Julio Ponce Lerou

De vuelta en Chile, a fines de la década de 1960, trabajó en Industrias Forestales SA (Inforsa), donde llegó a ser gerente general con tan sólo 23 años.[6] Posteriormente trabajó en Empresas CMPC, en Concepción.[6]

En 1972 se trasladó a Ciudad de Panamá, con el fin de hacerse cargo de un aserradero.[6] Se encontraba en ese país cuando acaeció en Chile el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende.[6]

Luego del golpe de Estado en Chile de 1973, que dio inicio a la dictadura militar de Augusto Pinochet, Ponce Lerou fue nombrado por su suegro para ejercer diversos altos cargos en organizaciones, que hasta el derrocado gobierno de Salvador Allende eran estatales, pero que durante la dictadura fueron privatizadas. Así, en 1974, Pinochet lo designó director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), repartición que tenía a su cargo los predios expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria (Cora).[2][4][6]

Allí estuvo hasta 1980, año en que asumió la gerencia de empresas de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), cargo por el que ocupó numerosas presidencias de empresas estatales como Inforsa, Industria Azucarera Nacional (Iansa), Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), Empresa Nacional de Minería (Enami), Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) y Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).[2][4][5][6]

Ascendió luego a la gerencia general de Corfo, responsabilidad a la que debió renunciar en 1983, a raíz de un documento anónimo que circuló en altas esferas del país que planteaba su supuesto vínculo con actos de corrupción.[4][5][6][8][notas 2]

Se escribió sobre su fortuna en El Desconcierto:

Durante la dictadura, una amplia serie de empresas estatales fueron privatizadas bajo un discurso generalizado que apuntaba a la "ineficiencia" de la gestión pública. Años después, un informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados probó que los diversos procesos de privatización de empresas ocasionaron al Estado una pérdida de cerca de 6 mil millones de dólares, según datos de Contraloría.[9]

Tras su salida del gobierno, pasó a liderar su propia empresa, Sociedad Monasterio, la cual tenía como finalidad la explotación de activos agrícolas y forestales.[4][6][10] Esta, entre 1984 y 1985, pidió un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), intermediado por Corfo, de UF 145 000, para comprar 50 vaquillas finas, dos reproductores, 600 vaquillas preñadas y 25 reproductores de masa, monto del cual sólo pagó UF 50 000 a raíz de la quiebra de la sociedad en 1987.[4][notas 3]

A fines de los años 1980, en medio del proceso de privatización, retornó al directorio de SQM en representación de American Express, quien canjeó bonos del Estado por acciones de la empresa.[6] En 1987 logró ser nombrado, por segunda vez, presidente del directorio.[4] En los años siguientes consolidó su presencia en la minera no metálica —cada vez más productiva y dominante— hasta convertirse en controlador de la misma a través de una serie de sociedades que popularmente se conocieron como «cascadas», por su estructura vertical, donde cada una controlaba a la siguiente.[5][6] Estas empresas, que pasó a presidir formalmente en 2002, son, en orden ascendente, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande.[5][notas 4] Renunció a la presidencia de dichas sociedades «cascadas» en septiembre de 2015.[11]

A comienzos de 2014 apareció por primera vez en el ranking que diseña la revista Forbes sobre las personas más ricas del mundo.[12]

En 2013, justo en medio de cuestionamientos formulados por los accionistas minoritarios (que generó una batalla en el Poder Judicial),[14][15] la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) formuló cargos en su contra por la responsabilidad que le cabía en diversas operaciones realizadas «de modo recurrente y coincidente», entre 2009 y 2011, que permitían, en su opinión, presumir la existencia de un esquema consistente principalmente «en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM».[6][16][17][18][19][20]

En septiembre de 2014 la autoridad, tras ratificar esta acusación, le aplicó una multa de UF 1,7 millones, equivalente a 70 millones de dólares.[21][22] Los otros ejecutivos del grupo cuestionados en este caso son Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon.[6][17][18][19][20] No obstante, en 2019 la sanción a Ponce Lerou fue rebajada a UF 75 000 (casi US$ 3 millones) por la Corte de Apelaciones de Santiago,[23] fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en 2020.[24]