María Romilda Servini

Cuando volvieron al país, Servini de Cubría terminó sus estudios como escribana y ejerció esa labor durante el año 1966 en escribanías de la provincia de Buenos Aires.[4] Cuando tuvo a su segundo hijo decidió terminar la carrera de Derecho junto a su hermano, quien también se había anotado.

Realizó la carrera judicial desde el cargo más bajo hasta llegar a su primer cargo como funcionaria al ser nombrada «defensora oficial». En ese cargo tuvo su primera causa relevante, ya que le tocó defender a la expresidenta Isabel Perón quien había sido apresada y procesada por distintas causas criminales por la dictadura cívicomilitar (1976-1983) que en ese momento se hallaba en el poder.[1] Luego de que Isabel Perón fue derrocada por la Dictadura, su marido, quien era brigadier de la Fuerza Aérea, fue pasado a retiro por decisión del brigadier Ramón Agosti. Posteriormente fue nombrada «juez de menores», y allí se habría encargado de varios casos de apropiación de niños, siendo la primera en restituir a los menores a la familia de los desaparecidos.[4]

En los años 1980 fue jueza subrogante en un juzgado de instrucción de mayores. Allí, fue la jueza del caso del clan Puccio.[5][6][7]

Fue investigada por haber entregado menores en adopción de manera irregular, al igual que el ya renunciado juez Mitchell: Servini manifestó que todos recibían menores «en la misma cantidad».[8]

El 19 de noviembre de 1990, el entonces presidente Carlos Menem la nombró jueza nacional en lo criminal y correccional n.º 1 con competencia electoral.[1] Tuvo a su cargo la causa denominada Yomagate, donde se acusaba a Amira Yoma ―cuñada del presidente― de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Al respecto se le ha imputado el haber manejado políticamente la investigación de dicha causa cajoneando un pedido de la Justicia española, más específicamente del juez Baltazar Garzón para que se encarcelara y extraditara a la por entonces cuñada del presidente de la Argentina.^{[cita requerida]}

En 1992 presentó un amparo judicial para que se censurase al cómico Tato Bores por una sátira que él realizaría en su programa humorístico. La justicia civil falló en su favor y la orden de no nombrarla se aplicó al conocido humorista. En respuesta, un coro de famosos (que incluía a Mariano Grondona, Alejandro Dolina, Susana Giménez, China Zorrilla, Magdalena Ruiz Guiñazú, Luis Alberto Spinetta, Ricardo Darín, Victor Hugo Morales y los integrantes de Soda Stereo, entre otros) le dedicaron una canción que decía «La jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay».[9]

El 9 de noviembre de 1999, Servini de Cubría interrogó a Michael Townley ―exagente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional)―.[10] En ese momento, Townley tenía 56 años (nació el 9 de diciembre de 1942), y por primera vez no solo confesaba cómo asesinaron al general Carlos Prats y su esposa, sino también cómo huyó de Chile en 1973 para eludir la justicia luego del asesinato de un obrero en las instalaciones del Canal de TV de la Universidad Católica en Concepción, durante el Gobierno de Salvador Allende.[10] Un antecedente que poco después le daría el pase inmediato para integrar los escuadrones secretos de la DINA.[10]

El 20 de diciembre de 2001, la jueza Servini de Cubría se dirigió a la represión policial desde la comisaría segunda junto al Fino Palacios apersonado en la propia Plaza de Mayo.[11]

En 2008, la jueza interpuso un recurso para que se bloqueara el acceso a cualquier información e imágenes de la magistrada existentes en los buscadores Google y Yahoo que no tuviera su consentimiento. Sin embargo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal decidió desistimar el pedido.[12][13]

En junio de 2013, la jueza Servini de Cubría dictó la sentencia "Rizzo" que declaró inconstitucional la reforma del consejo de la magistratura llamada "democratización de la justicia" por el oficialismo. La sentencia fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema.

En septiembre de 2013, Servini de Cubría abrió una causa para investigar el alegado «robo de bebés» ocurrido, según los querellantes, durante el franquismo en España. El 31 de enero de 2014 fueron recibidas las primeras denuncias de españoles residentes en España tras la habilitación del consulado de Argentina en Madrid para estos fines.[14]

En diciembre del año 2015, Servini de Cubria, a resultas de una acción iniciada por la alianza Cambiemos, dictó una sentencia declarativa que estableció la hora de finalización del mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de comienzo del presidente Mauricio Macri. En 2017 María Romilda Servini abandonó el juzgado federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Mientras salía a denunciar presiones de parte del Gobierno para que tome esa decisión.^{[cita requerida]}