Juicio por jurados

El jurado cumple a la vez una función política y una función judicial.

La función política del jurado fue descrita de manera sin igual por Alexis de Tocqueville, pensador, jurista, político e historiador francés y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo, en su famoso libro "La Democracia en América" (1835).

Tocqueville definió políticamente al jurado como una forma de democracia directa dentro del esquema constitucional y sistematizó sus funciones políticas: control contra los abusos y extralimitaciones de cualquier Poder y del Gobierno; protección al acusado y a los ciudadanos y escuela cívica de democracia inclusiva para los ciudadanos. El veredicto del jurado es un permiso político para que el Estado pueda castigar. Si el jurado no habilita el castigo y declara un veredicto de no culpable, el Estado nada podrá hacer contra la persona acusada y deberá dejarla en libertad, porque su veredicto de no culpable es inapelable y no se podrá perseguir de nuevo a dicha persona (garantía de double jeopardy o non bis inidem).

En muchas ocasiones, el jurado a lo largo de los siglos logró hacer abolir con sus veredictos leyes abiertamente injustas. A este poder constitucional de veto del jurado sobre la ley se lo llama jury nullification o nulificación del jurado.

Tocqueville escribió que “el jurado inviste al Pueblo con la dirección de la sociedad”; "el jurado es la más grande escuela cívica alguna vez ideada para que los miembros del Pueblo se conviertan en ciudadanos democráticos y asuman las responsabilidades del auto-gobierno"; "el jurado acerca al Pueblo al Poder Judicial"; "hace partícipe a los ciudadanos en la aplicación directa de la ley"; "sus constantes veredictos van solidificando el valor de la ley"; "aumenta la comprensión del Pueblo sobre su sistema judicial".[1]

Modernamente, el politólogo norteamericano John Gastil comprobó empíricamente que el hecho de servir como jurados y de deliberar de manera robusta hasta llegar a un veredicto unánime convierte luego a sus miembros en "mejores ciudadanos democráticos". Se anotan para ir a votar, se comprometen con tareas comunitarias o sociales y se despiertan en ellos niveles desconocidos de conciencia política y social.

La función judicial del jurado es la de obligar a que los juicios sean públicos, a que el juez adopte un rol de tercero imparcial, a que las pruebas se presenten con mejor calidad en el juicio público y a transformar las organizaciones judiciales.

Los historiadores coinciden en que el jurado ha producido seis apariciones decisivas en la Historia. La primera de ellas fue en la Polis de Grecia; la segunda, en la época de la República en Roma; la tercera, entre los pueblos germánicos de la Antigüedad; la cuarta, en la Inglaterra del Medioevo y la Edad Moderna; la quinta, en los Estados Unidos y la sexta, en la Francia de la Revolución. Cada una de estas apariciones fue dejando su sello distintivo en lo que hoy es el juicio por jurados.

El jurado de tipo anglosajón atravesó tres fases hasta su conformación actual. En sus inicios desde la Edad Antigua hasta el siglo XII, el jurado fue una forma de administración de justicia comunitaria. Al principio eran doce testigos de los hechos que daban fe de lo que habían visto u oído en su comunidad. Con los siglos, aquellos que tenían información del caso eran recusados con causa en el voir dire y los doce jurados pasaron a ser adjudicadores imparciales de los hechos.

En siglo XVII, el jurado sufre su primera transformación radical y se convierte además en una garantía de los ciudadanos ingleses y de los colonos norteamericanos frente a la opresión de la Corona y de sus jueces corruptos. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el célebre leading case Duncan v. Louisiana , 391 U.S. 145 (1968), resumió de manera memorable esta característica histórica del jurado como baluarte contra la Tiranía:

