Pascual Díaz Barreto

Tomás Garrido Canabal llegó a la gubernatura de Tabasco en 1923 y desde entonces se propuso erradicar el culto religioso en el estado, para tal fin, puso en marcha su campaña antirreligiosa por medio de la cual destruyó templos, quemó imágenes, desterró sacerdotes y prohibió toda manifestación religiosa en la entidad, e incluso dentro de los domicilios. Prácticamente Garrido erradicó la religión en Tabasco. En 1926 Garrido cerró y derribó los templos católicos en el estado, algunos fueron convertidos en escuelas y otros en cuarteles militares.

En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles, general revolucionario, promovió la reglamentación del artículo 130 de la Constitución a fin de ejercer los severos controles que la Constitución de 1917 estableció como parte del modelo de sujeción de las iglesias al Estado aprobado por los constituyentes.

La ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los "ministros del culto". Tal fue el caso de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canabal en Tabasco quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los "ministros del culto" a casarse para poder oficiar, mientras que en estados como Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia católica a operar con un número mínimo de presbíteros, mientras que en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros.

Sin embargo, para ese entonces existía una profunda división en el seno de Iglesia en México. La fractura afectaba desde la cúpula episcopal hasta los laicos. Entre los obispos, la mayoría estaba a favor de un acuerdo con el gobierno, pero había tres, muy combativos, opuestos al acuerdo. El más decidido de los obispos en contra del acuerdo fue monseñor Leopoldo Lara y Torres, obispo de Tacámbaro en Michoacán. En el otro extremo, presionando para que se lograra un acuerdo con el gobierno, se encontraban los obispos de la Ciudad de México José Mora y del Río y de Tabasco, Pascual Díaz Barreto

Ante esta situación, el todavía Obispo de Tabasco Pascual Díaz Barreto, fue designado Secretario del Comité Episcopal y nombrado por la Santa Sede "intermediario oficial" para solucionar el conflicto Iglesia-Estado, a pesar de provenir de una diócesis pequeña, marginada y muy golpeada por los excesos de los gobiernos federal y estatal en la aplicación de las leyes en materia de relaciones Estado-Iglesia. Junto con el delegado apostólico Señor Leopoldo Ruiz y Flores, se entrevistaron con el presidente, Lic. Emilio Portes Gil, para llegar a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre la cuestión religiosa.[1]

Tan luego como terminaron la última entrevista con el presidente, se dirigieron a la Basílica de Guadalupe donde oraron y allí le fue entregado al Señor Obispo de Tabasco, su nombramiento como Arzobispo de México.[1]

Dentro de su intervención como "intermediario oficial" ante el conflicto, Iglesia-Estado, Díaz Barreto logró que el gobierno mexicano no aplicara la legislación en materia de cultos, a que moderara las reformas en materia educativa (la así llamada "educación socialista" era un lejano recuerdo ya para finales de la década de los cuarenta), pero sobre todo a centralizar, una vez más en la figura del presidente, el manejo de la relación con la Iglesia, con lo que se evitaban nuevos episodios de radicalización a cargo de gobernadores como sucedió en Tabasco con Tomás Garrido Canabal.

La Iglesia por su parte, se comprometía a que los obispos del país no se pronunciarían en materias de política nacional, dejando cualquier opinión en manos del arzobispo de México. No sólo eso, México fue uno de los pocos países del mundo en el que el delegado apostólico fue un obispo del propio país. Esto fue así en el periodo 1927-1951. Durante este tiempo, la representación de la Santa Sede en México fue ejercida sucesivamente por los arzobispos Pascual Díaz Barreto (de la ciudad de México de 1929 a 1936), Leopoldo Ruiz y Flores (de Morelia de 1936 a 1941) y Luis María Martínez (de la ciudad de México de 1941 a 1951). Poniendo fin así, a la llamada Guerra Cristera y a la persecución religiosa.

De esta forma, se constituyó en México lo que distintos analistas de las relaciones Estado-Iglesia han calificado como un modus vivendi, un "modo de vivir" entre las autoridades civiles que optaban por no aplicar las leyes y las autoridades religiosas que decidieron no disputar de manera pública las condiciones que les habían sido impuestas.