Ley Antibloqueo

La Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, conocida normalmente como la Ley Antibloqueo,[1] es una ley aprobada el 9 de octubre de 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por miembros oficialistas, con el propósito de evadir las sanciones económicas establecidas contra la administración de Nicolás Maduro. Maduro aseguró haber redactado la ley él mismo.[2][3]

Ley Antibloqueo

Gaceta Oficial N° 6.583, 12 de octubre de 2020, en la cual fue publicada la Ley Antibloqueo.
Idioma Español
Redactor(es) Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017
Creación 12 de octubre de 2020
Ubicación Venezuela

La ley ha sido criticada por la falta de competencias por parte de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la ley, por facilitar la falta de transparencia de contratos públicos y por profundizar el autoritarismo en Venezuela al otorgar poderes excepcionales a Nicolás Maduro. La ley ha sido descrito como inconstitucional por analistas.[2][3]

Historia
Logo de la "Ley Antibloqueo".

La Ley Antibloqueo fue aprobada el 9 de octubre de 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por miembros oficialistas, con el propósito de evadir las sanciones económicas establecidas contra la administración de Nicolás Maduro.[2][4] La aprobación tuvo luego de un debate único que giró en torno a un monólogo de tres constituyentistas, incluyendo a Hermann Escarrá.[5]

A pesar de que la oficialista Agencia Venezolana de Noticias (AVN) reportara que la aprobación de la ley se realizó de forma unánime, constituyentes como María Alejandra Díaz, Juan Carlos Flores, Telémaco Figueroa y Régulo Reina salvaron su voto. Figueroa y Reina consideran que dicha ley tiene una agenda oculta y es promovida por una “burguesía infiltrada”.[5]

La ley le otorga poderos extraordinarios al Maduro y le permite firmar nuevos acuerdos petroleros con empresas privadas tanto nacionales como extranjeras.[2] Se ha declarado que la ley permanecerá vigente hasta que cesen las sanciones internacionles. Maduro ha declarado que la ley fue consultada con todas las autoridades regionales y municipales, pero el gobernador del estado Anzoátegui, el opositor Antonio Barreto Sira, declaró que ni él ni los otros tres gobernadores opositores fueron tomados en cuenta en este proceso.[6]

El 17 de marzo de 2023 se informa la existencia de mafias dentro de la administración de Pdvsa y detienen un total de ochenta personas incursas en delitos implicados todos por corrupción por la deuda atrazada de 21,000 millones de dólares de la venta de petróleo que adeudan diferentes empresas petroleras, así como la renuncia del ministro de petróleo Tareck El Aissami.[7][8][9] Mientras el gobierno de Nicolás Maduro expresaba la creación de «un nuevo modelo económico» y que se materializó en octubre de 2020 usado de acuerdo a la Ley Antibloqueo para recibir el pago de las exportaciones petroleras y de minerales a través de criptomoneda. La nueva ley dio sustento legal a Petróleos de Venezuela. para recibir criptomonedas en ventas de crudo que se hizo difícil seguir el rastro explicaron economistas.[10]

Contenido

El artículo 1 de la ley dice que busca proveer al poder público con herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva, urgente y necesaria, los “efectos nocivos generados por la imposición” de las sanciones financieras contra Venezuela.[5] Casi el 15 % de los artículos de la ley se dedican a establecer reglas de confidencialidad.[11] El artículo 18 de la ley faculta al ejecutivo nacional a registrar de forma separada los ingresos que se generen con ocasión de la aplicación de esta ley en el Tesoro Nacional. La intención del artículo ha sido interpretada como la sustracción de tales ingresos de los controles presupuestarios.[11]

Según el artículo 19 de la ley, el ejecutivo "procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente" de ser necesario para "superar los obstáculos" o "compensar los daños" de las sanciones. El artículo anula vías legales y le otorga a Maduro margen de maniobra legal y poca obligación de rendir cuentas [2][11][12]

El artículo 21 describe que dicha “desaplicación” alcanza a las normas que establecen potestades aprobatorias o autorizatorias, lo que permite la celebración de contratos de interés público nacional o que se puedan constituir empresas mixtas en el sector hidrocarburos sin autorización de la Asamblea Nacional.[11]

El artículo 28 faculta al Poder Ejecutivo para modificar el régimen jurídico de selección de contratistas, específicamente en lo relativo a la compra de bienes y servicios. Los artículos 37 al 44 establecen unas reglas sobre confidencialidad de documentos administrativos y limitaciones al acceso a la información, que hacen virtualmente imposible conocer los expedientes de los actos y negocios jurídicos que se van a ejecutar con ocasión de esta ley.[11]