“Los que escribieron nuestras Constituciones sabían, por la historia y la experiencia, que era necesario protegerse contra acusaciones penales infundadas realizadas con el fin de eliminar opositores y contra jueces que acataban demasiado la voz de una autoridad superior. Los redactores de las constituciones se esforzaron por crear un Poder Judicial independiente, pero insistieron en una mayor protección contra la arbitrariedad. Proporcionarle a un acusado el derecho a ser juzgado por un jurado de sus pares le brinda una inestimable salvaguarda contra el fiscal corrupto o excesivamente apasionado y contra el sumiso, excéntrico o parcial juez. Si el acusado prefiere un juicio basado en el sentido común de un jurado antes que en la decisión más instruida, pero tal vez menos compasiva de un único juez, se lo deben otorgar. Más allá de esto, las disposiciones sobre el juicio por jurados en las Constituciones Federales y Estatales reflejan una decisión fundamental sobre el ejercicio del poder estatal cuyo eje es la renuencia a confiar plenos poderes sobre la vida y la libertad de los ciudadanos a un juez o a un grupo de jueces. El miedo al poder sin controles, tan típica en nuestros Gobiernos Estaduales y Federales en los demás aspectos, se manifestó en el derecho penal por medio de la insistencia en la participación de la comunidad para determinar la culpabilidad o inocencia. El profundo compromiso de la Nación con el derecho a un juicio por jurados para los delitos graves como una defensa contra la aplicación arbitraria de la ley debe ser protegido conforme a la Cláusula del Debido Proceso de la 14ª Enmienda, por lo que debe ser respetado por los Estados”.[2]​

En 1956, Sir Patrick Devlin, célebre juez y filósofo del Derecho inglés, describió en 1956 el fundamento democrático del jurado contra el despotismo y la tiranía:

“Cada jurado es un pequeño Parlamento. El sentido del jurado es el sentido del Parlamento. No puedo ver a aquél morir y a éste sobrevivir. El primer objetivo de cualquier tirano en Whitehall sería someter al Parlamento enteramente a su voluntad y lo siguiente sería abolir o disminuir al juicio por jurados, puesto que ningún tirano podría jamás soportar el dejar la libertad de un súbdito en las manos de doce de sus compatriotas. Por eso es que el juicio por jurados es más que instrumento de la justicia y es mucho más que una de las ruedas de la Constitución: es la lámpara que muestra que la libertad vive.”

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el jurado, reteniendo por completo las otras dos características, alcanzó su configuración definitiva.

El jurado actual consolidó el derecho probatorio, sujetó íntegramente el procedimiento a estándares corroborativos de la prueba como la prueba más allá de duda razonable (jurado penal), la preponderancia de la prueba (jurado civil) y la causa probable (Gran Jurado de acusación en materia penal). El jurado del siglo XX y XXI, en la tercera versión histórica, se ha preocupado por desarrollar un sistema que garantiza que el resultado del proceso sea la consecuencia directa de las pruebas presentadas en el juicio.

Más allá de esto, el jurado que hoy conocemos se moldeó y desarrolló por completo en Inglaterra, en una larguísima evolución que insumió casi seis siglos.

Es una figura procesal clásica del sistema inglés del common law, a través de la cual los ciudadanos participan en la administración de justicia. La Carta Magna (Magna Carta Libertatum) de 1215 es considerada la primera Constitución del mundo y el origen del juicio por jurados. El juez inglés Lord Denning la calificó como "el mayor documento constitucional de todos los tiempos – el cimiento de las libertades individuales contra la arbitraria autoridad del déspota."

Al jurado le corresponde dictar el veredicto, pero su función está regulada por un juez, a quien le corresponde dirigir el proceso, instruir al jurado sobre la ley aplicable y aplicar las penas. El juez luego precisa el contenido concreto de las sentencias y sus decisiones deben realizarse dentro de los límites establecidos por el veredicto del jurado, de las leyes y de los cargos formulados por los demandantes (fiscalía, querellas, partes civiles, etc).

Existen divergencias de opinión en cuanto a la conveniencia de la figura del jurado, básicamente las mismas que hay en torno al concepto de si es mejor una justicia popular o una justicia técnica. A favor, que tiende a democratizar el poder judicial, a darle más transparencia, a evitar los abusos de poder de gobernantes y funcionarios déspotas y tiranos, a incorporar valores comunitarios, a legitimar las decisiones judiciales y a comprometer a la ciudadanía en la participación directa en la administración de justicia.

En contra, que los jurados son más influenciables que los jueces a los medios de comunicación, que no están preparados para entender cuestiones jurídicas complejas, que pueden consolidar tendencias sociales discriminatorias (étnica, género, orientación sexual, religión, nacionalidad, etc.), o que son manipulables en sus emociones.^{[cita requerida]}

Varias culturas y naciones han adoptado mecanismos de participación ciudadana en las decisiones judiciales, que han ido evolucionando para evitar las arbitrariedades y garantizar los derechos humanos de las personas acusadas.

