicial por la opinión pública y por los órganos de gobierno de la magistratura y asegurar el principio de transparencia en las actuaciones y prácticas procesales y facilitar el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales. F) Realizar estudios y actividades encaminadas a la mejora del servicio y administración de justicia, en general. Elaborar propuestas de reformas orgánicas y procesales tendentes a lograr una administración de justicia más próxima A LA CIUDADANÍA más comprensible, más rápida,más eficiente, con mayor participación popular, menos jerarquizada, más independiente y, en definitiva, más democrática. G) Impulsar la justicia de proximidad, enraizada en la justicia de paz y en la justicia consuetudinaria, como justicia de la convivencia civil. H) Asegurar la composición representativa y plural del Consejo General del Poder Judicial y en todos los órganos de gobierno del poder judicial, y reivindicar el ejercicio autónomo del poder ejecutivo de sus funciones constitucionales y su sujeción al control parlamentario. I) Destacar la función de la Escuela Judicial como instrumento de formación inicial y permanente juezas y jueces, de su inserción en la sociedad con vocación de servicio público, y en la custodia de los derechos y libertades. J) La defensa de los intereses profesionales de asociadas y de asociados, la promoción de actividades formativas, y la reivindicación de mejores condiciones de trabajo en el ejercicio de la función jurisdiccional. K) Impulsar las relaciones con otras asociaciones democráticas judiciales y de juristas, en el ámbito nacional e internacional y fomentar la participación de la asociación en aquellos foros sociales que promuevan valores constitucionales de progreso, y especialmente cuando tengan por objeto la defensa de grupos de personas socialmente desfavorecidas. L) Incentivar la participación efectiva y plural de asociados y asociadas en los órganos de la asociación. M) Editar publicaciones periódicas.

Jueces para la Democracia cambió su denominación en 2017 por la de Juezas y Jueces para la democracia para visibilizar más claramente a las mujeres integradas en la asociación, que siempre tuvieron un papel muy relevante.

Actualmente cuenta con algo más de 500 asociados y es la tercera asociación por número de miembros, tras la APM y la FV.

Está regida por un Secretariado compuesto por nueve miembros y un Comité Permanente, que se renuevan en congreso cada dos años.

Sostiene la Fundación Antonio Carretero para «fomentar y promover todo tipo de estudios, cursos e investigaciones y cualesquiera otras actividades de carácter científico y cultural o de interés social, canalizando las relaciones entre la sociedad y el mundo del Derecho» y forma parte de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, MEDEL.[3]

Los días 2 y 3 de junio de 2022 se celebró en Las Palmas el Congreso número 36, sobre Migraciones, derechos humanos y desigualdades. Se eligió el siguiente secretariado: Rodríguez Achutegui, Edmundo Vacas Larraz, Juan · Sauri Martín, Julia · Gutiérrez Alonso, Diego · Martín Sánchez, Ascensión · Roig Angosto, Concha · Sánchez Fernández, Benjamín · López Molina, Mariano · Segura Cros, Bibiana

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