El artículo 35 le otorga el carácter de "reservado, confidencial o de divulgación limitada" a cualquier "expediente, documento, información, hecho o circunstancia" que Maduro considere oportunos, prohibiendo así el acceso a toda "documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada".[5][11] La ley también le permite al ejecutivo realizar cambios en la propiedad de las empresas conjuntas entre la estatal petrolera PDVSA y empresas privadas, sin especificar el porcentaje de participación que tendría PDVSA en dichas empresas conjuntas.[2]

Críticas

Juan Guaidó declaró el 9 de octubre que las leyes venezolanas solo pueden ser aprobadas por la Asamblea Nacional y no por un órgano “ilegítimo y sin competencias”.[5] La ley ha sido calificada por la oposición del país como "fantasma" y "antidemocrática".[2] Los agrupación de empresarios Fedecámaras ha cuestionado la legalidad de la ley, señalando que fue aprobado por la Asamblea Contituyente y no por la Asamblea Nacional, el órgano que tiene el mandato constitucional de legislar en el país.[12] La Confederación de Industriales ha coincidido en la nulidad de la ley, considerando que sus efectos podrían resultar "lesivos para la nación y en especial para las empresas nacionales".[12] Según la ONG Provea, la ley contradice la constitución y "fortalece el carácter autoritario del gobierno", diciendo que "Es prácticamente privatizar los activos de la República bajo un manto de poca transparencia y mucha discrecionalidad".[2]

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli ha sostenido que la aprobación de la ley es inconstitucional ya que "independientemente de su ilegitimidad, en la forma en que fue convocada y designada, la Asamblea Constituyente en Venezuela tiene como mandato redactar una nueva Constitución y no sustituir a ningún poder constituido, como es el caso de AN, que ha sido maniatada por decisiones judiciales impresentables. Eso es una usurpación de las funciones de la AN". Raffalli también ha declarado que la mayoría del contenido contemplado en la ley en sí es inconstitucional ya que "supone cambiar el sistema de gobierno y convertir esto es un presidencialismo sin controles de gestión, sin régimen presupuestario, sin libertad de información, es decir, es una ley propia de regímenes totalitarios".[3]

El abogado Rafael Álvarez-Loscher ha explicado que las "leyes constitucionales" no existen, diciendo que “nuestra constitución es clara cuando tipifica las leyes y estas son las que emanan del Poder Legislativo, pudiendo ser de carácter orgánico: leyes ordinarias, habilitantes y los códigos”.[5] En un artículo de Aporrea el escritor Luis Britto García, considerado como un ideólogo del chavismo, considera que la Ley Antibloqueo viola al menos trece artículos de la Constitución: 1, 25, 28, 57, 58, 137, 138, 154, 187 (numerales 6 y 7), 218, 314, 315, y 318, referentes a la soberanía nacional, y que atenta contra el derecho a la información, la extralimitación de funciones o elementos para derogar leyes.[5]

La profesora universitaria Sary Levy, vicepresidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, declaró que la ley "es un reconocimiento al fracaso del modelo (económico), reconoce que el Estado está quebrado, que los activos que tiene son todos improductivos, que no tiene cómo financiarse". Levy ha advertido que al pedir ayuda al sector productivo privado, Maduro "no lo hace de forma transparente" sino con una propuesta "mercantilista" que "no apunta a corregir las distorsiones que hay en Venezuela".[12]

Consecuencias
Véase también: Caso PDVSA-Cripto

En marzo de 2023 se descubrió un tremendo escándalo de corrupción que llevó a afectar a los ingresos petroleros en el tesoro venezolano, el origen afectaba directamente al salario de los venezolanos del sector público que venían reclamando aumentos desde mediados de diciembre de 2022.[13][14] Durante enero de 2023 las protestas aumentaron a 178 en diferentes partes del país esencialmente en el sector educación y salud.[15][16] En febrero de 2023 se reportaron 1600 protestas, un promedio de unas 57 protestas diarias y el sector militar empezó a sentir el deterioro de su salario.[17] A mediados de marzo se inició la detencion de más de 80 personas involucradas en caso de corrupción de las cuentas de Pdvsa. De los cuales 34 personas son por el caso denominado como el Caso PDVSA-Cripto informó el fiscal general.[18]