El juicio por jurados se encuentra previsto como derecho, garantía y forma de administrar el Poder Judicial en múltiples Constituciones del mundo.

Una opinión de la cuestión subyacente en la institución del jurado es la alternativa entre si un juicio lo deben resolver personas profesionales del derecho (juristas), o personas no versadas en el mismo y, por tanto, menos influenciadas por los tecnicismos de la ley.

La opinión de Lysander Spooner, autor del clásico "Un Ensayo sobre el Juicio por Jurado,"es que la cuestión yace en que "el gobierno determina qué son sus poderes sobre el pueblo, en vez del pueblo determinando qué son sus libertades contra el gobierno." 9​

Según uno de los artículos en Los Federalistas, "Los amigos y adversarios del plan de la asamblea, si no están de acuerdo en nada más, concuerdan por lo menos en el valor que le ponen al juicio por jurado, o si hay alguna diferencia entre ellos reside en esto: los primeros lo consideran un resguardo valioso para la libertad; los segundos lo representan como el verdadero paladión del gobierno libre. Por mi parte, mientras más observo la operación de la institución, más razón encuentro en tenerle elevado aprecio; y sería totalmente superfluo examinar en que medida merece ser considerada útil o esencial en una república, o cuánto más mérito ha de otorgársele, como una defensa contra la opresión de un monarca hereditario, que como una barrera a la tiranía de magistrados públicos en un gobierno popular."

Otra de las ideas que influyen en la existencia de jurados es la participación ciudadana en la administración de justicia como una forma de verdadera democracia directa y vinculante.

Después de la clásica separación de poderes, los ciudadanos participan en el órgano legislativo y en el ejecutivo a través del sufragio. Sin embargo, la única forma de participación ciudadana en el Poder judicial, que está mucho más profesionalizado, sería a través del jurado como forma de administrar justicia.

En la mayoría de los países en donde se ha establecido el jurado, la participación en el mismo se constituye tanto como un derecho como un deber.

Es un derecho, porque todos los ciudadanos tienen derecho a formar parte de él (no se excluye a ningún ciudadano del sorteo salvo por motivos objetivos tasados en la ley), pero también es un deber porque, una vez nombrado, sólo cabe rechazar la participación por motivos legalmente establecidos (por ejemplo, enfermedad, analfabetismo, etc.). Muchas veces, la no participación está sancionada, lo cual ha planteado en ocasiones problemas de objeción de conciencia (los sacerdotes cristianos, por ejemplo, tienen problemas de conciencia para poder juzgar a nadie).

Lysander Spooner, en su obra Un Ensayo sobre el Juicio por Jurado, dice, "Como proposición moral, es perfectamente evidente en sí que, al menos que jurados tengan todos los derechos legales que se les ha reclamado en capítulos anteriores, -- o sea, los derechos de juzgar lo que la ley es, si la ley es una justa, qué evidencia es admisible, qué peso justamente tiene la evidencia, si un acto se hizo con intención criminal, y el derecho también a limitar la sentencia, libres de todo dictado de cualquier fuente, -- no tienen derecho moral a llevar un juicio en absoluto, y no pueden hacerlo sin hacerse cómplices en cualquier injusticia que puedan creer que pudo haber resultado de su veredicto. Es absurdo decir que tienen ninguna responsabilidad moral por el uso que se pudo haber hecho del veredicto por el gobierno, cuando tienen razón para suponer que será utilizado para propósitos de injusticia." 10​

Estos son algunos casos del jurado en la historia:

