Ley General de la Persona Joven

El Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, en adelante Consejo de la Persona Joven es el órgano con desconcentración máxima, ascrito al Ministerio de Cultura y Juventud; rector de las políticas públicas para las personas jóvenes. Constituido por una Junta Directiva integrada por el Viceministro de Juventud, el ministro o viceministro de Educación, el ministro o viceministro de la condición de la Mujer, el ministro o viceministro de Trabajo, el ministro o viceministro de la Presidencia, el ministro o viceministro de Salud y tres representantes electos por la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven. El Consejo cuenta con una Dirección Ejecutiva y personería jurídica, así como con instalaciones y presupuesto.[1]

La Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven ejecuta las disposiciones de la Junta Directiva y debe rendir cuentas anualmente, asimismo coordina los espacios y propone instrumentos administrativos dirigidos a garantizar la coordinación entre los entes que conforman el Sistema Nacional de Juventud, así como conocer y resolver sugerencias para el desarrollo, la planificación y ejecución de la Política Pública de la Persona Joven, dicha política debe proponerla ante la Junta Directiva y evaluarla. Con dicha política debe coordinar con los Comités Cantonales de la Persona Joven la ejecución de proyectos para el desarrollo integral de las personas jóvenes.  

Para brindar servicios públicos tendientes promover los derechos de las personas jóvenes debe aprobar las contrataciones administrativas que se requieran.

Debe coordinar las investigaciones que permiten conocer la condición de las personas jóvenes y sus familias., para plantear propuestas que mejoren su calidad de vida.  

Coordina el efectivo funcionamiento de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven; así como con organizaciones nacionales o internacionales, las diferentes acciones de cooperación y asistencia.

Representa al país en las actividades nacionales e internacionales relacionadas con personas jóvenes,

Los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Ley General de la Persona Joven, N° 8261, establecen las funciones de la persona encargada de la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven.[2]

Las personas a cargo de la Dirección Ejecutiva desde la creación del Consejo de la Persona Joven a la fecha son:

2000 -2002 Ana Gabriela González Solís

2002 -2006 Tatiana Mora Alpízar

2006 Miguel Ángel Guillén Salazar

2007-2012 Jorge Arturo Rojas Segura

2012 -2014 Kenneth Gerardo Carpio Brenes

2014-2018 Natalia Camacho Monge

2018-2020 Diego Zúñiga Céspedes

Estos se instauran en todos los cantones del país. Su presidente es nombrado por los Concejos Municipales y debe ser una persona joven. Están constituidos por: el representante municipal que lo preside, dos representantes de los colegios del cantón, dos representantes de las organizaciones juveniles, un representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación y un representante de las organizaciones religiosas.[1]

Esta está conformada por: un representante de cada comité cantonal, cuatro representantes de las federaciones estudiantiles de las Universidades públicas, dos representantes de las universidades privadas, dos representantes de las instituciones parauniversitarias, veinte representantes de las juventudes de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa en número proporcional a la distribución de asientos parlamentarios, cinco representantes de minorías étnicas, cinco representantes de organizaciones no gubernamentales y dos de asociaciones de desarrollo.[1] Entre otras cosas la Asamblea elige a los tres delegados ante el Consejo de la Persona Joven y aprueba la Propuesta de Política Pública de la Persona Joven por tres años que es de acatamiento obligatorio para el Consejo.[1]

Un asunto particularmente polémico es que, a raíz de la reforma a la Ley en 2013, se incluyó en su artículo 4 como derecho de las personas jóvenes:

El derecho al reconocimiento, sin discriminación contraria a la dignidad humana, de los efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable

Debido a que el texto no especifica géneros, algunos juristas plantearon que la reforma aprobaba de facto las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo. Criterio que de hecho fue sostenido por el Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José en una sentencia de 2015.[3]