Ley de drogas (Chile)

Los antecedentes de esta ley fueron:

• Ley N.º 17.155, Modifica Código Penal en lo relativo a delitos contra la Salud Pública y Códigos de Procedimiento Penal y Sanitario, de 4 de junio de 1969.[nota 1]
• Ley N.º 17.934, Reprime tráfico de Estupefacientes, del 16 de mayo de 1973.
• Ley N.º 18.403, Sanciona el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes y deroga la Ley Nº 17.934, del 4 de marzo de 1985.
• Ley N.º 19.366, Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dicta y modifica diversas disposiciones legales y deroga ley N° 18.403, del 29 de septiembre de 1994.

La ley 20.000 se generó a partir del mensaje del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, N.º 232-341, de 2 de diciembre de 1999, en el cual se destacan los avances logrados con la ley N.º 19.366, pero se plantea la necesidad de actualizar la normativa a la realidad de esa época.[4]

La propia aplicación de dicha ley ha determinado la necesidad de adecuarla a las actuales exigencias de la realidad nacional. A ello ha contribuido también la experiencia judicial y policial, el dinamismo con que se desarrollan estos delitos y los resultados de los permanentes estudios que efectúan el Gobierno, a través del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes y de otros servicios públicos, como también, de las Comisiones Especial de Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados, y de algunas instituciones privadas.

Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un Proyecto de Ley que sustituye la ley N° 19.366,
que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 2 de diciembre de 1999.[4]

La ley ingresó a la Cámara de Diputados, la cual ofició su texto aprobado al Senado el 24 de enero de 2002. El Senado envió su texto revisado a la cámara de origen el 18 de agosto de 2004, siendo aprobadas las enmiendas del Senado por oficio del 5 de octubre de ese año. El 2 de noviembre de 2004 el proyecto pasó a la Comisión Mixta, cuyas observaciones fueron aprobadas por el Senado el 17 de ese mes, y la envió al presidente de la República —en ese entonces Ricardo Lagos— el 30 de noviembre de 2004.[4]

Tras pasar por el Tribunal Constitucional, la ley fue finalmente promulgada por el presidente Ricardo Lagos, el 2 de febrero de 2005, y publicada el 16 de febrero en el Diario Oficial.[1]

La ley de drogas encarga a las fuerzas de policía —Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones— la realización de los procedimientos relativos a delitos y faltas de esta ley. Así mismo, otorga facultades limitadas a Gendarmería de Chile, cuando los delitos son cometidos dentro de los recintos penitenciarios, y al Servicio Nacional de Aduanas, cuando las pruebas del delito se encuentran en zonas sujetas a la potestad aduanera.

En el año 2013, se informaron 63 186 detenciones por infracciones a esta ley, de las cuales un 54,4% fue por porte o tenencia (34 379), un 21,8% por tráfico (13 780), un 15,7% por consumo (9910) y un 2,7% por cultivo (1687). Los principales decomisos de droga ese mismo año se realizaron por marihuana procesada (23 305,53 kilos), pasta base (10 798,40 kilos) y clorhidrato de cocaína (2932,77 kilos).[5]

La Ley 20.000 en sus artículos 8 al 11 permite excepcionalmente el cultivo de cannabis, estableciendo requisitos y penas por sus incumplimientos. El específico de estos permisos se explícita en el reglamento 867, en su título segundo; artículos 6º a 8º.[1] La ley establece que se permitirá el cultivo si se justifica «que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo», autorización que depende del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Dicho permiso se otorgó por primera vez en marzo de 2011, a la empresa Agrofuturo en Los Ángeles, pero fue revocado meses más tarde, ante lo cual la empresa interpuso un recurso de protección que fue acogido.[7] Finalmente, la Corte Suprema confirmó la anulación del permiso en 2014.[8]

En septiembre de 2014, el SAG autorizó a la Municipalidad de La Florida y a la Fundación Daya para cosechar cannabis con el fin de producir aceite de marihuana para pacientes con cáncer.[9] En enero de 2015 se autorizó nuevamente a Agrofuturo para realizar el cultivo de cannabis con fines medicinales y de investigación.[10]

Los activistas califican esta ley como de «aplicación subjetiva y azarosa», dado que ésta no específica cantidades para distinguir la legitima posesión «para el consumo personal y próximo en el tiempo» y la figura penal del microtráfico. Así mismo, la Fiscalía tampoco dispone de criterios públicos que transparenten su disposición a formalizar esta figura penal.[14]

El antepenúltimo inciso del artículo 50, tipifica una figura llamada «consumo concertado».[1] Múltiples organizaciones pro-reforma de la ley 20.000 lo califican como atentatoria contra el principio de libre asociación, contra la misma naturaleza humana de animal gregario, y la naturaleza del acto de consumo como un hábito social aceptado (ej: mate, café).[15]

Cannabis sobre una copia de la ley de drogas, la cual castiga su cultivo, posesión, porte y distribución.

Como aplicación de la ley 20.000, a través del reglamento 867, el cannabis es clasificado en lista 1, como «sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud». Cabe destacar que la cannabis en el Código Sanitario es clasificada en lista 2 como «sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica».

Los críticos de la ley, plantean que existe suficiente evidencia científica que refuta esta clasificación, lo que ha derivado en múltiples solicitudes de reclasificación que existen en la actualidad.[16][17] Otros incluso sostienen que el actual control político por parte del ejecutivo de esta lista es un vicio del sistema que se requiere una nueva orgánica independiente de naturaleza técnica y aislada de la política contingente de corto e inmediato plazo. En algunos documentos por ejemplo proponen como referencia el caso del Drug Committee en el Reino Unido.

Bajo la antigua Ley 19.366 se excluyó de sanción en tribunales a dos cultivadores que contaban con recomendación de su médico.^{[cita requerida]} La ley insinúa la legitimidad de utilizar sustancias prohibidas bajo una autorización médica, al excluir de sanción a lo uniformados que así lo hagan en su Art. 14.[1] El cannabis y sus componentes activos son invalidados para uso clínico en los decretos 867, 405 y 404.

El artículo 61 de la ley N.º 20.000 de drogas establece un registro en la Contraloría de los abogados que concurran a juicio en representación de imputado por ley de drogas, para denegar o despedir a éstos de cualquier trabajo ante cualquier institución del Estado, incluso tratándose de profesores de derecho en universidades públicas.[18] Esta práctica ha sido considerada una discriminación arbitraria, que vulneraría el debido proceso, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y otras garantías fundamentales resguardadas en la constitución y los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.[15]