En la antigua Grecia se desarrolló la primera gran experiencia histórica del juicio por jurados. Los griegos le legaron al mundo la Regla del Secreto del Jurado y la no motivación de sus veredictos, que continúa hasta hoy. El juicio por jurados -como forma de enjuiciamiento oral, público y popular- tuvo su origen indiscutible en la polis griega. El Tribunal de los Heliastas estaba compuesto por 500 o 1000 jurados atenienses sorteados aleatoriamente para cada caso, en una sociedad que apenas sobrepasaba los 20 mil habitantes. Los jurados griegos (también llamados dikasts) pasaron a la historia por haber condenado a Sócrates pero, más que ello, desarrollaron el primer gran experimento de un sistema acusatorio, adversarial, público y decidido por jueces populares que votaban en secreto. Los jurados griegos escuchaban el debate, las pruebas y luego depositaban en una ánfora, sin que nadie los viera, uno de los dos discos de metal con que se los proveía. Uno era para la condena y otro para la absolución. El castigo se decidía por mayoría, lo que "permitía que permanecieran grandes sectores de la población insatisfechas con los resultados de un juicio o una ley, provocando la inestabilidad e incertidumbre tan típicas de los estados griegos y tan despreciadas por Platón".12​ Como muy bien apunta SunWolf, “los atenienses deben haber sido una de las primeras civilizaciones que decidieron que el jurado debía estar protegido por el elemento de la anonimidad”. Producto del período de máximo esplendor de la magnífica civilización que fundó Occidente, surgía la Regla del Secreto del Jurado y la no exteriorización de sus motivos como elemento esencial para esta forma de enjuiciamiento. No había -ni lo hay hoy- ninguna otra manera de llevarlo adelante, y es una de las garantías fundamentales del juicio por jurados en sus seis apariciones históricas. En la antigua Roma se conoció igualmente el jurado. Durante la república ningún ciudadano podía ser condenado a muerte sino en los comicios por centurias ni a pena pecuniaria sino en los comicios por tribus. La elección de los jueces pertenecía al pretor. Eran elegidos del orden ecuestre y senatorial. Se prefería a los que tenían la circunstancia de haber desempeñado alguna magistratura. Demandas civiles se decidían generalmente por un juez lego, el unus judex. Esto duró hasta tiempos de Diocleciano. Los pueblos germánicos conocieron igualmente el jurado puesto que en la asamblea del pueblo se decidían las acusaciones capitales y el rey presidía estas juntas. No se llevaba a afecto hasta que recaía la aprobación del pueblo, pero eran más que nada grandes consejos de guerra. Su objeto consistía en mantener y fortificar la subordinación militar. En Inglaterra se conoce esta institución con el nombre de jury desde la conquista de los sajones. Esta institución quedó consignada en la Carta Magna que dice que Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre. Hay dos jurados: el grande y el menor que imputa el delito al acusado.

En Francia se implanta el jurado como lo conocemos de forma moderna en época de la revolución por ley de 16 de septiembre de 1791, y su competencia en razón de la materia - dentro de lo conocido como "penal" o "criminal" - es restringida tan sólo para ciertos delitos y no para la generalidad; así, el jurado atendería o conocería de hechos que fueran castigados por la ley con penas aflictivas o difamantes. Debido a que los jurados o jueces legos eran quienes se limitaban a emitir el veredicto de culpabilidad o inculpabilidad y los magistrados o jueces técnicos los que determinaban la pena a imponer, en muchas ocasiones, por miedo a que el Magistrado impusiera una pena demasiado elevada, emitían un veredicto injustificadamente absolutorio. De ahí que, más adelante (en 1832), el jurado de tipo anglosajón pudiera entrar a conocer de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, pero no siendo suficiente, porque aun así los Magistrados podían imponer penas demasiado elevadas, el Tribunal del Jurado evolucionaría hacia uno de tipo "mixto". El jurado escabinado nació en Alemania en 1924. El jurado de tipo mixto se instauró por primera vez en Francia en 1932 y aún permanece vigente en algunos estados europeos. Actualmente, el sistema anglosajón continúa vigente en Estados Unidos, Inglaterra, Gales, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Escocia, Irlanda, Rusia, Dinamarca, Bélgica, Georgia, España, Argentina, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Haití, Jamaica, los países anglófonos del Caribe, de la Polinesia y varios de África. El mixto en Bélgica, Austria y Noruega. Y el escabinado en Francia, Italia, Suecia, Portugal, Suiza, Grecia y el este europeo. El único estado europeo que carece de jurado es Holanda.

Artículo principal:El artículo 125 de la Constitución Española de 1978 configura el Tribunal del Jurado como una institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia.