Véase también

Referencias
  1. «Gaceta Oficial N° 6583, Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Decreto Constituyente que crea el Centro Internacional de Inversión Productiva» (pdf). TSJ. 12 de octubre de 2020. Consultado el 20 de mayo de 2023.
  2. «Aprueban en Venezuela la "Ley Antibloqueo" con la que Maduro tendrá plenos poderes para firmar nuevos negocios petroleros». BBC. 9 de octubre de 2020. Consultado el 22 de enero de 2021.
  3. Schlenker, Oscar (2 de octubre de 2020). «Ley antibloqueo en Venezuela profundizaría el autoritarismo de Maduro». Deutsche Welle. Consultado el 21 de enero de 2021.
  4. «Ley Antibloqueo en Venezuela: qué es y en qué consiste la nueva ley». As. 10 de octubre de 2020. Consultado el 2 de abril de 2021.
  5. «¿Qué es la Ley Antibloqueo y por qué viola la Constitución?». El Diario. 9 de octubre de 2020. Consultado el 2 de abril de 2021.
  6. «Venezuela aprueba "ley antibloqueo" para proteger al gobierno de Maduro». Deutsche Welle. Consultado el 2 de abril de 2021.
  7. «Tareck El Aissami renuncia al Ministerio de Petróleo, para dar paso a las investigaciones sobre graves hechos de corrupción». El Universal. 20 de marzo de 2023.
  8. TareckPSUV (20 de marzo de 2023). «En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso.» (tuit).
  9. «Venezuela: Nicolás Maduro acepta la renuncia de Tareck El Aissami». DW. 20 de marzo de 2023. «En la reunión, el mandatario informó que ha "conducido personalmente" una serie de investigaciones, en conjunto con autoridades policiales, para "desmembrar" a las "mafias de corrupción ».
  10. «La Ley Antibloqueo dio sustento legal a PDVSA para recibir criptomonedas en ventas de crudo». Petroguia. 29 de marzo de 2023. Consultado el 5 de abril de 2023. «Descuentos que alcanzaron los 40 dólares en la venta de crudo, trasbordo del producto entre varios tanqueros o buques o que el crudo Merey llegara a China como una mezcla extraída en Malasia pasaron a ser esas “estrategias de comercialización efectivas” ».
  11. «Qué es la Ley Antibloqueo de Maduro». Cinco8. Consultado el 2 de abril de 2021.
  12. «Ley Antibloqueo en Venezuela... ¿aplicable?». EFE. Consultado el 2 de abril de 2021.
  13. «Maduro ordena tomar medidas: Gobierno ejecutará "conjunto de acciones" para defender tipo de cambio oficial». Banca y Negocios. 10 de diciembre de 2022.«"Frente al ataque del dólar criminal, ordené al equipo económico tomar medidas en defensa de la tasa oficial, por un comercio sano que respete los derechos del pueblo", indicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter, sin explicar ninguna de las políticas que prevé implementar. »
  14. «El callejón sin salida de Maduro». El nacional. 13 de diciembre de 2022.« La escalada en el precio de la divisa, su presión al alza de los precios internos, y el consecuente deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y de quienes dependen de otras rentas fijas, pone de manifiesto el callejón sin salida. La inflación se acelera y aumenta el malestar. Los servicios públicos están cada vez peores y recrudece la escasez de gasolina. »
  15. «Aumenta la conflictividad: 178 protestas laborales demandaron aumento salarial en enero». Banca y Negocios. 9 de febrero de 2023. «El año comenzó con una masiva movilización de los trabajadores del sector educación, quienes protagonizaron 38,76% del total de los reclamos. El personal de la salud los secundó con 17,98%, mientras que los trabajadores de las empresas básicas ocuparon el tercer lugar con 14,04%. »
  16. «Simpatizantes del chavismo marcharon en defensa de Maduro ante protestas por aumentos salariales». Banca y Negocios. 19 de enero de 2023. «El representante de los empleados de la salud aseguró que continuará con sus exigencias, pese a la «línea de acción» que, denunció, ha dado el Ejecutivo ».
  17. «En febrero se reportaron 57 protestas diarias en Venezuela para un total de 1.600». Banca y Negocios. 14 de marzo de 2023. «Los cinco estados con mayores registros fueron Mérida (158), Táchira (134), Carabobo (130), Miranda (121) y Trujillo (119). De las 1.600 protestas documentadas el mes pasado, ».
  18. «MP: Asciende a 51 el número de detenidos por presuntas tramas de corrupción en Venezuela». Banca y negocios. 5 de abril de 2023. «El total de detenidos anunciados incluye a los 13 nuevos detenidos anunciados en horas de la mañana por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, entre los que se encontraban el expresidente de la CVG, Pedro Maldonado, y el expresidente de Cartones de Venezuela, Hugo Cabezas. »

Enlaces externos

Gaceta Oficial: Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Decreto Constituyente que crea el Centro Internacional de Inversión Productiva.

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