Luis Montes

En mayo de 2005 Luis Montes Mieza y Miguel Ángel López Varas fueron investigados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a cargo de Manuel Lamela Fernández, a causa de dos denuncias anónimas en las que se los acusaba de sedaciones en dosis elevadas en enfermos terminales en el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa que coordinaba. El informe presentado por la Consejería de Sanidad identifica 73 casos de sedación realizados de forma incorrecta entre el 1 de septiembre de 2003 y el 8 de marzo de 2005. En 2005 el doctor Montes Mieza fue cesado en el puesto de coordinador a instancias de Lamela. En enero de 2008, los tribunales cerraron el caso ratificando el sobreseimiento que en ya en el mes junio del año 2007 habían determinado y suprime la fundamentación jurídica que se refiere a la mala praxis de los querellados.[10][9][7]

El 28 de enero de 2009 Luis Montes Mieza y Miguel Ángel López interpusieron una querella –admitida a trámite– por denuncia falsa y falsedad contra Manuel Lamela Fernández y los seis médicos firmantes del informe con el que se le pretendió inculpar –Isidro Álvarez Martín, de la Consejería de Sanidad; Hernán Cortés-Funes, del Hospital 12 de Octubre; Manuel Gómez Barón, del Hospital La Paz; Dolores Crespo Hervás, del Hospital Ramón y Cajal; Francisco López Timoneda, del Hospital Clínico de Madrid y Bartolomé Bonet Serra, del Hospital de Alcorcón–.[11] En abril de 2011 la titular del Juzgado de Instrucción Número 43 de Madrid acordó el "sobreseimiento libre y el archivo" de la querella.[12][13]

En abril de 2011 se conoció la sentencia por la que se condenaba a Miguel Ángel Rodríguez, antiguo portavoz del gobierno de José María Aznar al pago de 30.000 euros como autor de un "delito continuado de injuria grave realizado con publicidad" contra Luis Montes Mieza.[14][15]

España

• 1986 - Ley General de Sanidad, reconoce explícitamente el derecho del paciente a negarse a un tratamiento, requiriendo su consentimiento para cualquier tipo de intervención.
• 2002 - Ley de Autonomía del Paciente, esta ley profundiza en los derechos individuales regulando el testamento vital, denominado documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas.
• 2021 - Ley de eutanasia de 18 de marzo de 2021, (véase Eutanasia en España)

Comunidades y territorios

• 2010 - Andalucía - Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte.[17]
• 2011 - Aragón - Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna.[18]
• 2011 - Navarra - Ley Foral de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el proceso final de la vida.[19]

En 2011 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero promovió en el Congreso una ley nacional sobre muerte digna (bajo el nombre de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida) que no pudo llevarse a trámite ante el fin de la legislatura en noviembre de 2011, con la pretensión de regular a escala nacional buena parte de lo que recogen las leyes territoriales en las que se ha inspirado y que pretenden dar seguridad jurídica a los profesionales y garantías a los pacientes y familiares dentro de la buena praxis médica:[20][21]

Para Luis Montes el proyecto de ley nacional de muerte digna en España pretendía desarrollar la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 –aprobada durante el gobierno del PP presidido por José María Aznar– pero, seguía postergando el debate de la eutanasia, la disponibilidad de la propia vida y su despenalización. Para Montes Mieza el proyecto de ley mejoraba la seguridad jurídica de profesionales y clarifica la aplicación de los cuidados paliativos.[22]