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales Constitución Española de 1978 En cumplimiento del precepto constitucional, la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, modificada por la Ley Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre, desarrolla dicha institución, definiendo en su artículo 6 la función de jurado como un derecho ejercitable por aquellos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño como un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a dicha Ley.16​

En España, el modelo vigente es el anglosajón o modelo puro formado por 9 miembros elegidos mediante censo electoral por provincias cada dos años. Tras la elección, para cada juicio se realiza un complejo proceso de selección por el que originariamente se seleccionan 36 ciudadanos legos en derecho, a continuación, concurren a la selección, un mínimo de 20 ciudadanos, entre los cuales eligen los jurados el abogado defensor y el fiscal; se rechazan aquellas personas que en el interrogatorio den muestras de parcialidad en el tema que se está juzgando. Al final del juicio el jurado establece la culpabilidad o inocencia del procesado.

En la Constitución de Centroamérica de 1824, en el artículo 154, dicta: "Las asambleas, tan luego como sea posible, establecerán el sistema de jurados." Doscientos años más tarde, siguen sin establecerse. En Guatemala, la constitución le daba a la Asamblea, que ya no existe, la tarea de: "Arreglar la forma y solemnidades de los juicios, estableciendo el sistema de jurados tan luego como lo permita el progreso de la ilustración y de las costumbres populares." En casi doscientos años, siguen sin permitirlo. La autora guatemalteca, Karen Ness, preguntó en la tesis, El Pueblo Será Juez, "¿por qué desconfiamos del mismo pueblo, de donde salen nuestros diputados y presidentes, es decir, del poder de decidir por medio del jurado un solo caso donde no tienen nada que ganar más que el bienestar general?... Necesitamos creer que todos los humanos somos iguales en este aspecto: la capacidad de razonar. Necesitamos tener la seguridad propia para poder decir: 'Estoy dispuesto a que me juzgue un indio, un ladino, un blanco, el campesino, el terrateniente, el trabajador, el empresario.' Siempre por unanimidad. Si no, seguiremos condenados a lo que la élite de la revolución “liberal” de 1871 nos heredó cuando rechazaron las sugerencias de Livingston de implementar el juicio por jurado, la opresión y constantes luchas por el poder de explotar a los demás. Guatemala vive al borde de la anarquía violenta y seguirá viviendo o al borde de la anarquía o bajo algún régimen totalitario que promete controlar esa anarquía mientras no haya una forma de controlar la explotación entre ciudadanos o de parte del gobierno."

La tradición de jurados en Inglaterra tiene varias fuentes, ya que fue un país varias veces conquistado por países con culturas hermanas. Fue parte del imperio romano, fue invadida por los anglos y los sajones de Alemania, los vikingos daneses, y más tarde por los vikingos franceses que se llamaron normandos. Todos esos pueblos tenían influencia más o menos directa de sus ciudadanos en el proceso judicial como forma de controlar al ejecutivo y legislativo.

Antes de, y hasta poco después de la Carta Magna, el jurado tomó la forma que tendría hasta 1285. Hasta ese tiempo, cada clase que se había formado bajo la monarquía de Juan sin Tierra, los nobles, los religiosos, y los hombres libres, quienes habían cooperado para someter a ese rey, era juzgado por miembros de su clase. Como el rey, con el consejo opcional de consejos y parlamento, era el poder legislativo, una de las prerrogativas del jurado en ese tiempo era juzgar si la ley formaba parte de la ley común, el common law inglés, o no, para evitar que el rey, por medio de legislación, pudiera disminuir los derechos y libertades de sus súbditos.

En 1285, el rey Eduardo I, promulgó la ley de los "libres tenientes de cuarenta chelines," que dejaba fuera de la protección del jurado a todas aquellas personas cuyos ingresos netos no estaban por encima de cuarenta chelines.17​

Las personas que administraban los juicios por jurados eran electas por el pueblo, y los funcionarios del rey estaban excluidos de toda causa que no fuera la de novel disseisin, mort d'ancestor, y darrein presentment,18​ por el artículo 24 de la Carta Magna Magna Charta (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). que dice: "Nullus vicecomes, constabularius, coronatores, vel alii ballivi nostri, teneant placita corone nostre."

El juramento de coronación del rey, lo obligaba a prometer que protegería las justas leyes y costumbres que el vulgo había elegido,19​ o sea la ley común, hasta 1688, cuando fue obligado por el parlamento a jurar que gobernaría de acuerdo a los estatutos de parlamento, el mismo que estaba conformado por los nobles y los libres tenientes de cuarenta chelines.20​

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