Luis Mendizábal

Durante su administración, el presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo echó a andar una reforma fiscal que aumentaba la carga tributaria del 6 al 11 % lo que hizo que los sectores empresariales y militares encontraran entonces un enemigo común en él. Las maniobras de desestabilización se multiplicaron en contra de un gobierno ya debilitado por los escándalos de corrupción y los problemas económicos del país. Un primer intento de golpe de Estado ocurrió en 1988, y un segundo en 1989, justo después de un paro patronal de ocho días.[2]

En este último intento, se vieron movimientos de tropa desde bases del interior del país pero las asonadas fracasaron; al investigar los orígenes del complot situación, se descubrió que Luis Mendizábal, quien ya se había refugiado en El Salvador era uno de los autores intelectuales. Así también los investigadors encontraron un video en Canal 3 de televisión en el que Mario David García Velásquez, portando el pañuelo de los rebeldes, anunciaba el éxito del golpe de Estado.[2]

Esta sería la primera vez en que Luis Mendizábal y el periodista de extrema derecha García Velásquez participaban en una misma operación de desestabilización.[2]

Obispo guatemalteco Juan Gerardi y Conedera.

Durante el gobierno de Álvaro Arzú, Mendizábal fue asesor presidencial, y allí conoció al general Marco Tulio Espinosa Contreras, el oficial -quien ocupó los más altos cargos militares en ese gobierno ya que fue Jefe de Estado Mayor Presidencial, Jefe de Estado Mayor de la Defensa y Ministro de la Defensa-. Junto con Espinosa Contreras, Mendizábal organizó e integró la llamada «Oficinita», una estructura paralela de la Presidencia de Arzú, que servía de enlace con el Ministerio Público y la inteligencia militar. Mendizábal también participó en el Comando Antisecuestros creado por Espinosa Contreras, grupo seriamente cuestionado por violaciones a los derechos humanos.[1]

Con el asesinato del obispo Juan Gerardi existió una teoría del equipo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) que atribuyó la autoría intelectual del crimen Luis Mendizábal. De acuerdo a la ODHAG, una banda de saqueadores de iglesias con sede en Valle del Sol habría decidido eliminar a Gerardi.[2] En la banda del Valle del Sol estaba implicada Ana Lucía Escobar, una empleada del canciller de la curia, monseñor Efraín Hernández.

Durante la investigación y el juicio a los militares, el periodista Mario David García Velásquez atacó sin tregua al equipo de la ODHAG, y su programa radial Hablando Claro, sirvió de altavoz a las hipótesis fabricadas por «La Oficinita».[2]

Mendizábal fue director de Migración durante el gobierno de Alfonso Portillo, cargo que dejó en medio de serias acusaciones de corrupción ya que la dirección de Migración ha sido una institución señalada varias veces de estar infiltrada por la inteligencia militar y el crimen organizado.[1] También asesoró en seguridad de los gobiernos de Berger y Colom.

Álvaro Colom, presidente de Guatemala de 2008 a 2012.

Cuando Álvaro Colom accedió a la Presidencia en 2008, Mendizábal se le acercó de nuevo y se convirtió en asesor de su equipo de inteligencia. Por medio de Carlos Quintanilla, director de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), Mendizábal tenía abiertas las puertas de Casa presidencial. Quintanilla, tras haber sido el hombre de confianza de Colom en materia de seguridad, fue despedido cuando se descubrió que en el despacho del Presidente había micrófonos ocultos, supuestamente colocados por Mendizábal.[2]

El 12 de mayo de 2009, como un reguero de pólvora, dio la vuelta al mundo un video en el que el abogado recién asesinado Rodrigo Rosenberg acusaba al presidente Álvaro Colom de haberle quitado la vida. Fue un día de gran ansiedad y pesimismo para el Presidente, pero ese estado le duró hasta que esa misma tarde descubrió que detrás de la grabación y difusión del video estaban Mario David García Velásquez y Luis Mendizábal.[2]

La versión de Mendizábal sobre su participación era que él tenía que repartir el video porque era una misión encomendada por su amigo Rodrigo, quien, enfrentado al poder sin límites del Estado, presentía su asesinato. Sin embargo, el expresidente Álvaro Colom tiene otra explicación y sugiere que todo se debe a la frustración de Mendizábal por haber perdido el negocio de los pasaportes. El gobierno de Colom retiró la fabricación de los pasaportes a la empresa La Luz, cuyo abogado era Rosenberg, para dársela a Easy Marketing, propiedad de Gregorio Valdez.[2]

El 8 de mayo de 2015, Iván Velásquez –jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)– dio detalles junto al Ministerio Público guatemalteco de cómo los cabecillas de la estructura «La Línea» contactaron a un bufete de abogados –al que llamó «bufete de la impunidad»– para que tramitaran medidas sustitutivas con la jueza Marta Sierra de Stalling a través de sus contactos. Velásquez explicó con detalles cómo lograron establecer que Francisco Javier Ortiz –alias «Teniente Jerez»– se contactó con Luis Mendizábal para comenzar a buscar el dinero y a los abogados que tramitarían las acciones para dejarlos en libertad.[3]

El bufete era dirigido por el abogado José Arturo Morales Rodríguez –alias «Chepito»– quien fue capturado el 8 de mayo junto con dos de sus colaboradores. Velásquez informó que habló con el presidente Otto Pérez Molina para pedirle que como jefe de Estado realice las acciones necesarias para lograr la restauración de un ente de justicia autónomo.[3] Finalmente, por dictar resoluciones contrarias a la ley y supuestamente haber recibido soborno, la CICIG en conjunto con el MP presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Octava de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, señalada por cohecho pasivo y prevaricato.[3]

El 18 de mayo de 2015 la Interpol anunció que giró una orden de captura internacional para Luis Mendizábal, quien ya tenía una orden de captura vigente en Guatemala por el delito de cohecho activo y es señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de haber tenido comunicación con los otros integrantes de la estructura. La CICIG lo acusó de haber sido quien se encargó de coordinar con el «bufete facilitador de impunidad», para lograr las supuestas negociaciones con la jueza Marta Sierra de Stalling, a fin de buscar medidas sustitutivas.[4]